Presa La Parota, la resistencia en Guerrero

Más de 590 viviendas pretende el gobierno inundar. Aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta sólo 2,812 habitantes que serían desplazados, varias comunidades rebasan, cada una, esa cifra. Sin embargo, los pobladores saben cuántos son: más de 20 mil habitantes de 13 poblados ubicados en 3 municipios del estado de Guerrero que tendrían que abandonar sus lugares. De estos terrenos ejidales y comunales el 76% de su población se dedica a la actividad agrícola. El embalse cubriría 13,728 mil hectáreas de superficie. La capacidad del embalse es tres veces menor que la Presa La Angostura; dos veces que la Presa Malpaso; pero cuatro veces más grande que la de Chicoasén; y más grande que la presa proyectada de Itzantún, todas ellas en Chiapas.

En el documento “Proyecto Hidroeléctrico La Parota. Estado de Guerrero” de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, Subdirección de Construcción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fechado en el 2002, se establece que el proyecto hidroeléctrico se basará en ciertos principios de relación con la sociedad: equidad social, sustentabilidad, eficacia en las acciones, toma de decisiones participativa y responsabilidad en el cumplimiento de compromisos. La Parota es calificado por la CFE como “una alternativa viable para contribuir a la satisfacción de la demanda de energía eléctrica en el área Central del país”, y estaría ubicado en la cuenca del río Papagayo a 350 km al sur de la Ciudad de México y a menos de 50 km del puerto de Acapulco. La altura de la cortina que represaría el río sería de 162 metros de altura y se uniría a las más de 45 mil represas que se han construido en todo el mundo, según el Informe de la Comisión Mundial de Represas del año 2000, y que han represando más del 60% de los ríos del planeta. Sus 765 MW de potencia instalable nuevamente se centran en el modelo de desarrollo neoliberal, en el marco del Plan Puebla-Panamá (PPP) y con el objetivo de proporcionar energía a las maquiladoras, los grandes centros turísticos, a las ciudades y la industria de extracción, entre otras, pero no para el desarrollo y las necesidades de los pueblos. Los megaproyectos hidroeléctricos pretenden también abastecer la energía eléctrica del sur de los Estados Unidos y unirse a la red eléctrica nacional y centroamericana.

En 1976 la CFE inició los estudios técnicos en el sitio La Parota y en 1988 terminó el estudio de factibilidad geológica. Hace más de 20 años, entre 1983 y 1984 realizó el estudio socioambiental de la región y que luego actualizó en 1994. La CFE cuenta ya con el estudio de factibilidad técnico económica y de preconstrucción. Según la Comisión sus “prioridades estratégicas” respecto a la construcción de la hidroeléctrica son: información permanente y participación sistemática con las comunidades; evaluar exhaustivamente las acciones; preservar los medios de subsistencia; reconocer derechos patrimoniales; proporcionar beneficios comunes; y asegurar se cumplan con las normas. Destaca además tres retos: que La Parota sea “socialmente deseable”; “ambientalmente sustentable” y “económicamente rentable”. Paralelamente, la CFE calcula que la producción afectable serán 320 hectáreas de cultivos frutícolas y 3,500 hectáreas de cultivo. Además inundaría dos puentes carreteros sobre los ríos Omitlán y Papagayo; 16.6 km. de carreteras pavimentadas; 22.8 km. de caminos de terracería; 31.5 km. de líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica y la misma central hidroeléctrica La Venta.

No hay que olvidar que la construcción de represas en el mundo provocó que durante el siglo XX el 50% de los humedales en el mundo se hayan extinguido, y que al menos el 20% de los peces están en peligro de extinción. Para la Red Internacional de Ríos (IRN por sus siglas en inglés) hasta el año 2003 se han construido 47 mil grandes represas en todo el mundo y más de 800 mil pequeñas represas. A nivel mundial, el 67% del agua es usado por la agricultura, sector que más desperdicia el líquido; y el 19% lo ocupa la industria altamente contaminante. En el caso específico de la energía que producen las grandes represas, el 36% han sido construidas para la irrigación; el 20% para generar energía; el 17% para abastecimiento de agua; el 12% para controlar las inundaciones; el 9% para la recreación y el 6% para otros usos.

