Ante una economía mundial hambrienta de materias primas Brasil es una región muy apetecida por las inversiones extranjeras de tal manera que en 2004 fue el mayor receptor de Latinoamérica, 18.000 millones $ (13.533 millones de euros) y un incremento del 79%. La economía creció un 5%, las exportaciones llegaron a 95.000 millones $. El superávit de las cuentas comerciales alcanzó 33.700 millones $, una cifra record.
Aplausos decididamente eufóricos de bancos e inversionistas. Jamás, desde la primera mitad del siglo pasado los bancos ganaron tanto dinero como con el gobierno del antiguo dirigente sindical que capitaneó huelgas históricas en el cruce de los 70 y los 80.
¿De qué valen los buenos números si la catastrófica situación social no ha menguado?
Este año, el pueblo brasileño vive una mezcla de desesperanza, tristeza y, porque no decirlo, de decepción, ya que los tan soñados y esperados cambios no llegaron. La realidad muestra que Brasil aún está atrapado en las redes de los altos intereses y
el endeudamiento externo, lo que lo convierte en sujeto de frecuentes ajustes fiscales exigidos por los representantes del capital financiero internacional. La política económica de Lula apoyada por la OCDE, el FMI y la confianza de los inversores internacionales se ha doblegado a las exigencias de éstos, encaminando reformas
neoliberales, volviéndose incapaz de implementar políticas públicas en favor del pueblo y de usar los recursos públicos para reforma agraria, salud, educación, transporte, vivienda, derechos humanos y medio ambiente.
Alarmante e inmoral es el contraste del crecimiento económico y la redistribución de la riqueza entre las personas. Nada menos que 27 millones de trabajadores y trabajadoras (un 40% de toda la población activa) viven desempleados/as o en la economía informal, sin cobertura de la seguridad social y sin derechos laborales. Cerca de 20 millones de familias, o sea, 82 millones de personas pobres, viven con menos de dos salarios mínimos mensuales; 52 millones de personas viven con menos de 2 dólares al día.
Para algunos analistas, el gran problema que se le plantea a Brasil es cómo conciliar el actual desarrollo económico del país (centrado en el agronegocio), con una defensa a ultranza de sus bosques, de su madera preciosa, de sus ríos sin contaminar (posee el 23% de agua potable del mundo), de su biomasa y de sus inmensos yacimientos de minerales preciosos, principalmente diamantes.
La masiva destrucción de la selva brasileña pone en entredicho la capacidad del Gobierno de Lula para preservar el mayor pulmón medioambiental del mundo.
En 2004 la selva Amazónica perdió, según el satélite del Instituto Nacional de Investigación Espacial, una superficie de 26.130 Km2, similar a la de Galicia, o lo que es lo mismo a la velocidad de 5 campos de fútbol cada minuto. Parece que la puesta de terrenos en cultivo de soja, pastos para el ganado, la tala ilegal y la busca de diamantes son los principales culpables de la deforestación. Brasil es el segundo exportador de soja del mundo y el gobierno ha autorizado el cultivo de la soja transgénica; el país supera los 60 millones de cabezas de ganado (el 30% en la Amazonia); controla el 20% del mercado de carne vacuna del mundo; la U.E. importa el 40% de la carne bovina consumida; es el segundo país suministrador de soja a España y el segundo proveedor de madera aserrada tropical de la industria española; el 80% de la madera en Sao Paulo es de procedencia ilegal. Los expertos dicen que por cada árbol caído se destruyen otros 10 y que 6 de ellos ni siquiera son aprovechados. Sólo en Mato Grosso se han destruido el 46% de las 26.000 Km2 de selva en la que actuaban 431 empresas fantasmas de madereros con la complicidad de algunos funcionarios del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA).
La Amazonia es un territorio de 5 millones de Km2 codiciada por todos, incluidas las 27 multinacionales que actúan en el área. Un santuario con 30.000 especies de plantas, 2.500 de árboles, 3.000 tipos de peces diferentes, 1/3 de la madera tropical del planeta, y donde se registran cada año 300.000 incendios.
