APIAC y AGA denuncian la postura de la Mesa del Agua sobre las tierras de Erés

DIARIO DEL ALTORAGÓN
29/10/2005
Afirman que Aragón desconoce esta zona

La Asociación para la promoción de Ayerbe y Comarca (APIAC) y la Asociación Gállego Activo (AGA) ofrecieron ayer una valoración en la Salón de la Confederación de Empresarios Oscense en relación a las decisiones tomadas por la Ponencia de Obras Hidráulicas de la Comisión del Agua en los últimos días.

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Greenpeace denuncia ´puntos negros´ fluviales

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
(26/10/2005)
Son fruto de la mala calidad del agua y de las obras de regulación
Greenpeace denunció ayer la existencia de diez puntos negros fluviales en Aragón provocados por la mala calidad del agua y el proyecto de obras de regulación, caso del recrecimiento de Yesa y la posible ejecución de Biscarrués. Su informe, titulado Agua, un estudio por cuencas , incluye el proyecto de Santaliestra.

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Nota de prensa de COAGRET

COAGRET considera que la Ponencia de Obras Conflictivas de la Comisión del Agua queda descalificada al pedir a la DGA una partida presupuestaria para comprar tierras en Erés.

Aparte de la dudosa legalidad y la irracionalidad de la propuesta, supone una intolerable presión hacia la adopción de una postura respecto al aporte de agua del Gallego a la comunidad de Riegos del Alto Aragón.

Zaragoza, 23/10/05.- La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET) ante las declaraciones del Consejero de Medio Ambiente quiere protestar enérgicamente por la actitud parcial e injusta de Alfredo Boné. A pesar de sus palabras que quieren aparentar ecuanimidad, ofrece su ayuda para allanar el camino de una de las opciones propuestas en el conflicto de Biscarrués. Actitud que se corresponde con la propuesta que el Gobierno de Aragón hizo a la Ponencia hace más de un mes de crear un banco de tierras. Da sonrojo corroborar que es precisamente la propuesta menos sostenible medioambientalmente. Bien poco se ofrece a solicitar previsión presupuestarias para enajenar terrenos en La Valcuerna o eliminar regadíos ambiental y económicamente insostenibles.

La propuesta de inundar Erés y todo el Gallego en la zona del Reino de los Mallos, además de suponer la destrucción de un pueblo y sus hogares, de empresas y 300 puestos de trabajo (no se ha oído al Consejero Bandrés pedir por la no deslocalización de estas empresas), destruye uno de los paisajes más emblemáticos de Aragón, que si no fuera por la obstinación irracional de algunos, estaría preservado por alguna figura de protección medio ambiental, como ha pasado con el río Ara en Jánovas.

Nos causa estupor ver el rechazo de la Comunidad de Riegos del Alto Aragón a las alternativas al embalse de Biscarrués a pesar de suponer el doble o el triple del agua para los Monegros. Ya que no es por el agua para el regadío, Riegos del Alto Aragón, el Instituto del Agua y el Gobierno de Aragón deberían explicar cuales son las verdaderas razones que les mueven a pedir el embalse de Biscarrués.

Y además, sequía mental

EL PERIÓDICO DE CATALUÑA
Este año la sequía metereológica (llueve menos de lo habitual) ha llegado de nuevo a España. Y ha aumentado la hidrológica (menos agua para consumir), lo que implica problemas económicos y sociales. Hasta ahora hemos intentado controlar la sequía metereológica con obras hidráulicas (embalses,

trasvases) y pensábamos que lo habíamos conseguido, pero más de tres millones de hectáreas de regadío, 267 campos de golf y agua para millones de españoles (y turistas) han agotado el modelo basado en el cemento. Y ello se verá agravado por el cambio climático, ya que, aunque siguiera lloviendo más o menos lo mismo, el aumento de las temperaturas disminuiría los recursos hídricos hasta en un 20% en 50 años. Así que debemos acostumbrarnos a las medidas de ahorro que se anuncian para Madrid o a las de emergencia que se declararán en Barcelona en fechas próximas.

Y si no tomamos medidas para prevenir la sequía hidrológica, se nos transformará en estructural, como la de Murcia. Cuando las demandas de agua se multiplican más allá de los recursos entramos en una sequía hidrológica casi permanente: la sequía estructural, la cual no hace más que crecer si se persiste en el aumento del consumo. Y el cambio climático lo empeora, ya que disminuye los recursos. Si se depende de trasvases (como el Tajo-Segura), como éstos van a disminuir por el cambio climático, en pocos años será difícil o casi imposible trasvasar agua; o sea, habrá sequía constante.

Mientras, las grandes metrópolis como Madrid y Barcelona, embarcadas en un crecimiento constante (de población, infraestructuras, transporte) usarán cada vez más agua y tendrán menos recursos por el cambio climático. Con ello generarán una espiral de insostenibilidad que acelerará el uso del agua y provocará que sus sequías hidrológicas acaben siendo sequías estructurales.

Parece además que sufrimos sequía mental: la que nos impide ver que la dirección correcta para remediar la sequía. Es justo la contraria que la que estamos utilizando (más infraestructuras, más presión sobre los recursos).

Vaya, que necesitamos que nos llueva inspiración para evitar las sequías estructurales que se nos avecinan.
NARCÍS Prat
Catedrático de Ecología de la UB

Presa La Parota. Historia de un fraude

“El resultado final de la influencia que ejercen intereses creados y el conflicto de intereses
es que muchas represas no se construyeron con una valoración inicial objetiva
 y de una evaluación de los criterios técnicos, financieros y económicos adecuados,
y mucho menos los criterios sociales y ambientales. No sorprende que muchas no cumplan
 los estándares aplicables en cualquier contexto”. (Comisión Mundial de Represas)