Otros estados en el país no se han salvado de los efectos de las represas. En agosto de 2002 se decretó la alerta máxima en Zacatecas y San Luis Potosí por el desbordamiento de las presas La Ventanilla y El Capulín. Más de 3 mil damnificados, 13 muertos y 15 desaparecidos fue el saldo en varias comunidades luego que las presas se rompieran por la presión del agua. Un año después, en septiembre de 2003, alrededor de 5 mil personas fueron evacuadas de varias comunidades en el estado de Nayarit ante el peligro de desbordamiento de la presa Aguamilpa. En el estado de Nuevo León más de 10 comunidades fueron afectadas por la apertura de las compuertas de la presa El Cuchillo para evitar su desbordamiento y rompimiento. En Acámbaro Michoacán más de 200 viviendas se las llevó el agua al abrir las compuertas de la presa Solís.

Se calcula que para el 2010 se terminaría la construcción de la presa La Parota, año en que la mayoría de las presas del país habrán cumplido su vida útil de 50 años. Estos megaproyectos del sexenio de Vicente Fox se contextualizan también en el marco de la gran obra hidroeléctrica de El Cajón en el estado de Nayarit, de la ampliación de la presa Benito Juárez en Oaxaca y de los proyectos hidroeléctricos en Chiapas, así como de la privatización de la energía eléctrica y los contratos millonarios que están logrando las grandes compañías transnacionales españolas, alemanas, japoneses y norteamericanas, entre otras.

En el estado de Guerrero ya existen seis centrales generadoras de energía eléctrica (cuatro hidroeléctricas: La Venta, La Villita, Infiernillo y El Caracol; una de turbogas: Las Cruces; y una termoeléctrica: Petacalco). Para el año 2000 aportaban el 9.2% de la producción eléctrica total del país y el porcentaje de electrificación fue de 47.9% ocupando el lugar 25 a nivel nacional. Guerrero junto con los estados de Oaxaca y Chiapas son las entidades del país en la que menos energía eléctrica cuentan los habitantes en sus domicilios.

La banca internacional ha sido el instrumento para la financiación de las grandes represas que además han endeudado a los países. También va aparejado con el enriquecimiento de las grandes corporaciones transnacionales y la privatización de la infraestructura, de la energía eléctrica y del agua. Ninguna hidroeléctrica ha logrado producir la energía proyectada y por lo general los costos han aumentado hasta en un 56% de lo estimado inicialmente. Del mismo modo el tiempo real de construcción siempre se ha sido mayor en meses y hasta en años al calculado en su planeación. Por otro lado, el calentamiento global, el cambio climático y los largos periodos de sequías han alargado el periodo de llenado de los embalses lo que pone en duda su rentabilidad y la consecución de su financiamiento. Si a ello le sumamos el desplazamiento de la población, la alteración de ecosistemas, la contribución del efecto invernadero, la desaparición no sólo de peces y otros animales y vegetación sino hasta de culturas y monumentos históricos; la disminución o casi desaparición del agua río abajo y la afectación río arriba, y hasta la conversión de grandes territorios secos por la alta concentración de sales, entre otros efectos, necesariamente nos lleva a reconsiderar las grandes represas y en su lugar buscar nuevas alternativas de energía eléctrica bajo otro modelo de desarrollo.

La Parota significará un grave deterioro ambiental con la deforestación además de acelerar la desaparición de los mantos freáticos que abastecen de agua al Puerto de Acapulco. Por ello los pobladores manifestaron que “defenderemos nuestras tierras porque es nuestro patrimonio y no lo entregaremos a la Comisión Federal de Electricidad”. La CFE oculta información y evita la consulta con la población que será afectada y quienes aseguran que los estudios de impacto ambiental elaborados pro la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) parten de parámetros sesgados para hacer el estudio. Con la crisis del campo, con el crecimiento de la población, ¿a dónde irán más de 20 mil personas? ¿A los Estados Unidos?

