EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
(04/08/2013)
El Consejo del Agua aprobaba días pasados, por amplia mayoría, el Plan de Cuenca del Ebro.
Para los sectores ecologistas, que lo votamos en contra, supone que los ríos, que son de todos y proveedores de este recurso vital para el territorio y para los 3,5 millones de personas que vivimos en la cuenca, queden en gran parte privatizados dejando de servir al interés general quedando en manos de unos pocos sectores: fundamentalmente para la agroindustria e hidroeléctricas.
Ello es muy grave porque supone seguir con las viejas y obsoletas políticas hidráulicas de apoyo a las demandas desmedidas del agua y olvidar que la Directiva Marco del Agua y la propia Ley de Aguas establecen que los caudales ambientales, el agua mínima que hay que dejar circular por los ríos para un buen estado de los ecosistemas, son un condicionante previo a las demandas de agua.
El Plan establece que para el 2015 el consumo de agua sea del 34% de las aportaciones medias, es decir que a la cuenca le quitamos más de un tercio del agua que ya no vuelve a los ríos. A medio plazo, el Plan se plantea un uso del 50% de sus aportaciones medias, ya que pasaremos de un millón de hectáreas de regadío a cerca de un millón y medio de has lo que exige además 79 nuevas propuestas de embalses, muchos de ellos incorporados por el Gobierno de Aragón, y a pesar de que en el propio borrador del Plan bastantes de ellos estaban calificados de dudosa viabilidad económica y medioambiental.
Para mayor escarnio, basándose en que laminan avenidas y tienen objetivos medioambientales como el de Biscarrués, se pagan en un 80% por el erario público. Y muchos nos preguntamos, ¿dónde queda la recuperación de costes a la que obliga la Directiva Marco del Agua?.
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