La CHE ha recibido ya más de 80 peticiones para la reversión de fincas y casas en Jánovas

HERALDO DE ARAGÓN
(31/03/2009)
La Confederación Hidrográfica espera tramitar más solicitudes porque el último plazo acaba el 4 de mayo.

Los antiguos habitantes de Jánovas no parecen dispuestos a dejar pasar la oportunidad de recuperar sus propiedades. Desde que en diciembre se abrió el proceso de reversión de los bienes expropiados o adquiridos en su día para la construcción del frustrado pantano, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha recibido ya 86 solicitudes oficiales de restitución, con la correspondiente documentación acreditativa de la titularidad, y se espera que lleguen más antes del 4 de mayo, fecha en que concluye el último plazo.

La CHE envió el 10 de diciembre 125 notificaciones a antiguos vecinos con los modelos de solicitud. Dos meses después, el 4 de febrero, publicó un anuncio en el Boletín Oficial del Estado para localizar a aquellos cuyo domicilio se desconocía, a los que daba tres meses para pedir la reversión.

Cuando la Confederación cierre los expedientes, los remitirá a Endesa, compañía que compró los derechos de aprovechamiento del río Ara a Iberduero y que será la que negocie el precio. Los afectados están expectantes por conocerlo, aunque la empresa ya adelantó que tendrán que pagar el precio actualizado de las casas y las tierras, lo que puede suponer hasta 30 veces más de lo que recibieron en su día cuando tuvieron que abandonar los pueblos de Lavelilla, Lacort y Jánovas, en el municipio de Fiscal. La variación del IPC desde 1961 es del 3.297,7%, según los datos del INE. La cantidad cambiará en función de la fecha en que se produjo la venta o expropiación, un proceso que se prolongó durante años.

El proyecto data de 1951, pero hasta 1961 no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el listado de fincas a expropiar. Fue en 1984 cuando abandonó Jánovas la última familia. En 2001 se descartó definitivamente la construcción del pantano, y en 2008 el Ministerio de Medio Ambiente y Rural y Marino encargó a la CHE la comunicación del inicio del plazo para pedir la reversión.

Cada solicitud ha dado lugar a la apertura de un expediente en el que se comprueba si el solicitante está legitimado y si la documentación es correcta, según explicaron fuentes de la Confederación, que añadieron que en cualquier momento los interesados pueden presentar alegaciones. De todo ello se da traslado a Endesa como propietaria. En una fase posterior se entrará a conocer el objeto de las solicitudes y a concretar respecto a qué fincas y en qué condiciones procede ejercer este derecho.

La Asociación de Afectados por Jánovas ha ayudado a tramitar las peticiones y para ello ha mantenido reuniones con técnicos del organismo de cuenca. Teresa Buisán, representante del colectivo, cree que «todos» sus asociados han pedido la reversión, «porque llevamos muchos años esperando esta oportunidad». La asociación puso a disposición de la administración los datos para las notificaciones individuales, pero es consciente de que será difícil localizar a todos los afectados, por el paso del tiempo y por la dispersión geográfica que se produjo con el abandono de los pueblos.

Caminos, escuelas y la iglesia

Los propietarios privados no son los únicos que han estado durante los últimos meses reuniendo papeles para recuperar lo que fue suyo. El Ayuntamiento de Fiscal trabaja en una lista de bienes públicos de los tres núcleos en la que figuran escuelas, caminos o la iglesia de Jánovas, para lo que tiene de plazo hasta mayo. Los edificios están muy deteriorados, pero el alcalde, Manuel Larrosa, dice que ya se ha pensado en un posible uso como locales sociales en cada pueblo. El primer edil prefiere no pronunciarse sobre el precio en que se tasarán las propiedades, eso sí, se pregunta «¿qué indemnización recibirá Fiscal por la despoblación masiva, la carencia de servicios, la paralización de la reforma de la carretera? ¿Cómo se valora todo eso?».

Primeros pasos de la restitución

A la vez que la CHE tramita la reversión, la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón ha empezado a trabajar para cumplir una disposición de la Ley 11/2005, de Modificación del Plan Hidrológico Nacional que desestimó la construcción del pantano, que obliga a los gobiernos central, autonómico y local «a elaborar conjuntamente un Plan de Desarrollo sostenible para el municipio afectado.» El director general, Ignacio Celaya, dijo que se financiará con un convenio entre las administraciones.

El plan pretende «reconocer la deuda histórica» con este territorio, «tanto por las pérdidas que han tenido que sufrir, tangibles (personas, familias, territorio, pueblos) como las intangibles (incertidumbre, futuro?)», añadió Celaya. «Hablamos de los primeros pasos de un plan complejo».

Este abordaría un triple objetivo. Por una parte, dotar de servicios mínimos a los tres núcleos desaparecidos e intervenir en los otros seis del municipio, recuperar el patrimonio de uso público y restaurar las riberas. En segundo lugar, adecuar los servicios municipales para acoger a la nueva población. Por último, incluye un programa con actuaciones ligadas al medio ambiente.