En las relaciones del gobierno español con Brasil es prioritario apoyar la presencia empresarial española. Instaladas ya las grandes multinacionales españolas Zapatero intenta potenciar la entrada en ese mercado de las pequeñas y medianas empresas. La inversión en los últimos 10 años acumula un volumen superior a 33.850 millones de euros, que sitúan a España como el segundo inversor extranjero después de EE.UU. Las operaciones de inversión han estado ligadas al proceso de privatizaciones y se centran, fundamentalmente, en los sectores de telecomunicaciones (Telefónica), energía (Endesa, Iberdrola, Repsol y Gas Natural) y financiero (BBVA, SCH y MAPFRE). Sectores como infraestructuras de transportes, recursos hídricos, saneamiento básico, energía y medio ambiente están abiertos a financiación mixta a través del proyecto de ley de Partenariado Público Privado propuesto por el Gobierno de Lula.
En febrero de 2005, la entonces ministra de Minas y Energía Dilma Rouseff (hoy ministra de la Presidencia, ocupando su anterior cargo el militante de centro-derecha Silas Rondeau, presidente de Eletrobrás) visitó España para pilotar maratonianas sesiones de trabajo con empresas e inversores con el objetivo de alentar la participación española en la construcción de redes de transmisión de energía y de 17 centrales hidroeléctricas. El año pasado Brasil concedió licencias para la construcción de 224 nuevos proyectos de generación de energía que permitirán incrementar la oferta en 3.945 megavatios (MW) y requerirán una inversión de 2.348 millones de $. Las grandes presas hidroeléctricas se situaban en los ríos Paraná, São Francisco y Grande. En el río Paraná el complejo hidroeléctrico de Itaipu, Jupiá, Ilha Solteira y Foz do Areia tiene en total 18.915 MW de potencia instalada. En el São Francisco el complejo Paulo Afonso-Sobradinho suma 3.510 MW, y en el río Grande el complejo Embarcação, Furnas y Marimbondo genera un total de 3.747 MW aproximadamente.
El 93 % de la electricidad en Brasil proviene de las represas que, según datos oficiales, han inundado 34 mil km2, lo que representa una superficie superior a la de Bélgica. 400 empresas acaparan casi el 30% del consumo energético del país, mientras 12 millones de personas “viven a la luz de una vela”.
En un marco más amplio de la política exterior española, el gobierno de Zapatero ha manifestado en las reuniones preparatorias de la XV Cumbre Iberoamericana, de la que Brasil es tercer pilar fundacional, y que se celebrará en Salamanca en octubre, luchar contra la pobreza con “soluciones, no declaraciones”. Pero si entre las “soluciones” se considera que a la recién creada Secretaria General Iberoamericana opte al máximo cargo como candidato favorito de España el uruguayo nacido en Aracedo (Asturias) Enrique Iglesias, director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde 1988, parece garantizado el escaso desarrollo de las políticas sociales y el fracaso de la lucha contra el hambre, y por lo tanto una “solución” poco acertada.
El BID forma parte de del grupo de Instituciones Financieras Internacionales (IFI´s) que ha promovido la construcción de grandes represas y por ello es censurado por las clases más pobres y acusado de favorecer la macroeconomía endémica que multiplica las situaciones irreversibles de marginación. Organizaciones de la sociedad civil han documentado que operaciones financiadas por el BID han causado y contribuido a daños ambientales y sociales extensivos, con impactos negativos en muchas de las comunidades más pobres y vulnerables de la región, los mismos grupos por los que el BID dice trabajar. El financiamiento del BID se dirige cada vez más hacia grandes proyectos de infraestructura que tienen impactos directos sobre las poblaciones indígenas. En marcha está una campaña en contra del BID, una campaña hemisférica de base dedicada a aumentar la presión política sobre la entidad para dejar de financiar los proyectos desastrosos en América Latina. Lanzada en julio de 2003, la campaña junta a los movimientos sociales y los grupos de defensa en América Latina y del Norte que trabajan los asuntos del banco. (Para saber más de la campaña contra las IFI´s www.ciepac.org ).
El BID es el banco de desarrollo regional más grande del mundo, ha sobrepasado al Banco Mundial (BM) como fuente de financiamiento en América Latina durante los últimos diez años. El BM aprobó préstamos por alrededor de 5.8 mil millones de $ entre julio de 2002 y junio de 2003, mientras el BID aprobó 8 mil millones de $. Sin embargo, aunque ejerce más poder en la región, el BID ha podido evitar la atención. Poca gente entiende sus operaciones y, frente al BM, hay pocos procedimientos de seguimiento. Las políticas del BID para los pueblos indígenas y el medio ambiente son hasta peores que el historial catastrófico del BM.
Para desmontar este manto de la inocencia, las organizaciones de América Latina iniciaron una campaña de educación, movilización y defensa. La campaña se lanzó en Tegucigalpa, Honduras, donde 1.500 personas participaron en el Foro sobre la Diversidad Biológica y Cultural y el Cuarto Foro Mesoamericano. Los foros se dirigieron a los temas relacionados con el papel complementario de las IFI´s, los gobiernos, los bancos multinacionales y las corporaciones en el empobrecimiento de América Latina. Un resultado de estas discusiones fue el lanzamiento de la campaña de presión al BID para parar sus proyectos desastrosos.
El lanzamiento formal de la campaña incluyó un manifiesto en contra del BID (firmado por más de 300 personas y aprobado por todos los 1.500 participantes de los foros), y una protesta frente a su sede en Tegucigalpa que terminó con una presentación del manifiesto al BID para denunciar sus proyectos en la región.
El nombramiento del colombiano Luis Alberto Moreno como nuevo presidente del BID, hasta ahora embajador de Colombia en EE.UU. desde 1998, hace presagiar que los conflictos con la IFI, cuando menos, han de continuar.
Producto de la injusticia derivada del sistema capitalista y su actual modelo neoliberal es la configuración de un continente pobre y violento. Cada año son asesinadas entre 110.000 y 120.000 personas en Latinoamérica y el Caribe. Hoy sólo se habla de la violencia que produce el mundo islámico fanático u otras formas de terrorismo, también fanático, pero las otras violencias son condenadas… al silencio. Las víctimas son consideradas, cuando lo son, como un subproducto inevitable y, sin duda, incómodo, pero con el que hay que aprender a convivir. Sin más, en Brasil la violencia de las grandes represas ha desplazado a 1 millón de personas, ocupa en la clasificación mundial el puesto 9 con 600 construidas y han privado a las personas del Derecho a la Tierra (en Brasil en 1987 había 859 millones de hectáreas inundadas por las represas. Y en el río Paraná las represas inundaron las imponentes cataratas en Guaíra. Las represas Tucurui y Balbina en la selva amazónica inundaron 6.400 Km2); el Derecho a la Vivienda y obligado al desplazamiento forzado (los indígenas Waimri-Atroari de Brasil llegaban a 6 mil en 1905, para 1985 sólo quedaban 374 de los cuales 107 personas fueron desplazadas por la presa Balbina); el Derecho de la Mujer (“ Las dificultades para las mujeres fueron inmensas. Nosotras sufrimos la depresión. La relación que las mujeres tenemos con los de nuestro hogar, los árboles, el río, eso es una cosa muy fuerte para todas nostras.” – Margaret Nuness, Comisión Regional de Afectados por Represas del Iguazú, Brasil -.
En la Amazonia de Brasil “la mujer maquillada de guerrera bajó ágilmente su machete. La hoja curvada se detuvo a milímetros del hombro de José Antonio Muniz López, el ingeniero jefe de la eléctrica brasileña Electronorte. Muniz se fue tranquilizando a medida que Tuira, la mujer Kayapó, apoyaba la parte plana del machete contra su cara.`Usted es un mentiroso´ le dijo a punto de escupirlo. `Nosotros no necesitamos la electricidad. La electricidad no nos va a dar nuestro alimento. Necesitamos que nuestros ríos corran libremente: nuestro futuro depende de ello. Necesitamos nuestras selvas para cazar y recolectar. No necesitamos su represa”. Y es que en el río Xingú una de las represas inundaría 7.200 Km2, sería el segundo embalse más grande del mundo); el Derecho a la Salud (por lo menos unas 40.000 personas que viven en la cuenca de la Amazonia han sufrido de picazón en los pies y otros impactos en la salud debido a la descarga de aguas sucias de la presa Tucuruí); el Derecho a la Biodiversidad (la contaminación del agua en la represa Belem en Brasil generó 300.000 toneladas de carbono expuestos que produjo espuma tóxica y mató a fauna y flora); el Derecho a la Justicia Económica (en Brasil el financiamiento del BM y del BID para las 79 grandes represas construidas entre 1950 y 1970, llegó a equivaler al 10% de sus costos, y veinte años después se elevó al 30% para las 47 represas construidas en ese periodo. La presa Itaiupú en Brasil y Paraguay alcanzó el costo de 16.600 millones de dólares en 1990 cuando la deuda externa de Paraguay era de 1.700 millones de dólares. La presa Itaparica de Brasil desplazó a 40.000 personas, y 10 años después sólo había concluido el 35% de la represa pese a los préstamos del BM por 232 millones de dólares. Más de 40% de la deuda externa del Brasil fue producto de las inversiones del sector eléctrico); el Derecho a la Paz (en el caso de las represas Tucuruí, el proyecto se planificó bajo una dictadura militar y no hubo mucha preocupación durante la planificación por la rentabilidad económica o recuperación de costos).
Y es que todos los actores que intervienen en la construcción de una represa, del sector público (gobiernos y sus bancos) y del sector privado (empresas trasnacionales y sus bancos), tienen las siguientes constantes sobre la base de sus intereses creados, el negocio y la ganancia: restringen la información y no proporcionan mecanismos transparentes sobre los proyectos. Sistemáticamente evaden responsabilidades sociales, ambientales y de derechos humanos. No hay mecanismos de participación ciudadana y mucho menos de los afectados por los proyectos. No hay claridad en los recursos de apelación, ni para reclamar o denunciar. La población afectada y la sociedad en general se topa con el control, la cooptación, las mañas, y las trampas, la burocracia, la mentira, la compra de líderes y el divisionismo, el tortuguismo gubernamental y privado, las amenazas muchas veces cumplidas, la extorsión, la presión y el chantaje. Por ello y mucho más no han funcionado las demandas contra lo bancos multilaterales, los gobiernos y mucho menos contra las empresas trasnacionales. ¡La total impunidad reina en torno a las represas! (En el caso de la presa Cana Brava, en Brasil, en el año 2002 algunos afectados que perdieron sus tierras presentaron una demanda contra el BID. El BID no recibió el documento y exigió que le enviaran otra porque la primera carta no dejaba claro si querían seguir con la demanda. Así buscó mil pretextos. En ese mismo año los afectados denunciaban que el Gerente Departamental del Sector Privado del BID presionaba a las familias afectadas a retirar su demanda y demoraba meses en responder a la carta de los afectados).
El Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB) forma parte de la creciente movilización que en el mundo hay en torno a los conflictos creados por las represas a medida que se ha desarrollado la conciencia de sus impactos. La Comisión Mundial de Represas ha realizado la revisión independiente más completa de la historia sobre las represas en el mundo y en su informe, (se puede conseguir en www.dams.org ) publicado en el año 2.000, afirma: “ Los conflictos en torno a las represas han aumentado en las dos últimas décadas debido en gran parte a los impactos sociales y ambientales de las represas que, o no se tomaron en cuenta en el proceso de planificación, o no se previeron. Sin embargo, también se origina en el fallo de los proponentes de represas y de las agencias de financiación en cumplir con los compromisos adquiridos, observar las regulaciones prescritas y someterse a las directrices internas. (Con la represa Tucuruí “ Electronorte no respetó el Código de Aguas que estipulaba que las plantas hidroeléctricas no deberían afectar negativamente la alimentación y necesidades de las comunidades ribereñas, la salud pública, la navegación, la conservación y la libre circulación de peces).
Las protestas en Brasil en el 2003 lograron detener la represa Santa Isabel que iba ha desplazar a 7.000 personas e inundar selvas y 140 sitios arqueológicos.
