Nueva Cultura del Agua denuncia que estudio ambiental no cumple la ley

ABC

(08/04/2011)

La Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) considera que el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental del pantano de Biscarrués «no cumplen la ley», porque no tienen en cuenta todas las alternativas al embalse.

Así se explicita en un informe elaborado por los profesores Pedro Arrojo, Antonio Casas, José Javier García y Alfredo Ollero, de la Universidad de Zaragoza; Abel La Calle, de la de Almería; y Nuria Cid y Narcís Prat de la Barcelona a petición de la Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife).

El estudio subraya que hay una omisión o minimización «injustificada» de importantes efectos ambientales en el Estudio de Impacto Ambiental, así como incumplimientos del derecho comunitario y nacional sobre el deterioro de todas las masas de agua.

Asimismo, incumple los deberes de protección y conservación de las zonas protegidas de la Red Natura 2000 y de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Monegros y el Lugar de interés Comunitario (LIC) Bajo Gállego.

A juicio de estos expertos, jurídicamente se constata que la selección previa de las alternativas a Biscarrués «no responde a una verdadera evaluación de las opciones en el estudio de impacto ambiental», y lo consideran «un fraude».

El informe apunta también que el proyecto presenta «serias deficiencias técnicas» en cuanto a la ubicación de la presa, los materiales propuestos para su construcción, la geomorfología del vaso y el riesgo sísmico de la zona.

Añade además que su construcción tendría «importantes e irreversibles impactos» sobre el río Gállego y sobre el ecosistema estepario de Monegros.

Para la Fundación Nueva Cultura del Agua, la construcción de la presa supondría una «pérdida irreparable de naturalidad, geodiversidad y biodiversidad en el río Gállego».

El informe incluye alternativas, como la redimensión y modernización de la gestión de Riegos del Alto Aragón; la retirada de superficies de regadío salinizadas; la construcción de embalses de regulación en destino y el empleo de aguas subterráneas del aluvial Bajo Gállego, entre otras.

La Fundación concluye que el Estudio de Impacto Ambiental «adolece de una falta de análisis real de alternativas, lo que vulnera tanto la Constitución española como la Directiva de evaluación de impacto ambiental».

Las ONG ecologistas advierten que la aprobación del embalse de Biscarrués reactivará la queja ante la Comisión Europea

En 1993, SEO/BirdLife denunció ante la Comisión Europea al Reino de España por la no designación de Zonas de Protección Especial para las Aves (ZEPA) en los Monegros, ante la presentación de ambiciosos planes para transformar en regadío Monegros.

Hasta la fecha el Gobierno de Aragón no ha cumplido aún con los compromisos adquiridos ante la Comisión Europea en 2000, que permitieron el cierre del Procedimiento de Infracción por los regadíos de Monegros

Las 5 ONG ecologistas, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace y WWF aseguran que han transcurrido 10 años y todavía no se han cumplido muchos de los compromisos de mayor trascendencia adquiridos por el Gobierno autonómico.

Este caso podría convertirse en un ejemplo más de incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, Aguas y Conservación de la Naturaleza.

Origen de la queja

Con objeto de cerrar el procedimiento de infracción 93/4787, por la no designación de zonas de protección especial para las aves en los Monegros, la Diputación General de Aragón envió a la Comisión Europea un gran número de compromisos que quedaron reflejados en cinco informes entre noviembre de de 1999 y enero de 2001.

Desde el cierre del procedimiento de infracción han transcurrido ya 10 años y todavía no se han cumplido muchos de los compromisos de mayor trascendencia para la conservación de las aves en Monegros. Es una contradicción que se quiera aprobar un nuevo embalse para el regadío, cuando no se han aprobado los planes de recuperación de las aves esteparias que son imprescindibles para salvar estas especies de la extinción en Monegros. Su no aprobación reactivará la apertura de la queja ante la Comisión Europea.

Es más, en 2011 se ha acentuado la presión por parte del sector agrícola para que se aprueben las infraestructuras necesarias para poder regar Monegros.

Las organizaciones ecologistas insisten en que el proyecto sólo atiende a las exigencias de un sector económico y de presión concreto, obviando el hecho de que por sus valores naturales el lugar donde se levantaría la presa es una zona que cuenta con unas 80.000 visitas al año, actividad que genera ya 300 puestos de trabajo que se verían comprometidos.

El futuro del medio rural no pasa por destruir los espacios naturales, sino por valorar e incentivar las actividades compatibles con la conservación de su patrimonio natural.

Otra vez en vísperas electorales…

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

(08/04/2011)

Los gobiernos no pasan página con la política hidráulica.

Me desmoraliza la incapacidad de nuestra clase política para abrirse al siglo XXI y pasar página en materia de aguas. Han transcurrido dos décadas desde que se firmó el Pacto del Agua y aún sigue siendo un tabú arrojadizo en vísperas electorales. Jánovas fue desestimado por el Gobierno del Sr. Aznar; Santaliestra fue ilegalizado por los tribunales; el Gobierno de Zapatero descartó el embalse de Torre del Compte; mientras las obras realizadas, como los embalses de Lechago, el Val y Montearagón o los bombeos de la Tranquera y Beceite, que costaron cientos de millones de euros, han supuesto vergonzosos fracasos de los que nadie quiere hablar.

