Presa el Zapotillo

Irregularidad y contradicciones de un proyecto,

Dignidad y resistencia de las comunidades

El proyecto el Zapotillo se localiza a 100 Km de Guadalajara, sobre el Río Verde, entre Yahualica y Cañadas de Obregón, Jalisco. Es impulsada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los gobiernos del Estado de Jalisco y Guanajuato, para abastecer de agua potable a la ciudad de León (Guanajuato), la región de los Altos de Jalisco y la ciudad de Guadalajara y surge de un convenio firmado en 1997 entre estas instancias.

El proyecto del Zapotillo desde sus orígenes presenta  diversas irregularidades a nivel normativo,  falta de información, carencia de mecanismos de consulta y  hostigamiento a los pobladores.  El proyecto vulnera  derechos como  la propiedad, la participación, el desarrollo, la vivienda, la salud, al medio ambiente sano  y derechos referentes a la cultura, entre otros.

La presa implica el trasvase de agua de la cuenca del río Santiago a la cuenca del río Lerma que atraviesa los Estados de México, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Jalisco y Nayarit. Contempla una cortina de 105 metros de altura y almacenaría 911 millones de metros cúbicos de agua. El embalse afectaría un área de 4500 hectáreas y tendría un costo total estimado de $8,010 millones de pesos. La inversión privada en esta presa sería del 30% por parte de la empresa que gane la licitación y su forma de recuperación sería a través de la concesión del 100% de las ganancias para el uso, manejo y distribución del agua por 25 años, privatizando de esta manera este bien común.

Destruiría el cauce natural del río Verde, inundando a las comunidades de Temacapulín, Palmarejo y Acasico, donde viven aproximadamente unas 700 personas, con una población migrante que mantiene sus lazos comunitarios, y que se denomina “hijos ausentes”, la cual suma más de 3000 personas.

A partir de que las comunidades se enteraron del proyecto de la presa a través de los medios de comunicación, la comunidad y diversas organizaciones sociales se han mantenido firmes en su oposición a la reubicación y en la exigencia del respeto a  derechos humanos, pero han padecido hostigamiento, amenazas, burlas, una sistemática ausencia de información y la debida consulta.

Del 19 al 21 de junio se llevó a cabo en Temacapulín el V Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), el cual fortaleció el proceso organizativo y de defensa de la población. En esta ocasión se conformó el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, generando un plan de acción para la defensa de los derechos y territorio de los tres poblados.

Las acciones de resistencia que han realizado las comunidades han sido siempre de carácter pacífico, aunque las autoridades se han empeñado en criminalizar el movimiento y menospreciarlo….Los habitantes de las poblaciones afectadas saben son parte del territorio en el que nacieron y pese a la necedad gubernamental por imponer la presa, se mantienen defendiendo su tierra, su historia, sus hogares, su identidad y sus sueños. (Síntesis documento Presa Zapotillo, Instituto Mexicano  para el Desarrollo Comunitario, IMDEC, de Jalisco, Guadalajara, circulado en el marco de la movilización. Fecha de recepción para el CEE, 27-08-09)

Ampliación del Canal de Panamá

El 31 de diciembre de 1999, el ejército de los Estados Unidos abandonó el Canal de Panamá y la República de Panamá asumió la responsabilidad total por la administración, funcionamiento y mantenimiento del Canal. Ese mismo año, se inicia un proyecto para Ampliar el Canal. La propuesta se centra en la construcción de dos nuevas esclusas a fin de aumentar el número de tránsitos y el tamaño de los buques que pasan por el Canal.
El problema técnico principal es que las esclusas del Canal se llenan con agua de lluvia (cada paso de buque necesita cerca de 177 millones de litros de agua) y los lagos artificiales construidos por los ingenieros militares norteamericanos en 1914 no son suficientes para alimentar las nuevas esclusas. En un primer momento, la ACP, la institución que gestiona el Canal de forma autónoma e independiente, decidió construir tres nuevos represas para conseguir el agua adicional que requerían las nuevas esclusas. Estos lagos habrían cubierto las tierras de decenas de miles de campesinos quienes iniciaron una serie de propuestas a fin de frenar esta alternativa.
En la actualidad, la ACP afirma haber optado por unas piscinas laterales que reciclen el agua y que, por tanto, eliminen la necesidad de construir los tres embalses. Sin embargo, numerosas voces en Panamá duda de la sinceridad de esta afirmación. La ausencia de transparencia y participación que ha caracterizado la gestión social del proyecto. Las afirmaciones de la propia ACP de que el proyecto de las tinas de reciclaje es más caro que la construcción de los tres embalses y su afirmación de que en 15 años se necesitarán nuevos reservorios de agua siguen constituyendo una amenaza para miles de campesinos panameños.
No son estos los únicos riesgos que conlleva este proyecto de construcción de un tercer juego de esclusas para la Ampliación del Canal. Existe un fuerte debate en Panamá entre los que piensan que generará un importante desarrollo para el país y entre aquellos otros que opinan que una inversión que superará los 10.000 millones $ es demasiado riesgo para un país que tiene más del  40% de sus 3 millones de habitantes en una situación de pobreza. La decisión sobre si habrá o no Ampliación se tomará a través de próximo referéndum nacional.

Las presiones sobre aquellas personas y grupos que se oponen al proyecto son enormes. Pastoral Social-Cáritas, organización católica que apoyó desde el principio a la Coordinadora Campesina Contra los Embalses (CCCE), ha sufrido todo tipo de ataques por parte de la jerarquía católica panameña. Su página web, http://www.caritaspanama.org/index.html  que ha actuado como un portal y foro para que las voces de los más afectados pudiera expresarse, se está viendo sometida a un intento de censura por parte del obispo Pablo Varela, Obispo Auxiliar de Panamá.

En esa página web todavía está colgado el reportaje El proyecto de los Tres Embalses: la ampliación del Canal de Panamá y la lucha campesina que hemos realizado profesores de la UA y otros voluntarios. Este reportaje intenta reflejar aquellos impactos socioambientales que por ser de difícil medición o por afectar a grupos de campesinos que han sido marginados por el Estado panameño se consideran invisibles.

En unos días, se presentará un segundo documental realizado con la ayuda de profesionales del Taller de Imagen de la Universidad de Alicante con el apoyo de P.S. Cáritas-Panamá titulado El Canal de la Discordia en el que se describe el fuerte conflicto social y los riesgos que conlleva este proyecto de construcción de un nuevo juego de esclusas para la ampliación del Canal de Panamá.

Celulosas en Uruguay: la punta del iceberg

La instalación de las plantas de celulosa, Botnia(finlandesa) y ENCE(española) sobre la costa oriental del río Uruguay, cerca de Fray Bentos y frente a la ciudad de Gualeguaychú, han hecho aflorar la punta del iceberg del proceso de traslado de industrias y tecnologías contaminantes y agresivas para el ambiente, hacia los países empobrecidos del Sur.
…. Recientes anuncios del Gobierno Nacional indicarían varios proyectos de represas…

Más información

América Latina niega ser presa de represas

Por sus impactos en el entorno de las comunidades de los países en desarrollo, la construcción de grandes presas de agua ha aglutinado una amplia gama de opositores. Sus acciones ya han detenido varios proyectos concebidos principalmente con fines de lucrar con los recursos naturales.

Por sus impactos en el entorno de las comunidades de los países en desarrollo, la construcción de grandes presas de agua ha aglutinado una amplia gama de opositores. Sus acciones ya han detenido varios proyectos concebidos principalmente con fines de lucrar con los recursos naturales. El mensaje es claro: Habrá más resistencia en el futuro si las instituciones financieras internacionales y los inversionistas en estas obras de infraestructura sigan por la vía privatizadora y no respectan a la voluntad de los pueblos involucrados. América Latina juega un papel clave en hacer llegar el mensaje.

La más reciente manifestación regional del la inquietud creciente fue la III Reunión de la Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, celebrada del 17 al 21 octubre de 2005 en Cubulco, Baja Verapaz, Guatemala. El evento era una parte aguas en el movimiento defensor de los pobladores de las cuencas del mundo y registró avances fundamentales en la lucha hemisférica e internacional. Al fin, el encuentro fue un rotundo éxito por la sociedad civil organizada con fines de modificar los actuales patrones de desarrollo.

Al encuentro se convocaron a las organizaciones y comunidades campesinas e indígenas de la región Latinoamericana y el Caribe afectadas directa o indirectamente por la construcción de represas, la contaminación de ríos y procesos de privatización de la energía eléctrica, axial como a las organizaciones independientes de ecologistas, derechos humanos, grupos y redes organizadas de la sociedad civil que trabajan y se coordinan en la lucha en torno a estas problemáticas. Más de 400 delegados y delegadas provenientes de 25 países y de 112 organizaciones, incluidos iglesias católicas y evangélicas, frentes, movimientos, y medios de comunicación alternativas, se reunieron como la Red Latinoamericana contra las Represas (Redlar), y con los objetivos claros.

Objetivos de la III Encuentro Latinoamericano Contra las Represas

• Analizar, discutir y construir alianzas y estrategias para enfrentar las amenazas a nuestros ríos, comunidades y aguas;

• Consolidación de la red y sus aspectos operativos;

• Analizar las iniciativas de integración como PPP e IIRSA, su relación con los tratados de libre comercio, y su papel para impulsar la construcción de represas;

• Analizar la política de los gobiernos en estas iniciativas y su papel como promotores de represas;

• Realizar un mapeo actualizado de las instituciones financieras internacionales, regionales y nacionales y empresas que respaldan la construcción de represas;

• Evaluar las luchas en la región, sus éxitos y fracasos;

• Elaborar estrategias comunes hacia un Plan de Acción Continental;

• Elaborar una agenda regional; y

• Fortalecer la lucha por la justicia y reparación para los sobrevivientes de las masacres, los desalojos forzados, y otros daños que ocurrieron a causa de la construcción de la represa Chixoy.

Los países representados fueron: Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, España, Italia, Japón, Austria, Bélgica, Irlanda, Alemania e Inglaterra.

Los participantes señalaron al Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y la Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otras, como responsables de la violación a los derechos humanos y las privatizaciones en todo el continente. También se abordaron los aspectos legales: reparación de daños; los procesos de integración económicas, los tratados de libre comercio, el Plan Puebla Panamá (PPP) y la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sur América (IIRSA). Por primera vez se abordó el tema del desmantelamiento de las presas en el horizonte cercano, la posibilidad que dan las experiencias pasadas, y el cumplimiento del promedio de vida de las mayorías de las represas construidas hace casi 50 años.

Debido a la excelente cobertura radial en vivo desde la página de Indymedia-Chiapas, la voz del evento llegó incluso hasta el continente europeo.

Problema mundial lleva a América Latina de corbata

Los integrantes eran concientes de tratar con un problema mundial. Más de 47 mil grandes presas detienen a 60% de los ríos del planeta. Han resultado en la perdida de 50% de las zonas húmedas, haciendo injusticia ambiental a la vez. Solo en Brasil, más de 2 mil represas, la mayoría hidroeléctricas, han desplazado a 1 millón de habitantes, mientras 20 millones viven sin luz eléctrica, y las que sí la tienen pagan 10 veces más que las industrias extranjeras. En México, el Proyecto Hidroeléctrico La Parota pretende expulsar a más de 20 mil habitantes de 17 localidades en el estado de Guerrero, con la inundación de sus cultivos de subsistencia.

La década de 1960 fue el auge de la construcción de grandes represas en el hemisferio, llegando en promedio a 180 por año. En la década de 1990 disminuyó su construcción en un 40%, principalmente en Estados Unidos donde los cierres de operaciones superan los permisos de construcción y más de 400 represas, la mayoría pequeñas, fueron desmanteladas.

Luego de las firmas de los tratados de libre comercio y con ellos los procesos de privatización del agua, la energía eléctrica, el gas y el petróleo y de la eliminación de las barreras arancelarias, las empresas migran hacía el sur en forma de industria minera, de papel, de maquiladoras, textiles, autopartes, etc. Por ello aumenta la demanda de la energía en los países donde no hay controles ambientales y donde la tierra y la mano de obra son más baratas.

A principios del siglo 21 en Sudamérica existen 979 grandes represas de las cuales más del 60% están en Brasil. En la década de 1960 y 1970 llegó el tope de construcción de represas cuando se inauguraban 17 cada año. La hidroenergía suministra más del 50% de la generación eléctrica en 10 países de la región. El 93% de la electricidad en Brasil proviene de las represas, 73% en Venezuela, 68% en Ecuador, 74% en Perú, 100% en Paraguay; 57% en Chile, y 68% en Colombia.

En la zona Mesoamericana del Plan Puebla Panamá (PPP), abarcando a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y México, casi todos los ríos han sido represados. Sin embargo, un nuevo proyecto los amenaza: el Sistema de Integración Eléctrica para América Central (SIEPAC) con el fin de interconectar todo el sistema eléctrico en una sola red, con una sola ley y normatividad para la región, y con el financiamiento del BID y el BCIE. Este proyecto agudizará la deuda externa de los países ya muy empobrecidos y la propuesta de regular a nivel regional deja la reglamentación en manos de las grandes corporaciones trasnacionales por encima de las soberanías nacionales y abre la puerta a privatizar todo el sector energético y el agua.

En base a numerosas fuentes investigadas por CIEPAC, existen planes documentados de al menos 340 presas en la zona del PPP que amenazan a alrededor de 170 ríos entre los que se encuentran los más grandes y bellos en la región, a una gran cantidad de biodiversidad, de sus especies de plantas, árboles, animales y peces únicos en el mundo. También están amenazados cientos de sitios arqueológicos, lugares sagrados y cementerios; tierras fértiles e infraestructura (carreteras, escuelas, clínicas, casas, puentes, etc.) y miles y miles de campesinas e indígenas. La construcción de estas represas agudizara más el impacto negativo social y al medio ambiente.

