La Audiencia Nacional declara ilegal el bitrasvase del Ebro-Besaya

EL DIARIO MONTAÑÉS

(27/01/2011)

Las obras del bitrasvase Ebro-Besaya son ilegales, según una sentencia de la Audiencia Nacional (AN). La decisión de anular el procedimiento administrativo que dio lugar a la ejecución de este proyecto se basa en un error formal relacionado con la administración que promovió la evaluación ambiental, iniciativa que no debió recaer en el Gobierno de Cantabria sino en el Ministerio de Medio Ambiente. Pese a todo, el abastecimiento de agua a la ciudad de Santander no queda amenazado, de momento. Al margen de que las deficiencias en el procedimiento podrían subsanarse, frente a la sentencia misma cabe recurso ante el Tribunal Supremo (TS).

Según la Audiencia Nacional, ni la estimación de impacto ambiental debió haberse delegado en la comunidad autónoma, ni la evaluación de los posibles daños a los espacios protegidos se realizó del modo adecuado. Esa es la parte que estima del recurso promovido por la organización ecologista Arca y esa la razón de que las obras hayan sido declaradas ilegales.

No se estima, en cambio, el posible impacto sobre la Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) del Pantano del Ebro ni sobre el Lugar de Interés Comunitario (LIC) del Pas. La sentencia, divulgada por Efe, califica la incidencia de la obra como «mínima» en el primer ámbito y como «nula» en el segundo.

En todo caso, esta resolución de la Audiencia Nacional supone un notable éxito para la asociación ecologista Arca, similar al que ya obtuvo en el año 2005 cuando una resolución del Tribunal Supremo declaró ilegal la depuradora del Vuelta Ostrera y ordenó su desmantelamiento. Uno y otro recurso fueron promovidos por el grupo ecologista contra las obras ejecutadas en la región por el Ministerio de Medio Ambiente.

Vuelta Ostrera

A diferencia de la sentencia de la depuradora de Vuelta Ostrera, la que se refiere al bitrasvase Ebro-Besaya no es firme. Puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.

Por otro lado, fuentes judiciales consultadas por este periódico adelantaron ayer, a falta de una análisis más minucioso de su contenido, que los defectos formales a los que alude la resolución de la Audiencia Nacional podrían subsanarse mediante un nuevo expediente.

Ni el bitrasvase va a dejar de funcionar, de momento, ni sus instalaciones deben ser desmanteladas. El abastecimiento de agua a Santander y su entorno, para lo que fue diseñado, no se ve amenazado, por tanto.

Autovía del Agua

Otra derivación de la sentencia tiene que ver con el futuro de la Autovía del Agua, a la que está conectado el bitrasvase. En su día, Arca anunció que a una sentencia contraria al bitrasvase seguiría un nuevo recurso contra las obras de la Autovía del Agua. Sin embargo, el hecho de que su motivación esté más relacionada con los aspectos de forma que con los de fondo parece debilitar el riesgo de que, por esta vía, la Autovía del Agua pueda llegar a correr peligro.

Arca alegaba que la obra incumplía la Ley de Aguas, que dañaba los espacios protegidos, que su estudio no se apoyaba en las necesidades reales de abastecimiento de agua a Santander, que tampoco estudiaba posibles alternativas, que vulneraba las competencias de la Confederación Hidrográfica del Norte y, por último, que incumplía la Ley del Suelo. Ninguna de esas razones ha sido estimada, sino «la falta de actuación del órgano ambiental de la Administración central», en una obra declarada de interés general. «No por la falta de actuación del órgano de la comunidad autónoma -añade la sentencia-, sino porque su estimación de impacto no puede tener otro valor que el de mero informe a la consulta preceptiva».

El informe «no incluye la mínima motivación que justifique la conclusión a la que se llega», cuando la Unión Europea (UE) exige que toda obra que afecte a espacios protegidos por la Directiva de Hábitats «debe ir precedida de una evaluación adecuada de sus repercusiones sobre el lugar identificado».

El bitrasvase Ebro-Besaya fue promovido por el Gobierno de la Nación en la etapa de José María Aznar (PP), en el marco del Plan Hidrológico Nacional, pero no decayó con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa, pese a que este anuló la mayoría de las actuaciones previstas. Finalmente supuso una inversión de 62 millones de euros. Fue inaugurado en el año 2007.

Son inadmisibles las presiones del Gobierno de Aragón y regantes para forzar la construcción de Biscarrués

COAGRET considera muy grave la presión política ejercida por el Gobierno de Aragón y por la Comunidad de Riegos del Alto Aragón para intentar modificar los criterios técnicos de la Dirección de Calidad y Evaluación de Impacto Ambiental respecto al proyecto de embalse de Biscarrués. Igual o más grave nos parece el hecho de que al parecer el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu también haya presionado para modificar dicho criterio técnico. Finalmente lo más grave sería que la Ministra, cediendo a estas presiones, intente modificar la decisión técnica de la Dirección General.

COAGRET ha defendido y propuesto siempre alternativas más sostenibles y menos impactantes que el embalse de Biscarrués. Y estas alternativas existen. Nunca hemos negado el derecho de los regantes de Monegros a tener unas garantías aceptables de riegos, pero siempre hemos entendido que eso no pasaba necesariamente por construir un embalse más en el Gállego.

COAGRET quiere recordar que el estudio y la propuesta de unas alternativas mejores y menos impactantes ecológica y socialmente era una obligación del Gobierno de Aragón, y de los promotores (la CHE y las comunidades de regantes), al estar obligados por la Directiva Marco del Agua y los criterios de sostenibilidad de la UE. Pero no han hecho nada. En este caso, como en otros muchos, son las organizaciones sociales las que han hecho, con sus mínimas posibilidades, el trabajo de nuestras instituciones.

COAGRET también sugiere a los partidos políticos de Aragón PSOE, PAR, PP e IU, y en especial al Consejero de Medio Ambiente de Aragón D. Alfredo Boné que se vuelvan a leer detenidamente lo aprobado por la Comisión del Agua de Aragón.

Lo que se aprobó no fue el embalse de Biscarrués, como deberían saber, ya que estuvieron allí. La Comisión del Agua acordó remitir al Ministerio todas las propuestas planteadas para la regulación del Gállego –embalse grande, embalse pequeño y sin embalse. Visto el impacto del embalse de Biscarrués, puesto en evidencia también por los estudios del CEDEX, la última opción, sin embalse, es la que parece más viable.

En COAGRET tenemos claro que las leyes obligan a todos, incluidos los políticos, y que las decisiones políticas no pueden estar por encima de la aplicación de una Ley. La arbitrariedad producida por las presiones políticas a la hora de aplicar los criterios de una Ley como la de Evaluación de Impacto Ambiental crean indefensión a los ciudadanos, desconfianza del estado y finalmente destruyen el estado de derecho.