La dotación para regadío fijada retrasa la recuperación de las Tablas de Daimiel

AMBIENTUM.COM

(20/01/2010)

Se necesitan 20 años para la recuperación del acuífero.

La dotación de 200 hm³ fijada para el regadío en el nuevo régimen anual de extracciones del acuífero que alimenta a las Tablas de Daimiel retrasaría casi 40 años una hipotética recuperación del Parque Nacional y en ver de nuevo manar las aguas por los Ojos del Guadiana camino de las Tablas de Daimiel.

Al mismo tiempo de ponerse en funcionamiento del trasvase del Tajo a las Tablas de Daimiel, la Confederación Hidrográfica del Guadiana dependiente del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino se ha publicado en los diarios oficiales el régimen de explotación en el acuífero de la Mancha Occidental para la campaña de 2010.

El régimen aprobado, en consonancia con el Plan Especial del Alto Guadiana, permite la extracción anual de 200 Hm³ de agua para regadío y de 30 para abastecimiento, lo que deja muy poco margen para recuperar el acuífero. Según los datos oficiales, la capacidad de recarga natural del Acuífero es de 320 Hm³ anuales, con lo que apenas se ahorrarían 90 Hm³ al año. Dado que el acuífero acumula 3500 Hm³ de déficit, a este ritmo, y siempre suponiendo un escenario normal de precipitaciones y temperaturas, se tardarían más de 38 años en ver de nuevo manar las aguas por los Ojos del Guadiana camino de las Tablas de Daimiel.

Según Ecologistas en Acción resulta evidente que un escenario a tan largo plazo y en una situación de reducción de recursos hídricos a causa del cambio climático, supone condenar al fracaso el Plan Especial del Alto Guadiana y perpetuar la sobreexplotación del acuífero.

Extracciones ilegales

En este sentido, un dato reciente ha puesto de manifiesto el gran número de extracciones en situación irregular. Según informan la Confederación Hidrográfica del Guadiana y el Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana, más de 7000 explotaciones han acudido ya a las primeras ofertas de regularización de pozos.

Por lo tanto Ecologistas en Acción denuncia que tanto el Ministerio competente como la Junta siguen una política de escaparate con el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, rellenándolo de forma artificial con el agua del trasvase, en vez de limitar los regadíos insostenibles, poner coto a las extracciones ilegales y promover soluciones de aporte de agua desde dentro de la propia Cuenca del Guadiana.

Por ello, todas estas cuestiones se van a trasladar tanto a la Unesco como a la Unión Europea para que se incorporen a los expedientes sancionadores abiertos contra España por la gestión en el Parque Nacional y de la Reserva de la Biosfera, con el ánimo de que se obligue a corregir la política de los Gobiernos estatal y autonómico en relación a la recuperación de las Tablas de Daimiel. Y exigirán que el Plan de Extracciones reduzca la dotación para regadío a un máximo de 120 Hm³ para que al menos exista una posibilidad de que el acuífero se recupere en menos de 20 años, y que se prescinde de los trasvases al Guadiana, tal y como pidieron las organizaciones ecologistas durante el proceso de aprobación del Plan Especial del Alto Guadiana.

Un grupo ecologista reclama a la UE la demolición de la presa de Albarellos

EL PAÍS

(18/01/2010)

Una asociación de O Ribeiro denuncia que el embalse ataca al ecosistema del Avia

«El Avia está sometido a decisiones empresariales que lo podrían haber condenado a muerte». En épocas de lluvias como ésta, los vecinos de Ribadavia o Leiro miran con un ojo al cielo y con otro a los embalses. Saben que no es la primera vez que hay inundaciones por abrir las compuertas en plena crecida.

Desde hace 50 años, los ríos de la zona deben obediencia a las hidroeléctricas y, para el grupo ecologista Coto do Frade, el señorío de Albarellos tendría que llegar a su fin. El portavoz, Vicente Fernández, asegura que el embalse es «incompatible con el ecosistema fluvial». La asociación presentará en el próximo mes una denuncia ante la Unión Europea solicitando la retirada de la concesión a Fenosa y la demolición de la presa.