Dar respuesta al reto requiere de valor

Ante esto los pueblos resisten con saldos de golpeados, perseguidos, encarcelados, asesinados, amenazados y desplazados. Y pese a las mentiras, engaños, trampas y otras acciones por parte de empresas y gobiernos, los pueblos siguen en marcha y movilizaciones, en reuniones, encuentros y fortaleciendo redes y organizaciones para defender la vida de todos y todas en búsqueda de alternativas.

El siglo 21 amanece con muchas luchas y resistencias. El I Encuentro Internacional de Afectados por las Represas y sus Aliados llevado a cabo en Curitiba (1997), Brasil, y su llamado al Día Internacional de Acción Contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida cada 14 de marzo, fue retomado por otros procesos que se fueron conformando en los años inmediatos. El nuevo siglo inició con el II Encuentro Continental contra las Represas en Argentina (2002) y el II Internacional de Afectados por las Represas y sus Aliados en Tailandia (2003). Las redes se empezaron a tejer en la lucha y resistencia por la defensa de los derechos humanos y en la búsqueda de un desarrollo sustentable.

La resistencia que se encontraba aislada en Centroamérica logró organizarse bajo el I Foro Mesoamericano contra las Represas (2002) y al siguiente año se llevó a cabo en Honduras y luego en El Salvador (2004) fortaleciendo sus alianzas y estrategias. Las movilizaciones nunca antes vistas el 14 de marzo empezaron a ser visibles. A partir de los Foros Mesoamericanos se constituyó el Frente Petenero contra las Represas (2002), el Frente Chiapaneco contra las Represas (2003) y el Movimiento Mexicano contra las Represas y por la Defensa de los Ríos (2004) e iniciaron a consolidarse las resistencias en los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, entre otras entidades y países.

En Honduras se fortalecieron las luchas de resistencia de muchas organizaciones entre ellas la del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). En Costa Rica la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) y otras organizaciones mantienen una resistencia grande contra los proyectos de represas. En El Salvador el Grupo Bajo Lempa fortalece su resistencia mientras que en Panamá las organizaciones como el Equipo de Acompañamiento a la Lucha contra los Embalses de Caritas Panamá, las comunidades indígenas Kuna y el Movimiento 10 de Abril en Defensa del Rió Tabasara (M-10) fortalecen su lucha.

En Sudamérica la lucha y la resistencia continúa. En Colombia militan contra la presa Urra. En Bolivia oponen a las represas Pavas, Arrazayal y el Bala sobre el Río Beni que inundaría territorios indígenas. En Brasil, el gobierno promueve la construcción de ocho represas en los ríos Tocantis y Araguaia, uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del mundo. Aquí el BID prestaría los recursos a la empresa Tractebel de Bélgica a quienes los pobladores han presionado por medio de marchas y otras acciones. En el Río Tibagi se pretenden construir cuatro represas que inundarían las últimas regiones de selva húmeda de la costa Atlántica, tierras indígenas y 40 sitios arqueológicos. Todos estos casos son tan solo pequeños ejemplos de las resistencias en el continente.

Síntesis de experiencia revela obstáculos, retos

En la reciente reunión de Cubulco, se elaboró un síntesis de las experiencias de los siguientes 13 países: Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Panamá y Costa Rica, México y Estados Unidos. El documento recopiló los obstáculos y desafíos que enfrentan a los pobladores de las cuencas, axial como una relación de las estrategias y acciones implementadas, con sus respectivos errores.

Se identificó como obstáculo principal el modelo de producción impuesto por el gran capital. La crisis petrolera que justifica al gran capital intensificar la explotación de la hidroenergía con la construcción de cada vez más presas, axial como la tendencia a privatizar la energía eléctrica y los recursos naturales y estratégicos en la lógica del mercado, fortalecen las alianzas entre el gran capital en manos de unas cuantas corporaciones trasnacionales del agua y la energía eléctrica. Estas muchas veces portan nombres locales o están camuflajeadas en otras empresas como son Unión FENOSA, Endesa, Iberdrola, Alcoa, Suez y Vivendi, y cuentan con el respaldo de los gobiernos—ya no solo dictatoriales sino de los “democráticos”.

La acumulación de la riqueza en manos de las trasnacionales se facilita por medio de los cambios legislativos en materia de tierra, agua y energía eléctrica; la exención de impuestos a las trasnacionales; y el uso de la coerción y la militarización para acallar y criminalizar la movilización social que reclama sus justas demandas y respeto a los derechos humanos. Mientras que la producción de energía se queda en manos de las grandes trasnacionales de la energía, el agua, la industria minera o petrolera, entre otros sectores, más de 20 millones de brasileños no cuentan con energía eléctrica, ejemplo que se repite por toda la América Latina y el Caribe.

Ya miles de represas se han construido a costa de millones de desplazados y afectados por ellas. El gran reto para la Redlar y del movimiento social es liberar a Chile de 40 grandes presas y otros 15 proyectos de los cuales cuatro de ellos se pretenden construir en la Patagonia; enfrentar a 494 en Brasil, más 942 pequeñas represas, y evitar la expulsión de otro millón de brasileños de sus tierras, resistir a 95 proyectos en Panamá, 45 proyectos en Honduras, y 45 proyectos en México, entre otros en varios países.

El movimiento ha implantado muchas estrategias y acciones en la historia de la lucha.

Entre las estrategias y acciones implementadas están:

Acciones en el terreno legal y institucional:

• Realizar propuestas legislativas.

• Contraatacar los permisos ambientales no justificados

• Interponer juicios, amparos y otras acciones legales de carácter local, nacional e internacional

• Usar el Convenio 169 de la OIT para respaldar las denuncias.

• Realizar plebiscitos

• Iniciar un proceso de reparaciones con el caso de la presa Chixoy

Acciones organizativas y directas:

• Huelgas de hambre, resistencia y apagones, tomas, quemas, cortes de rutas

• Conformación de organizaciones sociales, comunales y familiares.

• Lucha de masas amplias

• La defensa del territorio a toda costa, evitando la entrada de las empresas y gobiernos a nuestras tierras

• Ocupación de presas, cortinas, caminos y carreteras, de oficinas gubernamentales y de la banca multilateral como Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial

• Marchas, plantones y bloqueos

• Una política de alianzas amplia y a nivel local, nacional e internacional con grupos de derechos humanos, abogados, sindicatos, ambientalistas, productores, maestros, pescadores, asociaciones, ONGs, prensa, y entre la población campesina, negra, indígena y urbana

• Acciones de movilización el Día Internacional de Acción Contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida el 14 de marzo

• Expulsión de maquinaria de nuestras tierras

• Negar de forma organizada al pago del agua y de la energía eléctrica.

• Autonomía política y financiera respecto a iglesias, partidos políticos y gobiernos

• Unificación de las luchas locales con las nacionales y otras agendas sociales en torno al PPP, al ALCA, a las privatizaciones, etc.

• Fortalecer los liderazgos colectivos.

• Boicotear juntas de accionistas y reuniones oficiales

• Evitar el discurso del “No, No, No”, e incluir el discurso positivo de un modelo alternativo

• Quitar señalizaciones y marcas de los estudios en nuestra tierras

Educación y Difusión:

• Denuncias públicas; campanas de información, difusión, y sensibilización; y foros de discusión

• Elaboración de material popular como videos, manuales, volantes, afiches, etcétera

• Brigadas en los buses y micros y otros medios de transporte público para distribuir información y generar conciencia

• Generar promotores locales indígenas

• Promover relaciones con reporteros y prensa, axial como conferencias de prensa

• Campañas en las escuelas y universidades

• Programas en radios comunitarias

• Pintar medidores de energía eléctrica.

• Realizar actividades artísticas y educativas con niños.

• Campanea casa por casa.

Los integrantes de la lucha analizaron tanto sus errores como sus logros, en el afán de aprender de la experiencia y avanzar en el proceso.

La resistencia ha caído en los errores de:

• Pensar que nosotros, solos, podemos detener las presas, cuando es un problema global

• Solo organizar contra las represas a nivel local, sin abrirnos al ámbito nacional e internacional

• Confiar demasiado en los partidos políticos y el gobierno

• Dejar solos a las autoridades y los líderes, con el resultado de que son comprados o cooptados, se cansan, se aburren y se abandonan la lucha, o son asesinados.

• No fortalecer alianzas amplias con diversos sectores, como las universidades o grupos de abogados

• Depender del financiamiento de las fundaciones u otros actores sin generar autonomía en nuestras organizaciones

• No creer en nosotros mismos y tener una incoherencia entre el discurso y la práctica política.

• Creer en las promesas de desarrollo y bienestar que nos ha hecho el gobierno por una represa

Mientras tanto, el movimiento anti-represas y por la vida, los ríos, las comunidades y el agua ha logrado importantes victorias. En América Latina podemos festejar y gritar de júbilo por varios éxitos.

Los logros:

Cancelación o cierre de represas:

• Chile—5; Ecuador—2; Panamá—1; Costa Rica—5 en el rió Pactare;

• En Paraguay se derrotaron leyes de privatización y de hidrovías.

• En México, hemos suspendido la presa Itzantun y la actual lucha contra la presa La Parota es esperanza de otro rió y pueblo liberados

• Hemos detenido la privatización del agua en El Salvador y la construcción de presas en Honduras

• Hemos conformado redes y frentes locales, nacionales y regionales

• Hemos fortalecido y aumentado la conciencia y participación ciudadana en torno a los temas de presas, energía, agua, privatizaciones

• Hemos logrado involucrar en la lucha y unir sectores como las iglesias, movimientos y organizaciones

• Las actividades del III Encuentro son de los principales logros y esperanzas

• Se ha promovido la equidad de género, con la muestra del cual que las mujeres se han destacado en la lucha anti-represas por todo el continente

Los miembros de la reunión hicieron presentes los mártires por las represas. Hay asesinados en Guatemala, México, Honduras, Ecuador y otros países donde los hermanos han dado su vida por un mundo con ríos vivos, por un mundo mejor para todos y todas. Su lucha no ha sido ni será en vano.

Hay muchas exigencias

Los participantes en el encuentro firmaron tres cartas de solidaridad dirigidas a los diferentes niveles de gobierno de varios países. Una de estas cartas se refiere al rechazo a la construcción de la Presa La Parota en México y al esclarecimiento del asesinato de Tomas Cruz. Otra dirigida al Instituto Nacional de Electrificación (INDE) en Guatemala, exige el retiro de las acusaciones legales contra líderes indígenas que llevan a cabo el proceso de demandas de reparación de daños por parte del BM y del BID por la construcción de la presa Chixoy. La tercera va dirigida a los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y México, exigiendo el cese a la criminalización de las luchas sociales y ambientales y reivindicando el derecho constitucional a la libre expresión y manifestación. Esta carta va dirigida con copia a los gobiernos de los demás países representados en el encuentro y a organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosas, a la presidencia de Cáritas en América Latina, a la Corte Internacional de Justicia, entre otras.

Muchas ideas se vertieron para formar un plan de acción en materia de educación y concientización. Se propuso: intensificar la búsqueda de alternativas descentralizadas, locales y sustentables para el acceso al agua y la energía eléctrica, ampliar las alianzas, vinculación con otras redes y movimientos, fortalecer la investigación y material educativo, fortalecer la estrategia legal y los procesos de reparaciones, promover la ratificación del Convenio 169 de la OIT en los países donde no se han ratificado, mejorar los mecanismos de comunicación y difusión, generar plebiscitos, y crear una escuela latinoamericana sobre alternativas a las represas, la captación de agua y la generación de energía eléctrica.

El punto más polémico giró en torno a la propuesta de que los miembros de la Redlar no recibirían recursos y financiamiento de las IFI’s. Para algunos era difícil el planteamiento de cara a los procesos de reparación de daños y frente a los esfuerzos para obligar al BID y al BM resarcir daños; para otros era difícil plantearlo a las comunidades y organizaciones campesinas e indígenas muy necesitadas de recursos. Ante ello, si bien queda como principio general se adecuará a las circunstancias de cada país.

Entre los elementos focales a nivel de organización fue el compromiso de conformar los frentes nacionales que hacen falta. En el caso mesoamericano falta conformar la red nacional anti-represas en Honduras, El Salvador y Nicaragua, mientras que Guatemala, México, Costa Rica y Panamá ya los han creado y, en el caso de Sur América, solo Brasil cuenta con su red nacional. A nivel de movilización se ratificó el 14 de marzo como el Día Internacional contra las Presas y se desplegaron un sinfín de acciones diversas que se llevaran a cabo en ese Día del 2006. Cabe destacar que dentro del plan de acción se aprobó la Campaña Continental contra las eléctricas españolas Unión Fenosa y Endesa por la violación a los derechos humanos, los excesivos costos de energía eléctrica luego de las privatizaciones, entre otros efectos que han traído a los pueblos del continente. En este marco se hace un llamado de solidaridad y de unir acciones conjuntas a los hermanos y hermanas solidarias de España y las diversas organizaciones como COAGRET a que se unan a esta campaña.

La nueva Coordinación de la Redlar estará en manos de las organizaciones representantes de los países de Brasil, Colombia, El Salvador y Costa Rica. La Redlar publicó la Declaración de Chixoy y propuso un IV Encuentro Latinoamericano Contra Represas para el año 2008. Los últimos párrafos de la declaración afirman los principios de la agrupación: “Convencidos de que el trabajo mancomunado se fortalece cada vez más, seguimos de pie proponiendo un modelo diferente, de la mano con los pueblos y los bienes de la naturaleza. ¡Ríos libres para pueblos libres! ¡Aguas para la vida, no para la muerte!”