La presa La Parota en el estado de Guerrero en México tendrá un costo inicial de 800 millones de dólares que se gastarán durante 8 años que durará la construcción. Sin embargo, el retraso en la construcción de las presas se da en todo el mundo así como un aumento en el costo que ha oscilado entre un 30 y un 300% más al cálculo inicial. [1] Por tanto, más de mil millones de dólares representará de ganancias a los constructores lo cual implicará un endeudamiento al país para la siguiente generación. El compromiso político y económico ya está hecho por lo que no se pretende echar atrás el proyecto a menos que la resistencia social junto con los cauces legales logren detenerla. Esto no es imposible, ya se ha detenido la construcción de presas en muchas ocasiones, pero será difícil [2] . Este es el reto del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) y a final de cuentas de toda la sociedad porque a todos afectará la presa. Esta es la continuación de la historia. [3]
PRIMERA ETAPA: LAS ILEGALIDADES GUBERNAMENTALES.
Los mil millones de dólares que representará el negocio de la presa La Parota bien vale la pena para los constructores la cantidad de mentiras, engaños, fraudes, represión, corrupción, compra de autoridades ejidales, compra de intelectuales y universidades y múltiples ilegalidades por parte de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). La presa se ha convertido en una trinchera de resistencia popular con al apoyo de organizaciones y redes nacionales e internacionales de derechos humanos y ambientalistas; de Organizaciones No Gubernamentales (Ongs), campesinas, indígenas, obreras y de todo tipo que se han unido a la lucha del CECOP. Incluso la fuerza guerrillera de la entidad, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), manifestó su apoyo a la lucha de la sociedad civil.
El 25 de Abril de 2004 el gobierno y las autoridades ejidales compradas por él simularon una Asamblea Ejidal de 12 minutos de duración para dar la autorización a la construcción de la presa y el consecuente desalojo de las tierras. Fue impugnada legalmente por 1590 comuneros quienes interpusieron ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41 con sede en Acapulco una demanda de nulidad por no cumplir con los términos legales, por haberse falsificado firmas, por haber incluido hasta el voto de ejidatarios ya muertos y otras irregularidades. El Tribunal acordó dar paso a la medida precautoria solicitada por los comuneros, por lo cual se ordenó al gobierno y a la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) que las cosas se mantuvieran en el estado en que actualmente se encontraban en la Comunidad Agraria de Cacahuatepec, y que quienes se oponen al proyecto “no sean desalojados de los puntos de acceso que tienen obstruidos, a fin de garantizar la tranquilidad social en el núcleo agrario en comento” [4] . Además se ordenó notificar a la CFE que “se abstenga de realizar (los estudios preliminares de factibilidad) en tanto no se resuelve el presente juicio por sentencia ejecutoriada”. El Tribunal alertó de la posibilidad de enfrentamientos físicos si se continuaba con a obra.
Pese a la prohibición legal, los supuestos Estudios de Impacto Ambiental (EIA) fueron entregados a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dos 2 meses después, en un documento de 1536 páginas que no se explican ya que desde el 28 de julio de 2003 los plantones  impiden el paso de maquinaria de la CFE y cualquier personal. Además, la Semarnat está emplazada con un Recurso de Revisión, ya que los estudios no cumplen con las normas ambientales, de salud, de sismología, de destrucción de fauna y flora endémicas protegidas, y falta de estudios sobre el flujo de las corrientes subterráneas, además de que promueven la destrucción de la cuenca del Río Papagayo. Por su lado, el comisariado de Bienes Comunales está demandado en una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por falsificación de firmas, lo mismo que el notario y los funcionarios agrarios que avalaron ese delito. Está interpuesta una segunda denuncia penal, contra la CFE, también ante la PGR, por delitos ambientales.
Luego la CFE convocó, creando las dificultades de la participación de la sociedad, a una supuesta consulta pública donde lo pobladores rechazaron la construcción y denunciaron las mentiras, engaños y simulaciones por parte del gobierno. Meses después una delegación del CECOP asistió al III Encuentro del Movimiento Mesoamericano contra las Represas que se llevó a cabo en El Salvador en 2004. A su regreso, Rodolfo Chávez Galindo se encuentra con órdenes de aprehensión en su contra y uno de los líderes de la comunidad, Marco Antonio Suástegui, fue detenido, encarcelado y torturado. Tras su liberación el movimiento de resistencia cobró más fuerza y meses después la comunidad de Aguas Calientes vio nacer el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) que realizó su primer encuentro en esa comunidad [5] , movimiento que no tiene precedentes en el país. Cientos de personas y organizaciones mexicanas y algunas solidarias del extranjero se reunieron para iniciar el primer movimiento contra las represas que se haya registrado. El CECOP logró articularse con muchas organizaciones de todo el país y de diversa índole. Para principios del 2005 lograron participar con una delegación muy nutrida en el II Encuentro del Mapder en lo que pretende ser la presa de Arcediano en Guadalajara, Jalisco. Y mientras se preparan junto con la delegación mexicana a asistir al III Encuentro Latinoamericano contra las represas en octubre de 2005 en Guatemala [6] , el gobierno mexicano sigue avanzando con la construcción de la presa sin la autorización legal.
Julio y agosto de 2005 fueron los meses en que le gobierno agudizó el conflicto y las ilegalidades. Aunque en otros accesos las comunidades en resistencia continúan bloqueando las entradas a la zona de la cortina, los trabajadores de la CFE continuaron con las labores preparatorias en otros 30 poblados que conforman los bienes comunales de Cacahuatepec. En el caso de los habitantes de la comunidad Los Mayos dieron el permiso a la paraestatal ya que ellos creen que su pueblo no será afectado por estar en la punta del cerro y que no será anegado. De cualquier forma, el director de la empresa, Alfredo Elías Ayub, niega que la CFE esté realizando obras. Pero esto es el pan de cada día. Todo aquello que comprometa la construcción de la presa ha sido, es y será negado sistemáticamente. De igual manera en la presa de El Cajón, actualmente en construcción avanzada en el estado de Nayarit, los trabajadores muertos durante las obras no existen para la paraestatal ni para la opinión pública.
La CFE continuó realizando en la zona conocida como Las Parotas, al otro lado del río Papagayo, la perforación de los cerros y la apertura de brechas y caminos donde se pretende ubicar la cortina de la presa, lo que ya está perjudicando las tierras de otros campesinos. Por su lado, la abogada Priscila Rodríguez Bribiesca del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), aseguró que "están talando y desmontando la selva caducifolia sin los permisos respectivos de la Semarnat”. Pero no sólo eso, lo más grave es que la CFE no ha iniciado con los trámites de expropiación de las tierras a los campesinos y tampoco cuenta con el cumplimiento de la normatividad agraria respectiva. Ante ello, un demanda ante el Tribunal Agrario o una solicitud de amparo teóricamente debería detener las obras ilegales del gobierno. Este es el principal obstáculo que intentará salvar la CFE y que generará los mayores brotes de violencia.
Para el 31 de Julio de 2005 el CECOP y más de 70 organizaciones de todo el país y otras del extranjero convocaron a un “Encuentro Nacional contra la Presa La Parota” [7] en la Comunidad de Aguas Calientes, Anexo de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Municipio de Acapulco. Entre los objetivos se plantearon “Unir voces y reforzar lazos de solidaridad; saber y hacer saber que no estamos solos; fortalecer la organización de las comunidades; reafirmar el rechazo total a la Presa La Parota, como decisión mayoritaria de los Pueblos; escuchar las razones de organizaciones que se unen a la defensa de la tierra de comuneros y ejidatarios, y del agua del Río Papagayo.” El encuentro fue un éxito. Las Organizaciones presentes en el Encuentro acordaron 1. No ceder un centímetro más de tierra a los impulsores del despojo. Acapulco es de todos los acapulqueños, no sólo de los empresarios; 2. Alto a los despojos anunciados en La Parota, en Acapulco Diamante y en Puerto Marqués; 3. Defender el medio ambiente y la ecología contra los depredadores: la CFE, las empresas trasnacionales, los empresarios locales (lagartos al acecho de lo que les dejen), y los obsoletos líderes corruptos de la CNC (lagartijos que van sobre las migajas); 4. Alto al ecocidio que significaría inundar en La Parota 170 millones de metros cuadrados, once veces la bahía de Acapulco (no tres veces, como dicen quienes mucho ocultan); 5. Nos pronunciamos contra la privatización del agua, de la tierra, de los servicios y de los energéticos; 6. Acordamos formar un frente único en defensa de la tierra, del agua; de la cuenca del Río Papagayo, su fauna, flora y biomasa; en defensa del medio ambiente y la biodiversidad de nuestro estado y en defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos, como parte de los derechos humanos; 7. Combatir unidos la represión, el hostigamiento, las amenazas y las desapariciones forzadas; 8. Ampliar las redes de solidaridad y la unión de los pueblos en resistencia, particularmente con el EZLN.
SEGUNDA ETAPA: LA AGUDIZACIÓN DEL CONFLICTO.
En el mes de agosto de 2005 inicia una nueva avanzada del gobierno por la ilegalidad. Le apura aprobar el proyecto e iniciar formalmente la licitación de los mil millones de dólares. Para este momento los gobiernos federal, estatal y municipal ya han comprometido todo y están obligados a ver la forma en cómo los campesinos den el aval al proyecto de manera legal para dar su visto bueno al proceso expropiatorio y el permiso para cambiar el uso de suelo. Para ello se necesita la aprobación de la Asamblea Ejidal. El gobierno inicia spots publicitarios comprando al futbolista Jorge Campos para convencer a la población de aprobar la obra. También se vende el Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec e inicia la convocatoria a una Asamblea General de Comuneros para el día 14 de agosto y con ello se despliega todo un arsenal de corruptelas e ilegalidades en los tres niveles de gobierno.