Este proyecto ha generado movilizaciones sociales en al menos 10 poblados exigiendo información que el gobierno se niega a dar. En el mes de octubre de 2003 la movilización tuvo una sola demanda: detener la hidroeléctrica. Más de 3000 campesinos iniciaron las protestas contra la represa y dispuestos a morir en defensa de sus tierras y comunidades. “Ni un paso atrás contra la presa La Parota” y “estamos dispuestos a morir por la tierra” fueron algunas de las consignas apoyadas por organizaciones sociales, colonos, taxistas, universitarios y militantes de partidos políticos quienes se sumaron al apoyo de los campesinos que serán afectados. En pocas semanas más de 30 mil personas se manifestaron en la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. Los manifestantes han bloqueado la entrada a la zona de la represa. La estrategia gubernamental fue crear grupos de choque e iniciar la contratación de personal para la construcción y dividir a la población informando también de los supuestos “beneficios” que traería la presa La Parota. Hace tres meses la población opositora al proyecto logró que se suspendiera una asamblea comunal cuyos líderes pretendían otorgar la aprobación para continuar con los estudios y el proyecto de la represa, protegidos por 50 elementos de las policías del estado de Guerrero, Preventiva y Rural. Sólo 395 comuneros de los 7,825 de la región pretendían dar la autorización. Luego de cuatro horas de discusión y conatos de violencia se decidió suspender la asamblea. Aunque los machetes no se blandieron la situación sigue siendo tensa.

Los poblados y comunidades en resistencia han logrado detener las máquinas que comenzaban a trazar caminos para la entrada y salida de material y equipo de construcción. Se le exigió a la CFE que pagara los destrozos de los trabajos iniciados y la población ha logrado detener su avance. Se ha exigido también a la CFE el pago adeudado desde hace 46 años por los terrenos utilizados para la construcción de la presa La Venta que ahora quedará totalmente cubierta por La Parota. Tampoco se ha indemnizado a los afectados desde hace 23 años por la construcción de la Presa El Caracol y 20 años a los desplazados por la represa Petacalco. El Consejo General de Comunidades Inconformes con el Proyecto La Parota manifiestan que “el impacto ecológico será irreversible en nuestras selvas tropicales de la región. Pedimos que abran los ojos y entiendan que no habrá progreso sino más pobreza, porque lo único que generarían sería más de 25 mil desplazados”.

Los pobladores de los ejidos y comunidades directamente afectadas han convocado a un Campamento de Resistencia el 14 de marzo de 2004, Día Internacional contra las Represas y por la defensa de los Ríos, el Agua y la Vida. En este evento realizarán mesas de discusión y análisis sobre el deterioro social y ambiental de los embalses, los derechos humanos, etc.

El problema es mundial. En días pasados en Brasil el Movimiento Nacional de los Damnificados por Represas (MAB por sus siglas en portugués) denunciaron que 100 mil familias pretenden ser expulsadas de sus tierras a causa de las 70 grandes represas proyectadas para los próximos tres años por el gobierno del presidente Lula. Actualmente en Brasil existen más de dos mil represas que han provocado el desplazamiento de un millón de personas equivalentes a 300 mil familias; han inundado 34 mil km cuadrados que equivalen a 3.4 millones de hectáreas, aproximadamente la mitad del territorio del estado de Chiapas. Las represas hidroeléctricas en Brasil proporcionan el 89% de la energía del país. Sin embargo más de 20 millones de personas, equivalentes a cinco millones de casas habitación, no cuentan con energía eléctrica. Mientras tanto, la industrias de propiedad extranjeras pagan proporcionalmente 10 veces menos que la población por megawatt de energía eléctrica. La gran mayoría de las familias quienes han sido desplaza de sus tierras para construir las represas no han recibido apoyo por el traslado forzoso, y el 70% no han recibido ningún tipo de indemnización.

Los ríos son para el planeta como la circulación de la sangre en nuestro cuerpo. Tenemos que dejarlos libres, que fluyan, que corran, que den vida. El impacto por su represamiento nos obliga a construir alternativas de desarrollo realmente sustentable. Los efectos de las represas nos afectan a todos los pueblos del mundo de manera directa o indirecta. Necesitamos generar un proyecto que de esperanza y vida, no de muerte y desolación a costa del desplazamiento de población y más pobreza humana y medioambiental.