Gustavo Castro Soto es Miembro de la coordinación del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Rìos (Mapder) y de la Red Latinoamericana contra las Represas (Redlar). Articulo Publicado por el Programa de las Américas del International Relations Center (IRC). » Serie Acción ciudadana en las Américas, no. 19 (Silver City, NM: International Relations Center, 24 de Febrero de 2006). www.ecoportal.net

Recursos

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
http://www.cemda.org.mx
Tel. en Mexico: 52 (55) 52 86 33 23

El CEMDA es una organización no gubernamental, apolítica y sin fines de lucro, que busca contribuir a la coordinación y unión de esfuerzos nacionales para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, a través del fortalecimiento, consolidación, armonización, aplicación y cumplimiento efectivo del sistema jurídico-ambiental vigente.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan»
http://www.tlachinollan.org
Tel. en Mexico: 52 (757) 476 12 20
Su misión es promover y defender, desde la diversidad cultural, los derechos de los pueblos Naua, Na Savi, Me´phaa y Mestizos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero para diseñar caminos legítimos y pacíficos que garanticen la vigencia de sus derechos humanos.
Mina # 77 col. Centro C.P. 41304 Tlapa de Comonfort, Guerrero

Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción (CIEPAC)
http://www.ciepac.org
Bajar su manual «No seas presa de las represas» http://www.ciepac.org/publicaciones/public.html#repre
Teléfono y Fax en Mexico: 52 (967) 6745168
CIEPAC es un Organismo Civil de Chiapas cuyo trabajo es el análisis y la investigación, la formación y capacitación, y el acompañamiento de procesos sociales. Se caracteriza por no ser lucrativa, sin filiación a partidos políticos.
Calle de La Primavera # 6, Barrio de La Merced, C.P. 29240
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

Comision Mundial de Represas (World Dam Commision)
Archivos históricos de represas y estudios acerca de represas.
http://www.dams.org

Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP)
Contactos: Rodolfo Chavez
Felipe Flores Hernandez (Guerrero, Mexico) 52 744 408 0340
Jose Venus Hernandez (Guerrero, Mexico) 52 744 488 7058

Coordinadora de las Comunidades Afectadas por la Hidroelectica de Chioxy Guatemala
http:// www.chixoy.decilo.net
Información sobre reunion de Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua

Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) http://rds.org.hn/copinh
Tel: [504] 783-0817, 783-0816

Monitoreo de Alimentos y Agua (Food and Water Watch)
http://www.fwwatch.org/

Movimiento contra las Represas de Brasil
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)
http://www.mabnacional.org.br/

Foro Mundial del Agua
http://www.worldwaterforum4.org.mx
Ciudad de México, México, 16-22 de marzo del 2006

Red Internacional de Ríos (International Rivers Network)
http://www.irn.org/
Tel. en EU: (510) 848–1155
IRN apoya a comunidades a proteger sus ríos. Trabajan en contra de proyectos destructivos y promueven metodos equitables y sustentables para cumplir las necesidades del manejo de agua, energia y inundaciones.

Su página con la Declaracion de Chioxy:
http://www.irn.org/programs/chixoy/index.php?id=051025declaration_es.html

Red Mexicana de Accion Frente al Libre Comercio
http://www.rmalc.org.mx/index.shtml
Tel/Fax: 52 55 5355-1177

Red por la Paz en Chiapas
http://www.laneta.apc.org/biodiversidad

Programa Ambiental de las Naciones Unidas (United Nations Environmental Program)
http://www.unep-dams.org

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America, WOLA)
“Carta al Presidente Vicente Fox expresando sus preocupaciones por la presa hidroeléctrica en Guerrero conocida como La Parota”
http://www.wola.org/Mexico/press_releases/parota_carta_f

INVERSIONES DE BRASIL Y CHINA EN HIDROELECTRICAS AMENAZAN LA AMAZONIA

Paquicamba, Brasil, en el gran meandro del imponente río Xingú, el Gobierno brasileño proyecta construir una presa que podría convertirse en la segunda del mundo y generar enormes cantidades de energía hidroeléctrica. Pero es poco probable que los principales beneficiarios del proyecto sean las tribus indígenas u otros residentes locales, sino un Gobierno situado al otro lado del mundo, en China.

Así comienza la noticia de prensa difundida el día 1de diciembre de 2005 en el diario español El País, en su extracto semanal del The New York Times….

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Presa La Parota. Historia de un fraude

“El resultado final de la influencia que ejercen intereses creados y el conflicto de intereses
es que muchas represas no se construyeron con una valoración inicial objetiva
 y de una evaluación de los criterios técnicos, financieros y económicos adecuados,
y mucho menos los criterios sociales y ambientales. No sorprende que muchas no cumplan
 los estándares aplicables en cualquier contexto”. (Comisión Mundial de Represas)

La presa La Parota en el estado de Guerrero en México tendrá un costo inicial de 800 millones de dólares que se gastarán durante 8 años que durará la construcción. Sin embargo, el retraso en la construcción de las presas se da en todo el mundo así como un aumento en el costo que ha oscilado entre un 30 y un 300% más al cálculo inicial. [1] Por tanto, más de mil millones de dólares representará de ganancias a los constructores lo cual implicará un endeudamiento al país para la siguiente generación. El compromiso político y económico ya está hecho por lo que no se pretende echar atrás el proyecto a menos que la resistencia social junto con los cauces legales logren detenerla. Esto no es imposible, ya se ha detenido la construcción de presas en muchas ocasiones, pero será difícil [2] . Este es el reto del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) y a final de cuentas de toda la sociedad porque a todos afectará la presa. Esta es la continuación de la historia. [3]
PRIMERA ETAPA: LAS ILEGALIDADES GUBERNAMENTALES.
Los mil millones de dólares que representará el negocio de la presa La Parota bien vale la pena para los constructores la cantidad de mentiras, engaños, fraudes, represión, corrupción, compra de autoridades ejidales, compra de intelectuales y universidades y múltiples ilegalidades por parte de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). La presa se ha convertido en una trinchera de resistencia popular con al apoyo de organizaciones y redes nacionales e internacionales de derechos humanos y ambientalistas; de Organizaciones No Gubernamentales (Ongs), campesinas, indígenas, obreras y de todo tipo que se han unido a la lucha del CECOP. Incluso la fuerza guerrillera de la entidad, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), manifestó su apoyo a la lucha de la sociedad civil.
El 25 de Abril de 2004 el gobierno y las autoridades ejidales compradas por él simularon una Asamblea Ejidal de 12 minutos de duración para dar la autorización a la construcción de la presa y el consecuente desalojo de las tierras. Fue impugnada legalmente por 1590 comuneros quienes interpusieron ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41 con sede en Acapulco una demanda de nulidad por no cumplir con los términos legales, por haberse falsificado firmas, por haber incluido hasta el voto de ejidatarios ya muertos y otras irregularidades. El Tribunal acordó dar paso a la medida precautoria solicitada por los comuneros, por lo cual se ordenó al gobierno y a la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) que las cosas se mantuvieran en el estado en que actualmente se encontraban en la Comunidad Agraria de Cacahuatepec, y que quienes se oponen al proyecto “no sean desalojados de los puntos de acceso que tienen obstruidos, a fin de garantizar la tranquilidad social en el núcleo agrario en comento” [4] . Además se ordenó notificar a la CFE que “se abstenga de realizar (los estudios preliminares de factibilidad) en tanto no se resuelve el presente juicio por sentencia ejecutoriada”. El Tribunal alertó de la posibilidad de enfrentamientos físicos si se continuaba con a obra.
Pese a la prohibición legal, los supuestos Estudios de Impacto Ambiental (EIA) fueron entregados a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dos 2 meses después, en un documento de 1536 páginas que no se explican ya que desde el 28 de julio de 2003 los plantones  impiden el paso de maquinaria de la CFE y cualquier personal. Además, la Semarnat está emplazada con un Recurso de Revisión, ya que los estudios no cumplen con las normas ambientales, de salud, de sismología, de destrucción de fauna y flora endémicas protegidas, y falta de estudios sobre el flujo de las corrientes subterráneas, además de que promueven la destrucción de la cuenca del Río Papagayo. Por su lado, el comisariado de Bienes Comunales está demandado en una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por falsificación de firmas, lo mismo que el notario y los funcionarios agrarios que avalaron ese delito. Está interpuesta una segunda denuncia penal, contra la CFE, también ante la PGR, por delitos ambientales.
Luego la CFE convocó, creando las dificultades de la participación de la sociedad, a una supuesta consulta pública donde lo pobladores rechazaron la construcción y denunciaron las mentiras, engaños y simulaciones por parte del gobierno. Meses después una delegación del CECOP asistió al III Encuentro del Movimiento Mesoamericano contra las Represas que se llevó a cabo en El Salvador en 2004. A su regreso, Rodolfo Chávez Galindo se encuentra con órdenes de aprehensión en su contra y uno de los líderes de la comunidad, Marco Antonio Suástegui, fue detenido, encarcelado y torturado. Tras su liberación el movimiento de resistencia cobró más fuerza y meses después la comunidad de Aguas Calientes vio nacer el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) que realizó su primer encuentro en esa comunidad [5] , movimiento que no tiene precedentes en el país. Cientos de personas y organizaciones mexicanas y algunas solidarias del extranjero se reunieron para iniciar el primer movimiento contra las represas que se haya registrado. El CECOP logró articularse con muchas organizaciones de todo el país y de diversa índole. Para principios del 2005 lograron participar con una delegación muy nutrida en el II Encuentro del Mapder en lo que pretende ser la presa de Arcediano en Guadalajara, Jalisco. Y mientras se preparan junto con la delegación mexicana a asistir al III Encuentro Latinoamericano contra las represas en octubre de 2005 en Guatemala [6] , el gobierno mexicano sigue avanzando con la construcción de la presa sin la autorización legal.
Julio y agosto de 2005 fueron los meses en que le gobierno agudizó el conflicto y las ilegalidades. Aunque en otros accesos las comunidades en resistencia continúan bloqueando las entradas a la zona de la cortina, los trabajadores de la CFE continuaron con las labores preparatorias en otros 30 poblados que conforman los bienes comunales de Cacahuatepec. En el caso de los habitantes de la comunidad Los Mayos dieron el permiso a la paraestatal ya que ellos creen que su pueblo no será afectado por estar en la punta del cerro y que no será anegado. De cualquier forma, el director de la empresa, Alfredo Elías Ayub, niega que la CFE esté realizando obras. Pero esto es el pan de cada día. Todo aquello que comprometa la construcción de la presa ha sido, es y será negado sistemáticamente. De igual manera en la presa de El Cajón, actualmente en construcción avanzada en el estado de Nayarit, los trabajadores muertos durante las obras no existen para la paraestatal ni para la opinión pública.
La CFE continuó realizando en la zona conocida como Las Parotas, al otro lado del río Papagayo, la perforación de los cerros y la apertura de brechas y caminos donde se pretende ubicar la cortina de la presa, lo que ya está perjudicando las tierras de otros campesinos. Por su lado, la abogada Priscila Rodríguez Bribiesca del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), aseguró que "están talando y desmontando la selva caducifolia sin los permisos respectivos de la Semarnat”. Pero no sólo eso, lo más grave es que la CFE no ha iniciado con los trámites de expropiación de las tierras a los campesinos y tampoco cuenta con el cumplimiento de la normatividad agraria respectiva. Ante ello, un demanda ante el Tribunal Agrario o una solicitud de amparo teóricamente debería detener las obras ilegales del gobierno. Este es el principal obstáculo que intentará salvar la CFE y que generará los mayores brotes de violencia.
Para el 31 de Julio de 2005 el CECOP y más de 70 organizaciones de todo el país y otras del extranjero convocaron a un “Encuentro Nacional contra la Presa La Parota” [7] en la Comunidad de Aguas Calientes, Anexo de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Municipio de Acapulco. Entre los objetivos se plantearon “Unir voces y reforzar lazos de solidaridad; saber y hacer saber que no estamos solos; fortalecer la organización de las comunidades; reafirmar el rechazo total a la Presa La Parota, como decisión mayoritaria de los Pueblos; escuchar las razones de organizaciones que se unen a la defensa de la tierra de comuneros y ejidatarios, y del agua del Río Papagayo.” El encuentro fue un éxito. Las Organizaciones presentes en el Encuentro acordaron 1. No ceder un centímetro más de tierra a los impulsores del despojo. Acapulco es de todos los acapulqueños, no sólo de los empresarios; 2. Alto a los despojos anunciados en La Parota, en Acapulco Diamante y en Puerto Marqués; 3. Defender el medio ambiente y la ecología contra los depredadores: la CFE, las empresas trasnacionales, los empresarios locales (lagartos al acecho de lo que les dejen), y los obsoletos líderes corruptos de la CNC (lagartijos que van sobre las migajas); 4. Alto al ecocidio que significaría inundar en La Parota 170 millones de metros cuadrados, once veces la bahía de Acapulco (no tres veces, como dicen quienes mucho ocultan); 5. Nos pronunciamos contra la privatización del agua, de la tierra, de los servicios y de los energéticos; 6. Acordamos formar un frente único en defensa de la tierra, del agua; de la cuenca del Río Papagayo, su fauna, flora y biomasa; en defensa del medio ambiente y la biodiversidad de nuestro estado y en defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos, como parte de los derechos humanos; 7. Combatir unidos la represión, el hostigamiento, las amenazas y las desapariciones forzadas; 8. Ampliar las redes de solidaridad y la unión de los pueblos en resistencia, particularmente con el EZLN.
SEGUNDA ETAPA: LA AGUDIZACIÓN DEL CONFLICTO.
En el mes de agosto de 2005 inicia una nueva avanzada del gobierno por la ilegalidad. Le apura aprobar el proyecto e iniciar formalmente la licitación de los mil millones de dólares. Para este momento los gobiernos federal, estatal y municipal ya han comprometido todo y están obligados a ver la forma en cómo los campesinos den el aval al proyecto de manera legal para dar su visto bueno al proceso expropiatorio y el permiso para cambiar el uso de suelo. Para ello se necesita la aprobación de la Asamblea Ejidal. El gobierno inicia spots publicitarios comprando al futbolista Jorge Campos para convencer a la población de aprobar la obra. También se vende el Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec e inicia la convocatoria a una Asamblea General de Comuneros para el día 14 de agosto y con ello se despliega todo un arsenal de corruptelas e ilegalidades en los tres niveles de gobierno.