La convocatoria es ilegal en tiempo, modo y forma según lo estipula la Ley Agraria. Se convoca pocos días antes y modificando la sede. Se orquestan también todos los mecanismos fraudulentos como el envío de personal médico para dar consultas y se les piden las firmas a los campesinos. El gobierno también comenzó a pagar por las firmas y recoger las credenciales de elector. Por su lado la Procuraduría Agraria acelera el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) para dar paso a la modificación del uso del suelo de las tierras comunales, la actualización del Padrón de comuneros y la implementación de manera gratuita del programa "hereda" (testamento agrario) con el fin de garantizar el voto, a favor de la venta de las tierras, por parte del testamentado. Los comuneros advierten sobre estas ilegalidades y responsabilizan al gobernador perredista de lo que pudiera suceder. El 8 de agosto los comuneros presentan un amparo y la nulidad de la Asamblea ante el Magistrado del Tribunal Unitario.
Ese mismo día el CECOP envía una carta al gobernador del estado de Guerrero, Zeferino Torreblanca, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde los comuneros le hacen responsable “de los problemas que pueda haber el día domingo 14 de agosto del 2005, en el poblado de El Campanario, en virtud de que tenemos conocimiento que usted se está prestando a querer llevar a cabo la autorización de expropiación de nuestras tierras comunales, pretendiendo efectuar asamblea general de Comuneros fuera del lugar acostumbrado y con la protección de policías estatales, situación que no es de su competencia, ya que las asambleas comunales son soberanas y no se requiere de coacción y de vigilancia para que podamos los comuneros llegar a acuerdos”. Por su lado, tres días antes de la celebración de la ilegal Asamblea, el Espacio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC) y  de la Red Guerrerense de Derechos Humanos [8] envían una misiva al gobernador y al presidente municipal de Acapulco donde especifican que asistirán a dicha Asamblea por invitación del CECOP para “realizar la observación  del desarrollo de la mencionada Asamblea, a fin de cerciorarnos de que ésta se lleve cabo con apego al marco legal vigente.”
Por fin llega el día 14 de agosto y los autobuses procedentes de 23 de las 43 comunidades comienzan a llegar a la comunidad El Campanario. La CFE acarreó a los campesinos con el fin de lograr el quórum de al menos poco más de 3 mil campesinos, de los 7 mil 200 registrados en el padrón para aprobar la "solicitud de la CFE a la asamblea para obtener la anuencia para que se lleve a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos destinados a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, obras complementarias, embalse y todos los caminos necesarios de acceso a la obra y firma por el comisariado de los respectivos convenios de ocupación previa y su pago, así como convenios de ocupación temporal". También trasportó en helicóptero a diez notarios públicos de Acapulco para dar fe de la ilegalidad, entre ellos a Robespierre Robles Hurtado, hijo del ex secretario general de Gobierno del estado José Rubén Robles Catalán -asesinado recientemente-, así como Miguel Ángel Maldonado, ex titular del Consejo Estatal Electoral y representante en México de las trasnacional Domino’s Pizza.
Diversas corporaciones policíacas instalaron retenes para impedir el paso de los comuneros del CECOP por lo que tuvieron que caminar nueve kilómetros por el monte para llegar a El Campanario. Al llegar los que lograron burlar los retenes se encontraron con una malla electrificadas y resguardadas por 400 efectivos de las distintas corporaciones policíacas, mientras un conjunto de música tropical contratado para el evento empezó a tocar para acallar la protesta. Después de dos horas de tensión y jaloneos entre campesinos opositores y policías, alrededor de las 12:30 horas, el representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC) permitió el ingreso a la asamblea a campesinos que no pertenecen a ninguna de las comunidades afectadas. Las protestas se incrementaron y los policías lanzaron gases lacrimógenos. El enfrentamiento duró 20 minutos y dejó un saldo de diez campesinos golpeados y uno bañado en sangre. Los opositores quemaron las papeletas y destrozaron las carpas de plásticos haciendo correr al presidente de los bienes comunales con la gente que está a favor de la presa. Ahí encontraron documentos con los acuerdos previamente elaborados y un padrón manipulado. Los comuneros del CECOP desconocieron entonces al Comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y exigieron cárcel por usar la fuerza pública en su contra y responsabilizaron al gobernador de Guerrero, al presidente municipal de Acapulco, al presidente Vicente Fox y a la CFE por la agresión sufrida. [9]
Ante la estrategia fallida, el gobierno y la CFE intentaron otra Asamblea ilegal nueve días después, el 23 de agosto, en otro municipio, sin informar ni confirmar el lugar sino 24 horas antes. La CFE pagó 200 pesos a cada comunero por su firma y contrató 15 autobuses (donde no caben más de 500 personas) que recogieron a los comuneros, les colocaron un distintivo color naranja para evitar infiltraciones de opositores. La Asamblea fue adelantada dos horas y la celebraron rápidamente en media hora en que, según la CFE, sólo 2 mil 385 campesinos, comprados, de los 7mil 285 en total que serán directamente afectados, dieron su beneplácito sobre la “solicitud de la CFE a la asamblea para obtener la anuencia para que se lleve a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos destinados para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Parota, obras complementarias, embalse y todos los caminos necesarios de acceso a la obra y firma por el comisariado de los respectivos convenios de ocupación previa y su pago, así como de convenios de ocupación temporal”. Sin alguna intervención, comentario ni discusión el presidente de la mesa pidió que “levanten la mano los que están de acuerdo”, y todos lo hicieron. Luego que levantaran la mano los que no están de acuerdo. Nadie levantó la mano. Por unanimidad se aprobó el punto. Luego se aprobó de la misma manera la “solicitud para obtener la anuencia de la asamblea para que la CFE realice el trámite de cambio de uso de suelo en terrenos forestales destinados a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, obras complementarias, embalse, todos los caminos necesarios de acceso a la obra y línea de transmisión La Parota entronque Los Amates-Playa Diamante”, y la “Solicitud de la CFE a la asamblea para que autoricen al comisariado de los Bienes Comunales la constitución de servidumbre de paso ante notario público, para la construcción de la línea de transmisión denominada La Parota-entronque Los Amates-Playa Diamante”.
Así, la expropiación que realizará la CFE se hará sobre 14 mil hectáreas, de las cuales mil 300 se ubican en la comunidad de Cacahuatepec; esto se ubica en 19 núcleos agrarios que también van a ser afectados por las construcciones, que son propiedad de 10 poblaciones cercanas, “por lo que podemos anunciar que nos comprometemos a construir 800 viviendas para igual número de familias afectadas directamente por la presa”, según la CFE. A la paraestatal esto le costó también darles de comer a los que acarreó: pollo en barbacoa, arroz blanco y refrescos de Cocacola o Fanta.
Algunos medios confirmaron que sólo habían llegado a la Asamblea alrededor de 1,200 campesinos y que la CFE tenía en su poder cantidad de credenciales de elector que había recogido. Mañosamente la CFE dejó para después la negociación de cuánto sería la indemnización y cómo sería el proceso de desalojo. Al terminar la Asamblea los opositores a la presa llegaron luego de sortear 10 retenes policíacos que pretendían retrasar su llegada y que al llegar se enfrentaron con 400 policías quienes lanzaron gases lacrimógenos y golpes, dejando saldo de decenas de lesionados. Los comprados por la CFE, y todos los demás funcionarios del gobierno apresuraron la clausura y salieron corriendo a sus vehículos.
Aunque los líderes de la CNC confirman que los disidentes de ésta organización han recibido 12 millones de pesos de la CFE, el secretario general disidente, Evencio  Romero Sotelo, dijo ante los medios que la realización de la asamblea le costó a la Fundación Campesina de Desarrollo Rural, A.C., 2 millones 500 mil pesos, y con la anterior “hemos gastado como 7 millones de pesos por esta situación, afortunadamente hay guerrerenses, hay mexicanos que están aportando a esta asociación, que no nada más se dedica a eso, se dedica a crear proyectos productivos”. Dijo además que el resultado de esta asamblea “no es un cheque en blanco, es el inicio, esto apenas inicia, qué quiero decir con eso, que van a negociar, todavía falta otra asamblea donde habrán de sentarse a cómo van a pagar tanto la tierra como los bienes distintos a la tierra.” Pero, “sin esta asamblea, la presa de La Parota se hubiese venido abajo”. Y agregó: “ya es un hecho La Parota, esto es motivo de alegría para los guerrerenses bien nacidos, para los que queremos el progreso de Guerrero”.
Para el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, el estado debería saber que la asamblea carece de legalidad, según jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que niega a las autoridades “facultades para reunirse fuera del lugar donde ejerce su autoridad, para iniciar el trámite de privación de derechos a uno de sus miembros”. El abogado hace referencia a que en el artículo 25 de la Ley Agraria estipula que la asamblea debe de realizarse dentro de la jurisdicción de los Bienes Comunales, y que sólo por causa justificada no podrá realizarse ahí, y en esto se basaron el presidente de los comuneros Crecencio y su asesor Evencio Romero, con el apoyo de la CFE y del gobierno del estado. Sin embargo aclara que esa disposición es tan confusa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia correspondiente sobre los requisitos de lugar y trámite de la asamblea que inicia procedimiento de privación de derechos, que a la letra dice que en este caso: “…Aceptar ese criterio llevaría a legalizar situaciones absurdas y violatorias de las garantías de los afectados; por lo demás, del hecho indiscutible de que la asamblea general de ejidatarios es una de las autoridades del núcleo de población, no se sigue necesariamente que tenga facultades para reunirse fuera del lugar donde ejerce su autoridad, para iniciar el trámite de privación de derechos a uno de sus miembros”. “De acuerdo con lo anterior, si en la especie se trató de privar de sus derechos individuales a miembros del ejido, la asamblea general de ejidatarios debió haberse celebrado precisamente en el lugar donde se asienta este núcleo de población”.
De cualquier manera el CECOP confirmó que “aún así no pasarán. La tierra no se vende”. Por su lado, ese mismo día el Espacio DESC declaró en un comunicado que “manifiesta su profunda preocupación por la 2ª Asamblea de Bienes Comunales de Cacahuatepec que ha sido convocada por las autoridades comunales de manera ilegal, porque está convocada fuera de tiempo y fuera de los bienes comunales de Cacahuatepec que serán afectados si se construye la presa la Parota. Además, la convocatoria a la asamblea supone un desacato a las medidas cautelares decretadas el 15 de julio de 2005 por el Tribunal Unitario Agrario, en el sentido de que, cualquier autoridad se abstenga de realizar actos que modifiquen las condiciones jurídicas de los bienes comunales. Al Espacio DESC le preocupa el uso excesivo de la fuerza pública, la violación a los derechos humanos a la información, consulta y participación de los comuneros, así como la provocación que supone  convocar a una asamblea irregular que pueda generar hechos de violencia. Exigimos al gobierno de Zeferino Torreblanca actuar con apego a derecho.”

