Tres asociaciones ecologistas exigen el cese de Biel y Boné

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

(20/05/2009)

Argumentan que han sido «permisivos» ante el «urbanismo salvaje» de La Muela.Ven necesaria su salida del Gobierno «por decencia, ética e higiene democrática».

Por decencia, ética e higiene democrática». Tres razones por las que deberían «dimitir o ser cesados» el vicepresidente del Gobierno aragonés, José Ángel Biel, y el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, ambos del PAR, a juicio de las tres asociaciones conservacionistas, Ansar, Coagret y Ecologistas en Acción, que hoy presentarán formalmente esta petición en el registro de la DGA. Las organizaciones argumentan que ambos dirigentes han sido «permisivos» ante el «urbanismo salvaje» de La Muela, que ha desembocado en un proceso judicial.

«Ante todo lo que está sucediendo; las conversaciones grabadas; el montante económico de las operaciones; el hecho de que hay dos dirigentes del Gobierno ligados a la alcaldesa de La Muela, a la que ponían como ejemplo; las respuestas que esos dos dirigentes están dando, y el silencio del resto del Gobierno consideramos necesario pedir su cese». Así explicó ayer Jesús Maestro, presidente de Ansar y portavoz de los tres colectivos, las razones que los llevan a dar rango oficial a su reclamación.

Las organizaciones creen que «no puede ser que no pase nada» cuando la situación «es muy grave». E insisten que el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, «no puede mirar hacia otro lado». Lo importante ahora, añadió Maestro, es «devolver la confianza a los ciudadanos».

Ansar, Coagret y Ecologistas en Acción presentarán hoy su escrito en el registro del Pignatelli, sede de la DGA en Zaragoza, un texto en el que también instan a Iglesias a tomar «cuantas medidas considere oportunas» ante este caso.

ANTECEDENTE Maestro recordó que el antecesor de Boné en el cargo, Víctor Longás, «tuvo que dimitir por mucho menos» (el caso Euroresiduos, que propició una comisión de investigación en las Cortes). Los ecologistas no presuponen implicación de los dos dirigentes en la presunta trama, pero –dijo el portavoz– «lo que se sabe es suficiente para que lo dejen. No pueden seguir».

Además, resaltó que lo sucedido se suma a una forma de proceder de Boné «denunciada hace años» por los conservacionistas, pues «ha vaciado de contenido el departamento». En ese municipio, señalan, hay espacios de gran valor natural «que han sido agredidos por el desarrollo de su ayuntamiento y de los promotores inmobiliarios, sin que el Inaga ni el departamento de Medio Ambiente adoptaran medidas suficientes de protección».

Respecto a Biel, sostienen que no aceptó la propuesta de la Comisión Provincial de Urbanismo de suspender la aplicación del Plan General de Ordenación Urbana de La Muela, con lo que dio «rienda suelta a los delirios» de la alcaldesa, Mariví Pinilla.

 

El Congreso insta a paralizar las nuevas centrales del Miño

EL PAÍS

(20/05/2009)

El Congreso de los Diputados instó ayer al Gobierno a que suspenda cautelarmente la concesión de nuevas centrales hidroeléctricas en la cuenca Miño-Sil. La comisión de Medio Ambiente aprobó por unanimidad una proposición no de ley de la diputada del BNG Olaia Fernández, en la que se reclama al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que paralice los proyectos, para dar prioridad a la realización de estudios que evalúen sus impactos medioambientales y sociales.

La proposición no de ley del Bloque fue negociada con los demás grupos, que se sumaron finalmente a la iniciativa después de negociar sus enmiendas, a pesar de las reticencias iniciales del Grupo Socialista. Finalmente, se cambió la propuesta de Olaia Fernández de «paralizar» las centrales por la de «suspenderlas cautelarmente», en tanto se finalizan los estudios de impacto ambiental y social.

La resolución aprobada insta al ministerio que dirige Elena Espinosa a proseguir los expedientes de caducidad sobre las concesiones de aprovechamiento hidroeléctrico, así como a revisar la situación jurídica de los títulos de concesión que amparan este tipo de actividades. La revisión se deberá basar en el grado de cumplimiento de «los condicionantes y características de otorgamiento», con la adopción de las medidas oportunas para «la extinción de aquellos que se encuentren en situación de irregularidad».

La iniciativa se basa en otra proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego en septiembre. La diputada del BNG Olaia Fernández defendió la paralización ante la elevada presión que soporta la cuenca hidrográfica Miño-Sil, en la que se emplazan 77 centrales eléctricas, de las que más del 80% se sitúan en territorio gallego y una gran parte son embalses. «Estamos hablando de una cuenca que ya sufre un enorme impacto medioambiental, paisajístico y también cultural», alertó la diputada, que recordó que a los aprovechamientos ya existentes hay que sumar la petición de nuevos embalses, que ya se están tramitando y cuya autorización final corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente.

Olaia Fernández citó el caso de tres minicentrales en el ayuntamiento de Arbo, en donde la pesca fluvial tiene «un gran peso» y se vería afectada por los proyectos, alertó. La diputada aseguró no entender que Galicia «exporte electricidad y tenga tanta necesidad de hacer infraestructuras hidroeléctricas».

Según la información remitida por el Gobierno al Congreso, en Lugo se presentaron 62 solicitudes, de las que 14 se denegaron y 17 están en trámite. En Ourense, con 109 solicitudes, las autorizaciones son 32, con 60 denegaciones y 17 en fase de tramitación. En Pontevedra, por último, hay 17 expedientes abiertos, con cinco concedidos, 11 denegados y uno en trámite.

La diputada del PP Olga Iglesias defendió que los estudios de impacto reclamados al ministerio tengan en cuenta no sólo los embalses y centrales existentes, sino todos aquellos que estén en proyecto o en otra fase de ejecución. Iglesias aseguró que su grupo aspira a que el Congreso establezca un plazo para los estudios demandados, e indicó que deberán buscar siempre «un beneficio equitativo para Galicia e incluir un análisis coste-beneficio serio y riguroso». Para el Partido Popular, es el momento de realizar una reflexión «profunda e integral» sobre el futuro de los aprovechamientos.