La convocatoria es ilegal en tiempo, modo y forma según lo estipula la Ley Agraria. Se convoca pocos días antes y modificando la sede. Se orquestan también todos los mecanismos fraudulentos como el envío de personal médico para dar consultas y se les piden las firmas a los campesinos. El gobierno también comenzó a pagar por las firmas y recoger las credenciales de elector. Por su lado la Procuraduría Agraria acelera el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) para dar paso a la modificación del uso del suelo de las tierras comunales, la actualización del Padrón de comuneros y la implementación de manera gratuita del programa "hereda" (testamento agrario) con el fin de garantizar el voto, a favor de la venta de las tierras, por parte del testamentado. Los comuneros advierten sobre estas ilegalidades y responsabilizan al gobernador perredista de lo que pudiera suceder. El 8 de agosto los comuneros presentan un amparo y la nulidad de la Asamblea ante el Magistrado del Tribunal Unitario.
Ese mismo día el CECOP envía una carta al gobernador del estado de Guerrero, Zeferino Torreblanca, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde los comuneros le hacen responsable “de los problemas que pueda haber el día domingo 14 de agosto del 2005, en el poblado de El Campanario, en virtud de que tenemos conocimiento que usted se está prestando a querer llevar a cabo la autorización de expropiación de nuestras tierras comunales, pretendiendo efectuar asamblea general de Comuneros fuera del lugar acostumbrado y con la protección de policías estatales, situación que no es de su competencia, ya que las asambleas comunales son soberanas y no se requiere de coacción y de vigilancia para que podamos los comuneros llegar a acuerdos”. Por su lado, tres días antes de la celebración de la ilegal Asamblea, el Espacio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC) y  de la Red Guerrerense de Derechos Humanos [8] envían una misiva al gobernador y al presidente municipal de Acapulco donde especifican que asistirán a dicha Asamblea por invitación del CECOP para “realizar la observación  del desarrollo de la mencionada Asamblea, a fin de cerciorarnos de que ésta se lleve cabo con apego al marco legal vigente.”
Por fin llega el día 14 de agosto y los autobuses procedentes de 23 de las 43 comunidades comienzan a llegar a la comunidad El Campanario. La CFE acarreó a los campesinos con el fin de lograr el quórum de al menos poco más de 3 mil campesinos, de los 7 mil 200 registrados en el padrón para aprobar la "solicitud de la CFE a la asamblea para obtener la anuencia para que se lleve a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos destinados a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, obras complementarias, embalse y todos los caminos necesarios de acceso a la obra y firma por el comisariado de los respectivos convenios de ocupación previa y su pago, así como convenios de ocupación temporal". También trasportó en helicóptero a diez notarios públicos de Acapulco para dar fe de la ilegalidad, entre ellos a Robespierre Robles Hurtado, hijo del ex secretario general de Gobierno del estado José Rubén Robles Catalán -asesinado recientemente-, así como Miguel Ángel Maldonado, ex titular del Consejo Estatal Electoral y representante en México de las trasnacional Domino’s Pizza.
Diversas corporaciones policíacas instalaron retenes para impedir el paso de los comuneros del CECOP por lo que tuvieron que caminar nueve kilómetros por el monte para llegar a El Campanario. Al llegar los que lograron burlar los retenes se encontraron con una malla electrificadas y resguardadas por 400 efectivos de las distintas corporaciones policíacas, mientras un conjunto de música tropical contratado para el evento empezó a tocar para acallar la protesta. Después de dos horas de tensión y jaloneos entre campesinos opositores y policías, alrededor de las 12:30 horas, el representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC) permitió el ingreso a la asamblea a campesinos que no pertenecen a ninguna de las comunidades afectadas. Las protestas se incrementaron y los policías lanzaron gases lacrimógenos. El enfrentamiento duró 20 minutos y dejó un saldo de diez campesinos golpeados y uno bañado en sangre. Los opositores quemaron las papeletas y destrozaron las carpas de plásticos haciendo correr al presidente de los bienes comunales con la gente que está a favor de la presa. Ahí encontraron documentos con los acuerdos previamente elaborados y un padrón manipulado. Los comuneros del CECOP desconocieron entonces al Comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y exigieron cárcel por usar la fuerza pública en su contra y responsabilizaron al gobernador de Guerrero, al presidente municipal de Acapulco, al presidente Vicente Fox y a la CFE por la agresión sufrida. [9]
Ante la estrategia fallida, el gobierno y la CFE intentaron otra Asamblea ilegal nueve días después, el 23 de agosto, en otro municipio, sin informar ni confirmar el lugar sino 24 horas antes. La CFE pagó 200 pesos a cada comunero por su firma y contrató 15 autobuses (donde no caben más de 500 personas) que recogieron a los comuneros, les colocaron un distintivo color naranja para evitar infiltraciones de opositores. La Asamblea fue adelantada dos horas y la celebraron rápidamente en media hora en que, según la CFE, sólo 2 mil 385 campesinos, comprados, de los 7mil 285 en total que serán directamente afectados, dieron su beneplácito sobre la “solicitud de la CFE a la asamblea para obtener la anuencia para que se lleve a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos destinados para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Parota, obras complementarias, embalse y todos los caminos necesarios de acceso a la obra y firma por el comisariado de los respectivos convenios de ocupación previa y su pago, así como de convenios de ocupación temporal”. Sin alguna intervención, comentario ni discusión el presidente de la mesa pidió que “levanten la mano los que están de acuerdo”, y todos lo hicieron. Luego que levantaran la mano los que no están de acuerdo. Nadie levantó la mano. Por unanimidad se aprobó el punto. Luego se aprobó de la misma manera la “solicitud para obtener la anuencia de la asamblea para que la CFE realice el trámite de cambio de uso de suelo en terrenos forestales destinados a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, obras complementarias, embalse, todos los caminos necesarios de acceso a la obra y línea de transmisión La Parota entronque Los Amates-Playa Diamante”, y la “Solicitud de la CFE a la asamblea para que autoricen al comisariado de los Bienes Comunales la constitución de servidumbre de paso ante notario público, para la construcción de la línea de transmisión denominada La Parota-entronque Los Amates-Playa Diamante”.
Así, la expropiación que realizará la CFE se hará sobre 14 mil hectáreas, de las cuales mil 300 se ubican en la comunidad de Cacahuatepec; esto se ubica en 19 núcleos agrarios que también van a ser afectados por las construcciones, que son propiedad de 10 poblaciones cercanas, “por lo que podemos anunciar que nos comprometemos a construir 800 viviendas para igual número de familias afectadas directamente por la presa”, según la CFE. A la paraestatal esto le costó también darles de comer a los que acarreó: pollo en barbacoa, arroz blanco y refrescos de Cocacola o Fanta.
Algunos medios confirmaron que sólo habían llegado a la Asamblea alrededor de 1,200 campesinos y que la CFE tenía en su poder cantidad de credenciales de elector que había recogido. Mañosamente la CFE dejó para después la negociación de cuánto sería la indemnización y cómo sería el proceso de desalojo. Al terminar la Asamblea los opositores a la presa llegaron luego de sortear 10 retenes policíacos que pretendían retrasar su llegada y que al llegar se enfrentaron con 400 policías quienes lanzaron gases lacrimógenos y golpes, dejando saldo de decenas de lesionados. Los comprados por la CFE, y todos los demás funcionarios del gobierno apresuraron la clausura y salieron corriendo a sus vehículos.
Aunque los líderes de la CNC confirman que los disidentes de ésta organización han recibido 12 millones de pesos de la CFE, el secretario general disidente, Evencio  Romero Sotelo, dijo ante los medios que la realización de la asamblea le costó a la Fundación Campesina de Desarrollo Rural, A.C., 2 millones 500 mil pesos, y con la anterior “hemos gastado como 7 millones de pesos por esta situación, afortunadamente hay guerrerenses, hay mexicanos que están aportando a esta asociación, que no nada más se dedica a eso, se dedica a crear proyectos productivos”. Dijo además que el resultado de esta asamblea “no es un cheque en blanco, es el inicio, esto apenas inicia, qué quiero decir con eso, que van a negociar, todavía falta otra asamblea donde habrán de sentarse a cómo van a pagar tanto la tierra como los bienes distintos a la tierra.” Pero, “sin esta asamblea, la presa de La Parota se hubiese venido abajo”. Y agregó: “ya es un hecho La Parota, esto es motivo de alegría para los guerrerenses bien nacidos, para los que queremos el progreso de Guerrero”.
Para el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, el estado debería saber que la asamblea carece de legalidad, según jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que niega a las autoridades “facultades para reunirse fuera del lugar donde ejerce su autoridad, para iniciar el trámite de privación de derechos a uno de sus miembros”. El abogado hace referencia a que en el artículo 25 de la Ley Agraria estipula que la asamblea debe de realizarse dentro de la jurisdicción de los Bienes Comunales, y que sólo por causa justificada no podrá realizarse ahí, y en esto se basaron el presidente de los comuneros Crecencio y su asesor Evencio Romero, con el apoyo de la CFE y del gobierno del estado. Sin embargo aclara que esa disposición es tan confusa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia correspondiente sobre los requisitos de lugar y trámite de la asamblea que inicia procedimiento de privación de derechos, que a la letra dice que en este caso: “…Aceptar ese criterio llevaría a legalizar situaciones absurdas y violatorias de las garantías de los afectados; por lo demás, del hecho indiscutible de que la asamblea general de ejidatarios es una de las autoridades del núcleo de población, no se sigue necesariamente que tenga facultades para reunirse fuera del lugar donde ejerce su autoridad, para iniciar el trámite de privación de derechos a uno de sus miembros”. “De acuerdo con lo anterior, si en la especie se trató de privar de sus derechos individuales a miembros del ejido, la asamblea general de ejidatarios debió haberse celebrado precisamente en el lugar donde se asienta este núcleo de población”.
De cualquier manera el CECOP confirmó que “aún así no pasarán. La tierra no se vende”. Por su lado, ese mismo día el Espacio DESC declaró en un comunicado que “manifiesta su profunda preocupación por la 2ª Asamblea de Bienes Comunales de Cacahuatepec que ha sido convocada por las autoridades comunales de manera ilegal, porque está convocada fuera de tiempo y fuera de los bienes comunales de Cacahuatepec que serán afectados si se construye la presa la Parota. Además, la convocatoria a la asamblea supone un desacato a las medidas cautelares decretadas el 15 de julio de 2005 por el Tribunal Unitario Agrario, en el sentido de que, cualquier autoridad se abstenga de realizar actos que modifiquen las condiciones jurídicas de los bienes comunales. Al Espacio DESC le preocupa el uso excesivo de la fuerza pública, la violación a los derechos humanos a la información, consulta y participación de los comuneros, así como la provocación que supone  convocar a una asamblea irregular que pueda generar hechos de violencia. Exigimos al gobierno de Zeferino Torreblanca actuar con apego a derecho.”

La construcción de la presa La Parota cuenta además con el apoyo de los empresarios de Guerrero y del gobierno federal, del Partido de Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Por si fuera poco, el candidato a la presidencia por el PRD, Andrés Manuel López Obrador, Zeferino Torreblanca -gobernador perredista del estado-, y Félix Salgado Macedonio, candidato también del PRD a la presidencia municipal y a quien la CFE le ofreció dinero para financiar toda su campaña si se comprometía a apoyar el proyecto, están de acuerdo con la construcción de la Parota.
Los comuneros han recibido el apoyo y la solidaridad de grupos de derechos humanos, ambientalistas, Ong’s, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), del Frente Sindical Campesino, Indígena y Popular, del Sindicato de Telefonistas de la República (STRP) Mexicana en Guerrero, de la Alianza por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder)  y organizaciones similares de todo el Continente incluso de Europa, entre otros muchos. También por correo electrónico el Ejército Popular Revolucionario (EPR) afirmó en un comunicado que la aprobación ilegal de la construcción de La Parota no es más que una medida autoritaria del Gobierno estatal para despojar de sus pocos bienes a los campesinos. "Esto es continuar con el plan privatizador de la oligarquía nacional, y ahora los comuneros y comuneras tendrán que defender sus tierras por medio de la resistencia", señaló el grupo guerrillero.
La CFE festeja su triunfo. El director de la paraestatal Alfredo Elías Ayub advierte que la asamblea proporciona un instrumento legal para actuar en contra de los que se opongan al proyecto y anunció el inicio de la construcción el primer semestre de 2006. Según el boletín oficial “en la asamblea de este martes (…) con 2 mil 785 votos a favor y 50 en contra, comuneros del núcleo agrario de Cacahuatepec aprobaron el desarrollo del proyecto hidroeléctrico La Parota”. [10] Los datos no coinciden con los que se dieron a conocer durante la asamblea. y de acuerdo con cálculos de los reporteros fueron poco más de mil. Según los cálculos nuestros no pasaron de 500 los que cabrían en 15 autobuses urbanos.
El portavoz de los comuneros opositores a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y sobre quien pesa órdenes de aprehensión en su contra, advirtió que a pesar de la “aprobación de la expropiación en la asamblea amañada”, la CFE no pasará a sus tierras. Reiteró que “primero muertos” a ceder un centímetro de ellas para la presa. El CECOP declaró "la guerra" a la CFE y al gobierno de Guerrero. Declaró ilegal la Asamblea y se declararon en "resistencia total contra La Parota". El CECOP informó que cerró los accesos a los bienes comunales de Cacahuatepec para todas las corporaciones policíacas y los trabajadores de la paraestatal. “DECLARAMOS UNA VEZ MÁS QUE NO CEDEREMOS. VA PRIMERO NUESTRA VIDA  QUE  CEDER  NUESTRAS TIERRAS.”
No cabe duda que los intereses económicos sobre las presas pesan más que la responsabilidad social, política y ecológica. Con razón la Comisión Mundial de Represas, en su informe final, concluyó: “Las grandes represas se convierten a menudo en un punto focal para los intereses y aspiraciones de políticos, de agencias gubernamentales fuertes y centralizadas, de agencias internacionales de financiación y de la industria de la construcción de represas”. [11]
Otras fuentes: El Universal, Sábado 27 de agosto de 2005; La Jornada, 3 de julio de 2005, y 15, 20, 25 y 26 de agosto de 2005; periódico El SUR www.suracapulco.com.mx


[1] Para conocer algunos ejemplos véase Informe de la Comisión Mundial de Represas 2000, www.dams.org
[2] Véanse algunos casos en Castro Soto, Gustavo, “No seas Presa de las Represas”, Ciepac, México 2005, disponible en www.ciepac.org
[3] Para mayor información sobre antecedentes de La Parota véase “Chiapas al Día” No. 399 en www.ciepac.org
[4] Como lo previene el Artículo 166 de la Ley  Agraria y lo dispuesto por el Artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia.
[5] http://www.mapder.org/
[6] www.chixoy.org
[7]  http://www.mapder.org/, http://www.hic-al.org/
[8] Casa y Ciudad,  A.C.  de Coalición Habitat México; Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam); Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (Cam); Centro de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales (Cedhescu); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh); Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo, A.C. (Cereal); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (C.M.D.P.D.H.); Deca Equipo Pueblo, A.C.; Defensoría del Derecho a la Salud; Fian – Sección México; Liga Mexicana De Defensa De los Derechos Humanos (Limeddh); Oficina Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (Hic-Al).
[9] Declaración del CECOP del 18 de agosto de 2005.
[10] www.cfe.gob.mx
[11] Comisión Mundial de Represas, p. xxxiv y 174.
Gustavo Castro Soto
CIEPAC, A.C.