La construcción de la presa La Parota cuenta además con el apoyo de los empresarios de Guerrero y del gobierno federal, del Partido de Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Por si fuera poco, el candidato a la presidencia por el PRD, Andrés Manuel López Obrador, Zeferino Torreblanca -gobernador perredista del estado-, y Félix Salgado Macedonio, candidato también del PRD a la presidencia municipal y a quien la CFE le ofreció dinero para financiar toda su campaña si se comprometía a apoyar el proyecto, están de acuerdo con la construcción de la Parota.
Los comuneros han recibido el apoyo y la solidaridad de grupos de derechos humanos, ambientalistas, Ong’s, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), del Frente Sindical Campesino, Indígena y Popular, del Sindicato de Telefonistas de la República (STRP) Mexicana en Guerrero, de la Alianza por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder)  y organizaciones similares de todo el Continente incluso de Europa, entre otros muchos. También por correo electrónico el Ejército Popular Revolucionario (EPR) afirmó en un comunicado que la aprobación ilegal de la construcción de La Parota no es más que una medida autoritaria del Gobierno estatal para despojar de sus pocos bienes a los campesinos. "Esto es continuar con el plan privatizador de la oligarquía nacional, y ahora los comuneros y comuneras tendrán que defender sus tierras por medio de la resistencia", señaló el grupo guerrillero.
La CFE festeja su triunfo. El director de la paraestatal Alfredo Elías Ayub advierte que la asamblea proporciona un instrumento legal para actuar en contra de los que se opongan al proyecto y anunció el inicio de la construcción el primer semestre de 2006. Según el boletín oficial “en la asamblea de este martes (…) con 2 mil 785 votos a favor y 50 en contra, comuneros del núcleo agrario de Cacahuatepec aprobaron el desarrollo del proyecto hidroeléctrico La Parota”. [10] Los datos no coinciden con los que se dieron a conocer durante la asamblea. y de acuerdo con cálculos de los reporteros fueron poco más de mil. Según los cálculos nuestros no pasaron de 500 los que cabrían en 15 autobuses urbanos.
El portavoz de los comuneros opositores a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y sobre quien pesa órdenes de aprehensión en su contra, advirtió que a pesar de la “aprobación de la expropiación en la asamblea amañada”, la CFE no pasará a sus tierras. Reiteró que “primero muertos” a ceder un centímetro de ellas para la presa. El CECOP declaró "la guerra" a la CFE y al gobierno de Guerrero. Declaró ilegal la Asamblea y se declararon en "resistencia total contra La Parota". El CECOP informó que cerró los accesos a los bienes comunales de Cacahuatepec para todas las corporaciones policíacas y los trabajadores de la paraestatal. “DECLARAMOS UNA VEZ MÁS QUE NO CEDEREMOS. VA PRIMERO NUESTRA VIDA  QUE  CEDER  NUESTRAS TIERRAS.”
No cabe duda que los intereses económicos sobre las presas pesan más que la responsabilidad social, política y ecológica. Con razón la Comisión Mundial de Represas, en su informe final, concluyó: “Las grandes represas se convierten a menudo en un punto focal para los intereses y aspiraciones de políticos, de agencias gubernamentales fuertes y centralizadas, de agencias internacionales de financiación y de la industria de la construcción de represas”. [11]
Otras fuentes: El Universal, Sábado 27 de agosto de 2005; La Jornada, 3 de julio de 2005, y 15, 20, 25 y 26 de agosto de 2005; periódico El SUR www.suracapulco.com.mx


[1] Para conocer algunos ejemplos véase Informe de la Comisión Mundial de Represas 2000, www.dams.org
[2] Véanse algunos casos en Castro Soto, Gustavo, “No seas Presa de las Represas”, Ciepac, México 2005, disponible en www.ciepac.org
[3] Para mayor información sobre antecedentes de La Parota véase “Chiapas al Día” No. 399 en www.ciepac.org
[4] Como lo previene el Artículo 166 de la Ley  Agraria y lo dispuesto por el Artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia.
[5] http://www.mapder.org/
[6] www.chixoy.org
[7]  http://www.mapder.org/, http://www.hic-al.org/
[8] Casa y Ciudad,  A.C.  de Coalición Habitat México; Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam); Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (Cam); Centro de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales (Cedhescu); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh); Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo, A.C. (Cereal); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (C.M.D.P.D.H.); Deca Equipo Pueblo, A.C.; Defensoría del Derecho a la Salud; Fian – Sección México; Liga Mexicana De Defensa De los Derechos Humanos (Limeddh); Oficina Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (Hic-Al).
[9] Declaración del CECOP del 18 de agosto de 2005.
[10] www.cfe.gob.mx
[11] Comisión Mundial de Represas, p. xxxiv y 174.
Gustavo Castro Soto
CIEPAC, A.C.

Masacre en la Presa Chixoy. La resistencia en Guatemala

La policía abrió fuego y asesinó a siete personas. En julio de ese año, dos representantes de la aldea aceptaron reunirse con representantes del gobierno. Llevaron consigo la única documentación sobre los acuerdos firmados con la empresa para el reasentamiento y la compensación que recibirían. Los cuerpos mutilados de ambos fueron hallados una semana más tarde. Los documentos de la relocalización nunca fueron recuperados. Corría el año de 1980 cuando la comunidad de Río Negro se tiñó de rojo. Quince años después los sobrevivientes reclaman la reparación de daños frente al Banco Mundial (BM). Y son ellos quienes serán los anfitriones de la III Reunión de la Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua que se llevará a cabo del 17 al 21 de octubre de 2005. Ahí se darán cita las luchas de los pueblos indígenas y campesinos contra la nueva generación de proyectos de represas en el contexto de la privatización de la energía y el agua;  del Plan Puebla-Panamá (PPP) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

La sede del encuentro latinoamericano tiene una historia de sangre y horror. Todo empezó para ellos en 1976 cuando bajaron del helicóptero funcionarios del gobierno guatemalteco en la comunidad de Río Negro para decirles que sus tierras y casas quedarían bajo el agua. Cuatro años de negociaciones para luego ver que las tierras y las casas donde serían reasentados no cumplían con lo pactado por lo que se sintieron engañados por el gobierno. Pero los intereses políticos y económicos ya estaban entretejidos. La intimidación a las comunidades fue terrible. A partir de 1979 hasta 1991 el personal del Banco Mundial realizó sus trabajos de supervisión en la región por lo que estuvo involucrado en las matanzas. ¿Cómo no saber de ellas?

En 1982 el ejército citó a la comunidad de Río Negro en la comunidad de Xococ. Los militaron reunieron a 73 mujeres y hombres y con la ayuda de los paramilitares éstos fueron torturados y asesinados. Una mujer se salvó y regresó a Río Negro donde a los pocos días llegan nuevamente los militares y paramilitares que, al no encontrar a los hombres que habían huido a las montañas, violaron a las mujeres y luego las asesinaron. Otras fueron muertas a garrotazos o golpeadas hasta la muerte con palos y culatas de rifles; otras más fueron decapitadas o degolladas. Los niños fueron amarrados por los tobillos y golpeados sus cabezas contra las rocas y los árboles. Setenta mujeres y 1067 niños fueron asesinados. Dos mujeres lograron escapar y dieciocho niños fueron tomados presos por los paramilitares.

En las semanas siguientes otros 82 habitantes de la comunidad fueron masacrados y 35 niños y niñas huérfanos se encontraban entre los 92 ametrallados y carbonizados en otra localidad cercana a la presa. Uno de los supervivientes contó cómo habían dado muerte a su mujer y a sus hijos ante sus ojos cuando preguntó a las autoridades ‘¿a dónde quieren que vayamos’? La respuesta fueron los disparos. Al final, alrededor de 400 mayas Achi entre mujeres, niños y ancianos perdieron la vida bajo la dictadura militar en 1985. Sólo hasta 1991 en el “Informe Confidencial de Consumación del Proyecto” del BM se señala que el 25% de las 1,500 personas que tuvieron que desplazarse fueron asesinadas antes de que se llenara el embalse. Y no sólo la presa Chixoy fue construida durante una dictadura militar, también otros dictadores de América Latina entrenados en la Escuela de las Américas usaron las masacres y la violencia para construir presas entre los años 50’s a 80’s. Sin embargo, hoy ya no son las dictaduras militares las que con violencia y asesinatos pretenden construir más represas, sino las democracias dictatoriales como las de México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Brasil, Chile, Colombia y Argentina entre otros.

LOS INTERESES SOBRE LA PRESA.

Sabían que la presa era un fiasco, pero que representaba jugosas ganancias a las trasnacionales. Nunca se realizó un Estudio de Impacto Ambiental. En la construcción intervinieron el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); las Agencias de Crédito a las Exportaciones (ACE’s) que condicionaron al gobierno guatemalteco a comprar los servicios de las trasnacionales de sus respectivos países; el gobierno italiano y su empresa Gogefar que según testigos sus camiones fueron utilizados durante las matanzas; el consorcio alemán Lahmeyer International (LAMI) y Hochtief; la empresa Motor Columbus y Swissboring de Suiza; y la International Engineering Company de Estados Unidos (actualmente Morrison-Knudsen). Ninguno aceptó responsabilidad alguna e incluso negaron las masacres.

En el estudio de factibilidad realizado por LAMI se eligió a los 1,500 indígenas que serían desplazados y aseguró que casi no habían habitantes en la zona del embalse. LAMI tenía conocimiento que la cavidad rellena de piedra caliza, la roca volcánica altamente fisurada y las activas fallas sísmicas a lo largo del río Chixoy no hacían viable la cortina. Sin embargo en su estudio de factibilidad realizado en 1974 recomendó al gobierno construir una represa hidroeléctrica de 130 metros de altura en el lugar llamado Pueblo Viejo. En 1976 Guatemala sufre un fuerte terremoto cuando el BID ya había aprobado el préstamo por 105 millones de dólares. Esto implicó un mayor gasto para realizar un nuevo estudio sismológico en el que se detectaron nuevas fallas a las que ya había. LAMI y el BM lo sabían, la represa no serviría.