Fuentes: “Proyecto Hidroeléctrico La Parota. Estado de Guerrero” de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, Subdirección de Construcción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 2002; Red Internacional de Ríos (IRN); Adital, 5 de marzo; MAB; “No a la Presa La Parota”, Consejo General de Comunidades Inconformes con el Proyecto de la Presa Hidroeléctrica La Parota” s/f; “El Proyecto Presa La Parota” y “Solidaridad Internacional con los Campesinos de la Parota”, Rodolfo Chávez Galindo; Informe de la Comisión Mundial de Represas www.dams.org; Diario “El Sur” de Guerrero, 30 de octubre de 2003; Diario “El Sol de Acapulco” 17 de noviembre de 2003; Diario La Jornada, 22 de septiembre de 2003; Diario Expreso Chiapas, 16 de agosto de 2002.

Gustavo Castro Soto
CIEPAC, A.C.
Es miembro de: la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC; < http://www.rmalc.org.mx/ >); de la Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA; http://www.sitiocompa.org/ ); de la Red por la Paz en Chiapas; de la Semana por la Diversidad Biológica y Cultural <http://www.laneta.apc.org/biodiversidad>; del Foro Internacional "Ante la Globalización, el Pueblo es Primero", Alternativas contra el PPP, somos parte del Consejo Directivo del Centro de Justicia Económica (CEJ) <http://www.econjustice.net/>; del Programa Ecuménico para Centro América y El Caribe (EPICA)< http://www.epica.org/ >; miembro de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) que es la red mexicana contra el PPP <http://www.mesoamericaresiste.org/index.html>; Red por la Paz de Chiapas.


Artículo obtenido de:

Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria
CIEPAC, A.C.
Calle de la Primavera No. 6
Barrio de la Merced
29240 San Cristóbal, Chiapas, MEXICO

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COAGRET en Latinoamérica: Fortaleciendo el movimiento internacional contra los grandes embalses

En 1997 en Curitiba, Brasil, se realizó el Primer Encuentro Internacional de Afectados por Represas promovido por MAB (Movimento de Atingidos por Barragens) e IRN (International Rivers Network) entre otros. Dos años después, encontrándose varias organizaciones de América Latina en la Consulta Regional convocada por la Comisión Mundial de Represas (CMR) en 1999 en la ciudad de San Pablo, Brasil, se realiza una reunión donde participan organizaciones de afectados por represas, diversas organizaciones socioambientales e investigadores, todos con gran protagonismo en campañas y luchas en sus territorios en resistencia a la construcción de represas. Con el objetivo de fortalecer un movimiento latinoamericano en contra de represas, intercambiar experiencias, compartir conocimientos y discutir estrategias de oposición a estos proyectos destructivos, pero a la vez también compartir propuestas de preservación y respeto a los ríos y la diversidad cultural, se acuerda crear la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua.

En 2000, CENSAT Agua Viva  Amigos de la Tierra Colombia, organiza un evento sobre bosques, hidroeléctricas, embalses, represas, megaproyectos hídricos en Bogotá. En ese mismo año la Comisión Mundial de Represas presenta su informe final en Buenos Aires, Argentina, en la sede de la Organización de los Estados Americanos, después de dos años de estudios globales sobre el funcionamiento de las represas. La Red emite un comunicado con amplia repercusión en Latinoamérica con el título de “Afectados por represas exigen una moratoria y reparaciones por los daños ocasionados”.

A partir de un proceso iniciado por la Coalición Ríos Vivos hacia su segundo Congreso, dentro de varias actividades planificadas con relación a su programa energía -vinculado a agua e instituciones financieras internacionales-, se propone realizar un evento sobre represas que permita reunir a los miembros de la Red y convoca con MAB y RAE (Red de Asociaciones Ecologistas de Misiones) la II Reunión de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua. La misma se realiza en el 2002 en Posadas, Provincia de Misiones, Argentina, con 70 participantes provenientes de Argentina (38), Paraguay (17), Brasil (9) y el resto de Uruguay, Colombia, Honduras, Guatemala y Chile.

En el 2002 se forma el Movimiento Mesoamericano contra las Represas con su primer encuentro llevado a cabo en Guatemala organizado por una coordinación de comunidades que después se organizan como el Frente Petenero contra las Represas; en el 2003 se lleva a cabo en Honduras organizado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y en el 2004 en El Salvador recibidos por las comunidades del Río Torola.  Paralelamente se inicia la conformación de redes nacionales y en el 2004 se forma el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). En el 2003 en Rasi Salai, Tailandia, se realiza la Segunda Reunión Internacional de Afectados por Represas y sus Aliados con la participación de una numerosa delegación de Latinoamérica.