Masacre en la Presa Chixoy. La resistencia en Guatemala

La policía abrió fuego y asesinó a siete personas. En julio de ese año, dos representantes de la aldea aceptaron reunirse con representantes del gobierno. Llevaron consigo la única documentación sobre los acuerdos firmados con la empresa para el reasentamiento y la compensación que recibirían. Los cuerpos mutilados de ambos fueron hallados una semana más tarde. Los documentos de la relocalización nunca fueron recuperados. Corría el año de 1980 cuando la comunidad de Río Negro se tiñó de rojo. Quince años después los sobrevivientes reclaman la reparación de daños frente al Banco Mundial (BM). Y son ellos quienes serán los anfitriones de la III Reunión de la Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua que se llevará a cabo del 17 al 21 de octubre de 2005. Ahí se darán cita las luchas de los pueblos indígenas y campesinos contra la nueva generación de proyectos de represas en el contexto de la privatización de la energía y el agua;  del Plan Puebla-Panamá (PPP) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

La sede del encuentro latinoamericano tiene una historia de sangre y horror. Todo empezó para ellos en 1976 cuando bajaron del helicóptero funcionarios del gobierno guatemalteco en la comunidad de Río Negro para decirles que sus tierras y casas quedarían bajo el agua. Cuatro años de negociaciones para luego ver que las tierras y las casas donde serían reasentados no cumplían con lo pactado por lo que se sintieron engañados por el gobierno. Pero los intereses políticos y económicos ya estaban entretejidos. La intimidación a las comunidades fue terrible. A partir de 1979 hasta 1991 el personal del Banco Mundial realizó sus trabajos de supervisión en la región por lo que estuvo involucrado en las matanzas. ¿Cómo no saber de ellas?

En 1982 el ejército citó a la comunidad de Río Negro en la comunidad de Xococ. Los militaron reunieron a 73 mujeres y hombres y con la ayuda de los paramilitares éstos fueron torturados y asesinados. Una mujer se salvó y regresó a Río Negro donde a los pocos días llegan nuevamente los militares y paramilitares que, al no encontrar a los hombres que habían huido a las montañas, violaron a las mujeres y luego las asesinaron. Otras fueron muertas a garrotazos o golpeadas hasta la muerte con palos y culatas de rifles; otras más fueron decapitadas o degolladas. Los niños fueron amarrados por los tobillos y golpeados sus cabezas contra las rocas y los árboles. Setenta mujeres y 1067 niños fueron asesinados. Dos mujeres lograron escapar y dieciocho niños fueron tomados presos por los paramilitares.

En las semanas siguientes otros 82 habitantes de la comunidad fueron masacrados y 35 niños y niñas huérfanos se encontraban entre los 92 ametrallados y carbonizados en otra localidad cercana a la presa. Uno de los supervivientes contó cómo habían dado muerte a su mujer y a sus hijos ante sus ojos cuando preguntó a las autoridades ‘¿a dónde quieren que vayamos’? La respuesta fueron los disparos. Al final, alrededor de 400 mayas Achi entre mujeres, niños y ancianos perdieron la vida bajo la dictadura militar en 1985. Sólo hasta 1991 en el “Informe Confidencial de Consumación del Proyecto” del BM se señala que el 25% de las 1,500 personas que tuvieron que desplazarse fueron asesinadas antes de que se llenara el embalse. Y no sólo la presa Chixoy fue construida durante una dictadura militar, también otros dictadores de América Latina entrenados en la Escuela de las Américas usaron las masacres y la violencia para construir presas entre los años 50’s a 80’s. Sin embargo, hoy ya no son las dictaduras militares las que con violencia y asesinatos pretenden construir más represas, sino las democracias dictatoriales como las de México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Brasil, Chile, Colombia y Argentina entre otros.

LOS INTERESES SOBRE LA PRESA.

Sabían que la presa era un fiasco, pero que representaba jugosas ganancias a las trasnacionales. Nunca se realizó un Estudio de Impacto Ambiental. En la construcción intervinieron el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); las Agencias de Crédito a las Exportaciones (ACE’s) que condicionaron al gobierno guatemalteco a comprar los servicios de las trasnacionales de sus respectivos países; el gobierno italiano y su empresa Gogefar que según testigos sus camiones fueron utilizados durante las matanzas; el consorcio alemán Lahmeyer International (LAMI) y Hochtief; la empresa Motor Columbus y Swissboring de Suiza; y la International Engineering Company de Estados Unidos (actualmente Morrison-Knudsen). Ninguno aceptó responsabilidad alguna e incluso negaron las masacres.

En el estudio de factibilidad realizado por LAMI se eligió a los 1,500 indígenas que serían desplazados y aseguró que casi no habían habitantes en la zona del embalse. LAMI tenía conocimiento que la cavidad rellena de piedra caliza, la roca volcánica altamente fisurada y las activas fallas sísmicas a lo largo del río Chixoy no hacían viable la cortina. Sin embargo en su estudio de factibilidad realizado en 1974 recomendó al gobierno construir una represa hidroeléctrica de 130 metros de altura en el lugar llamado Pueblo Viejo. En 1976 Guatemala sufre un fuerte terremoto cuando el BID ya había aprobado el préstamo por 105 millones de dólares. Esto implicó un mayor gasto para realizar un nuevo estudio sismológico en el que se detectaron nuevas fallas a las que ya había. LAMI y el BM lo sabían, la represa no serviría.

Pero el lucrativo negocio no se podía detener. El nuevo diseño retrasó 15 meses la construcción y aumentó los costos en un 10% más. En 1977 con contratistas de ocho países más que se sumaron a la rapiña de las ganancias se dieron inicio las obras. LAMI obtuvo contratos millonarios por la asesoría técnica y por supervisar la mala construcción que ellos mismos diseñaron. De hecho, al iniciar la excavación para los cimientos se dieron cuenta que las rocas estaban saturadas de fallas y cavidades lo que implicó otro nuevo diseño que subió su costo en un 350% respecto al plan original. Más tarde otra falla en la represa volvió a duplicar el costo.

Por si fuera poco, el túnel de 26 Km. que trasvasaría el agua desde el embalse a la sala de maquinas, a cargo de la constructora alemana Hochtief, se derrumbó en dos ocasiones retrasando la obra otros 14 meses. Por fin en 1983 la represa Chixoy se inauguró y a los pocos meses se clausuró por su mala construcción. Nuevamente el proyecto se retrasó otros dos años con el fin reparar los daños que ocasionaron un costo de 57 millones de dólares más con el apoyo del BM.

En 1974, LAMI calculó en 270 millones el costo de la presa, pero quince años después el costo fue de 944 millones de dólares que el pueblo guatemalteco tuvo que pagar además de pagarlo con tantas vidas y un impacto ecológico irrecuperable. En total entre el BID y el BM suministraron al proyecto más de 300 millones de dólares en préstamos. El costo final de la presa equivalió al 40% de la deuda externa de Guatemala en 1988. En el Informe Confidencial del BM en 1991 también afirmó que “Chixoy ha sido un desastre económico.” Pero también ha sido un desastre social, ecológico y técnico. Cada año 8 millones de dólares se gastan en el mantenimiento estructural de la presa y se cree que no durará más de 20 años: en algunas partes del embalse el sedimento ya está alcanzando la entrada al túnel.

La presa Chixoy se terminó en 1985, inundó 1,400 has, y su cortina mide 108 metros de alto con una capacidad de 300 MW que equivale al 70% de la producción originalmente planeada y se presume que proporciona el 65% de la energía en Guatemala.

La presa hidroeléctrica Aguacapa de 90 MW en el sur de Guatemala comenzó paralelamente a la construcción del Chixoy y con los problemas técnicos parecidos. Se tuvo que cavar más profundo de lo esperado para poder cimentar la cortina. Cuando el túnel se llenó se fracturó e inundó la sala de máquinas y tuvo que ser reemplazado. La represa tardó el doble de lo esperado en su construcción y costó 83% más del valor inicial estimado en 100 millones de dólares. Luego otro desastre destruyó una de las tres turbinas y desde entonces opera con un tercio menos de su capacidad planeada.

LA RESISTENCIA HOY.

El S. XXI ve nacer a un pueblo guatemalteco movilizado y más consciente. La defensa por la tierra, el agua, los ríos; contra las represas, las minas, los transgénicos, las privatizaciones, los tratados de libre comercio y otros ejes articuladores han ido construyendo el tejido social organizado.

Guatemala fue la cuna del nacimiento del Movimiento Mesoamericano contra las Presas en el año 2002. Fue en el departamento del Petén donde se dieron cita más de 300 personas de todo Centroamérica y de otros países del continente. Este proceso detonó una articulación sin precedentes entre pueblos y movimientos en defensa de la vida, el agua, las tierras y los ríos.

Para el 2003 los empresarios intentaron convencer a la población con el fin de construir represas hidroeléctricas en los ríos Colorado y Jones, en el municipio de Río Hondo, Zacapa. En el foro público la población se manifestó con mantas y carteles en contra del proyecto por representar una amenaza a su salud, a la biodiversidad y un constante riesgo por el peligro de colapsarse ante la amenaza de fenómenos naturales. Los empresarios pidieron perdón por haber realizado los estudios técnicos y de evaluación de impacto ambiental a espaldas de toda la población.

En 2004 en el Petén, durante una movilización contra las presas del Usumacinta dos indígenas mayas fueron atacados por un sujeto desconocido, quien a quemaropa, balaceó a Carlos Tiul Kaal, integrante de la Alianza por la Vida y la Paz de Petén (APVP) mientras que Ricardo Iiukak, de 18 años, sufrió cortadas en la mano izquierda. Días después el presidente mexicano Vicente Fox declaró en la capital guatemalteca que el Plan Puebla-Panamá no representaba ningún atropello para los pueblos.

Pero la lucha en Guatemala se fortalece y en 2005 nace el Frente Guatemalteco contra las Represas. En este mismo año las comunidades desplazadas por la presa Chixoy se convierten en sede del III Reunión de la Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua. Si bien el pueblo guatemalteco tiene encima la presión de alrededor de 50 proyectos de presas de todos los tamaños, la resistencia no es menor. Mientras esta exista hay esperanzas de conservar la vida para todos y todas. El mensaje y la experiencia de tantas luchas contra las represas por todo el mundo es claro: mientras más avanza el proyecto de las presas, más difícil y mayores costos tiene detenerlas. El problema no es la presa en sí misma, sino el modelo de desarrollo que la sustenta. Por ello el Movimiento de Afectados por las Presas del Brasil (MAB, por sus siglas en portugués) han formulado claramente su estrategia: nadie pasa por nuestras tierras, y no negociamos nada. La tierra y la vida no tienen precio. ¡Otro mudo es posible!

Para más información véase: International Rivers Network (IRN), www.irn.org; McCully, Patrick, “Ríos Silenciados. Ecología y política de las grandes represas”, Proteger Ediciones, Traducción al español de Leticia Isaurralde, Argentina 2004; Castro Soto, Gustavo, “No seas Presa de las Represas”, Ciepac, México 2005; III Reunión de la Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, www.chixoy.org

Gustavo Castro Soto
CIEPAC, A.C.

Presa La Parota. El Gobierno cobra su primer muerto

“Declaramos una vez más que no cederemos.
Va primero nuestra vida que ceder nuestras tierras”.
(CECOP, agosto de 2005)

Entonces Cirilo Cruz se acercó a la camioneta y le disparó en la sien a Tomás. La camioneta con 40 personas a bordo se salió del camino. Horas más tarde Tomás Cruz Zamora falleció en el hospital. Todo empezó cuando el 18 de septiembre de 2005, en la comunidad de Agua Caliente donde se llevó a cabo en el 2004 el I Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), cerca de 4 mil comuneros de 32 pueblos que integran los Bienes Comunales de Cacahuatepec, sin machetes como lo habían prometido, esperaban la llegada del gobernador perredista Zeferino Torreblanca. Los comuneros colocaron un gran templete y muchas sillas para el encuentro y con algunas mantas que rezaban "Señor gobernador ZTG. ¿Vale todo el proyecto de La Parota una sola vida de un guerrerense defendiendo su tierra? ¿Quiere competir con Figueroa desapareciendo y asesinando campesinos?". O "No al proyecto La Parota. El gobernador debe respetar el derecho de los campesinos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Salsipuedes". El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, afirmó que "lo hemos invitado (al gobernador) para informarle por qué no queremos la presa, pues es para los gringos que quieren comprar nuestras tierras con su billete verde y traerá desplazamiento para los pobres. El gobernador merece respeto y dejemos que nos diga por qué quiere la presa, no queremos ser sus enemigos, sino sus amigos y hay que convencerlo con argumentos".

