Varias ONGs ecologistas anuncian acciones legales para que no se construya Biscarrués

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

(12/07/2011)

Las ONGs ecologistas del Consejo Asesor de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente: SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace y WWF han anunciado acciones legales para evitar que se construya el embalse de Biscarrués en el río Gállego (Huesca) por su dudosa utilidad y el incumplimiento de normas comunitarias.

Según señala Ecologistas en Acción en un comunicado, la declaración de impacto ambiental (DIA) emitida por el MARM, por la que se da luz verde a la construcción del embalse de Biscarrués, constituye una «gran agresión medioambiental», ya que producirá la destrucción irreversible de áreas de gran valor natural, incluidas en la Red Natura 2000.

Los ecologistas critican la declaración positiva a pesar de la existencia de informes que rechazan tajantemente la construcción del embalse, algunos realizados por entidades públicas como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), además de varios informes internos en el mismo sentido del propio Ministerio de Medio Ambiente.

En cuanto a las medidas correctoras que plantea la declaración de impacto ambiental, los ecologistas consideran que son «totalmente inútiles, superficiales y no van a paliar en ningún caso el gran impacto medioambiental que la obra va a producir».

Las organizaciones lamentan que el MARM «haya cedido a las presiones locales y de los regantes», que reclaman una deuda histórica preconstitucional, para emitir una declaración de impacto ambiental positiva al embalse de Biscarrués, «cuando la mayoría de los informes técnicos con los que cuenta son completamente contrarios a la construcción del embalse».

Denuncian que, en la declaración de impacto ambiental positiva, se ha «impuesto» el criterio político frente al técnico y tiene poco que ver con la «disposición al diálogo», y la intención de «pintar el Ministerio de verde», indicadas, recuerdan, por la actual ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, cuando tomó posesión de su cargo.

Para Ecologistas en Acción, la aprobación de Biscarrués es «una muestra más de la anticuada política de aguas del Gobierno español, anclada en dar agua a los sectores que siempre la han tenido sin considerar las necesidades de la sociedad en su conjunto, ni las amenazas del Cambio Climático».

La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos recurre la decisión de Medio Ambiente

HERALDO DE ARAGÓN

(12/07/2011)

«Si uno inunda más de 15 kilómetros de río, no hay ninguna opción para salvar la fauna y la flora que allí vive», ha dicho la Coordinadora en un comunicado.

La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, contraria a la construcción del embalse de Biscarrués, emprenderá acciones legales contra la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del pantano que ha aprobado el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).

Así lo ha asegurado la portavoz de este colectivo, Lola Jiménez, al conocer que el MARM ha autorizado la construcción de dicho embalse de 35 hectómetros cúbicos para regular el río Gállego al aprobar la declaración de impacto ambiental. Jiménez ha asegurado que «emprenderemos acciones legales y continuaremos nuestra lucha, a pesar de que realmente una declaración de impacto ambiental sólo es un paso previo».

El Ministerio ha indicado, en una nota, que con las modificaciones y condicionantes relevantes introducidas en la declaración «se han resuelto de manera satisfactoria» los aspectos ambientales relativos a la fauna y vegetación, la Red Natura 2000, el patrimonio y el paisaje, así como los aspectos socioeconómicos.

Un punto con el que la portavoz se ha mostrado contraria al afirmar que «vemos que los condicionantes de flora y fauna son absurdos, porque el impacto existe, ya que si uno inunda más de 15 kilómetros de río, no hay ninguna opción para salvar la fauna y la flora que allí vive».

A esto ha añadido que «para los negocios de aguas bravas supone la ruina de una parte importante de la comarca de la Hoya de Huesca y seguiremos luchando porque nos parece que sigue siendo un proyecto que es inadmisible y que hay alternativas». Jiménez ha dicho que espera «dentro de los condicionantes figure el estudio de alternativas y que vean claramente que hay otros sitios donde poder hacer el pantano y no llegue a ejecutarse».

Ha argumentado que «Yesa lleva más de dos años con la declaración de impacto ambiental positiva y no ha habido pasos firmes en la construcción, simplemente se siguen estabilizando laderas». En su opinión, se trata de «una medida electoralista y no real».

La portavoz de la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos ha insistido en que «este pantano no cumple la ley de impacto ambiental y esto es algo muy evidente y ya que la vía política ha decidido no hacer caso, esperemos que por la vía judicial haya justicia, es decir, que haya algo en este país que pueda parar los desmanes y si los desmanes son del propio gobierno habrá que pararlos también».

La política hidrológica de este gobierno: destruir ríos y destruir empleos.

COAGRET denuncia la política hidrológica del Ministerio de Medio Ambiente que consiste en destruir lo poco que queda sano de nuestros ríos de Aragón.

Con la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental del embalse de Biscarrués la Ministra de Medio Ambiente Medio Rural y Marino se precipita hacia una insostenible política de la oferta hidráulica. El Ministerio ha condenado al río Gállego a una muerte segura y anunciada.

La construcción del embalse de Biscarrués imposibilitará alcanzar los objetivos de alcanzar el buen estado ecológico a que obliga la Directiva Marco de Aguas.

Pero además supone la destrucción segura de las actividades de deportes de aventura que se desarrollan en el tramo que se pretende inundar, provocando la ruina de las empresas y la destrucción de los puestos de trabajo. Estas actividades turísticas suponen el principal motor económico de la zona.

Esta es la manera de afrontar la crisis que tiene doña Rosa Aguilar, antigua miembro de Izquierda Unida y ahora en el PSOE, destruir empresas sostenibles y puestos de trabajo rurales.

Hay que recordar que el estado se hace cargo de (es decir paga íntegramente) por lo menos un tercio del coste del embalse. Dicho de otra manera, el MARM va a gastar 41 millones de € en destruir empresas y puestos de trabajo, además de los impactos ambientales reconocidos por organismos fuera de toda sospecha como el CEDEX.