Apoyo COAGRET a los luchadores del Quimbo

COAGRET, la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases se solidariza con la lucha de los afectados por la presa hidroeléctrica del Quimbo, en Colombia,promovida por una filial de Endesa. El proyecto desvia el río Magdalena, y se inundarán más de 6 municipios del Departamento del Huila, desplazando a casi 2000 personas. Y todo ello, exclusivamente para producir más beneficios para grandes empresas y multinacionales, así como para la oligarquía colombiana. Condenamos los hechos producidos las últimas semanas, con el brutal desalojo violento de agricultores y pescadores a cargo de las fuerzas de seguridad colombianas.

Hoy, 14 de marzo, día internacional contra las represas, y por los ríos, el agua y la vida, aunque no podemos estar presentes, apoyamos las movilizaciones contra la presa del Quimbo, organizadas por Asoquimbo, Asociación de Afectados por la hidroeléctrica del Quimbo, a la vez que reclamamos la intervención de organismos de derechos humanos a nivel internacional, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ante la omisión del estado y el gobierno Colombiano.

Os animamos a mantener la lucha y la resistencia ante este proyecto irracional e inútil, para hacer valer los derechos de los pueblos y de las personas. Si necesitáis algún tipo de apoyo externo desde Europa, por favor, hacernoslo saber para ver si estuviera en nuestras manos conseguirlo.

El agua y la tierra se aman y se defienden

COAGRET denuncia ante la ONU a FCC por el proyecto de El Zapotillo

En Abril de 2011, COAGRET junto con otras organizaciones envió a FCC una carta pidiendo el respeto por el Medio Ambiente y los Derechos Humanos (Respeto a Medio Ambiente y a Derechos Humanos en entredicho en proyecto acometido por FCC en México).

Posteriormente, FCC respondió que «En el caso de la presa de Zapotillo, FCC actúa como cliente de un tercero (en este caso la Comisión Nacional del Agua –Conagua—mexicana). Por esta razón, debe ser Conagua quien se pronuncie sobre cuestiones legales u otro tipo de permisos. Desde FCC sí podemos asegurar que seguimos todas las directrices que nos marca nuestro cliente (como hacemos siempre) y que tenemos todos los permisos oportunos y pertinentes para llevar a cabo nuestro trabajo. Si hay asuntos legales que piden la paralización o no de la presa, es Conagua quien debe marcarnos las directrices en tal o cual dirección.»

En la web de la ONU para multinacionales y derechos humanos (http://www.business-humanrights.org/Links/Repository/1008931) se hace referencia al proyecto en construcción de la presa El Zapotillo en México. Coagret, conociendo el conflicto, resolvió participar en el foro al respecto con su propia opinión y censurar la participación de la empresa española FCC en la construcción de la presa. COAGRET decide remitir el siguiente artículo que se a la ONU el pasado 14 de diciembre de 2011 y que todavía no ha resuelto publicar:

FCC pretende eludir su compromiso ético pero no lo consigue

FCC pretende eludir su compromiso ético pero no lo consigue. FCC no puede evitar que su relación con la CONAGUA cuestione sus compromisos de Responsabilidad Social Corporativa. Parece estar en serios apuros para aceptar ante sus socios que la construcción de la presa El Zapotillo mancha su reputación por los informes negativos recibidos, especialmente de derechos humanos. Y, es que pesa mucho el impacto de la desaparición de tres pueblos y el deslazamiento de sus pobladores como sacrificio para el abastecimiento de una sociedad que parece ser poco ahorradora de los recursos naturales.

FCC empresa especializada en la construcción de infraestructura hidráulica promueve la construcción de la presa El Zapotillo, según las pretensiones de CONAGUA, como herramienta eficaz contra el cambio climático, es decir, para situaciones extremas de sequía y de lluvia, cuyo incremento para un futuro próximo predice la comunidad científica. Sin embargo, en situaciones extremas de sequía el embalse vacío no es útil y en situaciones de lluvias torrenciales, y el embalse lleno, los desembalses provocan mayores daños aguas abajo, contradiciendo la falsa idea de protección frente a avenidas en las poblaciones ribereñas. En régimen normal, las inundaciones son beneficiosas por el aporte de nutrientes en las tierras de los márgenes fluviales; a la inversa, la retención de sedimentos reduce el aporte beneficioso, reduce la capacidad en volumen de agua y como consecuencia de la descomposición de sustancias orgánicas contenidas en el embalse (vegetación, suelos inundados, aguas residuales, plancton) se estaría produciendo metano (CH4), un gas de efecto invernadero que es 25 veces más potente que el dióxido de carbono (CO2 ), otro conocido gas de preocupación social generalizada.