Pero el gobernador no llegó, los dejó plantados. Ante esto los miembros del Cecop consideraron que mostró "falta de sensibilidad política, capacidad y valor civil" para escucharlos. En ese momento decidieron que ya no habría otra fecha para ningún diálogo con el gobierno ni con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues ya no hay nada qué platicar. Confirmaron que aceptarían la invitación a marchar el 27 de septiembre con otras organizaciones a nivel nacional y también en Acapulco y Chilpancingo, que se han visto afectadas por el gobierno de Torreblanca Galindo, quien no ha cumplido con sus promesas de campaña como la de indemnizar a los afectados de Punta Diamante y los desalojados de Granjas del Marqués. Marco Antonio Suástegui aclaró que todos los que estaban allí era por que aman la tierra y no necesitan recursos de nadie ni andan buscando puestos políticos: "Este movimiento es sano y legal. La lucha la vamos a ganar, La Parota se está cayendo". Y Advirtió: "El gobernador Zeferino va ser el culpable si hay un herido o un muerto". El Cecop entonces propuso medidas más radicales, entre ellas tomar los dos pozos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) como "castigo porque no vino el gobernador" y que están instalados en el río Papagayos que surten al puerto de Acapulco. De estos pozos se surten las empresas trasnacionales que se ha beneficiado de la privatización de la distribución del agua en la ciudad de Acapulco.

Otro portavoz, Felipe Flores Hernández, dijo que tienen que demostrar al gobierno "que no estamos jugando y vamos en serio y con todo". Pero al mismo tiempo los llamó a actuar con tranquilidad e inteligencia, sin violencia porque los ánimos estaban caldeados. "Tenemos todo el derecho y la razón en la lucha, porque nadie puede imponernos un proyecto". Marco Antonio Suástegui confirmó que "Nos pueden ganar en la lucha política, en la lucha legal, pero aún así no pasarán. Esto es una pesadilla que va pasar a la historia con la victoria de Cacahuatepec, porque nadie nos va quitar la tierra. La Parota ya se está cayendo porque los que están presentes están luchando por lo suyo y no por 200 pesos como aquellos miserables que votaron en San Marcos".

Suástegui manifestó a la prensa que “la situación se vuelve más ríspida, el riesgo a que se desborde la violencia está más latente, ya que la CFE una vez más insiste en querer pasar, lo que ha querido hacer en la comunidad de Cruces de Cacahuatepec, con el pretexto de introducir agua potable a la comunidad.” Insistió que "definitivamente el gobernador no quiere dialogar con los comuneros, él únicamente dialoga con los inversionistas, con la CFE y con los altos mandos como el presidente Fox. Nosotros dejamos nuestros machetes, venimos representantes de todas las comunidades, no todos, sólo representantes, venimos de una manera pacífica, abierta para que el gobernador sintiera, supiera cuántos somos y por qué nos oponemos al proyecto La Parota, creo que este momento pudo haber sido histórico para el gobernador, ya que hubiera conciliado las cosas con los opositores a La Parota y se hubiera reconciliado con las organizaciones sociales que le están recriminando estas acciones de gobierno".

Al terminar el evento 40 campesinos regresaban rumbo a su comunidad de Huamuchitos cuando salió del camino Cirilo Cruz Elacio y le disparó en la cien a Tomás de 40 años quien manejaba la camioneta. Ya un mes antes el campesino Julián Blanco y miembro del Cecop manifestó que "Quiero decirle al alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, y al gobernador Zeferino (Torreblanca), que vamos a defender nuestras tierras aunque vayan de por medio nuestras vidas. No vamos a dar ni un centímetro de tierra. Y que Jorge Campos -ex futbolista quien participa en los spots para la construcción de La Parota en los que invita a los comuneros a vender sus tierras- se vaya a chingar a su madre". El gobierno les tomó la palabra y cobró su primer asesinato.

Los miembros del Cecop quedaron consternados e indicaron que detrás del asesinato está el presidente del comisariado de bienes comunales, Crecencio Jerónimo. También responsabilizó al gobernador Zeferino Torreblanca, "que se ha encargado de reprimirnos, de hostigarnos", y piden su destitución. "Esta es la división que ha traído la CFE con su proyecto entre las familias comuneras", dijo la viuda Eugenia Galeana quien iba a lado de su esposo al momento del disparo. La organización también responsabilizó del crimen al presidente Vicente Fox, Alfredo Elías Ayub (Director General de la CFE), al alcalde Alberto López Rosas, a Víctor Hugo Chávez de la CFE; a los líderes de la CNC entre ellos a Nabor Ojeda, Evencio Romero y Valente Navidad. Por su lado, la viuda afirmó que "Esta es la división que ha traído la CFE con su proyecto entre las familias comuneras, a Cirilo le habían prometido ser el tesorero de Bienes Comunales". Al día siguiente, Cirilo fue internado en un hospital de Acapulco con heridas de bala en el abdomen y un machetazo en el tobillo.

Suástegui señaló que aunque su compañero haya caído en la lucha, desde "aquí decimos que hoy más que nunca nos oponemos a la presa La Parota y no vamos a dar un paso atrás, ya cayó el primero". Agregó: "Pedimos la destitución de Zeferino Torreblanca Galindo, si realmente tiene dignidad y vergüenza que deje el cargo, porque desde que entró únicamente se ha dedicado a lacerar a los que menos tienen y hoy es el culpable de que nuestro compañero haya resultado muerto. Lo responsabilizamos de esta muerte y con esto queda cancelada definitivamente la presa La Parota y no hay ni un paso atrás". Finalizó diciendo: "vamos a dar sepultura a nuestro compañero, pero que su muerte no quede impune" y luego se improvisó una consigna diciendo "Tomás vive, la lucha sigue, viva Huamuchitos".

Para colmo de males, ese mismo día el dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Miguel Ángel Mesino, también fue asesinato en pleno centro del poblado Atoyac por un grupo de hombres armados con rifles Ak-47 y pistolas calibre .9 milímetros. En la agresión también resultó herido de un tiro en la rodilla derecha, Romel Jaimes Chávez, quien acompañaba a Miguel Ángel Mesino al momento de ser ejecutado. Mesino era hijo del fundador de la OCSS, Hilario Mesino. Por cierto, los miembros del Cecop ya habían advertido que días antes en diferentes pueblos donde se ubican campesinos opositores a La Parota se han presentado conatos de enfrentamiento con enviados del tesorero de los bienes comunales de Cacahuatepec, Rafael Ascensio, yerno del asesino Cirilo Cruz, y de Crecencio Jerónimo Aparicio el presidente del comisariado de los bienes comunales.

Con el apoyo de un grupo de abogados y abogadas [1] , el 7 de Septiembre de 2005 el Cecop,” por nuestro propio derecho y con el carácter de comuneros y posesionarios legalmente reconocidos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Municipio de Acapulco, Guerrero”, solicita al Tribunal Unitario Agrario la acción legal [2] de nulidad de Acta de Asamblea del 23 de agosto convocada por la CFE donde se les autoriza la expropiación de sus tierras por haberse llevado a cabo de manera ilegal y en desacato a órdenes judiciales. Dicha asamblea fue amañada, sin el quórum legal, sin convocatoria adecuada, con retenes y cercos policíacos, y con sobornos a los comuneros por parte del la CFE. [3] El Cecop solicitó también medidas cautelares; que se detenga el proceso de expropiación y construcción de la presa, y demandan penalmente al Presidente, Secretario y Tesorero de los Bienes Comunales de Cacahuatepec [4] .

Marco Antonio Suástegui dio a conocer el comunicado de la CECOP en el que se declara "cancelado de manera definitiva el proyecto hidroeléctrico de La Parota". [5] "Nosotros decimos que el principal responsable de este asesinato es la CFE y Víctor Hugo Chávez (Residente de Asuntos Sociales del proyecto La Parota) que desde que llegó se ha encargado de interrumpir la paz social que existía en nuestros pueblos”, sentenció el Cecop. Inmediatamente después de los asesinatos llovieron los comunicados de repudio. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) integrante de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) manifestó que “Estos hechos de sangre, son parte de la campaña que ha emprendido el Gobierno de Vicente Fox, en complicidad con el Ejecutivo guerrerense, para doblegar la resistencia de los campesinos afectados por la construcción de la presa La Parota. Vicente Fox y Zeferino Torreblanca al puro estilo priísta e incluso porfirista, están buscando por todos los medios el imponer la ejecución de una obra, la cual significa el desalojo de 25,000 personas. Es claro que el anuncio acelerado por parte de Vicente Fox de grandes inversiones para la construcción de presas en Guerrero y Michoacán, del proyecto petroquímico El Fénix y el Parque Eoloeléctrico del Istmo en las cuales están involucradas grandes corporaciones trasnacionales, representan el "año de Hidalgo" para los funcionarios gubernamentales ligados a estas empresas.” [6]

La Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) manifestó que “exigimos que se detenga el hostigamiento a las comunidades afectadas y que rechazan la presa La Parota, demandamos se investigue a Crecencio Jerónimo Aparicio, y a todo su gabinete de bienes comunales, ya que encabezan un grupo que representa intereses económicos particulares en contubernio. Hacemos responsables al gobierno perredista que encabeza Zeferino Torreblanca de lo sucedido, porque por un lado demanda dialogo sin condiciones, y por otro, descuida sus responsabilidades como autoridad, al permitir un ambiente de violencia creciente en la región. Demandamos la cancelación inmediata del proyecto La Parota, ya que en primer lugar, solo responde a intereses empresariales y particulares que se manejan en el marco del Plan Puebla Panamá y no representan más que miseria y ningún desarrollo para los afectados directa o indirectamente. En segundo lugar el proceso para legitimar dicho proyecto ha violado sistemáticamente las leyes mexicanas y los derechos humanos en el marco de protocolo internacional de los derechos Económicos, Sociales y Culturales que ha suscrito nuestro país.” [7]

La secretaria general en el estado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Rosa Elena Zamacona, dijo que ya basta de tantos abusos y persecución contra los comuneros y que mejor el gobierno apoye mediante proyectos productivos a los campesinos. “El gobierno apoya a proyectos neoliberales y a los campesinos los manda de mendigos”. Por otro lado, los comuneros también encontraron apoyo y solidaridad por parte de los estudiantes de economía y derecho de la Unidad Académica de Ciencias Sociales (UACS) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) luego de su visita a los planteles. El integrante del Frente Universitario contra La Parota, Erwin Flores, calificó al rector de la Universidad, Nelson Valle, de ser “un títere del gobierno” y le aclaró que la Universidad es del pueblo y dijo que en el momento que quieran los opositores acudir a ella, las puertas estarán abiertas. También el Cecop informó que ya están avanzadas las pláticas con el EZLN para reunirse con el subcomandante Marcos. [8] Confirmó que si bien se deslindan de cualquier movimiento armado, son bien recibidos el apoyo de todas las organizaciones, incluidas las de los grupos armados como el EPR o el ERPI: “Nosotros no tenemos armas, lo único que tenemos son machetes”. Finalizó diciendo: “La expropiación no se va a dar, la presa no se va hacer, no decaigamos en la lucha que hemos venido sosteniendo desde hace dos años, esta lucha que los gobiernos han querido minimizar, esta lucha que es por México”.

Por su lado el Espacio Desc [9] manifestó que “La CFE tiene la responsabilidad de propiciar la división entre comunidades, por no informar con veracidad e imparcialidad a los pobladores, por ofrecer obras y servicios a quienes acepten la presa y ofrecer dinero a las personas a cambio de su voto favorable a la realización del proyecto en la asamblea de comuneros del 23 de agosto pasado, así como para anteriores asambleas como la convocada el 14 de agosto del presente año y para la del 25 de abril de 2004. Además, existe responsabilidad tanto de la Procuraduría Agraria como de la Secretaría de la Reforma Agraria por no velar por los derechos agrarios de los comuneros, como lo marca ley. El Gobierno Estatal por no buscar las condiciones para atender las legítimas demandas de los comuneros y privilegiar la inversión en el Estado, usando a las corporaciones policíacas para amedrentar e intimidar a los comuneros opositores a La Parota. Estas instituciones han propiciado una escalada de tensión que irrumpe en la vida comunitaria, dañando el tejido social y provocando actos violentos, que van desde el enfrentamiento verbal, hasta el asesinato del comunero opositor Tomás Cruz Zamora.” El Espacio Desc repudió el asesinato, exigió la salida de la CFE de la zona, una investigación profunda del asesinato, que se anule la construcción de la presa y el cese al hostigamiento contra comuneros y ejidatarios opositores a la presa.

Con el fin de abonar la división y generar más intereses en apoyo a la construcción dela presa La Parota, la CFE por medio del titular de Asuntos Sociales del proyecto La Parota, Víctor Hugo Chávez Chávez, acordó de forma verbal un contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Asfalto, Aceites, Bancos de Materiales para la Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), conformado 15 días antes. El delegado del sindicato dijo que “ya es un hecho” que el proyecto se concrete y que los comuneros que se oponen “no saben el beneficio que traerá” al estado. Hernández Almazán también es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Productores y Distribuidores de Materiales para la misma Industria, Excavadores, Similares y Conexos del estado de Guerrero de la CTM. Asimismo forma parte de la Alianza Camioneros del Sur, que se formó con dirigentes de la CTM, de la Federación de Sindicatos Independientes y otros sindicatos.

