El entuerto de Jánovas

El Heraldo se ha hecho eco de las recientes noticias sobre los justiprecios para la reversión de dos localidades oscenses, Jánovas y Saqués. Me permito intervenir en este debate, no sólo jurídico, aportando mi punto de vista y mi experiencia sobre la materia.

Como se sabe, la reversión se produce cuando unos bienes, por ser sobrantes, por no realizarse la obra que motivó la expropiación, vuelven al patrimonio de quienes fueron expropiados. Es entonces cuando toca valorar de nuevo esos bienes. El criterio legal general es la actualización según IPC, y su aplicación no exige más que conocer la fecha de la pieza inicial de justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión. Este criterio es de aplicación ágil y pacífica, pues basta consultar la página www.ine.es, que incorpora un calculador automático. En los casos que nos ocupan, es claro que la base de la actualización no será la “foto fija” de las casas y edificios expropiados, sino el valor dado a los solares, porque solares colmados de escombros es la desolada estampa que ofrecen estos núcleos urbanos tras décadas de abandono.

Mayores problemas plantea el segundo criterio legal, a saber: que sobre los bienes a revertir se aprecien mejoras aprovechables o menoscabos. Tanto en uno como en otro caso habrá de procederse a una nueva valoración, y en ella entrarán en juego conceptos jurídicos indeterminados y facultades discrecionales en las que el punto medio de la virtud, “la única solución justa”, debiera buscarse con esfuerzo y mente limpia. Sabias son algunas resoluciones del Tribunal Supremo que han sentado el llamado “criterio de la tasación por equiparación en fincas de situación y características análogas”. En todo caso, la “mejora aprovechable” exige que los bienes hayan aumentado su valor intrínseco debido a actuaciones administrativas, y que este aumento sea beneficioso para el reversionista. No es sólo un criterio objetivo, entonces, puesto que juega también la subjetividad del expropiado: debe ser oído y podría en su caso acreditar que la actuación no le aprovecha. Por ejemplo, a la luz de la nueva ley, no pueden considerarse mejoras las infraestructuras administrativas si no reúnen las condiciones de seguridad o idoneidad requeridas para el nuevo núcleo de población, que generalmente se pretenderá asentar sobre modelos de infraestructuras más modernos. En este sentido, deben abandonarse como modelo las anécdotas esperpénticas -pero reales- de casos en los que se ha hecho pagar, al beneficiario de una reversión de finca, el valor de un búnker militar mientras estuvo adscrito al Ministerio de Defensa.

Descarto que en Jánovas pueda observarse ninguna mejora aprovechable para sus antiguos vecinos, y también lo descarto para Saqués. Por el contrario, me parece muy defendible la afirmación de menoscabos o deméritos en el valor de las fincas, entre otras razones de peso porque estos núcleos abandonados han experimentado una descatalogación urbanística sin precedentes. Solo la laboriosidad y las inversiones de sus nuevos propietarios harán que tiempo después gane para ellos un legítimo y respetable contenido patrimonial que a nadie debe escandalizar. Esto aleja cualquier peligro de que exista especulación urbanística o, dicho llanamente, de que se produzca algún “pelotazo”, posibilidad que tanto preocupa a los directivos de Endesa y también -por qué no decirlo- a algunos altos funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro. En tiempos en los que está fuera de lugar la condescendencia teñida de sexismo, racismo o desprecio por lo rural, otrora omnipresente en multitud de lenguajes, subsisten sin embargo tendencias paternalistas de organismos públicos y privados hacia los que en un día lejano fueron “sus” expropiados o “sus” bienes.

Quizá, efectivamente, alguien cree conservar alguna tutela sobre nosotros y sobre nuestros bienes. Quizá se piensa que los montañeses somos genéticamente especuladores, seamos o no reversionistas, pero este sesgo es tan maniqueo como afirmar que las empresas eléctricas son con toda seguridad llevadas a la quiebra por sus directivos después de haber cometido atrocidades medioambientales en muchos puntos del planeta (y no me refiero a ENDESA en concreto). De modo parecido también la CHE, como obra humana y perfectible, ha tenido que reconocer su responsabilidad en alguna ocasión a la hora de definir el interés general. Su infalibilidad queda severamente cuestionada con el “pantano de papel” de Jánovas (Marisancho Menjón “dixit”) o con la sobreexpropiación primero y la posterior cesión a Cruz Roja del núcleo urbano de Saqués sobrante del pantano de Búbal, sustentada en bien endebles instrumentos jurídicos. Todas estas invocaciones del interés general han tenido que ser revisadas años después gracias, por cierto, a la tenacidad de algunos montañeses. Y también honra, dicho sea de paso, a los funcionarios a los que ha tocado deshacer heredados entuertos.

Inocencio Arruebo Lafuente
Presidente de la Asociación de Antiguos vecinos de Saqués