Para el año 2005, COCAHICH (La Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Represa Chixoy), después de haber participado en los procesos detallados arriba y mientras impulsa una mesa para reparaciones, organiza del 17 al 21 de octubre de 2005 en Cubulco, Baja Verapaz, Guatemala la III Reunión de la Red Latinoamericana Contra la Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua.
La participación de Coagret en foros internacionales se inicia en el II Encuentro Internacional de Afectados por las Presas celebrado 2003 en Rasi Salai, Tailandia, al que asistieron varios compañeros. El momento coincide mientras en Bruselas otros compañeros permanecían durante un mes movilizados presionando para que las instituciones de decisión política europeas frenasen el Plan Hidrológico Nacional (PHN) del gobierno español y, en particular, el trasvase del Ebro no llegara a realizarse. Eran momentos en los que la lucha requería de esfuerzos personales importantes y como colectivo supimos focalizar toda nuestra energía de forma extraordinaria, conseguimos transmitir con buenos criterios la idea de que el problema social, ambiental y económico al que nos enfrentábamos no era sólo nuestro, sino que afectados éramos todos, los aragoneses, los españoles, los europeos…, el planeta. Con la misma idea y proyección global, en Rasi Salai, más de 300 personas de 62 países fortalecieron el movimiento internacional contra las represas destructivas demostrando su habilidad para desafiarlas en sus aspectos técnicos, políticos y morales. Entre los compromisos adquiridos figuran la celebración el día 14 de Marzo de cada año como el Día de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida, intensificar nuestras luchas y campañas, fortalecer la resistencia al modelo de desarrollo neoliberal y por una justicia global ecológica y social, y los intercambios entre activistas y movimientos de personas afectadas de diferentes países.

En 2004 varios coagreteros deciden visitar a los afectados por represas en México, Guatemala y Honduras. Con un recibimiento humano exquisito compartieron experiencias al mismo tiempo que comprobaban la terrible amenaza que suponen los cientos de proyectos de que se hablan para Latinoamérica y que afectarían a miles de hectáreas de selvas y bosques y a cientos de miles de personas que serían desplazadas. El mismo año Coagret regresa a México y asiste al encuentro previsto en la comunidad de Aguas Calientes, municipio de Guerrero, donde las comunidades luchan contra la construcción de la presa La Parota, y donde del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2004 alrededor de 600 participantes de más de 60 organizaciones sociales fundaron el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). Seis meses después Coagret vuelve a participar en la comunidad de Arcediano, municipio de Guadalajara, Jalisco,  del 11 al 14 de marzo de 2005 en el II MAPDER, en el fondo de la barranca de Huentitán donde sólo una mujer, Guadalupe Lara, queda en la resistencia contra la presa Arcediano y se niega a vender sus tierras.

Las organizaciones sociales del movimiento han logrado profundizar su análisis e hilvanar el tema del agua, la energía eléctrica, las represas, las privatizaciones, la contaminación del agua y los ríos, los procesos de los acuerdos comerciales y la lucha por el medio ambiente, entre otros elementos. Consideran que el modelo de desarrollo neoliberal, que actualmente impulsan los gobiernos, se encamina a privilegiar la máxima ganancia del capital bajo el esquema de un desarrollo que facilita la apropiación de los recursos estratégicos en manos de pocas corporaciones trasnacionales y los grandes grupos empresariales nacionales. En este marco y en el contexto del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), del Plan Puebla Panamá (PPP), del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), de la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y de los Tratados de Libre Comercio con Europa, la tendencia es a la privatización del agua, de la energía eléctrica, de nuestra biodiversidad, de los bosques y otros recursos naturales. Los gobiernos entregan la soberanía y el patrimonio cultural de los pueblos a cambio de mayor deuda externa impulsada por la banca multilateral. La construcción de infraestructura como presas y otras obras de comunicación cuyos efectos son el desplazamiento de población campesina e indígena de sus tierras, afectaciones a la salud de los pueblos y otros daños irreversibles siendo los más afectados los niños, las niñas y las mujeres, alejan las posibilidades de desarrollo integral y sustentable, rompen las cadenas productivas de los pueblos, agudizan la migración y el aumento del desplazamiento de sus lugares de origen  hacia los cinturones de miseria o hacia los Estados Unidos y destruyen el tejido social de las comunidades. Estas presas se imponen sin la consulta a los pueblos lo que constituye una violación al Convenio 169 de la OIT, a los derechos humanos integrales, a las constituciones nacionales y estatales.

