Bruselas prepara una sanción diaria por el Segarra-Garrigues

EL PERIÓDICO

(09/07/2009)

Exige la suspensión del riego hasta que se rebaje el impacto ambiental del canal

La Comisión cree ser víctima de un engaño por parte de las autoridades españolas

La Comisión Europea (CE) propondrá imponer una altísima sanción diaria a España por abrir un primer tramo del canal Segarra-Garrigues sin esperar a que el organismo diera la aprobación medioambiental definitiva al proyecto, indicaron ayer a este diario fuentes comunitarias. La CE, que exige también la suspensión de toda actividad, en especial la irrigación hasta que se minimice el impacto del canal, está decidida a llevar al Gobierno español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

De momento, la próxima semana, o como muy tarde antes de acabar el mes de julio, tiene previsto aprobar un nuevo dictamen motivado contra la obra hidráulica, según las citadas fuentes.

Esta decisión constituirá en la práctica un ultimátum al Gobierno español, porque en caso de no subsanarse en dos meses los defectos medioambientales apreciados en el canal Segarra-Garrigues, la Comisión Europea pedirá de inmediato al Tribunal de la UE la imposición de la fuerte sanción, precisaron las mismas fuentes.

La aprobación de ese dictamen motivado fue paralizada en abril y en junio por la Comisión Europea por las promesas del Gobierno de que subsanaría todas las deficiencias del proyecto hidrológico, que fue declarado ilegal por el Tribunal de la UE en diciembre del 2007. Por ello, la inauguración inesperada del primer tramo del canal ha generado una profunda indignación en el equipo del comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas.

SIN PRECEDENTES / «Es la primera vez que estamos confrontados a este tipo de situación sin precedentes de inaugurar oficialmente una obra que ha sido declarada ilegal por el Tribunal de la UE», destacó ayer la Comisión Europea.

El comisario Dimas considera que España está intentado imponer el canal mediante «una política de hechos consumados», sin haber subsanado ninguna de las causas que determinaron la ilegalización del proyecto por el Tribunal Europeo.

En la Comisión Europea existe la sensación de «haber sido engañados» por las autoridades españolas, porque tres días antes de la inauguración oficial del canal ya habían advertido al Gobierno de que la ampliación propuesta para las zonas especiales de protección de aves (Zepas) era «insuficiente».

Para detener el proceso sancionador, España deberá ahora presentar ante la Comisión Europea un informe completo de impacto medioambiental y el establecimiento de zonas especiales de protección de aves más amplias que las actuales. Eso supondrá ampliar aún más las zonas excluidas del riego, que, según la última propuesta de España, suman ya 39.900 hectáreas sobre las 76.000 inicialmente previstas.

El comisario Dimas lamenta la falta de transparencia mostrada por España, que no ha facilitado información adecuada sobre el avance de los trabajos, ni la cartografía detallada de las áreas afectadas.