Sin duda, FCC tiene que ponerse al día, renovar sus conceptos y aproximarse a las tesis de la Nueva Cultura del Agua. Aplicadas a la tecnología y a la metodología en la ejecución de sus obras redundarían en minimizar los impactos, en especial los que inciden directamente en las personas, los más traumáticos. Su retirada del proyecto sería un gesto de racionalidad próximo al que ha tomado la empresa Odebrecht, gigante de la construcción que se ha retirado de su participación en el proyecto peruano Tambo-40, la empresa decidió «respetar la opinión de las poblaciones locales».

Por otro lado, en puertas del año 2012, no es comprensible justificar la presa de El Zapotillo cuando el informe de la Comisión Mundial de Represas, financiado por el Banco Mundial, emitido en el año 2000, es definitivo en cuanto al Desempeño de las grandes represas:

“La base de conocimientos muestra que se han producido deficiencias en el desempeño técnico, financiero y económico y que se han complicado con impactos sociales y ambientales importantes, cuyos costos con frecuencia tienen que sobrellevarlos en forma desproporcionada los pobres, los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables.

 

Dada la enorme inversión de capital en grandes represas, a la Comisión le preocupó constatar que las evaluaciones sustanciales de proyectos finalizados son pocas en número, limitadas en alcance, mal integradas a través de categorías y escalas de impacto y deficientemente vinculadas a decisiones sobre las operaciones.

 

Al evaluar las grandes represas que la Comisión estudió encontramos que:

 

• Las grandes represas presentan un elevado grado de variabilidad en cuanto a brindar los servicios previstos de agua y electricidad, y beneficios sociales conexos, y que un porcentaje considerable no cumplieron con las metas físicas y económicas.

 

• Las grandes represas han demostrado una marcada tendencia a sufrir demoras en el cumplimiento de la programación y a incurrir en excesos importantes en costos.

 

• Las grandes represas diseñadas para proveer servicios de irrigación han solido incumplir las metas físicas, no han recuperado sus costos y han sido menos provechosas, en términos económicos, que lo esperado.

 

• Las grandes represas hidroeléctricas tienden a acercarse más al cumplimiento de metas, aunque sin llegar a un cumplimiento total, de generación eléctrica, suelen cumplir sus metas financieras pero presentan un desempeño económico variable respecto a las metas, con una cantidad notable de sub- y sobre-ejecutoras.

 

• Las grandes represas en general producen una serie de impactos violentos en ríos; estos impactos son más negativos que positivos y, en muchos casos, han conducido a la pérdida irreversible de especies y ecosistemas.

 

• Los esfuerzos hechos hasta la fecha para contrarrestar los impactos ecosistémicos de las grandes represas han tenido un éxito limitado debido a la falta de atención en cuanto a prever y evitar los impactos, a la calidad deficiente y a la incertidumbre de las predicciones, a la dificultad de hacer frente a todos los impactos, y a la ejecución y éxito sólo parciales de medidas de mitigación.

 

• El fracaso sistemático y prevaleciente en evaluar la gama de impactos negativos potenciales y en ejecutar programas adecuados de mitigación, reasentamiento y desarrollo para los desplazados, y el fracaso en tomar en cuenta las consecuencias de las grandes represas para los medios de subsistencia río abajo, han conducido al empobrecimiento y sufrimiento de millones de personas, dando pie a la creciente oposición a las represas de parte de comunidades afectadas en todo el mundo.

 

• Como los costos ambientales y sociales de las grandes represas no se han tomado debidamente en cuenta en términos económicos, sigue siendo difícil determinar la rentabilidad de estos planes.

 

Quizá tiene gran importancia el hecho de que los grupos sociales que cargan con los costos y riesgos sociales y ambientales de las grandes represas, en especial los pobres, las generaciones vulnerables y futuras, no suelen ser los mismos grupos que reciben los servicios de agua y de electricidad, ni tampoco los beneficios sociales y económicos que dimanan de ellos. Aplicar un enfoque de ‘hoja de balance’ en la evaluación de los costos y beneficios de las grandes represas, donde existen grandes injusticias en la distribución de dichos costos y beneficios, se considera como inaceptable en vista de los compromisos existentes con los derechos humanos y con el desarrollo sostenible.”

La noble voluntad del gobierno mexicano de mejorar su gestión hídrica no puede traducirse en una simple cuestión de compensación económica, repitiendo así una constante en la forma imperativa de solventar el conflicto generado con los afectados. Pero sí debe ser una cuestión de responsabilidades y de ética también valorando minuciosamente otras alternativas y respetando la consulta previa de las personas agraviadas con la construcción de la presa. FCC no puede ignorar que es un actor interesado en esta función y que la comunidad afectada ya está sufriendo la violencia que supone el levantamiento de la presa. Intereses y talante expresados de la manera más cruda en las palabras del Gerente Regional del Organismo Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la CONAGUA D. R. Antonio Iglesias Benítez que llegó a dirigirse a las comunidades afectadas: “…o se salen o se ahogan. Les vamos a comprar salvavidas y lanchas para que no se preocupen”. En conjunto parece una grotesca maniobra con la intención de eliminar a la población por motivos políticos. Pensamos que esta no es forma de proceder con espíritu democrático y manifestamos nuestro más enérgico desacuerdo. La sociedad actual, a nivel mundial, y con mucho esfuerzo por parte de todos, está dando un salto positivo en los conceptos del uso del agua, del clima y de derechos humanos. Cuando en nuestro país ya existe la voluntad política de no inundar pueblos no es aceptable que en México, FCC, empresa española también, olvide ese imperativo moral.