Otra estrategia que la CFE ha repetido en décadas pasadas pero que también forma parte de un mecanismo implementado por otros gobiernos en el mundo para ejercer presión a favor de los proyectos hidroeléctricos, es el ofrecimiento de compra de tierras altos costos para generar una avalancha de ofertas y luego ir bajando el precio de compra. [10] De ahí la propuesta del dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Evencio Romero Sotelo, para que la CFE pague medio millón de pesos por hectárea a los campesinos afectados. Este rumor generará falsas expectativas entre los comuneros y ejidatarios abonando a la división. Por si fuera poco, comuneros han comentado que la CFE ofreció dinero para dar su voto a favor de la presa y que, entre los coludidos en este fraude, están líderes de los partidos PRI, PRD y Convergencia.

Pese a todo ello el Cecop bajo la consigna de “Ni un paso atrás. No a la presa La Parota”, marcharon por la avenida Costera de Acapulco con 3 mil comuneros apoyados por organizaciones sociales, los desalojados de Granjas del Marqués, los afectados de Punta Diamante, los ejidatarios de Llano Largo y El Cayaco, los telefonistas, los del Seguro Social, al magisterio, los alumnos de la normal de Ayotzinapa y de las preparatorias, el sindicato de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) 7 y 17, la comisión de los campesinos de San Salvador Atenco, para demandar la cancelación de la construcción de la hidroeléctrica en tierras de Bienes Comunales de Cacahuatepec. Con pancartas manifestaron su repudio al gobernador y al alcalde, ambos del PRD, a quienes calificaron de “traidores”, y acusaron de haberse alejado de los caminos democráticos para apoyar los intereses de los ricos y sus proyectos neoliberales. Las consignas no se quedaron atrás: “Si Zapata viviera, que chinga les pusiera”, “De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha cueste lo que cueste”, “En una jaula de oro pendiente de un balcón, estaba el presidente chingando a la nación”, “Zapata vive, la lucha sigue”, entre otras. También hicieron un alto frente a la Catedral en un reproche silencioso por las declaraciones del arzobispo, Felipe Aguirre Franco a favor de la presa, y quien fuera obispo de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas.

En un Boletín de Prensa, el Espacio DESC hace un recuento de su testimonio -en base a extenso informe- sobre las violaciones e ilegalidades cometidas contra los comuneros y ejidatarios para pretender construir la presa La Parota. [11] El Espacio manifestó su “preocupación por el uso excesivo e injustificado de la fuerza pública” y que los “comuneros demandan el respeto de todos sus derechos humanos, como son el medio ambiente, desarrollo sustentable, salud, vivienda, trabajo, alimentación y solicitan la solidaridad de la sociedad civil nacional e internacional.” Por otro lado hicieron énfasis en que “el gobierno ha criminalizado a los opositores, solicitando a través del Ministerio Público se liberen órdenes de aprehensión en contra de algunos representantes de comunidades y miembros del Consejo de Ejidatarios y Comuneros Opositores a La Parota (CECOP). Se han detenido a 5 comuneros, de los cuales se sigue proceso penal a Marco Antonio Suástegui Muñoz y a Francisco Hernández Valeriano. Suástegui ha recibido amenazas de muerte y está siendo permanentemente hostigado.” El informe hace un recuento de los retenes que impidieron el paso a los comuneros opositores al lugar de la asamblea, alguno fue fuertemente golpeado, y que incluso fueron encañonados hombres, mujeres y niños; de los cuerpos policíacos fuertemente armados; de ilegalidades en torno a la forma, lugar y contenido de la asamblea; de la malla aparentemente electrificada para impedir el paso; de la manipulación del padrón y de la aprobación de la agenda de la asamblea; de las falsas promesas de servicios públicos para lograr las firmas; del impedimento del paso a reporteros pero no a la comprada Confederación Nacional Campesina que no debía estar en la asamblea.

El Espacio denunció que fueron violados los derechos humanos de los comuneros por parte de la CFE, el gobierno y la Procuraduría Agraria, entre ellos el derecho a la libertad de tránsito; a la integridad y seguridad personales; a sus derechos agrarios; y a la seguridad jurídica. Concluyen que “tanto la CFE como funcionarios del gobierno federal y estatal han estado presionando de diversas maneras a los comuneros y ejidatarios opositores a la construcción de la presa, aglutinados en el CECOP, para que acepten la realización del proyecto: a) la realización de asambleas y convocatorias a las mismas fuera del marco jurídico, son un ejemplo evidente de esta presión; b) lo es también el proceso penal que se sigue a dos de los dirigentes a quienes se les imputaron el delito de privación ilegal de la libertad de un Ing. de la CFE delito que no cometieron; c) el hecho de negarles el paso a la asamblea y provocar reacciones airadas, que de ninguna manera son aceptables, pero que generalmente pueden encender la chispa que genere violencia, para después iniciar averiguaciones previas tendientes a controlar el movimiento.”

El caso de La Parota tiene constantes que se han repetido a lo largo de la historia de los grandes embalses: se esconde la información; no se llevan a cabo consultas informadas, oportunas y extensivas a los posibles afectados; se operativizan trampas y mañas; se hace uso de la represión y de la intimidación de las fuerzas públicas; se generan presos, se dan casos de tortura y el extremo son los asesinatos; se echa mano del chantajes, los sobornos, la compra de líderes y de autoridades locales; se esconden las alternativas y se provocan más intereses políticos y económicos para sumar apoyo al proyecto; se genera un ambiente ante la opinión pública de rechazo a los que defienden sus derechos y se atizan las divisiones; se hace uso de personalidades que son montados en los grandes aparatos de publicidad; se falsifican firmas y documentos; se generan alianzas con otros sectores de supuesta calidad moral como universidades, obispos, políticos, artistas o deportistas en este caso; se giran órdenes de aprehensión, aparecen amenazas de muerte a los líderes, se fabrican delitos y se usan todos los mecanismos ilegales para lograr el objetivo haciéndolo parecer que todo es legal; se prometen obras de infraestructura, empleos y otros supuestos beneficios para lograr más adhesiones a favor del proyecto. Por si fuera poco, también es constante que los estudios de impacto social y medioambiental están mal hechos.

Con el caso de la presa La Parota el gobierno ha violado legislaciones agrarias, la Constitución estatal y federal; los convenios internacionales que tienen que ver con el medio ambiente, el agua, los bosques y los derechos humanos como el caso del Convenio 169 de la OIT. Incluso ha hecho caso omiso de las Recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas (CMR). [12]

El problema central no es la presa en sí misma, sino lo que la justifica, los intereses creados y el modelo de supuesto desarrollo que está detrás. De ahí la ignorancia supina de los partidos políticos, supuestos académicos y de otros actores que sólo aplauden el proyecto sin conocer las consecuencias de los grandes embalses, pero eso será tema de otro Boletín “Chiapas al Día”. En fin, el caso de La Parota puede servir de experiencia para muchas otras luchas que se llevan a cabo contra las presas en el Continente. De ellas también han aprendido los comuneros de Guerrero. La estrategia se tiene que diversificar para lograr el respeto a los derechos humanos y la protección al medio ambiente. La lucha es de todos y todas. Los pescadores serán afectados, la población río arriba y río abajo, la población misma de Acapulco y el mundo entero gracias a que en Guerrero los que apoyan la represa también contribuirán entonces al cambio climático que, de no detenerlo, el estado de Guerrero no sólo le lloverá de más sino que los Tsunamis y los temblores podrán acabar con él.

Otras fuentes: La Jornada, 20, 21, 22, 23 de septiembre; www.suracapulco.com.mx/acapulco.htm


[1] Licenciados Raymundo Castro Aparicio, Alfredo García Arcos, Luis Jerónimo Zavala, Priscila Rodríguez Bribiesca, Julio Adrián Hernández Quiroz, Sergio Morales Gallardo, Claudia Sierra Pérez, y Eustorgia de Jesús Cabrera.

[2] Acta de nulidad de la Asambleas, Acapulco de Juárez, Guerrero, a 7 de Septiembre de 2005, dirigido al C. Lic. Juan Rodolfo Lara Orozco, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, con sede en Acapulco, Guerrero, México.

[3] En un recibo de la CFE en posesión el Cecop reza: “ Recibí de la Comisión Federal de Electricidad, residencia de actividades previas del Proyecto Hidroeléctrico la Parota, la cantidad de $ 2’600.00 ( dos mil seiscientos MN ), para cubrir los gastos generados por los comuneros, que asistirán a la Asamblea General convocada por los Bienes Comunales de Cacahuatepec, a celebrarse el día 14 de agosto del año en curso en el Campanario Anexo de los B. C. De Cacahuatepec, Mpio. De Acapulco Gro.”

[4] Cc. Crescencio Jerónimo Aparicio, Juan Hernández Jorge y Paulino Hernández Valeriano, respectivamente.

[5] Comunicado del CECOP, Acapulco de Juárez, Guerrero, 18 de septiembre de 2005.

[6] Comunicado del UCIZONI, México, DF. a 20 de septiembre de 2005.

[7] Son miembros de la AMAP: CHIAPAS: Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CIEPAC), Organización Campesina Hermano Sol, Educación para la Paz (EDUPAZ), Indymedia-Chiapas; GUERRERO: Colectivo Estudiantil Rebelión, Partido Revolucionario de los Trabajadores-GRO. (PRT-GRO); OAXACA: Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec (CDHTT), Comité de Voluntarios para el Mejoramiento Ambiental (COVOMA), Centro para los Derechos de las Mujeres Naax Wiim (CDHMAAW), Grupo de Preservación Cultural Huave Mi Kualaj Xa Kabaj, Grupo de Trabajo Colectivo del Istmo (GTCI), Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), Grupo Cultural “Nivi Ñuu; PUEBLA: Unión Campesina Emiliano Zapata “VIVE” (UCEZ”VIVE”), Centro de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan (CDHyLVT), La Voz Nahuatl de la Sierra Negra, Centro de Derechos Humanos Takachihualis; TABASCO: Movimiento Agrario Indígena Zapatista-Tabasco, Centro de Estudios Sto. Tomas; VERACRUZ: Frente Popoluca del Sur de Veracruz (FREPOSEV), Consejo Indígena de Uxpanapan (CIUX), Movimiento Agrario Indígena Zapatista-Veracruz (MAIZV), Tssoka-Teyoo, Comité de Resistencia vs CFE (CRRC); BAJA CALIFORNIA: Corporación Corazón A. C. (COCOAC); DF.: Revista La Guillotina; MICHOACAN: Organización para el Desarrollo A.C. (OSDAC); QUERETARO: Unión de Mujeres Indígenas Campesinas de Querétaro (UMICQ). NACIONALES: Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), Frente Autentico del Trabajo (FAT), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). http://www.amapenresistencia.org/

[8] Carta del CECOP al Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Acapulco, Gro,  7 de Septiembre de 2005.

[9] El Espacio Desc está conformado por Casa y Ciudad, A.C. de Coalición Habitat México; Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam); Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (Cam); Centro de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales (Cedhescu); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh); Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo, A.C. (Cereal); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (C.M.D.P.D.H.); Deca Equipo Pueblo, A.C.; Defensoría del Derecho a la Salud; Fian – Sección México; Liga Mexicana De Defensa De los Derechos Humanos (Limeddh); Oficina Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (Hic-Al). A este comunicado se adhirieron también el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP ), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Unión Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZ VIVE) y Unión de Colonos Populares del DF (UCP DF).

[10] Para ver ejemplos de estos mecanismos se puede consultar el Informe de al Comisión Mundial de Represas (CMR) en ww.dams.org

[11] Boletín de Prensa, México DF. a 31 de agosto de 2005.

[12] www.dams.org

Gustavo Castro Soto
CIEPAC, A.C.

En Brasil, Represas y otros desmanes

Ante una economía mundial hambrienta de materias primas Brasil es una región muy apetecida por las inversiones extranjeras de tal manera que en 2004 fue el mayor receptor de Latinoamérica, 18.000 millones $ (13.533 millones de euros) y un incremento del 79%. La economía creció un 5%, las exportaciones llegaron a 95.000 millones $. El superávit de las cuentas comerciales alcanzó 33.700 millones $, una cifra record.

Aplausos decididamente eufóricos de bancos e inversionistas. Jamás, desde la primera mitad del siglo pasado los bancos ganaron tanto dinero como con el gobierno del antiguo dirigente sindical que capitaneó huelgas históricas en el cruce de los 70 y los 80.

¿De qué valen los buenos números si la catastrófica situación social no ha menguado?

Este año, el pueblo brasileño vive una mezcla de desesperanza, tristeza y, porque no decirlo, de decepción, ya que los tan soñados y esperados cambios no llegaron. La realidad muestra que Brasil aún está atrapado en las redes de los altos intereses y
el endeudamiento externo, lo que lo convierte en sujeto de frecuentes ajustes fiscales exigidos por los representantes del capital financiero internacional. La política económica de Lula apoyada por la OCDE, el FMI y la confianza de los inversores internacionales se ha doblegado a las exigencias de éstos, encaminando reformas
neoliberales, volviéndose incapaz de implementar políticas públicas en favor del pueblo y de usar los recursos públicos para reforma agraria, salud, educación, transporte, vivienda, derechos humanos y medio ambiente.

Alarmante e inmoral es el contraste del crecimiento económico y la redistribución de la riqueza entre las personas. Nada menos que 27 millones de trabajadores y trabajadoras (un 40% de toda la población activa) viven desempleados/as o en la economía informal, sin cobertura de la seguridad social y sin derechos laborales. Cerca de 20 millones de familias, o sea, 82 millones de personas pobres, viven con menos de dos salarios mínimos mensuales; 52 millones de personas viven con menos de 2 dólares al día.

