En Brasil, Represas y otros desmanes
Ante una economía mundial hambrienta de materias primas Brasil es una región muy apetecida por las inversiones extranjeras de tal manera que en 2004 fue el mayor receptor de Latinoamérica, 18.000 millones $ (13.533 millones de euros) y un incremento del 79%. La economía creció un 5%, las exportaciones llegaron a 95.000 millones $. El superávit de las cuentas comerciales alcanzó 33.700 millones $, una cifra record.
Aplausos decididamente eufóricos de bancos e inversionistas. Jamás, desde la primera mitad del siglo pasado los bancos ganaron tanto dinero como con el gobierno del antiguo dirigente sindical que capitaneó huelgas históricas en el cruce de los 70 y los 80.
¿De qué valen los buenos números si la catastrófica situación social no ha menguado?
Este año, el pueblo brasileño vive una mezcla de desesperanza, tristeza y, porque no decirlo, de decepción, ya que los tan soñados y esperados cambios no llegaron. La realidad muestra que Brasil aún está atrapado en las redes de los altos intereses y
el endeudamiento externo, lo que lo convierte en sujeto de frecuentes ajustes fiscales exigidos por los representantes del capital financiero internacional. La política económica de Lula apoyada por la OCDE, el FMI y la confianza de los inversores internacionales se ha doblegado a las exigencias de éstos, encaminando reformas
neoliberales, volviéndose incapaz de implementar políticas públicas en favor del pueblo y de usar los recursos públicos para reforma agraria, salud, educación, transporte, vivienda, derechos humanos y medio ambiente.
Alarmante e inmoral es el contraste del crecimiento económico y la redistribución de la riqueza entre las personas. Nada menos que 27 millones de trabajadores y trabajadoras (un 40% de toda la población activa) viven desempleados/as o en la economía informal, sin cobertura de la seguridad social y sin derechos laborales. Cerca de 20 millones de familias, o sea, 82 millones de personas pobres, viven con menos de dos salarios mínimos mensuales; 52 millones de personas viven con menos de 2 dólares al día.
Para algunos analistas, el gran problema que se le plantea a Brasil es cómo conciliar el actual desarrollo económico del país (centrado en el agronegocio), con una defensa a ultranza de sus bosques, de su madera preciosa, de sus ríos sin contaminar (posee el 23% de agua potable del mundo), de su biomasa y de sus inmensos yacimientos de minerales preciosos, principalmente diamantes.
La masiva destrucción de la selva brasileña pone en entredicho la capacidad del Gobierno de Lula para preservar el mayor pulmón medioambiental del mundo.
En 2004 la selva Amazónica perdió, según el satélite del Instituto Nacional de Investigación Espacial, una superficie de 26.130 Km2, similar a la de Galicia, o lo que es lo mismo a la velocidad de 5 campos de fútbol cada minuto. Parece que la puesta de terrenos en cultivo de soja, pastos para el ganado, la tala ilegal y la busca de diamantes son los principales culpables de la deforestación. Brasil es el segundo exportador de soja del mundo y el gobierno ha autorizado el cultivo de la soja transgénica; el país supera los 60 millones de cabezas de ganado (el 30% en la Amazonia); controla el 20% del mercado de carne vacuna del mundo; la U.E. importa el 40% de la carne bovina consumida; es el segundo país suministrador de soja a España y el segundo proveedor de madera aserrada tropical de la industria española; el 80% de la madera en Sao Paulo es de procedencia ilegal. Los expertos dicen que por cada árbol caído se destruyen otros 10 y que 6 de ellos ni siquiera son aprovechados. Sólo en Mato Grosso se han destruido el 46% de las 26.000 Km2 de selva en la que actuaban 431 empresas fantasmas de madereros con la complicidad de algunos funcionarios del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA).
La Amazonia es un territorio de 5 millones de Km2 codiciada por todos, incluidas las 27 multinacionales que actúan en el área. Un santuario con 30.000 especies de plantas, 2.500 de árboles, 3.000 tipos de peces diferentes, 1/3 de la madera tropical del planeta, y donde se registran cada año 300.000 incendios.
