El Defensor del Pueblo desaconseja los trasvases urgentes por la sequía

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

(10/03/2010)

Múgica pide no construir ni hacer industria en sitios donde no hay agua.Reprocha que la administración «ampare» las infracciones.

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, defendió ayer en el Senado un informe sobre el agua y la ordenación del territorio en el que desaconseja «resueltamente», la práctica de construir «urbanizaciones, campos de golf, invernaderos y poner en marcha industrias sin que exista suficiente agua de antemano en la confianza de que después se obtendrá de alguna parte».

Las conclusiones de un extenso y fundamentado documento de 329 páginas son precisas a la hora de señalar que «no deben concederse nuevos derechos para los que no haya recursos hídricos suficientes», en una clara alusión a la sobreexplotación del arco levantino. También cuestiona la utilidad de los trasvases de urgencia, como el proyectado hace dos años para Barcelona o el que está actualmente a punto de autorizarse para abastecer a diversos municipios catalanes: «Para solucionar un problema coyuntural de sequía puede no ser útil un proyecto de infraestructura de transporte de agua, incluso tramitado por la vía de urgencia, pues pese a su tramitación excepcional la ejecución se demora y llega tarde», indica el defensor.

De hecho, apuesta por «los camiones cisterna» por ser medidas «más rápidas, baratas, con menos impacto, de aplicación casi inmediata y fácilmente reversibles». Aún así, Múgica afirma expresamente que no puede pronunciarse «a priori y concluyentemente» si es preferible un trasvase o la desalación.

TOLERA Y AMPARA

Donde es especialmente crítico el informe es en el apartado correspondiente a la actitud de la administración ante las actividades contaminantes y las infracciones urbanísticas. Según las conclusiones del informe, el defensor ha constatado que «con frecuencia» la administración «actúa de ente nodriza del agente contaminante y no –como debería– de guardián de quienes padecen la contaminación. En este sentido, considera que pueden «contarse por docenas» los expedientes abiertos, que son a su juicio escritos «meramente retóricos, razonamientos anormalmente complejos y erróneos, justificaciones alejadas del asunto» en los que «no se está haciendo nada a favor del interés público y se hace todo, o más de lo debido, por proteger al infractor.

Pero Múgica aún va más allá, y además de denunciar «la falsa oposición» entre el desarrollo económico y la preservación ambiental, lamenta que la administración se dedique «en ocasiones a entorpecer innecesariamente el quehacer de los ciudadanos, a obstaculizar y perseguir a quienes –mejor o peor– cumplimentan de grado sus obligaciones, tantas veces con mucho esfuerzo, y hacen lo imposible por no quedar fuera de una legalidad estricta y compleja». Mientras, afirma, «esa misma administración parece no ver ni oír ni sentir que los episodios que por la misma zona se producen con grave infracción de la ley del suelo o del agua, y hasta del gusto de la paz civil, resulta que se inician, prosiguen e incluso culminan a ojos vista. Es la discriminación archinegativa, o tratar peor al de mejor». Según Múgica, la administración confunde la economía productiva con la de los recursos naturales.