Apuntes para prevenir inundaciones y sequías en el estado español

Diagonal

Pedro Arrojo Agudo

Una nueva gestión del agua

En plena crisis de sequía, el autor repasa algunas de las soluciones equivocadas y propone alternativas para mejorar la planificación hídrica.

Vivimos en un país mediterráneo en el que sequías y crecidas son eventos normales que pueden y deben prevenirse. Durante gran parte del siglo XX la estrategia se ha basado en la construcción de presas, motas de ribera y escolleras. Se trataba de desarrollar el paradigma de ‘dominación de la naturaleza’ que ha presidido, desde el Renacimiento, nuestra concepción de la ciencia y de la técnica. En este camino, sin duda, han sido muchos los éxitos y beneficios; pero también han sido notables los fracasos e impactos ambientales que hemos provocado y sufrido, lo que viene motivando, a lo largo de la última década, la necesidad de revisar estos enfoques y estrategias.
Desgraciadamente, hasta ahora, las nuevas crecidas y sequías se han venido presentando como desgracias que exigen la construcción de nuevos embalses, trasvases, encauzamientos y motas de ribera. Embalses que, aunque se justifiquen para laminar avenidas, una vez construidos, acaban gestionándose a cota alta (almacenando el máximo de agua para regar o conseguir la máxima potencia de turbinado); con lo cual, cuando llega una nueva riada, la capacidad de laminación es mínima, cerrándose el círculo vicioso de reivindicación del siguiente embalse.

Hoy, bajo la creciente influencia de la moderna eco-hidrología, más que "dominar" los ríos se trata de comprender mejor su funcionalidad y los servicios que el sabio orden natural nos brinda. Tras las grandes inundaciones de los ’90 en el Mississipi y en el Rin, se han puesto en marcha ambiciosos planes de recuperación de espacios de inundación en estos grandes ríos, haciendo retroceder o eliminando escolleras y motas de ribera a lo largo de cientos de kilómetros. Se asume así la previsión de amplias inundaciones blandas en el curso medio (con las correspondientes compensaciones a los agricultores de estas zonas) como la herramienta más eficaz para frenar las ondas de avenida y evitar males mayores en las zonas bajas (generalmente muy pobladas). Más allá de estas llamativas actuaciones, la clave debe centrarse en respetar con rigor el espacio del río como dominio público, acabando con el desgobierno imperante pues, tarde o temprano, y por encima de nuestra poderosa ingeniería civil, el río acaba volviendo con sus escrituras bajo el brazo.

En lo que se refiere a las sequías, proponer como alternativa general construir nuevas presas, en el país del mundo con más embalses por habitante y kilómetro cuadrado, es tan absurdo como ofrecer un monedero al mendigo que te pide dinero. Embalses no faltan en años de sequía; bien al contrario: sobran. Lo que falta es agua. La falta de reflexión colectiva nos ha llevado a aceptar la urgencia de más embalses cuando, en realidad, el reto está en cambiar el régimen de uso de los que ya tenemos.

Se trata de reducir dotaciones en años normales (modernizando los sistemas), e incluso restringir la superficie actualmente regada, con el fin de asegurar el riego en años de escasez. Sin embargo, cuando hemos dispuesto de un nuevo embalse que podía regar en años medios 30.000 hectáreas, hemos acabado regando 40.000; con ello, sin duda, habremos conseguido un notable rendimiento en años generosos, pero el sistema quebrará en años de sequía, como ha ocurrido recientemente.

Es importante reseñar que no existen soluciones generales, sino que es preciso diseñar planes específicos en cada lugar. Desgraciadamente, la Planificación Hidrológica heredada del anterior Gobierno (tanto a nivel nacional como de cuenca), presentada en su día como el marco de resolución de todos los problemas hídricos, carecía de planes de sequía.

Hoy, se está abordando la tarea de elaborarlos, aun desde las dificultades que comporta hacerlo en plena crisis de sequía, y se están abriendo espacio a nuevos criterios y enfoques.