Dos actuaciones sobre el río han llevado a los ecologistas a tomar medidas. Por una parte, desde el mes de junio y durante seis meses Albarellos no liberó ni una gota de agua sobre el propio Avia. La reparación de la turbina de la presa fue el motivo, y mientras Albarellos alcanzaba el 70% de su capacidad de embalse, el triple de la media de la última década, el Avia sufría una de sus peores sequías. Para Coto do Frade el río se convirtió en «una charca», que empeoró una plaga de hongos que había devastado a los alisos que poblaban la ribera del río: «El Avia se convirtió en un curso de agua rodeado de cadáveres de madera». Además, a mediados de octubre la presa desaguó en sólo tres semanas 40 hectómetros cúbicos. La Administración había requerido a Fenosa que desembalsase por seguridad ante la época de lluvia.

El caudal de Albarellos pasó de un 70% a un 30% y, para Coto do Frade, esa inundación repentina acentuó el «estrés ecológico» que padecía el río a causa de la sequía y los hongos. Fernández califica la situación de «el Prestige de O Ribeiro» y señala que contabilizaron «121 árboles caídos o a punto de hacerlo sobre el río» como consecuencia.

Fenosa y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil aseguran que siempre se mantuvo el caudal ecológico del río. También que el desembalse se realizó según las normas de explotación. Secundino Lorenzo, experto en hidrología y con varias páginas web sobre los ríos de Galicia, asegura que «es imposible que se haya mantenido el caudal ecológico». Tras el muro de la presa, el agua que se turbina recorre cinco kilómetros bajo tierra hasta la central eléctrica. En el antiguo cauce del Avia, la encargada de mantener el caudal ecológico es una tubería que recoge agua de un afluente, el Viñao, que desemboca aguas abajo. Para Coto do Frade, «un manguerazo» que califica de «ejercicio de hipocresía» y del que muestra varias fotografías en Internet.

Desde la Federación Ecoloxista Galega, José Luis Baleato señala que unas variaciones de caudal como las sufridas por el Avia podrían «desplazar el cauce del río por el arrastre de piedras y tierra». El ecologista local y presidente de la asociación Ridimoas, Pablo Rodríguez Oitabén, indica que desde que existe el embalse «se ha perdido el mejillón de río, una de las joyas de la fauna de O Ribeiro y que necesita mucha estabilidad».

«El embalse de Albarellos no cumple las condiciones de la concesión», asegura Fernández. Coto do Frade argumenta que la presa «carece de escala para peces» y que no existe un «auténtico caudal ecológico». Aseguran que Albarellos es un despropósito, ya que el agua que aporta el Avia ha sido turbinada, y la mayoría de los peces mueren en el proceso. Además, el caudal aportado por los afluentes no es suficiente como, aseguran, se demostró durante el pasado verano. Para Coto do Frade, el dominio hidráulico está privatizado y aseguran que Fenosa es dueña y señora del río, «algo que por ley, es de todos».

Pantanos sin ley

Desde la Federación Ecoloxista Galega, José Luis Baleato asegura que el problema gira en torno a la legislación: «No es retroactiva y no afecta a los antiguos embalses». Para ellos, se establecen pactos medioambientales con la Administración. Baleato señala que no alcanzan la condición de norma y que además, las decisiones en el sector hidroeléctrico se toman «desde Madrid y con criterios empresariales».

El experto en hidrología Secundino Lorenzo asegura que los caudales ecológicos que se establecen en los pactos no cumplen los mínimos. La Consellería de Medio Rural señala que la revisión del pacto «es necesaria y obligada», pero por el momento no ha habido cambios y Coto do Frade reclama modificaciones. Desde la asociación aseguran que los ayuntamientos temen a Fenosa a la hora de reclamar mejoras.

El alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, contactó con Fenosa para indagar a qué se debían los cambios de caudal. Asegura que «si tienen los permisos de la Confederación es un problema que no tiene remedio». En el caso de Ribadavia, la concejala de Medio Ambiente, Manuela Iglesias Collarte, explica que no tienen «ningún poder de decisión, es una empresa muy grande y los ayuntamientos sólo somos afectados».