En las relaciones del gobierno español con Brasil es prioritario apoyar la presencia empresarial española. Instaladas ya las grandes multinacionales españolas Zapatero intenta potenciar la entrada en ese mercado de las pequeñas y medianas empresas. La inversión en los últimos 10 años acumula un volumen superior a 33.850 millones de euros, que sitúan a España como el segundo inversor extranjero después de EE.UU. Las operaciones de inversión han estado ligadas al proceso de privatizaciones y se centran, fundamentalmente, en los sectores de telecomunicaciones (Telefónica), energía (Endesa, Iberdrola, Repsol y Gas Natural) y financiero (BBVA, SCH y MAPFRE). Sectores como infraestructuras de transportes, recursos hídricos, saneamiento básico, energía y medio ambiente están abiertos a financiación mixta a través del proyecto de ley de Partenariado Público Privado propuesto por el Gobierno de Lula.
En febrero de 2005, la entonces ministra de Minas y Energía Dilma Rouseff (hoy ministra de la Presidencia, ocupando su anterior cargo el militante de centro-derecha Silas Rondeau, presidente de Eletrobrás) visitó España para pilotar maratonianas sesiones de trabajo con empresas e inversores con el objetivo de alentar la participación española en la construcción de redes de transmisión de energía y de 17 centrales hidroeléctricas. El año pasado Brasil concedió licencias para la construcción de 224 nuevos proyectos de generación de energía que permitirán incrementar la oferta en 3.945 megavatios (MW) y requerirán una inversión de 2.348 millones de $. Las grandes presas hidroeléctricas se situaban en los ríos Paraná, São Francisco y Grande. En el río Paraná el complejo hidroeléctrico de Itaipu, Jupiá, Ilha Solteira y Foz do Areia tiene en total 18.915 MW de potencia instalada. En el São Francisco el complejo Paulo Afonso-Sobradinho suma 3.510 MW, y en el río Grande el complejo Embarcação, Furnas y Marimbondo genera un total de 3.747 MW aproximadamente.
El 93 % de la electricidad en Brasil proviene de las represas que, según datos oficiales, han inundado 34 mil km2, lo que representa una superficie superior a la de Bélgica. 400 empresas acaparan casi el 30% del consumo energético del país, mientras 12 millones de personas “viven a la luz de una vela”.
En un marco más amplio de la política exterior española, el gobierno de Zapatero ha manifestado en las reuniones preparatorias de la XV Cumbre Iberoamericana, de la que Brasil es tercer pilar fundacional, y que se celebrará en Salamanca en octubre, luchar contra la pobreza con “soluciones, no declaraciones”. Pero si entre las “soluciones” se considera que a la recién creada Secretaria General Iberoamericana opte al máximo cargo como candidato favorito de España el uruguayo nacido en Aracedo (Asturias) Enrique Iglesias, director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde 1988, parece garantizado el escaso desarrollo de las políticas sociales y el fracaso de la lucha contra el hambre, y por lo tanto una “solución” poco acertada.
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El BID forma parte de del grupo de Instituciones Financieras Internacionales (IFI´s) que ha promovido la construcción de grandes represas y por ello es censurado por las clases más pobres y acusado de favorecer la macroeconomía endémica que multiplica las situaciones irreversibles de marginación. Organizaciones de la sociedad civil han documentado que operaciones financiadas por el BID han causado y contribuido a daños ambientales y sociales extensivos, con impactos negativos en muchas de las comunidades más pobres y vulnerables de la región, los mismos grupos por los que el BID dice trabajar. El financiamiento del BID se dirige cada vez más hacia grandes proyectos de infraestructura que tienen impactos directos sobre las poblaciones indígenas. En marcha está una campaña en contra del BID, una campaña hemisférica de base dedicada a aumentar la presión política sobre la entidad para dejar de financiar los proyectos desastrosos en América Latina. Lanzada en julio de 2003, la campaña junta a los movimientos sociales y los grupos de defensa en América Latina y del Norte que trabajan los asuntos del banco. (Para saber más de la campaña contra las IFI´s www.ciepac.org ).
El BID es el banco de desarrollo regional más grande del mundo, ha sobrepasado al Banco Mundial (BM) como fuente de financiamiento en América Latina durante los últimos diez años. El BM aprobó préstamos por alrededor de 5.8 mil millones de $ entre julio de 2002 y junio de 2003, mientras el BID aprobó 8 mil millones de $. Sin embargo, aunque ejerce más poder en la región, el BID ha podido evitar la atención. Poca gente entiende sus operaciones y, frente al BM, hay pocos procedimientos de seguimiento. Las políticas del BID para los pueblos indígenas y el medio ambiente son hasta peores que el historial catastrófico del BM.