Bancos públicos de agua

Los bancos públicos, siguiendo el ejemplo de California, permitirían organizar el rescate de concesiones desde las Confederaciones Hidrográficas, a cambio de adecuados pagos preestablecidos por la Administración.

Tales caudales serían ofertados a los demandantes en situación de emergencia, desde precios igualmente fijados por la Administración. Ello permitiría redistribuir el uso del agua en estas situaciones de forma más flexible y con menos conflictos, en la medida que se promueven acuerdos entre usuarios cedentes y receptores. Se trata de nuevos marcos de gestión que favorecen una mejor gobernabilidad y transparencia bajo el control de las instituciones públicas, a fin de evitar fenómenos especulativos e impactos ambientales indeseados.

Sin embargo, en no pocos lugares, lejos de desarrollar esas líneas de sensatez, previsión y modernidad, asistimos al fomento de nuevos regadíos, en unos casos bajo el impulso de las instituciones públicas (como ocurre en la Cuenca del Ebro con los nuevos regadíos de Álava, Navarra, Aragón y Cataluña, en Lérida y Bajo Ebro), y en otros, desde políticas de hechos consumados, a menudo incluso al margen de la ley (como en la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía o La Mancha). Ello pensiona tanto las capacidades de los sistemas como la sostenibilidad de nuestros ríos y acuíferos. Pero sobre todo fragiliza nuestra capacidad de gestionar adecuadamente los períodos de sequía. Nos equivocamos en este sentido cuando, tanto legalmente como al margen de la ley, impulsamos o permitimos este crecimiento del regadío.

La competitividad de nuestra agricultura no pasa por producir más sino por producir mejor.

Una buena gestión integrada de aguas subterráneas y superficiales puede en muchos casos ser la clave de eficaces estrategias de gestión de las sequías. Desgraciadamente, en muchos lugares despreciamos e infrautilizamos esos embalses subterráneos, esperando que nuevas obras hidráulicas de superficie, bajo masiva subvención pública, nos ofrezcan nuevos recursos regulados.

En otros casos, por el contrario, se da una explotación abusiva de ciertos acuíferos, lo que quiebra no sólo su sostenibilidad, sino el margen que permitiría gestionar adecuadamente las sequías, cuando la disponibilidad de aguas superficiales se reduce drásticamente.

Esperemos que este nuevo ciclo de sequía, cuya duración está todavía por delimitar, sea ocasión para un auténtico debate ciudadano, en lugar de ser, como en veces anteriores, cancha para un amarillismo informativo que acaba siendo usado para justificar nuevas oleadas de obra hidráulica, tan ineficientes como gravosas para el erario público.

Planificación hidrológica, algunas propuestas

Aumentar la eficiencia de los regadíos y redes urbanas y destinar el ahorro no a nuevos usos, sino a la garantía de suministro.

Flexibilizar la regulación de los grandes sistemas de regadío mediante embalses y balsas de regulación en tránsito en las zonas de riego.

Un plan de reestructuración del regadío que permita retirar, con adecuadas compensaciones, las superficies con problemas de salinización o de baja calidad agronómica, dedicando los caudales ahorrados a incrementar la garantía de riego.

Una revisión concesional que permita amortizar las concesiones obsoletas, flexibilizar y condicionar otras, especialmente las hidroeléctricas, dando prioridad a la previsión y gestión de sequías, y rediseñar la gestión de nuestros embalses bajo criterios de regulación plurianual.

Planes de uso integrado de aguas subterráneas y superficiales, que hasta la fecha no se han desarrollado en toda su potencialidad.

Combatir y acabar con el desgobierno de aguas subterráneas, especialmente en los acuíferos sobre explotados, arbitrando estrategias que permitan usar los acuíferos como reservas estratégicas.

Combinar las medidas reseñadas con un adecuado sistema de seguros de sequía, que permitan cubrir o paliar los impactos de los ciclos extraordinarios de sequía de carácter plurianual.

No sólo revisar, sino reformar el vigente sistema concesional, mediante bancos públicos de agua transparentes y participativos.

Pedro Arrojo Agudo, pertenece al Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y es presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua.