Los criterios de la Comisión del Agua

El acuerdo unánime sobre Santaliestra ha sido el único acercamiento de posturas que se ha conseguido en la Comisión del Agua, y se basó en la regulación de caudales en la propia zona de regadío mediante la presa de San Salvador. De esa forma se evitó la inundación del valle del Ésera, posibilitándose sin embargo el uso de caudales de ese río por la Comunidad del Canal de Aragón y Cataluña que los almacena en su territorio. La comprometida situación judicial del proyecto no fue ajena a este acercamiento de posiciones. Como tampoco lo fue la larga experiencia que, en regulación interna de caudales, han desarrollado los regantes del oriente de Huesca. El principio que subyace en este acuerdo podría formularse como “agua por territorio”. Es decir, las comunidades de regantes toman los caudales procedentes de los ríos pirenaicos, pero no ocupan los fondos de valle de la montaña, sino que ponen su territorio para almacenar los caudales que demandan. Creo que es un planteamiento que salvaguarda la equidad territorial. De justicia social. Por otro lado, son evidentes las equivalencias con la política de desaladoras y reutilización del agua que se está aplicando en el Levante: pon tu territorio a funcionar al máximo de sus posibilidades antes de pedir sacrificios al vecino.

 

Los afectados por los embalses cuestionan las demandas de agua que piden los regantes -que estiman sobredimensionadas y despilfarradoras-, denuncian la escasa rentabilidad económica de muchos proyectos de riego –federados a las subvenciones, y alejados del principio de recuperación de costes de la Directiva Marco europea- y se quejan también del aprovechamiento insolidario de los kilovatios que obtienen las Comunidades de riego con las aguas derivadas de los ríos pirenaicos. Los ecologistas, además, ponen el énfasis en el fuerte impacto ambiental del regadío sobre los ecosistemas esteparios, sobre la salinidad del agua en el Ebro, y sobre la supervivencia del propio Delta. Y denuncian el lamentable estado de los ríos, que son más canales que ecosistemas fluviales. La postura de “agua por territorio”, en aras del pragmatismo y de alcanzar una solución al largo conflicto, asume pasar de puntillas sobre estas cuestiones escabrosas, que más adelante la aplicación de la Directiva Marco nos obligará a abordar de forma seria.

 

El principio que guió el acuerdo de la Comisión en el debate sobre Yesa fue otro, el que propuso el presidente Iglesias en su discurso de investidura: la no inundación de pueblos. Este planteamiento, sin duda demasiado simple y reduccionista en un tema tan complejo, no consiguió sumar ningún apoyo nuevo. El estudio de alternativas elaborado por técnicos de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que contempla un incremento de regulación en Bardenas similar al de la cota intermedia, pero almacenando los caudales en la propia zona de regadío, no llegó a ser ni considerado por la Comisión. El posterior informe del Ministerio de Medio Ambiente, aunque emitió una opinión final desfavorable, reconoció la viabilidad técnica de la regulación en tránsito y admitió la necesidad de, al menos, una presa de regulación interna en Bardenas, que complemente a la cota intermedia.

 

El próximo trabajo de la Comisión sobre Biscarrués volverá a fracasar si sólo se sustenta en el principio de la no inundación de pueblos. La experiencia nos dice que las regulaciones en las zonas de regadío pueden ayudar al acuerdo. Marracos, Valcuerna y otras posibilidades deberían por ello ser contempladas. La actitud del PP y de los dirigentes agrarios que convocaron la manifestación anulada no induce al optimismo, pero si el PSOE aplica su política de “desaladoras” también en Aragón, la solución será más factible.

José Manuel Nicolau

Profesor Titular de Ecología

Universidad de Alcalá