En vísperas de las elecciones toca una vez más hablar de Biscarrués. Afortunadamente se abandonó el proyecto de 190 hm3 que hubiera hecho desaparecer el impresionante cañón de los Mallos de Riglos. Se pretendía regular caudales para unas 30.000 nuevas hectáreas de riego en Monegros, sin explicar que el cuello de botella estaba en la capacidad de transporte de los canales existentes. Eso sí, se habrían producido suculentos beneficios hidroeléctricos y caudales regulados para el trasvase del Gobierno del Sr. Aznar.

Tras la derogación del mismo se creó la Comisión del Agua en Aragón, abriéndose un proceso de diálogo sin precedentes, con una encomiable labor de intermediación dirigida por D Ignacio Celaya. En Biscarrués se consiguió validar técnicamente un amplio número de actuaciones alternativas, desde una comisión de expertos de la CHE y de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Se constató que el cuello de botella de los canales solo puede eludirse regulando los propios polígonos de riego.

A las opciones sugeridas por la Fundación, la CHE añadió otros posibles emplazamientos de balsas de regulación que se llenarían en invierno, cuando los canales están baldíos. Todo estaba listo para un nuevo acuerdo por consenso que hubiera satisfecho a los regantes sin destruir el floreciente turismo de aguas bravas de la Galliguera. Sin embargo, la proximidad de nuevas elecciones llevó a la DGA a exigir una pieza de regulación en el el Gállego, aunque fuera menor, que siguiera llamándose Embalse de Biscarrués, a fin de evitar previsibles ataques del PP con el Pacto del Agua en la mano.

El estudio de los caudales diarios del Gállego en la zona durante los últimos 60 años nos ha permitido constatar que el volumen de esas puntas apenas supondría en media 2,5 hectómetros cúbicos anuales. Si ese fuera realmente el objetivo de la presa, el coste de amortización del capital a invertir nos llevaría a 2,5 euros por metro cúbico para riego en esos años de sequía, es decir cinco veces el coste de desalar agua de mar… Si usamos la capacidad de regulación de la presa de forma regular y no solo en años de sequía, el coste se elevaría a 0,17 euros/m3. Si se asumiera el desvío de costes que se prevé como mínio en este tipo de proyectos (30%) y se compensara el impacto sobre la facturación de las empresas de aguas bravas (se inundaría la zona de rafting), el coste se elevaría a 0,23 euros/m3, frente a los 0,02 euros/m3 que se paga en Riegos del Alto Aragón.

Con esos caudales se podrían regar unas 3.700 hectáreas, lo que supondría apenas 60 puestos de trabajo. Por otro lado, se pondría en riesgo el desarrollo turístico de la Galliguera que sustenta, sin subvenciones, cien puestos de trabajo directos y 200 indirectos.

Pero lo cierto es que el objetivo central del embalse no es el regadío, ni la regulación de crecidas, sino la producción hidroeléctrica. Con un agravante, a mi entender escandaloso: la expectativa de asignar los beneficios hidroeléctricos a los regantes, a través de una encomienda de gestión del salto. Tal pretensión, secreta hasta la fecha, ha sido finalmente reconocida de forma pública por el Sr.Trillo, Presidente de Riegos del Alto Aragón.

Si lo que realmente interesara fuera la explotación familiar en el regadío monegrino habría alternativas más eficaces y baratas, oficialmente validadas en la Comisión del Agua, como la retirada de superficies salinizadas; las baterías de pozos de sequía sobre el acuífero del Bajo Gállego; la flexibilización de la gestión del embalse de la Peña para captar crecidas o la colocación de una estación de bombeo en el embalse del Grado. Todas ellas con un menor coste por metro cúbico de agua que el proyecto de Biscarrués. En los tiempos que corren, más nos valdría emplear mejor el escaso dinero público que nos quede tras paliar los entuertos de los ejecutivos bancarios.

Pedro Arrojo. Profesor del departamento de análisis económico de la Universidad de Zaragoza

Ayuntamientos de Murillo, Santa Eulalia y Biscarrués muestran su rechazo a manifestación

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

(08/04/2011)

Los ayuntamientos oscenses de Murillo de Gállego, Santa Eulalia de Gállego y Biscarrués han hecho público su desacuerdo con la manifestación convocada por Riegos del Alto Aragón mañana en Zaragoza para reivindicar la construcción del pantano de Biscarrues, en Huesca.

Los consistorios, que califican esta convocatoria de «prototipo del más puro estilo colonialismo», señalan en un comunicado que hay «suficientes daños técnicos» para tomar en consideración las alternativas a este embalse «innecesario» y con un coste económico y ambiental «entre 10 y 20 veces menor que el propio proyecto».

Asimismo, denuncian que decir que el embalse cuenta con el 90 por ciento del apoyo de la sociedad aragonesa «pretende dar visos de legalidad al proyecto» como si ello «permitiera saltarse» la preceptiva declaración de impacto ambiental y la Directiva Marco del Agua.