Pero el lucrativo negocio no se podía detener. El nuevo diseño retrasó 15 meses la construcción y aumentó los costos en un 10% más. En 1977 con contratistas de ocho países más que se sumaron a la rapiña de las ganancias se dieron inicio las obras. LAMI obtuvo contratos millonarios por la asesoría técnica y por supervisar la mala construcción que ellos mismos diseñaron. De hecho, al iniciar la excavación para los cimientos se dieron cuenta que las rocas estaban saturadas de fallas y cavidades lo que implicó otro nuevo diseño que subió su costo en un 350% respecto al plan original. Más tarde otra falla en la represa volvió a duplicar el costo.

Por si fuera poco, el túnel de 26 Km. que trasvasaría el agua desde el embalse a la sala de maquinas, a cargo de la constructora alemana Hochtief, se derrumbó en dos ocasiones retrasando la obra otros 14 meses. Por fin en 1983 la represa Chixoy se inauguró y a los pocos meses se clausuró por su mala construcción. Nuevamente el proyecto se retrasó otros dos años con el fin reparar los daños que ocasionaron un costo de 57 millones de dólares más con el apoyo del BM.

En 1974, LAMI calculó en 270 millones el costo de la presa, pero quince años después el costo fue de 944 millones de dólares que el pueblo guatemalteco tuvo que pagar además de pagarlo con tantas vidas y un impacto ecológico irrecuperable. En total entre el BID y el BM suministraron al proyecto más de 300 millones de dólares en préstamos. El costo final de la presa equivalió al 40% de la deuda externa de Guatemala en 1988. En el Informe Confidencial del BM en 1991 también afirmó que “Chixoy ha sido un desastre económico.” Pero también ha sido un desastre social, ecológico y técnico. Cada año 8 millones de dólares se gastan en el mantenimiento estructural de la presa y se cree que no durará más de 20 años: en algunas partes del embalse el sedimento ya está alcanzando la entrada al túnel.

La presa Chixoy se terminó en 1985, inundó 1,400 has, y su cortina mide 108 metros de alto con una capacidad de 300 MW que equivale al 70% de la producción originalmente planeada y se presume que proporciona el 65% de la energía en Guatemala.

La presa hidroeléctrica Aguacapa de 90 MW en el sur de Guatemala comenzó paralelamente a la construcción del Chixoy y con los problemas técnicos parecidos. Se tuvo que cavar más profundo de lo esperado para poder cimentar la cortina. Cuando el túnel se llenó se fracturó e inundó la sala de máquinas y tuvo que ser reemplazado. La represa tardó el doble de lo esperado en su construcción y costó 83% más del valor inicial estimado en 100 millones de dólares. Luego otro desastre destruyó una de las tres turbinas y desde entonces opera con un tercio menos de su capacidad planeada.

LA RESISTENCIA HOY.

El S. XXI ve nacer a un pueblo guatemalteco movilizado y más consciente. La defensa por la tierra, el agua, los ríos; contra las represas, las minas, los transgénicos, las privatizaciones, los tratados de libre comercio y otros ejes articuladores han ido construyendo el tejido social organizado.

Guatemala fue la cuna del nacimiento del Movimiento Mesoamericano contra las Presas en el año 2002. Fue en el departamento del Petén donde se dieron cita más de 300 personas de todo Centroamérica y de otros países del continente. Este proceso detonó una articulación sin precedentes entre pueblos y movimientos en defensa de la vida, el agua, las tierras y los ríos.

Para el 2003 los empresarios intentaron convencer a la población con el fin de construir represas hidroeléctricas en los ríos Colorado y Jones, en el municipio de Río Hondo, Zacapa. En el foro público la población se manifestó con mantas y carteles en contra del proyecto por representar una amenaza a su salud, a la biodiversidad y un constante riesgo por el peligro de colapsarse ante la amenaza de fenómenos naturales. Los empresarios pidieron perdón por haber realizado los estudios técnicos y de evaluación de impacto ambiental a espaldas de toda la población.

En 2004 en el Petén, durante una movilización contra las presas del Usumacinta dos indígenas mayas fueron atacados por un sujeto desconocido, quien a quemaropa, balaceó a Carlos Tiul Kaal, integrante de la Alianza por la Vida y la Paz de Petén (APVP) mientras que Ricardo Iiukak, de 18 años, sufrió cortadas en la mano izquierda. Días después el presidente mexicano Vicente Fox declaró en la capital guatemalteca que el Plan Puebla-Panamá no representaba ningún atropello para los pueblos.

Pero la lucha en Guatemala se fortalece y en 2005 nace el Frente Guatemalteco contra las Represas. En este mismo año las comunidades desplazadas por la presa Chixoy se convierten en sede del III Reunión de la Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua. Si bien el pueblo guatemalteco tiene encima la presión de alrededor de 50 proyectos de presas de todos los tamaños, la resistencia no es menor. Mientras esta exista hay esperanzas de conservar la vida para todos y todas. El mensaje y la experiencia de tantas luchas contra las represas por todo el mundo es claro: mientras más avanza el proyecto de las presas, más difícil y mayores costos tiene detenerlas. El problema no es la presa en sí misma, sino el modelo de desarrollo que la sustenta. Por ello el Movimiento de Afectados por las Presas del Brasil (MAB, por sus siglas en portugués) han formulado claramente su estrategia: nadie pasa por nuestras tierras, y no negociamos nada. La tierra y la vida no tienen precio. ¡Otro mudo es posible!

Para más información véase: International Rivers Network (IRN), www.irn.org; McCully, Patrick, “Ríos Silenciados. Ecología y política de las grandes represas”, Proteger Ediciones, Traducción al español de Leticia Isaurralde, Argentina 2004; Castro Soto, Gustavo, “No seas Presa de las Represas”, Ciepac, México 2005; III Reunión de la Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, www.chixoy.org

Gustavo Castro Soto
CIEPAC, A.C.

Presa La Parota. El Gobierno cobra su primer muerto

“Declaramos una vez más que no cederemos.
Va primero nuestra vida que ceder nuestras tierras”.
(CECOP, agosto de 2005)

Entonces Cirilo Cruz se acercó a la camioneta y le disparó en la sien a Tomás. La camioneta con 40 personas a bordo se salió del camino. Horas más tarde Tomás Cruz Zamora falleció en el hospital. Todo empezó cuando el 18 de septiembre de 2005, en la comunidad de Agua Caliente donde se llevó a cabo en el 2004 el I Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), cerca de 4 mil comuneros de 32 pueblos que integran los Bienes Comunales de Cacahuatepec, sin machetes como lo habían prometido, esperaban la llegada del gobernador perredista Zeferino Torreblanca. Los comuneros colocaron un gran templete y muchas sillas para el encuentro y con algunas mantas que rezaban "Señor gobernador ZTG. ¿Vale todo el proyecto de La Parota una sola vida de un guerrerense defendiendo su tierra? ¿Quiere competir con Figueroa desapareciendo y asesinando campesinos?". O "No al proyecto La Parota. El gobernador debe respetar el derecho de los campesinos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Salsipuedes". El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, afirmó que "lo hemos invitado (al gobernador) para informarle por qué no queremos la presa, pues es para los gringos que quieren comprar nuestras tierras con su billete verde y traerá desplazamiento para los pobres. El gobernador merece respeto y dejemos que nos diga por qué quiere la presa, no queremos ser sus enemigos, sino sus amigos y hay que convencerlo con argumentos".

Pero el gobernador no llegó, los dejó plantados. Ante esto los miembros del Cecop consideraron que mostró "falta de sensibilidad política, capacidad y valor civil" para escucharlos. En ese momento decidieron que ya no habría otra fecha para ningún diálogo con el gobierno ni con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues ya no hay nada qué platicar. Confirmaron que aceptarían la invitación a marchar el 27 de septiembre con otras organizaciones a nivel nacional y también en Acapulco y Chilpancingo, que se han visto afectadas por el gobierno de Torreblanca Galindo, quien no ha cumplido con sus promesas de campaña como la de indemnizar a los afectados de Punta Diamante y los desalojados de Granjas del Marqués. Marco Antonio Suástegui aclaró que todos los que estaban allí era por que aman la tierra y no necesitan recursos de nadie ni andan buscando puestos políticos: "Este movimiento es sano y legal. La lucha la vamos a ganar, La Parota se está cayendo". Y Advirtió: "El gobernador Zeferino va ser el culpable si hay un herido o un muerto". El Cecop entonces propuso medidas más radicales, entre ellas tomar los dos pozos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) como "castigo porque no vino el gobernador" y que están instalados en el río Papagayos que surten al puerto de Acapulco. De estos pozos se surten las empresas trasnacionales que se ha beneficiado de la privatización de la distribución del agua en la ciudad de Acapulco.

Otro portavoz, Felipe Flores Hernández, dijo que tienen que demostrar al gobierno "que no estamos jugando y vamos en serio y con todo". Pero al mismo tiempo los llamó a actuar con tranquilidad e inteligencia, sin violencia porque los ánimos estaban caldeados. "Tenemos todo el derecho y la razón en la lucha, porque nadie puede imponernos un proyecto". Marco Antonio Suástegui confirmó que "Nos pueden ganar en la lucha política, en la lucha legal, pero aún así no pasarán. Esto es una pesadilla que va pasar a la historia con la victoria de Cacahuatepec, porque nadie nos va quitar la tierra. La Parota ya se está cayendo porque los que están presentes están luchando por lo suyo y no por 200 pesos como aquellos miserables que votaron en San Marcos".

