Embalses en el banquillo

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN (28/05/2006)

La sentencia del ´caso Yesa´ pone de nuevo de actualidad la judicialización de los pantanos.

Mientras algunas obras públicas avanzan más rápido de lo que la propia Administración permite –paradójico, pero real–, otras se pierden en el laberinto burocrático. Las actuaciones hidráulicas forman parte de este último grupo. Y si a eso se une el hecho de que las más controvertidas están en los tribunales, la ralentización se convierte en paralización. La sentencia que esta semana absolvió a varios exaltos cargos del Ministerio de Medio Ambiente por su proceder en la tramitación del recrecimiento del embalse de Yesa ha hecho suspirar de alivio a muchos técnicos. Pero no hace olvidar que, además de que ese fallo será recurrido, hay otras dos grandes obras con procesos judiciales abiertos.

La querella criminal interpuesta contra los seis exaltos cargos de Medio Ambiente, entre ellos, el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Tomás Sancho, y el exdirector general de Obras hidráulicas, Carlos Escartín, era el proceso más grave de todos los iniciados. Pero se habían abierto otros contenciosos contra trámites administrativos del proyecto.

Pese al suspiro de alivio de los imputados en el caso Yesa, que se ha convertido en una especie de soplo colectivo entre los técnicos de la Administración, el proceso no ha terminado, porque el Ayuntamiento de Artieda (promotor de la querella) ya tiene claro que recurrirá. Esta sentencia, conocida el lunes, dos meses después de que se celebrara el juicio, en la Audiencia Provincial de Madrid, ha tenido otra virtualidad:
poner de nuevo de actualidad el hecho de que hay más obras en el juzgado.

El caso pendiente más significativo es el del embalse de Santaliestra. Y es porque el proceso lo inició el ayuntamiento de esa localidad, que se ha retirado. La Fiscalía, sin embargo, mantiene la acusación, por lo que el juicio –pendiente de fecha– se celebrará igualmente.

Se trata, también, de una querella que interpuso el consistorio de Santaliestra y que, también, implicaba a exaltos cargos de la administración hidráulica. Los ya citados Sancho y Escartín y el exsecretario de Estado Benigno Blanco, entre otros (en este caso hay siete procesados).

Es posible que este juicio comience tras el verano, pero aún no tiene fecha.
Los promotores de la querella se retiraron, porque en la Comisión del Agua se alcanzó un acuerdo entre afectados y beneficiarios por la que los primeros renunciaban al embalse y los segundos al juicio.

Y así lo hicieron ambos. Pero el fiscal sigue su curso y mantiene su acusación por presuntos delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad, y solicita desde penas de prisión hasta inhabilitación, dependiendo de los procesados. Como ha sucedido con Yesa, este juicio también se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid.

Todavía más complejo es el caso del tercer proyecto en el banquillo, el del embalse de Biscarrués, que lleva años paralizado pese a que llegó, incluso, a adjudicarse la obra (en diciembre del 2000). Y la complicación no está tanto en el hecho de que también se presentaron recursos contra la obra, cuanto en que todavía hay un debate interno abierto en Aragón para buscar una solución de consenso sobre esta actuación.

Por el momento, no ha habido forma de hallarla. Y no parece que vaya a haberla después de que las organizaciones de afectados y los ecologistas hayan abandonado ese debate (en la Comisión del Agua). Aún se intenta lograr un pacto mayoritario, a la vista de que el unánime parece quedar lejos. Pero no es fácil.

Y, además, el proyecto seguirá teniendo el lastre de los recursos judiciales. La Administración sostiene que la cuenca del Ebro es la única donde los proyectos hidráulicos se llevan a los tribunales por la vía penal, como forma de poner más trabas a unas actuaciones que son muy lentas de por sí. Nada que ver con tramitaciones relámpago y de regularidad dudosa como las de la línea del AVE o la del fallido trasvase del Ebro.

El caso es que mientras los defensores de los embalses se han sentido respaldados tras la sentencia de Yesa, los detractores no consideran que tengan que cejar en su empeño. La bajada del mazo sigue pendiente.