Sólo en México las presas están cumpliendo su vida útil de 50 años y al mismo tiempo se inicia un auge en la construcción de nuevas presas con el fin de atraer las inversiones extranjeras, poner las bases para la privatización de la industria eléctrica y del agua, al tiempo en que las trasnacionales españolas como Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa, o las francesas como EDF, alemanas como Siemens, o las estadounidenses como AES están ya invirtiendo de manera ilegal y anticonstitucional en el país. Otras inversiones de capital español están siendo muy cuestionadas como las que hizo ENDESA en el río Bío-Bío en Chile o la financiación  del BBVA a la presa El Cajón, en el río Santiago, en México.
 España hoy es el mayor inversor mundial en América Latina, aunque en 1999 recibía un 65% de la inversión directa y ahora sólo un 14%, lidera la clasificación de las inversiones extranjeras con cerca del 40% del total. Entre 1992 y 2001 ascendió a una media anual de 80.000 millones de euros. Así, una parte importante de los beneficios obtenidos por las compañías proviene de las inversiones allí realizadas. Sirvan de referencia los recientes datos proporcionados por el BBVA que en el ejercicio de 2004 tuvo un beneficio de 2.802 millones de euros, un 25,8% más que en 2003 y el 33% proviene de Latinoamérica y del Banco Santander que ganó 3.136 millones, un 20,1% más que en 2003 y 1.036 millones provenían de la misma región. Para Telefónica, el negocio de América Latina representa el 34% de sus ingresos totales, más del 45% de los ingresos de Repsol-YPF, el 23% de los de Endesa y el 7% de Arcelor. Por todos son conocidas las 12 empresas con mayor presencia en el área: Telefónica, B. Santander, BBVA, Repsol, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, Agbar, PRISA, Sol Melia, ACS. Las seis primeras controlan el 70% de la evolución de la Bolsa en nuestro país y sólo Telefónica y B. Santander representan casi el 40%.

Más de 45 mil grandes represas se han construido en el mundo, han desplazado directamente a 100 millones de personas en todo el planeta y han inundado tierras equivalentes a tres veces el territorio de España o toda la región del PPP. El impacto ecológico ha sido irreversible con la inundación de bosques. Miles de zonas arqueológicas y culturas se han sepultado bajo las aguas. La biodiversidad se ha perdido al tiempo en que el impacto en el cambio climático ha sido desastroso. Los pueblos se han militarizado y se les ha alejado de los medios de subsistencia. Ahora, mientras en el norte cierran represas en el sur se abren. Las empresas y las maquiladoras migran hacia las regiones pobres porque ofrecen un paraíso fiscal, tierras y mano de obra baratas, exención de impuestos y la infraestructura se remata a precios irrisorios. Ahora los pueblos se encuentran en confrontación con un nuevo actor: las empresas transnacionales que cada vez se enriquece más. Mientras, las promesas de agua, energía eléctrica, pavimentos, clínicas, escuelas y proyectos productivos nunca fueron cumplidas para los desplazados por las represas en nombre del desarrollo. Mientras unos afirmaron “¡Nos quieren despojar de nuestras tierras!”, Otros confirmaron “¡Ya nos saquearon, ni una presa más!”