Para algunos analistas, el gran problema que se le plantea a Brasil es cómo conciliar el actual desarrollo económico del país (centrado en el agronegocio), con una defensa a ultranza de sus bosques, de su madera preciosa, de sus ríos sin contaminar (posee el 23% de agua potable del mundo), de su biomasa y de sus inmensos yacimientos de minerales preciosos, principalmente diamantes.

La masiva destrucción de la selva brasileña pone en entredicho la capacidad del Gobierno de Lula para preservar el mayor pulmón medioambiental del mundo.

En 2004 la selva Amazónica perdió, según el satélite del Instituto Nacional de Investigación Espacial, una superficie de 26.130 Km2, similar a la de Galicia, o lo que es lo mismo a la velocidad de 5 campos de fútbol cada minuto. Parece que la puesta de terrenos en cultivo de soja, pastos para el ganado, la tala ilegal y la busca de diamantes son los principales culpables de la deforestación. Brasil es el segundo exportador de soja del mundo y el gobierno ha autorizado el cultivo de la soja transgénica; el país supera los 60 millones de cabezas de ganado (el 30% en la Amazonia); controla el 20% del mercado de carne vacuna del mundo; la U.E. importa el 40% de la carne bovina consumida; es el segundo país suministrador de soja a España y el segundo proveedor de madera aserrada tropical de la industria española; el 80% de la madera en Sao Paulo es de procedencia ilegal. Los expertos dicen que por cada árbol caído se destruyen otros 10 y que 6 de ellos ni siquiera son aprovechados. Sólo en Mato Grosso se han destruido el 46% de las 26.000 Km2 de selva en la que actuaban 431 empresas fantasmas de madereros con la complicidad de algunos funcionarios del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA).

La Amazonia es un territorio de 5 millones de Km2 codiciada por todos, incluidas las 27 multinacionales que actúan en el área. Un santuario con 30.000 especies de plantas, 2.500 de árboles, 3.000 tipos de peces diferentes, 1/3 de la madera tropical del planeta, y donde se registran cada año 300.000 incendios.

En las relaciones del gobierno español con Brasil es prioritario apoyar la presencia empresarial española. Instaladas ya las grandes multinacionales españolas Zapatero intenta potenciar la entrada en ese mercado de las pequeñas y medianas empresas. La inversión en los últimos 10 años acumula un volumen superior a 33.850 millones de euros, que sitúan a España como el segundo inversor extranjero después de EE.UU. Las operaciones de inversión han estado ligadas al proceso de privatizaciones y se centran, fundamentalmente, en los sectores de telecomunicaciones (Telefónica), energía (Endesa, Iberdrola, Repsol y Gas Natural) y financiero (BBVA, SCH y MAPFRE). Sectores como infraestructuras de transportes, recursos hídricos, saneamiento básico, energía y medio ambiente están abiertos a financiación mixta a través del proyecto de ley  de Partenariado Público Privado propuesto por el Gobierno de Lula.

En febrero de 2005, la entonces ministra de Minas y Energía Dilma Rouseff (hoy ministra de la Presidencia, ocupando su anterior cargo el militante de centro-derecha Silas Rondeau, presidente de Eletrobrás) visitó España para pilotar maratonianas sesiones de trabajo con empresas e inversores con el objetivo de alentar la participación española en la construcción de redes de transmisión de energía y de 17 centrales hidroeléctricas. El año pasado Brasil concedió licencias para la construcción de 224 nuevos proyectos de generación de energía que permitirán incrementar la oferta en 3.945 megavatios (MW) y requerirán una inversión de 2.348 millones de $. Las grandes presas hidroeléctricas se situaban en los ríos Paraná, São Francisco y Grande. En el río Paraná el complejo hidroeléctrico de Itaipu, Jupiá, Ilha Solteira y Foz do Areia tiene en total 18.915 MW de potencia instalada. En el São Francisco el complejo Paulo Afonso-Sobradinho suma 3.510 MW, y en el río Grande el complejo Embarcação, Furnas y Marimbondo genera un total de 3.747 MW aproximadamente.

El 93 % de la electricidad en Brasil proviene de las represas que, según datos oficiales, han inundado 34 mil km2, lo que representa una superficie superior a la de Bélgica. 400 empresas acaparan casi el 30% del consumo energético del país, mientras 12 millones de personas “viven a la luz de una vela”.
En un marco más amplio de la política exterior española, el gobierno de Zapatero ha manifestado en las reuniones preparatorias de la XV Cumbre Iberoamericana, de la que Brasil es tercer pilar fundacional, y que se celebrará en Salamanca en octubre, luchar contra la pobreza con “soluciones, no declaraciones”. Pero si entre las “soluciones” se considera que a la recién creada Secretaria General Iberoamericana opte al máximo cargo como candidato favorito de España el uruguayo nacido en Aracedo (Asturias) Enrique Iglesias, director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde 1988, parece garantizado el escaso desarrollo de las políticas sociales y el fracaso de la lucha contra el hambre, y por lo tanto una “solución” poco acertada.


El BID forma parte de del grupo de Instituciones Financieras Internacionales (IFI´s) que ha promovido la construcción de grandes represas y por ello es censurado por las clases más pobres y acusado de favorecer la macroeconomía endémica que multiplica las situaciones irreversibles de marginación. Organizaciones de la sociedad civil han documentado que operaciones financiadas por el BID han causado y contribuido a daños ambientales y sociales extensivos, con impactos negativos en muchas de las comunidades más pobres y vulnerables de la región, los mismos grupos por los que el BID dice trabajar. El financiamiento del BID se dirige cada vez más hacia grandes proyectos de infraestructura que tienen impactos directos sobre las poblaciones indígenas. En marcha está una campaña en contra del BID, una campaña hemisférica de base dedicada a aumentar la presión política sobre la entidad para dejar de financiar los proyectos desastrosos en América Latina. Lanzada en julio de 2003, la campaña junta a los movimientos sociales y los grupos de defensa en América Latina y del Norte que trabajan los asuntos del banco. (Para saber más de la campaña contra las IFI´s www.ciepac.org ).
El BID es el banco de desarrollo regional más grande del mundo, ha sobrepasado al Banco Mundial (BM) como fuente de financiamiento en América Latina durante los últimos diez años. El BM aprobó préstamos por alrededor de 5.8 mil millones de $ entre julio de 2002 y junio de 2003, mientras el BID aprobó 8 mil millones de $. Sin embargo, aunque ejerce más poder en la región, el BID ha podido evitar la atención. Poca gente entiende sus operaciones y, frente al BM, hay pocos procedimientos de seguimiento. Las políticas del BID para los pueblos indígenas y el medio ambiente son hasta peores que el historial catastrófico del BM.
Para desmontar este manto de la inocencia, las organizaciones de América Latina iniciaron una campaña de educación, movilización y defensa. La campaña se lanzó en Tegucigalpa, Honduras, donde 1.500 personas participaron en el Foro sobre la Diversidad Biológica y Cultural y el Cuarto Foro Mesoamericano. Los foros se dirigieron a los temas relacionados con el papel complementario de las IFI´s, los gobiernos, los bancos multinacionales y las corporaciones en el empobrecimiento de América Latina. Un resultado de estas discusiones fue el lanzamiento de la campaña de presión al BID para parar sus proyectos desastrosos.
El lanzamiento formal de la campaña incluyó un manifiesto en contra del BID (firmado por más de 300 personas y aprobado por todos los 1.500 participantes de los foros), y una protesta frente a su sede en Tegucigalpa que terminó con una presentación del manifiesto al BID para denunciar sus proyectos en la región.

El nombramiento del colombiano Luis Alberto Moreno como nuevo presidente del BID, hasta ahora embajador de Colombia en EE.UU. desde 1998, hace presagiar que los conflictos con la IFI, cuando menos, han de continuar.

Producto de la injusticia derivada del sistema capitalista y su actual modelo neoliberal es la configuración de un continente pobre y violento. Cada año son asesinadas entre 110.000 y 120.000 personas en Latinoamérica y el Caribe. Hoy sólo se habla de la violencia que produce el mundo islámico fanático u otras formas de terrorismo, también fanático, pero las otras violencias son condenadas… al silencio. Las víctimas son consideradas, cuando lo son, como un subproducto inevitable y, sin duda, incómodo, pero con el que hay que aprender a convivir. Sin más, en Brasil la violencia de las grandes represas ha desplazado a 1 millón de personas, ocupa en la clasificación mundial el puesto 9 con 600 construidas y han privado a las personas del Derecho a la Tierra (en Brasil en 1987 había 859 millones de hectáreas inundadas por las represas. Y en el río Paraná las represas inundaron las imponentes cataratas en Guaíra. Las represas Tucurui y Balbina en la selva amazónica inundaron 6.400 Km2); el Derecho a la Vivienda y obligado al desplazamiento forzado (los indígenas Waimri-Atroari de Brasil llegaban a 6 mil en 1905, para 1985 sólo quedaban 374 de los cuales 107 personas fueron desplazadas por la presa Balbina); el Derecho de la Mujer (“ Las dificultades para las mujeres fueron inmensas. Nosotras sufrimos la depresión. La relación que las mujeres tenemos con los de nuestro hogar, los árboles, el río, eso es una cosa muy fuerte para todas nostras.” – Margaret Nuness, Comisión Regional de Afectados por Represas del Iguazú, Brasil -.
En la Amazonia de Brasil “la mujer maquillada de guerrera bajó ágilmente su machete. La hoja curvada se detuvo a milímetros del hombro de José Antonio Muniz López, el ingeniero jefe de la eléctrica brasileña Electronorte. Muniz se fue tranquilizando a medida que Tuira, la mujer Kayapó, apoyaba la parte plana del machete contra su cara.`Usted es un mentiroso´ le dijo a punto de escupirlo. `Nosotros no necesitamos la electricidad. La electricidad no nos va a dar nuestro alimento. Necesitamos que nuestros ríos corran libremente: nuestro futuro depende de ello. Necesitamos nuestras selvas para cazar y recolectar. No necesitamos su represa”. Y es que en el río Xingú una de las represas inundaría 7.200 Km2, sería el segundo embalse más grande del mundo); el Derecho a la Salud  (por lo menos unas 40.000 personas que viven en la cuenca de la Amazonia han sufrido de picazón en los pies y otros impactos en la salud debido a la descarga de aguas sucias de la presa Tucuruí); el Derecho a la Biodiversidad (la contaminación del agua en la represa Belem en Brasil generó 300.000 toneladas de carbono expuestos que produjo espuma tóxica y mató a fauna y flora); el Derecho a la Justicia Económica (en Brasil el financiamiento del BM y del BID para las 79 grandes represas construidas entre 1950 y 1970, llegó a equivaler al 10% de sus costos, y veinte años después se elevó al 30% para las 47 represas construidas en ese periodo. La presa Itaiupú en Brasil y Paraguay alcanzó el costo de 16.600 millones de dólares en 1990 cuando la deuda externa de Paraguay era de 1.700 millones de dólares. La presa Itaparica de Brasil desplazó a 40.000 personas, y 10 años después sólo había concluido el 35% de la represa pese a los préstamos del BM por 232 millones de dólares. Más de 40% de la deuda externa del Brasil fue producto de las inversiones del sector eléctrico); el Derecho a la Paz (en el caso de las represas Tucuruí, el proyecto se planificó bajo una dictadura militar y no hubo mucha preocupación durante la planificación por la rentabilidad económica o recuperación de costos).

Y es que todos los actores que intervienen en la construcción de una represa, del sector público (gobiernos y sus bancos) y del sector privado (empresas trasnacionales y sus bancos), tienen las siguientes constantes sobre la base de sus intereses creados, el negocio y la ganancia: restringen la información y no proporcionan mecanismos transparentes sobre los proyectos. Sistemáticamente evaden responsabilidades sociales, ambientales y de derechos humanos. No hay mecanismos de participación ciudadana y mucho menos de los afectados por los proyectos. No hay claridad en los recursos de apelación, ni para reclamar o denunciar. La población afectada y la sociedad en general se topa con el control, la cooptación, las mañas, y las trampas, la burocracia, la mentira, la compra de líderes y el divisionismo, el tortuguismo gubernamental y privado, las amenazas muchas veces cumplidas, la extorsión, la presión y el chantaje. Por ello y mucho más no han funcionado las demandas contra lo bancos multilaterales, los gobiernos y mucho menos contra las empresas trasnacionales. ¡La total impunidad reina en torno a las represas! (En el caso de la presa Cana Brava, en Brasil, en el año 2002 algunos afectados que perdieron sus tierras presentaron una demanda contra el BID. El BID no recibió el documento y exigió que le enviaran otra porque la primera carta no dejaba claro si querían seguir con la demanda. Así buscó mil pretextos. En ese mismo año los afectados denunciaban que el Gerente Departamental del Sector Privado del BID presionaba a las familias afectadas a retirar su demanda y demoraba meses en responder a la carta de los afectados).

El Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB) forma parte de la creciente movilización que en el mundo hay en torno a los conflictos creados por las represas a medida que se ha desarrollado la conciencia de sus impactos. La Comisión Mundial de Represas ha realizado la revisión independiente más completa de la historia sobre las represas en el mundo y en su informe, (se puede conseguir en www.dams.org ) publicado en el año 2.000, afirma: “ Los conflictos en torno a las represas han aumentado en las dos últimas décadas debido en gran parte a los impactos sociales y ambientales de las represas que, o no se tomaron en cuenta en el proceso de planificación, o no se previeron. Sin embargo, también se origina en el fallo de los proponentes de represas y de las agencias de financiación en cumplir con los compromisos adquiridos, observar las regulaciones prescritas y someterse a las directrices internas. (Con la represa Tucuruí “ Electronorte no respetó el Código de Aguas que estipulaba que las plantas hidroeléctricas no deberían afectar negativamente la alimentación y necesidades de las comunidades ribereñas, la salud pública, la navegación, la conservación y la libre circulación de peces).

Las protestas en Brasil en el 2003 lograron detener la represa Santa Isabel que iba ha desplazar a 7.000 personas e inundar selvas y 140 sitios arqueológicos.