Suástegui manifestó a la prensa que “la situación se vuelve más ríspida, el riesgo a que se desborde la violencia está más latente, ya que la CFE una vez más insiste en querer pasar, lo que ha querido hacer en la comunidad de Cruces de Cacahuatepec, con el pretexto de introducir agua potable a la comunidad.” Insistió que "definitivamente el gobernador no quiere dialogar con los comuneros, él únicamente dialoga con los inversionistas, con la CFE y con los altos mandos como el presidente Fox. Nosotros dejamos nuestros machetes, venimos representantes de todas las comunidades, no todos, sólo representantes, venimos de una manera pacífica, abierta para que el gobernador sintiera, supiera cuántos somos y por qué nos oponemos al proyecto La Parota, creo que este momento pudo haber sido histórico para el gobernador, ya que hubiera conciliado las cosas con los opositores a La Parota y se hubiera reconciliado con las organizaciones sociales que le están recriminando estas acciones de gobierno".

Al terminar el evento 40 campesinos regresaban rumbo a su comunidad de Huamuchitos cuando salió del camino Cirilo Cruz Elacio y le disparó en la cien a Tomás de 40 años quien manejaba la camioneta. Ya un mes antes el campesino Julián Blanco y miembro del Cecop manifestó que "Quiero decirle al alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, y al gobernador Zeferino (Torreblanca), que vamos a defender nuestras tierras aunque vayan de por medio nuestras vidas. No vamos a dar ni un centímetro de tierra. Y que Jorge Campos -ex futbolista quien participa en los spots para la construcción de La Parota en los que invita a los comuneros a vender sus tierras- se vaya a chingar a su madre". El gobierno les tomó la palabra y cobró su primer asesinato.

Los miembros del Cecop quedaron consternados e indicaron que detrás del asesinato está el presidente del comisariado de bienes comunales, Crecencio Jerónimo. También responsabilizó al gobernador Zeferino Torreblanca, "que se ha encargado de reprimirnos, de hostigarnos", y piden su destitución. "Esta es la división que ha traído la CFE con su proyecto entre las familias comuneras", dijo la viuda Eugenia Galeana quien iba a lado de su esposo al momento del disparo. La organización también responsabilizó del crimen al presidente Vicente Fox, Alfredo Elías Ayub (Director General de la CFE), al alcalde Alberto López Rosas, a Víctor Hugo Chávez de la CFE; a los líderes de la CNC entre ellos a Nabor Ojeda, Evencio Romero y Valente Navidad. Por su lado, la viuda afirmó que "Esta es la división que ha traído la CFE con su proyecto entre las familias comuneras, a Cirilo le habían prometido ser el tesorero de Bienes Comunales". Al día siguiente, Cirilo fue internado en un hospital de Acapulco con heridas de bala en el abdomen y un machetazo en el tobillo.

Suástegui señaló que aunque su compañero haya caído en la lucha, desde "aquí decimos que hoy más que nunca nos oponemos a la presa La Parota y no vamos a dar un paso atrás, ya cayó el primero". Agregó: "Pedimos la destitución de Zeferino Torreblanca Galindo, si realmente tiene dignidad y vergüenza que deje el cargo, porque desde que entró únicamente se ha dedicado a lacerar a los que menos tienen y hoy es el culpable de que nuestro compañero haya resultado muerto. Lo responsabilizamos de esta muerte y con esto queda cancelada definitivamente la presa La Parota y no hay ni un paso atrás". Finalizó diciendo: "vamos a dar sepultura a nuestro compañero, pero que su muerte no quede impune" y luego se improvisó una consigna diciendo "Tomás vive, la lucha sigue, viva Huamuchitos".

Para colmo de males, ese mismo día el dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Miguel Ángel Mesino, también fue asesinato en pleno centro del poblado Atoyac por un grupo de hombres armados con rifles Ak-47 y pistolas calibre .9 milímetros. En la agresión también resultó herido de un tiro en la rodilla derecha, Romel Jaimes Chávez, quien acompañaba a Miguel Ángel Mesino al momento de ser ejecutado. Mesino era hijo del fundador de la OCSS, Hilario Mesino. Por cierto, los miembros del Cecop ya habían advertido que días antes en diferentes pueblos donde se ubican campesinos opositores a La Parota se han presentado conatos de enfrentamiento con enviados del tesorero de los bienes comunales de Cacahuatepec, Rafael Ascensio, yerno del asesino Cirilo Cruz, y de Crecencio Jerónimo Aparicio el presidente del comisariado de los bienes comunales.

Con el apoyo de un grupo de abogados y abogadas [1] , el 7 de Septiembre de 2005 el Cecop,” por nuestro propio derecho y con el carácter de comuneros y posesionarios legalmente reconocidos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Municipio de Acapulco, Guerrero”, solicita al Tribunal Unitario Agrario la acción legal [2] de nulidad de Acta de Asamblea del 23 de agosto convocada por la CFE donde se les autoriza la expropiación de sus tierras por haberse llevado a cabo de manera ilegal y en desacato a órdenes judiciales. Dicha asamblea fue amañada, sin el quórum legal, sin convocatoria adecuada, con retenes y cercos policíacos, y con sobornos a los comuneros por parte del la CFE. [3] El Cecop solicitó también medidas cautelares; que se detenga el proceso de expropiación y construcción de la presa, y demandan penalmente al Presidente, Secretario y Tesorero de los Bienes Comunales de Cacahuatepec [4] .

Marco Antonio Suástegui dio a conocer el comunicado de la CECOP en el que se declara "cancelado de manera definitiva el proyecto hidroeléctrico de La Parota". [5] "Nosotros decimos que el principal responsable de este asesinato es la CFE y Víctor Hugo Chávez (Residente de Asuntos Sociales del proyecto La Parota) que desde que llegó se ha encargado de interrumpir la paz social que existía en nuestros pueblos”, sentenció el Cecop. Inmediatamente después de los asesinatos llovieron los comunicados de repudio. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) integrante de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) manifestó que “Estos hechos de sangre, son parte de la campaña que ha emprendido el Gobierno de Vicente Fox, en complicidad con el Ejecutivo guerrerense, para doblegar la resistencia de los campesinos afectados por la construcción de la presa La Parota. Vicente Fox y Zeferino Torreblanca al puro estilo priísta e incluso porfirista, están buscando por todos los medios el imponer la ejecución de una obra, la cual significa el desalojo de 25,000 personas. Es claro que el anuncio acelerado por parte de Vicente Fox de grandes inversiones para la construcción de presas en Guerrero y Michoacán, del proyecto petroquímico El Fénix y el Parque Eoloeléctrico del Istmo en las cuales están involucradas grandes corporaciones trasnacionales, representan el "año de Hidalgo" para los funcionarios gubernamentales ligados a estas empresas.” [6]

La Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) manifestó que “exigimos que se detenga el hostigamiento a las comunidades afectadas y que rechazan la presa La Parota, demandamos se investigue a Crecencio Jerónimo Aparicio, y a todo su gabinete de bienes comunales, ya que encabezan un grupo que representa intereses económicos particulares en contubernio. Hacemos responsables al gobierno perredista que encabeza Zeferino Torreblanca de lo sucedido, porque por un lado demanda dialogo sin condiciones, y por otro, descuida sus responsabilidades como autoridad, al permitir un ambiente de violencia creciente en la región. Demandamos la cancelación inmediata del proyecto La Parota, ya que en primer lugar, solo responde a intereses empresariales y particulares que se manejan en el marco del Plan Puebla Panamá y no representan más que miseria y ningún desarrollo para los afectados directa o indirectamente. En segundo lugar el proceso para legitimar dicho proyecto ha violado sistemáticamente las leyes mexicanas y los derechos humanos en el marco de protocolo internacional de los derechos Económicos, Sociales y Culturales que ha suscrito nuestro país.” [7]

La secretaria general en el estado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Rosa Elena Zamacona, dijo que ya basta de tantos abusos y persecución contra los comuneros y que mejor el gobierno apoye mediante proyectos productivos a los campesinos. “El gobierno apoya a proyectos neoliberales y a los campesinos los manda de mendigos”. Por otro lado, los comuneros también encontraron apoyo y solidaridad por parte de los estudiantes de economía y derecho de la Unidad Académica de Ciencias Sociales (UACS) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) luego de su visita a los planteles. El integrante del Frente Universitario contra La Parota, Erwin Flores, calificó al rector de la Universidad, Nelson Valle, de ser “un títere del gobierno” y le aclaró que la Universidad es del pueblo y dijo que en el momento que quieran los opositores acudir a ella, las puertas estarán abiertas. También el Cecop informó que ya están avanzadas las pláticas con el EZLN para reunirse con el subcomandante Marcos. [8] Confirmó que si bien se deslindan de cualquier movimiento armado, son bien recibidos el apoyo de todas las organizaciones, incluidas las de los grupos armados como el EPR o el ERPI: “Nosotros no tenemos armas, lo único que tenemos son machetes”. Finalizó diciendo: “La expropiación no se va a dar, la presa no se va hacer, no decaigamos en la lucha que hemos venido sosteniendo desde hace dos años, esta lucha que los gobiernos han querido minimizar, esta lucha que es por México”.

Por su lado el Espacio Desc [9] manifestó que “La CFE tiene la responsabilidad de propiciar la división entre comunidades, por no informar con veracidad e imparcialidad a los pobladores, por ofrecer obras y servicios a quienes acepten la presa y ofrecer dinero a las personas a cambio de su voto favorable a la realización del proyecto en la asamblea de comuneros del 23 de agosto pasado, así como para anteriores asambleas como la convocada el 14 de agosto del presente año y para la del 25 de abril de 2004. Además, existe responsabilidad tanto de la Procuraduría Agraria como de la Secretaría de la Reforma Agraria por no velar por los derechos agrarios de los comuneros, como lo marca ley. El Gobierno Estatal por no buscar las condiciones para atender las legítimas demandas de los comuneros y privilegiar la inversión en el Estado, usando a las corporaciones policíacas para amedrentar e intimidar a los comuneros opositores a La Parota. Estas instituciones han propiciado una escalada de tensión que irrumpe en la vida comunitaria, dañando el tejido social y provocando actos violentos, que van desde el enfrentamiento verbal, hasta el asesinato del comunero opositor Tomás Cruz Zamora.” El Espacio Desc repudió el asesinato, exigió la salida de la CFE de la zona, una investigación profunda del asesinato, que se anule la construcción de la presa y el cese al hostigamiento contra comuneros y ejidatarios opositores a la presa.

Con el fin de abonar la división y generar más intereses en apoyo a la construcción dela presa La Parota, la CFE por medio del titular de Asuntos Sociales del proyecto La Parota, Víctor Hugo Chávez Chávez, acordó de forma verbal un contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Asfalto, Aceites, Bancos de Materiales para la Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), conformado 15 días antes. El delegado del sindicato dijo que “ya es un hecho” que el proyecto se concrete y que los comuneros que se oponen “no saben el beneficio que traerá” al estado. Hernández Almazán también es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Productores y Distribuidores de Materiales para la misma Industria, Excavadores, Similares y Conexos del estado de Guerrero de la CTM. Asimismo forma parte de la Alianza Camioneros del Sur, que se formó con dirigentes de la CTM, de la Federación de Sindicatos Independientes y otros sindicatos.

Otra estrategia que la CFE ha repetido en décadas pasadas pero que también forma parte de un mecanismo implementado por otros gobiernos en el mundo para ejercer presión a favor de los proyectos hidroeléctricos, es el ofrecimiento de compra de tierras altos costos para generar una avalancha de ofertas y luego ir bajando el precio de compra. [10] De ahí la propuesta del dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Evencio Romero Sotelo, para que la CFE pague medio millón de pesos por hectárea a los campesinos afectados. Este rumor generará falsas expectativas entre los comuneros y ejidatarios abonando a la división. Por si fuera poco, comuneros han comentado que la CFE ofreció dinero para dar su voto a favor de la presa y que, entre los coludidos en este fraude, están líderes de los partidos PRI, PRD y Convergencia.

Pese a todo ello el Cecop bajo la consigna de “Ni un paso atrás. No a la presa La Parota”, marcharon por la avenida Costera de Acapulco con 3 mil comuneros apoyados por organizaciones sociales, los desalojados de Granjas del Marqués, los afectados de Punta Diamante, los ejidatarios de Llano Largo y El Cayaco, los telefonistas, los del Seguro Social, al magisterio, los alumnos de la normal de Ayotzinapa y de las preparatorias, el sindicato de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) 7 y 17, la comisión de los campesinos de San Salvador Atenco, para demandar la cancelación de la construcción de la hidroeléctrica en tierras de Bienes Comunales de Cacahuatepec. Con pancartas manifestaron su repudio al gobernador y al alcalde, ambos del PRD, a quienes calificaron de “traidores”, y acusaron de haberse alejado de los caminos democráticos para apoyar los intereses de los ricos y sus proyectos neoliberales. Las consignas no se quedaron atrás: “Si Zapata viviera, que chinga les pusiera”, “De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha cueste lo que cueste”, “En una jaula de oro pendiente de un balcón, estaba el presidente chingando a la nación”, “Zapata vive, la lucha sigue”, entre otras. También hicieron un alto frente a la Catedral en un reproche silencioso por las declaraciones del arzobispo, Felipe Aguirre Franco a favor de la presa, y quien fuera obispo de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas.

En un Boletín de Prensa, el Espacio DESC hace un recuento de su testimonio -en base a extenso informe- sobre las violaciones e ilegalidades cometidas contra los comuneros y ejidatarios para pretender construir la presa La Parota. [11] El Espacio manifestó su “preocupación por el uso excesivo e injustificado de la fuerza pública” y que los “comuneros demandan el respeto de todos sus derechos humanos, como son el medio ambiente, desarrollo sustentable, salud, vivienda, trabajo, alimentación y solicitan la solidaridad de la sociedad civil nacional e internacional.” Por otro lado hicieron énfasis en que “el gobierno ha criminalizado a los opositores, solicitando a través del Ministerio Público se liberen órdenes de aprehensión en contra de algunos representantes de comunidades y miembros del Consejo de Ejidatarios y Comuneros Opositores a La Parota (CECOP). Se han detenido a 5 comuneros, de los cuales se sigue proceso penal a Marco Antonio Suástegui Muñoz y a Francisco Hernández Valeriano. Suástegui ha recibido amenazas de muerte y está siendo permanentemente hostigado.” El informe hace un recuento de los retenes que impidieron el paso a los comuneros opositores al lugar de la asamblea, alguno fue fuertemente golpeado, y que incluso fueron encañonados hombres, mujeres y niños; de los cuerpos policíacos fuertemente armados; de ilegalidades en torno a la forma, lugar y contenido de la asamblea; de la malla aparentemente electrificada para impedir el paso; de la manipulación del padrón y de la aprobación de la agenda de la asamblea; de las falsas promesas de servicios públicos para lograr las firmas; del impedimento del paso a reporteros pero no a la comprada Confederación Nacional Campesina que no debía estar en la asamblea.

El Espacio denunció que fueron violados los derechos humanos de los comuneros por parte de la CFE, el gobierno y la Procuraduría Agraria, entre ellos el derecho a la libertad de tránsito; a la integridad y seguridad personales; a sus derechos agrarios; y a la seguridad jurídica. Concluyen que “tanto la CFE como funcionarios del gobierno federal y estatal han estado presionando de diversas maneras a los comuneros y ejidatarios opositores a la construcción de la presa, aglutinados en el CECOP, para que acepten la realización del proyecto: a) la realización de asambleas y convocatorias a las mismas fuera del marco jurídico, son un ejemplo evidente de esta presión; b) lo es también el proceso penal que se sigue a dos de los dirigentes a quienes se les imputaron el delito de privación ilegal de la libertad de un Ing. de la CFE delito que no cometieron; c) el hecho de negarles el paso a la asamblea y provocar reacciones airadas, que de ninguna manera son aceptables, pero que generalmente pueden encender la chispa que genere violencia, para después iniciar averiguaciones previas tendientes a controlar el movimiento.”

El caso de La Parota tiene constantes que se han repetido a lo largo de la historia de los grandes embalses: se esconde la información; no se llevan a cabo consultas informadas, oportunas y extensivas a los posibles afectados; se operativizan trampas y mañas; se hace uso de la represión y de la intimidación de las fuerzas públicas; se generan presos, se dan casos de tortura y el extremo son los asesinatos; se echa mano del chantajes, los sobornos, la compra de líderes y de autoridades locales; se esconden las alternativas y se provocan más intereses políticos y económicos para sumar apoyo al proyecto; se genera un ambiente ante la opinión pública de rechazo a los que defienden sus derechos y se atizan las divisiones; se hace uso de personalidades que son montados en los grandes aparatos de publicidad; se falsifican firmas y documentos; se generan alianzas con otros sectores de supuesta calidad moral como universidades, obispos, políticos, artistas o deportistas en este caso; se giran órdenes de aprehensión, aparecen amenazas de muerte a los líderes, se fabrican delitos y se usan todos los mecanismos ilegales para lograr el objetivo haciéndolo parecer que todo es legal; se prometen obras de infraestructura, empleos y otros supuestos beneficios para lograr más adhesiones a favor del proyecto. Por si fuera poco, también es constante que los estudios de impacto social y medioambiental están mal hechos.

Con el caso de la presa La Parota el gobierno ha violado legislaciones agrarias, la Constitución estatal y federal; los convenios internacionales que tienen que ver con el medio ambiente, el agua, los bosques y los derechos humanos como el caso del Convenio 169 de la OIT. Incluso ha hecho caso omiso de las Recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas (CMR). [12]

El problema central no es la presa en sí misma, sino lo que la justifica, los intereses creados y el modelo de supuesto desarrollo que está detrás. De ahí la ignorancia supina de los partidos políticos, supuestos académicos y de otros actores que sólo aplauden el proyecto sin conocer las consecuencias de los grandes embalses, pero eso será tema de otro Boletín “Chiapas al Día”. En fin, el caso de La Parota puede servir de experiencia para muchas otras luchas que se llevan a cabo contra las presas en el Continente. De ellas también han aprendido los comuneros de Guerrero. La estrategia se tiene que diversificar para lograr el respeto a los derechos humanos y la protección al medio ambiente. La lucha es de todos y todas. Los pescadores serán afectados, la población río arriba y río abajo, la población misma de Acapulco y el mundo entero gracias a que en Guerrero los que apoyan la represa también contribuirán entonces al cambio climático que, de no detenerlo, el estado de Guerrero no sólo le lloverá de más sino que los Tsunamis y los temblores podrán acabar con él.

Otras fuentes: La Jornada, 20, 21, 22, 23 de septiembre; www.suracapulco.com.mx/acapulco.htm


[1] Licenciados Raymundo Castro Aparicio, Alfredo García Arcos, Luis Jerónimo Zavala, Priscila Rodríguez Bribiesca, Julio Adrián Hernández Quiroz, Sergio Morales Gallardo, Claudia Sierra Pérez, y Eustorgia de Jesús Cabrera.

[2] Acta de nulidad de la Asambleas, Acapulco de Juárez, Guerrero, a 7 de Septiembre de 2005, dirigido al C. Lic. Juan Rodolfo Lara Orozco, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, con sede en Acapulco, Guerrero, México.

[3] En un recibo de la CFE en posesión el Cecop reza: “ Recibí de la Comisión Federal de Electricidad, residencia de actividades previas del Proyecto Hidroeléctrico la Parota, la cantidad de $ 2’600.00 ( dos mil seiscientos MN ), para cubrir los gastos generados por los comuneros, que asistirán a la Asamblea General convocada por los Bienes Comunales de Cacahuatepec, a celebrarse el día 14 de agosto del año en curso en el Campanario Anexo de los B. C. De Cacahuatepec, Mpio. De Acapulco Gro.”

[4] Cc. Crescencio Jerónimo Aparicio, Juan Hernández Jorge y Paulino Hernández Valeriano, respectivamente.

[5] Comunicado del CECOP, Acapulco de Juárez, Guerrero, 18 de septiembre de 2005.

[6] Comunicado del UCIZONI, México, DF. a 20 de septiembre de 2005.

[7] Son miembros de la AMAP: CHIAPAS: Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CIEPAC), Organización Campesina Hermano Sol, Educación para la Paz (EDUPAZ), Indymedia-Chiapas; GUERRERO: Colectivo Estudiantil Rebelión, Partido Revolucionario de los Trabajadores-GRO. (PRT-GRO); OAXACA: Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec (CDHTT), Comité de Voluntarios para el Mejoramiento Ambiental (COVOMA), Centro para los Derechos de las Mujeres Naax Wiim (CDHMAAW), Grupo de Preservación Cultural Huave Mi Kualaj Xa Kabaj, Grupo de Trabajo Colectivo del Istmo (GTCI), Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), Grupo Cultural “Nivi Ñuu; PUEBLA: Unión Campesina Emiliano Zapata “VIVE” (UCEZ”VIVE”), Centro de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan (CDHyLVT), La Voz Nahuatl de la Sierra Negra, Centro de Derechos Humanos Takachihualis; TABASCO: Movimiento Agrario Indígena Zapatista-Tabasco, Centro de Estudios Sto. Tomas; VERACRUZ: Frente Popoluca del Sur de Veracruz (FREPOSEV), Consejo Indígena de Uxpanapan (CIUX), Movimiento Agrario Indígena Zapatista-Veracruz (MAIZV), Tssoka-Teyoo, Comité de Resistencia vs CFE (CRRC); BAJA CALIFORNIA: Corporación Corazón A. C. (COCOAC); DF.: Revista La Guillotina; MICHOACAN: Organización para el Desarrollo A.C. (OSDAC); QUERETARO: Unión de Mujeres Indígenas Campesinas de Querétaro (UMICQ). NACIONALES: Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), Frente Autentico del Trabajo (FAT), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). http://www.amapenresistencia.org/

[8] Carta del CECOP al Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Acapulco, Gro,  7 de Septiembre de 2005.

[9] El Espacio Desc está conformado por Casa y Ciudad, A.C. de Coalición Habitat México; Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam); Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (Cam); Centro de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales (Cedhescu); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh); Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo, A.C. (Cereal); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (C.M.D.P.D.H.); Deca Equipo Pueblo, A.C.; Defensoría del Derecho a la Salud; Fian – Sección México; Liga Mexicana De Defensa De los Derechos Humanos (Limeddh); Oficina Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (Hic-Al). A este comunicado se adhirieron también el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP ), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Unión Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZ VIVE) y Unión de Colonos Populares del DF (UCP DF).

[10] Para ver ejemplos de estos mecanismos se puede consultar el Informe de al Comisión Mundial de Represas (CMR) en ww.dams.org

[11] Boletín de Prensa, México DF. a 31 de agosto de 2005.

[12] www.dams.org

Gustavo Castro Soto
CIEPAC, A.C.

Crematorio de Agua para La Galliguera

La innegable voluntad de la mayoría de los componentes de la Comisión del Agua por zanjar cuanto antes -cuanto antes y como sea- el caso del pantano de Biscarrués ha arrojado un nuevo dardo sobre la mesa de ese diálogo de mentirijillas: solicitar una partida económica para comprar los terrenos que quedarían inundados por el embalse.
Bonito modo de llegar a consenso, callando las voces disidentes. Muy efectivo, claro que sí, pues aunque suene a perogrullada, quien paga manda y quien adquiere algo puede hacer con ello lo que le venga en gana.

A mi, siguiendo el ejemplo de solicitar que el Gobierno de Aragón contemple en las inversiones –mejor dicho, inmersiones-, la enajenación de bienes de La Galliguera para sepultarlos en agua, yo creo que no estaría mal que cada cual pidamos que se nos dote de un cheque en blanco para que con el mismo, podamos adquirir aquello que nos molesta, ya sean estorbos individuales o colectivos, y así dueños y señores de nuestro clavo en el zapato, liberarnos del mismo. Por ejemplo, se me ocurre que podríamos comprar medios de comunicación sesgados, políticos incompetentes, disco-bares insoportables, sindicatos vendeobreros, patronales esclavistas, publicidad venenosa, telebasura, mafias de futbol y toros, etcétera. Y cada uno, ponga en el etcétera lo que mejor le plazca: lo que sobra, se quita. Y punto.

Es lo que está sucediendo en torno al rifi-rafe del pantano de Biscarrués. Se pretende crear un crematorio de agua en el que deshacerse de La Galliguera. ¡Vaya flor parida en el surtido vergel de la Comisión del Agua!. Eso sí que es alcanzar conclusiones con las que eliminar discrepancias. ¿Y si la receta de comprar para silenciar gusta en Valencia y Murcia y desde allí, quieren aplicarla a la parte molesta de Aragón para así, desde su mayoría, pegar el gran hachazo al Ebro…?.

Mª Victoria Trigo

Asociación EbroVivo-COAGRET

«Comprometido con una política del agua respetuosa con el medio natural»

Me parece increíble lo que está ocurriendo en la Ponencia de Obras Conflictivas de la Mesa del Agua que discute actualmente el proyecto del embalse de Biscarrués. Un órgano que se creó para mediar entre afectados y demandantes en los conflictos del agua. Muy buena idea ¡sí señor! Por fin el diálogo es posible.

¡Claro! Por estas magníficas ideas que pone en práctica el Gobierno de Aragón debe ser por lo que Zaragoza va a ser sede de la Expo 2008 con el lema “Agua y Desarrollo Sostenible”y por lo que se ha convertido en Sede del Secretariado de Naciones Unidas para la Década del Agua. Porque Aragón es un ejemplo de gestión, “comprometido con una política del agua respetuosa con el medio natural” cuyo Gobierno central pretende destinar parte de su presupuesto a comprar las tierras de Erés y así poder inundar sin ningún cargo de conciencia el pueblo y el único tramo vivo que le queda al río Gállego. Porque “la incesante actividad” del Gobierno de Aragón “a favor del buen uso del agua, con políticas innovadoras” que consisten en no analizar las alternativas a embalses como el de Biscarrués, “y con resultados palpables”, esto es, induciendo al cierre a las empresas que utilizan el tramo del río que se va a inundar para practicar deportes de aguas bravas y con ellas a las empresas que ofrecen servicios al turista como alojamiento y comidas. “Políticas innovadoras” que, por una parte, ponen a presidir la Ponencia de Obras Conflictivas de la Mesa del Agua a uno de los que más interesados están en que se construya el embalse de Biscarrués y, por otra parte, se niegan a que sea el departamento de Análisis Económico el que realice el análisis del impacto económico de construir Biscarrués y de no ejecutarlo, ¿quizá porque en este departamento trabaja el presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua y podría sesgar los resultados?

Y no me invento los entrecomillados “comprometido con una política del agua respetuosa con el medio natural” y “la incesante actividad a favor del buen uso del agua, con políticas innovadoras y con resultados palpables”, que son las razones alegadas para conseguir las “sedes” arriba mencionadas.

Beatriz Lacruz Casaucau
Zaragoza