Informe presa mexicana El Cajón

La Comisión Mundial de Represas (CMR) elaboró un informe fechado en el año 2.000 titulado “REPRESAS Y DESARROLLO. Un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones”. El documento avalado por la Unión Mundial para la Naturaleza (UINC) y el Banco Mundial (BM), entidad ésta última que financió numerosos proyectos y que han sido objeto de estudio para la elaboración del informe, resultó ser el análisis de dos años y medio de trabajo de una comisión internacional compuesta por una amplia representación de expertos y analistas pertenecientes a grupos de intereses variados, representantes de todos los lados del debate, constituidos como grupo internacional autónomo.
Aunque el resultado de este trabajo no es favorable por el desempeño técnico, financiero y económico producido por las grandes represas y considera la discrepancia entre quién gana con los beneficios y quienes pagan los costos de una índole grave, penetrante y a veces irreversible conduciendo al empobrecimiento y sufrimiento de millones de personas, en el mundo se siguen construyendo grandes represas.
Las Represas, alteran el funcionamiento natural de los ríos, y a menudo los beneficios de los usuarios ribereños, se trasladan a otros grupos en la esfera regional o nacional. En demasiadas ocasiones se ha pagado un precio inaceptable y a menudo innecesario para conseguir dichos beneficios, en especial en términos sociales, y ambientales, pueblos bajo las aguas, pueblos a pie de presa, territorios expropiados, medios de subsistencia de comunidades ribereñas desaparecidos, personas desplazadas, pactos incumplidos con los afectados, daños al medio ambiente…etc.
Aunque los beneficios inmediatos se solían considerar como suficientes para justificar las enormes inversiones, a medida que se fue acumulando experiencia y se dispone de mejor información sobre el desempeño y consecuencias de las grandes presas, el costo total de las mismas se ve como una preocupación pública grave.
Con algunas excepciones en las que las represas produjeron beneficios, ocasionalmente fueron para los negativamente afectados, los desplazados, que cedieron ríos y tierras para ponerlos a disposición de otras comunidades. Los grandes embalses han incurrido en costos de capital sustancialmente superiores a los presupuestados; se han demorado en el tiempo en comparación con el planificado para su implantación; no han conseguido proporcionar la rentabilidad económica y financiera prometida; la justificación económica para aprobar el proyecto no se ha hecho realidad en los sistemas de irrigación, suministro de agua e higiene pública, en el control de inundaciones, ni en la producción de electricidad; los impactos ambientales han sido más negativos que positivos y han conducido a pérdidas irreparables de especies y ecosistemas; el desplazamiento físico de las personas afectadas, con demasiada frecuencia involuntario, implicó coerción y fuerza, y en algunos casos incluso quitar la vida; han causado graves daños en los medios de subsistencia, salud, cultura y existencia espiritual de grupos indígenas y tribales.

Represas Hidroeléctricas en MesoAmérica

Por Agustín Tevalán Hernández * Revista Ecoportal

Diversas empresas transnacionales buscan aprovecharse de los acuerdos internacionales para acelerar la privatización de los recursos de agua; convirtiendo el vital líquido en una mercancía y enriqueciéndose a costa del futuro del mundo entero.

Foro Mesoamericano contra las Represas

Las organizaciones declaramos que la proliferación de los proyectos hidroeléctricos en nuestros países no obedece a las necesidades energéticas de nuestros pueblos sino que responde a la necesidad de crear la infraestructura necesaria para desarrollar el modelo económico neoliberal a través del Área de Libre Comercio de Las Americas (ALCA), los diferentes tratados de libre Comercio a nivel continental, el Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia, entre otros.

Hasta la fecha se han realizado dos Foros Mesoamericanos contra Represas, el primero en marzo del 2002 en la Cooperativa Unión Maya Itzá, Petén, Guatemala; y el segundo en julio del 2003 en La Esperanza, Intibucá, Honduras.

En ambos foros hemos expresado nuestra solidaridad con las personas y organizaciones amenazadas, perseguidas y que han sufrido violación a derechos humanos en el marco de la lucha de resistencia contra las represas; así como con las millones de personas en todo el mundo que han sido desplazadas y afectadas por represas hidroeléctricas.

Las organizaciones declaramos que la proliferación de los proyectos hidroeléctricos en nuestros países no obedece a las necesidades energéticas de nuestros pueblos sino que responde a la necesidad de crear la infraestructura necesaria para desarrollar el modelo económico neoliberal a través del Área de Libre Comercio de Las Americas (ALCA), los diferentes tratados de libre Comercio a nivel continental, el Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia, entre otros.

Hemos constatado también que estos proyectos vinculados al gran capital transnacional y nacional, cuentan con el apoyo de las instituciones financieras multinacionales, e incumplen en su totalidad la legislación ambiental y el derecho de autodeterminación de los pueblos, lo que nos obliga a adoptar medidas de lucha de resistencia y a reiterar la validez de las propuestas alternativas que vayan surgiendo desde los pueblos.