Pobladores en extrema pobreza denuncian abusos de CEL

DIARIO COLATINO

(20/02/2006)

 

Cipriana Hidalgo perderá su humilde vivienda, construida con varas de bambú, si se construye la presa El Chaparral.

¡La presa es muerte para nuestra gente! ¡No a la presa El Chaparral! “Nuestro repudio es en nombre de Dios”, se lee a la entrada de la parroquia San Antonio de Padua, en San Miguel, departamento donde se pretende construir la presa El Chaparral.
Este proyecto de la presa impulsado por CEL obliga a cientos de familias en extrema pobreza del caserío San Antonio del Mosco, en San Miguel, a dejar sus pocas pertenencias como lo es la tierra.
Según el párroco Antonio Carballo, CEL está “robando las tierras de estos pobladores”, ya que les ofrece el pago de un dólar por vara cuadrada, lo cual es insuficiente para comprar otro terreno y pone de manifiesto el abuso y corrupción de la institución
Las condiciones precarias en este caserío son obvias en la mayoría de familias que residen en esta zona donde sobreviven de la elaboración de petates, lo que les genera un ingreso de cincuenta centavos de dólar a la semana.
“Aquí no hay oportunidad de trabajar en otra cosa, las personas se han dedicado de generación en generación a hacer petates y con eso la van pasando y ahora quieren robarles hasta la tranquilidad donde habitan, eso es pecado” manifiesta el sacerdote.
El padre Antonio, como todos lo reconocen, asegura que al menos 28 mil manzanas de terreno serán inundadas con la construcción de la presa, extensión que por ahora es ocupada por humildes ranchos de varas de bambú y plástico en donde viven las familias.
“La presa será un atentado terrorista en contra de esta pobre gente. Dónde está el gobierno con sentido humano que anuncia el presidente de la república, si se está bebiendo la sangre del pueblo, donde está la ayuda para esta gente que desde siempre ha estado abandonada”.
San Antonio del Mosco no es el único caserío perjudicado con la construcción de la presa El Chaparral, a este se suman La Fragua, La Laguna, Sicahuite, San Diego, San Dieguito, Nueva Concepción, por mencionar algunos.
Estas zonas están señaladas en el mapa, en extrema pobreza, y donde habitan al menos 50 mil personas, en su mayoría niños y ancianos que hasta hoy desconocen una alternativa de vivienda.

CEL asegura acuerdos
El presidente de Compañía Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Nicolás Salume, afirmó que con las 79 familias que viven en la zona donde se construirá la presa El Chaparral ya existe un acuerdo de reubicación y de compra de tierras.
Estas personas serán reubicadas en un terreno que se denomina Lomas del Copante, donde dispondrán de los servicios básicos como agua y luz, y donde además tendrán acceso al embalse, para que puedan llevar al ganado.
“El 52% de las tierras a inundar ya las compró CEL y las familias a las que se les compró la tierra y la casa todavía viven ahí, y ahorita estamos construyendo las casas donde serán trasladados” dijo el funcionario.
Salume sostuvo que las nuevas viviendas dispondrán de tres habitaciones y tendrán una ampliación de 15 por 30 metros. Asimismo, se les proporcionará un lote de dos manzanas para la agricultura.

Pobladores desmienten a CEL y señalan abusos
Las afirmaciones de acuerdos, manifestadas por el presidente de la CEL, fueron desmentidas por los pobladores de los caseríos de San Miguel, afectados por la presa El Chaparral.
Pobladores de los lugares afectados denunciaron que trabajadores de empresas privadas, no identificadas, están midiendo las propiedades sin autorización.
Incluso, desmintieron el dato de 75 familias, y afirman que son al menos 50 mil personas las perjudicadas.
Según Isidro Ventura, poblador de San Antonio del Mosco “unos hombres pasaron por aquí midiendo, pero no dijeron nada, ni pidieron permiso para medir el terreno” dijo.
Los pobladores temen ser desalojados a la fuerza, ya que por su cuenta aseguran que no abandonaran sus tierras.
“Es cierto que estos ranchos pueden ser inservibles para ellos (CEL), pero es lo único que nosotros tenemos y para nosotros es nuestra vida”.
Diario Co Latino hizo un recorrido por San Antonio del Mosco para verificar los acuerdos citados por CEL, sin embargo, al consultar con los pobladores sobre cual es la alternativa habitacional planteada por CEL, estos expresaron que no existe acuerdo alguno y que los afectados desconocen detalles del proyecto, aunque están claros que éste es perjudicial para su instancia en el lugar.
Los pobladores, en su mayoría, personas muy humildes son apoyados únicamente por las acciones de resistencia que desarrolla el párroco de la iglesia, ya que ni el gobierno municipal ha querido involucrarse y defender los derechos de los ciudadanos.
“Ellos dijeron que van a inundar estos terrenos, pero no nos han dicho nada, nosotros tenemos que ver para donde le damos, ellos sólo dicen que van a ver si nos compran” sostiene Ventura.

 

Padre Antonio Carballo, de la parroquia San Antonio de Padua, en San Miguel.

De acuerdo con el sacerdote, el problema más grave de estos pobladores es que la mayoría no cuentan con documentos legales de los terrenos que los identifique como propietarios, a pesar que han vivido en el lugar por muchos años y que las tierras han sido heredadas por sus padres.
“Ellos han recibido herencia de sus padres pero nunca arreglaron los papeles, no tienen escrituras y de eso se valen los de CEL, porque no pueden justificar, los sacan y punto” dijo.
Según el padre Antonio, muchas veces ha recibido amenazas de muerte por defender los derechos de “sus ovejas” , pero afirma que no lograrán intimidarlo y que continuarán luchando aun a costa de su propia vida.
“No seré el primero ni el último que asesinen, ya Cristo, Monseñor Romero y otros religiosos fueron callados mediante la muerte y esa será la única manera que me paren en esta lucha” dijo.
El clérigo denunció que la iglesia fue profanada por desconocidos, quienes robaron varias imágenes, incluida la del patrón del municipio “San Antonio de Padua”.
Afortunadamente, la noche del robo, el religioso se encontraba en la casa de unos amigos, lo que asegura que le salvó la vida.
Sin embargo, pese a las amenazas, el sacerdote sostiene que continuará en la lucha por defender los derechos de su pueblo para evitar, a toda costa, que las tierras sean robadas. Asimismo, afirmó que cuenta con el apoyo del obispo, quien también está conciente de la injusticia que se quiere cometer con la construcción de esa presa.