En definitiva, FCC expresa su participación en el proyecto defendiendo su código ético mediante una simple opinión, sin que ello suponga reconocimiento ni rechazo de los informes negativos nacionales e internacionales y de derechos humanos que ha recibido la obra. Además, que FCC articule en la obra un protocolo de seguimiento de las actuaciones ambientales a través de un Plan Medioambiental no quiere decir que el resultado final, la presa, sea un proyecto que mejore los aspectos ambientales que antes existían. Lo que se vislumbra a todas luces es que en este caso la Responsabilidad Social de FCC se diluye ante sus intereses económicos.

pdfCarta a la ONU denunciando las obras de Zapotillo77.59 KB

RESPETO A MEDIO AMBIENTE Y A DERECHOS HUMANOS EN ENTREDICHO EN PROYECTO ACOMETIDO POR FCC EN MÉXICO

Estimados/as señores/as,

Diversos colectivos de la sociedad civil tenemos conocimiento de su participación en la construcción de la presa El Zapotillo sobre el río Verde en Jalisco, México. En este sentido queremos señalar nuestro asombro y malestar porque el proyecto citado presenta unos elevados impactos sociales y ambientales, sortea la legalidad, incumple los derechos humanos y ha adolecido de una absoluta falta de transparencia y participación pública. Esta infraestructura hidráulica traerá como consecuencia la inundación y desaparición de tres comunidades de Jalisco: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, afectando de manera directa a más de mil habitantes y de manera indirecta a 15 mil, inundando más de 4,816 hectáreas de tierra fértil de las que dependen la vida y cultura de los pueblos de la región, así como la pérdida del patrimonio cultural y natural de toda la humanidad, siendo pueblos históricos que habitan desde el siglo VI en esa región.

El desplazamiento forzoso y sin consulta previa de los habitantes de la zona, que se niegan a ser reubicados, contraviene las premisas del informe de la Comisión Mundial de Represas, instancia promovida por el Banco Mundial con el fin de marcar lineamientos para la construcción de estos proyectos y que señala: “No debe construirse una presa sin que las comunidades afectadas hayan sido debidamente consultadas”. Además, la población de la zona denuncia que está siendo presionada, hostigada y amenazada a través de patrullas policiales con elementos encapuchados, práctica de rondas intimidatorias por las calles del pueblo sin identificarse con ninguna autoridad local, amenazas de muerte, etc.

La corta vida prevista del servicio de esta obra no justifica el sacrificio de los habitantes de la zona. El trauma que supone el desalojo de un pueblo no caduca en el tiempo y dañaría la imagen ética de la Responsabilidad Social de FCC de forma indefinida, nunca sería repuesto el daño causado.

El proyecto dañaría gravemente el corredor biológico del río Verde y zonas con gran riqueza de flora y fauna como la barranca de los Colomos, que es un ecosistema único en la región. A pesar de esta evidencia, los impactos ambientales no se han evaluado en profundidad, como tampoco se han evaluado los efectos acumulativos de este proyecto junto con las otras presas construidas, en proyecto, o en construcción que ya existen en la cuenca. Así, la cortina de la presa en construcción, que tendrá una altura de 105 metros, no cuenta con una declaración de Impacto Ambiental. Sin embargo los trabajos están en marcha desde septiembre de 2009 haciendo caso omiso de esta situación.

 

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Carta a Zapatero: Biscarrués es un despilfarro de fondos

Sr Presidente,

La construcción del embalse de Biscarrués (Huesca) supondría la desaparición de un tramo del Río Gállego de gran belleza. Por sus valores ambientales y sus condiciones para el turismo náutico, este tramo de río está contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la comarca de la Galliguera, que recibe cada año 80.000 turistas para disfrutar de actividades de rafting y kayak.

El rechazo social de los habitantes de esta comarca y de multitud de colectivos ambientales, usuarios recreativos, y asociaciones empresariales, se ha visto de nuevo respaldado por un estudio técnico, en esta ocasión de un organismo oficial de prestigio como es el CEDEX, consultado en el marco de la inminente declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de embalse.

Se están ejerciendo fuertes presiones políticas sobre la responsable del Ministerio de Medio Ambiente y sobre la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental con el objeto de que emita una evaluación de impacto ambiental positiva del proyecto.

Tenemos la fundada sospecha de que esas presiones van a conseguir finalmente su objetivo, burlando el verdadero objetivo de una Evaluación de Impacto Ambiental.

Por otra parte la construcción del embalse es un despilfarro económico injustificable en periodos de crisis como el actual. El Ministerio de Medio Ambiente conoce esta información.

Por desgracia no sería este el primer caso de una obra de regulación de este Ministerio que se ha revelado como innecesaria una vez construida, con lo que supone de derroche del dinero público (de todos) que podría haberse utilizado para usos más necesarios e imprescindibles: el embalse del Val (Aragón), todavía sin uso, el embalse de Lechago (Aragón), cuyos regantes ahora dicen que no pueden pagarlo, el embalse de Melonares (Sevilla), innecesario, son los ejemplos más recientes.

Le pido, como responsable último de la política del Estado Español, que se impongan los criterios de racionalidad económica y de justificación del gasto público en infraestructuras hidráulicas antes de dar el visto bueno a proyectos como el embalse de Biscarrués; y que ejerza su autoridad para evitar que las presiones políticas del Gobierno de Aragón modifiquen lo que debería ser una decisión técnica de la Dirección General de Calidad y Evaluación ambiental.

Atentamente,

Carta ecologista a la Ministra: Hay que descartar el embalse de Biscarrués

Estimada Ministra,

Hemos tenido conocimiento, por los medios de comunicación, de que esta tarde mantendrá una entrevista con el equipo de gobierno de la Comarca de Los Monegros, para hablar del embalse de Biscarrués -uno de los proyectos emblemáticos incluidos en la hoja de ruta-.

La construcción de este embalse supondrá impactos críticos sobre la ZEPA de Monegros y sobre un LIC del propio río Gállego. En este sentido, el informe que el Ministerio encargó al CEDEX es claro y no deja espacio a interpretaciones en sus conclusiones:

“Analizada la documentación presentada, se considera que el proyecto analizado presenta impactos muy significativos sobre el medio ambiente.

Pese a que la valoración de impactos incluida en el EsIA minimiza gran parte de las afecciones, y considera el impacto global moderado, la entidad de los cambios inducidos en el ecosistema fluvial, su extensión, que alcanza a todo el curso bajo del río Gállego, su irreversibilidad e irrecuperabilidad, y el importante efecto acumulativo y sinérgico, a escala regional y local si se analizan de forma conjunta con la sucesión de embalses que jalonan este río, deberían llevar a valorar el impacto global como crítico.

Asimismo, el estudio de impacto ambiental no permite una evaluación, con un grado de certidumbre razonable, de ciertos impactos, como los generados sobre la fauna, al faltar datos concretos y fiables de las especies y poblaciones presentes, y existir la posibilidad de existencia de especies amenazadas.”

Con estas conclusiones será imposible autorizar el embalse de Biscarrués y, al mismo tiempo, cumplir con las Directivas de Aves y Hábitats, así como con la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Entendemos las importantes presiones recibidas por parte de los regantes y del Gobierno de Aragón, pero el MARM, ante todo, debe velar por el medio ambiente y el cumplimiento de la legislación ambiental.

Por todo lo anterior, queríamos mostrar nuestra preocupación y poner de manifiesto las complicadas consecuencias que podrían derivarse de autorizar el proyecto en las circunstancias actuales, antes de que el MARM anuncie algún compromiso esta tarde con el equipo de gobierno de la Comarca de Los Monegros.

Esperando que esta información sea de utilidad,

Un cordial saludo,

SEO/BirdLife, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF.

Carta a la Ministra de Medio Ambiente solicitando la paralización de Biscarrués

Envía esta carta a: BUZON-dgcyea@mma.es, buzon-sgea@mma.es, buzon-dgcyea@marm.es

Sra Ministra de Medio Ambiente

A la vista de los informes medioambientales negativos, rogamos emita una evaluación negativa al estudio de impacto ambiental del anteproyecto del pantano de Biscarrués.

La construcción del embalse de Biscarrués-Mallos de Riglos supondría la desaparición de un tramo del Río Gállego de gran belleza. Por sus valores ambientales y sus condiciones para el turismo náutico, este tramo de río está contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la comarca de la Galliguera, que recibe cada año 80.000 turistas para disfrutar de actividades de rafting y kayak.

El rechazo social de los habitantes de esta comarca y de multitud de colectivos ambientales, usuarios recreativos, y asociaciones empresariales, se ha visto de nuevo respaldado por un estudio técnico, en esta ocasión de un organismo oficial de prestigio como es el CEDEX, consultado en el marco de la inminente declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de embalse.

Atentamente

Firmado: