Ingenieros de Medio Ambiente estaban en contra de la presa de Yesa por el riesgo de desplazamientos

EUROPA PRESS

(21/03/2006) 

Ingenieros de Medio Ambiente estaban en contra de la ubicación de la presa de Yesa por el riesgo de deslizamientos

Dos peritos del Ministerio de Medio Ambiente declararon hoy en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid contra los responsables del proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa, entre las Comunidades de Aragón y Navarra, que estaban en contra de su ubicación por el riesgo que podrían suponer los deslizamientos de las laderas, según informó a Europa Press la asociación Río Aragón.

Ante la Sección Quinta, los peritos defendieron las tesis que sustenta la acusación particular, tanto en lo referente a la existencia de deslizamientos en las laderas del embalse, así como en la importancia de la afección del recrecimiento de la presa al patrimonio histórico del Camino de Santiago (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO).

En este sentido, el arqueólogo José Luis Ona, quien realizó en 2001 de un estudio realizado por encargo de la Diputación General de Aragón sobre la delimitación del Camino de Santiago en su trazado histórico en la Canal de Berdún, manifestó al tribunal que "el recrecimiento inunda 20 kilómetros en el llamado ramal norte y 7 en el ramal sur de la Ruta Jacobea".

Asimismo, declaró el perito de la Fiscalía Gaspar Zaragoza Gomis, quien trabajó durante años en el Área de Seguridad de Presas del Ministerio, y admitió la existencia de deslizamientos con consiguientes riesgos geológicos sobre el embalse de Yesa.

RAZONES HUMANITARIAS

Por otro lado, el Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza), que ejerce la acusación particular, modificará la solicitud de condena de prisión para la acusada Dolores Carrillo, ex directora general de Evaluación Ambiental, por razones humanitarias en relación a su grave estado de salud.

La petición inicial de penas para Carrillo era de 2 condenas de 10 años cada una de inhabilitación para cargo público, que se mantienen, y una condena de 3 años de prisión, que ahora se retira, por los delitos de riesgo catastrófico, contra el patrimonio histórico y los recursos naturales y por prevaricación.