El juzgado obliga a desmontar la central que arrasó las pozas de Oia

LA VOZ DE GALICIA

(17/02/2009)

La empresa ocupó un área de servidumbre no prevista en el contrato sin justificar la utilidad pública del proyecto

La sentencia condena a Hidrotide a retirar el acueducto y el tendido eléctrico por ocupación ilegal de terreno

El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Tui ha condenado a la empresa Hidrotide a desmantelar la minicentral eléctrica que desde hace quince años explota en el río Vilachán, en las parroquias de Burgueira y Loureza de Oia. Esta minicentral es la que provocó un vertido de toneladas de lodos el pasado mes de junio que arrasó las pozas de Burgueira.

Pero el fallo judicial no responde a aquel desastre ecológico, denunciado por los comuneros de Burgueira, sino a otra demanda que fue planteada por la comunidad de montes de Loureza por una ocupación irregular de sus terrenos. El edificio de la minicentral eléctrica construida en la ribera del río cumple con las condiciones del contrato firmada en su día entre la empresa y los comuneros, pero no así el cableado y la tubería, que son partes indispensables para que el sistema funcione.

La sentencia obliga a la empresa a retirar el tendido de cableado que sirve para extraer la energía producida en el río y la tubería que conduce el agua hasta la planta de transformación. El cableado ocupa una longitud de 165 metros cuadrados y 2.475 metros cuadrados de superficie, mientras que la tubería ocupa un área de 495 metros cuadrados.

Según la sentencia, desde una interpretación lógica del contrato, sería razonable pensar que, al ceder el derecho de superficie para construir la central hidroeléctrica, la comunidad de montes procedió a atribuir amplias facultades a la empresa para realizar todas las obras que sirvan para poner en funcionamiento la central, incluida la constitución voluntaria de servidumbres para la conducción del agua y la energía eléctrica.

Sin embargo, afirma que en este punto la ley de montes vecinales en man común de Galicia es clara, ya que sólo admite imponer servidumbres en los montes vecinales por causa de utilidad pública e interés social, requisito que no consta que se haya producido en este caso particular.