Propuestas en la Comisión del Agua sobre el PHCE

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS AMBIENTALISTAS FRENTE A LA PONENCIA DE BASES DE LA COMISIÓN DE AGUA DE ARAGÓN SOBRE EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

El movimiento ecologista quiere desmarcarse rotundamente tanto del contenido que aparece en las propuestas por parte de la Ponencia de Bases de la Comisión del Agua de Aragón como del mensaje que dicho documento pueda trasmitir a la sociedad, ya que plantea argumentos, principios y actuaciones anticuados e insostenibles que aumentan el riesgo de graves incumplimientos de la Directiva Marco del Agua (DMA).

Los grupos ambientalistas consideran una irresponsabilidad institucional seguir con una política de aguas que pretende trasladar los objetivos de planes hidrológicos de hace 14 años (incluso más), al nuevo plan de cuenca, de la DMA, cuyos fines necesariamente tienen que ser muy distintos ya que la tradición española de planificación hidráulica es en gran parte incompatible con esta directiva europea. Los grupos ambientalistas, como ya se ha repetido en numerosas ocasiones, entienden que cumplir con la DMA requiere un cambio profundo en los planteamientos y procesos de la planificación en España, ya que según esta norma europea, se debería asegurar el cumplimiento de los objetivos ambientales de los ríos y acuíferos como condición previa a, y garantía de, los sistemas productivos y otros usos del agua.

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La Asociación Río Aragón denuncia la brutal represión del pasado 10-O en Artieda, así como la persecución a la que se ven sometidos quienes fueron agredidos por la Guardia Civil

  • Los máximos responsables de las irracionales agresiones sufridas por los vecinos de Artieda son el Delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde (PP) y el Presidente de la CHE, Xabier de Pedro (PAR) y por ello reiteramos la solicitud de dimisión.
  • Mostramos todo nuestro apoyo a las seis personas que, de momento, han sido imputadas y llamadas a declarar a cuarteles de la Guardia Civil.
  • Condenamos la actitud hipócrita de la CHE que al tiempo que habla de conciliaciones y diálogo sigue expropiando innecesariamente y ejecutando un proyecto letal para el pueblo de Artieda y comarca.

La Asociación Río Aragón demanda la dimisión de manera inmediata tanto el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xabier de Pedro, como el Delegado del Gobierno de Aragón, Gustavo Alcalde, por la violencia gratuita ejercida el pasado 10-O en la localidad de Artieda por parte de la Guardia Civil.

Resultan lamentables las insinuaciones del Presidente de la CHE al dar a entender que los golpes y la sangre derramada ese día son partes inevitables del protocolo. Por su parte el Delegado del Gobierno, al reafirmarse en sus decisiones, muestra la mano dura que el PP quiere imponer a cualquier ciudadano o colectivo que se oponga sus severas recetas.

De igual modo, desmentimos la versión oficial ofrecida por la Guardia Civil. Los funcionarios de la CHE en ningún momento hicieron intención ni siquiera de acercarse a las fincas afectadas, siempre estuvieron a más de 300 metros del lugar, y la Guardia Civil en ningún momento tuvo la intención de abrirles paso de manera pacífica entre las personas que allí estaban. Su actuación fue buscar claramente el choque frontal y un enfrentamiento directo con las personas allí concentradas sin importarles quien estuviera en su camino, aunque se tratara de niños, mujeres o ancianos.

De este modo, llegamos a la firme conclusión de que fue una actuación sin precedentes, en la que los únicos que ejercieron la violencia gratuita fueron las fuerzas represoras enviadas por del delegado del Gobierno con la complicidad de la CHE.

Para finalizar, queremos desmentir que en Artieda se hayan abierto procesos de negociación y por ello denunciamos la falsedad de mensajes lanzados desde la CHE en este sentido. Desde «Río Aragón», se anuncia que en Artieda no se aceptan peticiones de «paz social» a cambio de iniciar un nuevo proceso de expropiación. Reiteramos que la única petición de la Asociación Río Aragón y de los vecinos de Artieda es que se haga justicia contra los sucesivos atropellos sufridos con el actual embalse y el recrecimiento proyectado y que es imposible hablar con quien ejerce la violencia, por mucho que tenga amparo legal, de forma sistemática para lograr sus fines.