Para desmontar este manto de la inocencia, las organizaciones de América Latina iniciaron una campaña de educación, movilización y defensa. La campaña se lanzó en Tegucigalpa, Honduras, donde 1.500 personas participaron en el Foro sobre la Diversidad Biológica y Cultural y el Cuarto Foro Mesoamericano. Los foros se dirigieron a los temas relacionados con el papel complementario de las IFI´s, los gobiernos, los bancos multinacionales y las corporaciones en el empobrecimiento de América Latina. Un resultado de estas discusiones fue el lanzamiento de la campaña de presión al BID para parar sus proyectos desastrosos.
El lanzamiento formal de la campaña incluyó un manifiesto en contra del BID (firmado por más de 300 personas y aprobado por todos los 1.500 participantes de los foros), y una protesta frente a su sede en Tegucigalpa que terminó con una presentación del manifiesto al BID para denunciar sus proyectos en la región.
El nombramiento del colombiano Luis Alberto Moreno como nuevo presidente del BID, hasta ahora embajador de Colombia en EE.UU. desde 1998, hace presagiar que los conflictos con la IFI, cuando menos, han de continuar.
Producto de la injusticia derivada del sistema capitalista y su actual modelo neoliberal es la configuración de un continente pobre y violento. Cada año son asesinadas entre 110.000 y 120.000 personas en Latinoamérica y el Caribe. Hoy sólo se habla de la violencia que produce el mundo islámico fanático u otras formas de terrorismo, también fanático, pero las otras violencias son condenadas… al silencio. Las víctimas son consideradas, cuando lo son, como un subproducto inevitable y, sin duda, incómodo, pero con el que hay que aprender a convivir. Sin más, en Brasil la violencia de las grandes represas ha desplazado a 1 millón de personas, ocupa en la clasificación mundial el puesto 9 con 600 construidas y han privado a las personas del Derecho a la Tierra (en Brasil en 1987 había 859 millones de hectáreas inundadas por las represas. Y en el río Paraná las represas inundaron las imponentes cataratas en Guaíra. Las represas Tucurui y Balbina en la selva amazónica inundaron 6.400 Km2); el Derecho a la Vivienda y obligado al desplazamiento forzado (los indígenas Waimri-Atroari de Brasil llegaban a 6 mil en 1905, para 1985 sólo quedaban 374 de los cuales 107 personas fueron desplazadas por la presa Balbina); el Derecho de la Mujer (“ Las dificultades para las mujeres fueron inmensas. Nosotras sufrimos la depresión. La relación que las mujeres tenemos con los de nuestro hogar, los árboles, el río, eso es una cosa muy fuerte para todas nostras.” – Margaret Nuness, Comisión Regional de Afectados por Represas del Iguazú, Brasil -.
En la Amazonia de Brasil “la mujer maquillada de guerrera bajó ágilmente su machete. La hoja curvada se detuvo a milímetros del hombro de José Antonio Muniz López, el ingeniero jefe de la eléctrica brasileña Electronorte. Muniz se fue tranquilizando a medida que Tuira, la mujer Kayapó, apoyaba la parte plana del machete contra su cara.`Usted es un mentiroso´ le dijo a punto de escupirlo. `Nosotros no necesitamos la electricidad. La electricidad no nos va a dar nuestro alimento. Necesitamos que nuestros ríos corran libremente: nuestro futuro depende de ello. Necesitamos nuestras selvas para cazar y recolectar. No necesitamos su represa”. Y es que en el río Xingú una de las represas inundaría 7.200 Km2, sería el segundo embalse más grande del mundo); el Derecho a la Salud (por lo menos unas 40.000 personas que viven en la cuenca de la Amazonia han sufrido de picazón en los pies y otros impactos en la salud debido a la descarga de aguas sucias de la presa Tucuruí); el Derecho a la Biodiversidad (la contaminación del agua en la represa Belem en Brasil generó 300.000 toneladas de carbono expuestos que produjo espuma tóxica y mató a fauna y flora); el Derecho a la Justicia Económica (en Brasil el financiamiento del BM y del BID para las 79 grandes represas construidas entre 1950 y 1970, llegó a equivaler al 10% de sus costos, y veinte años después se elevó al 30% para las 47 represas construidas en ese periodo. La presa Itaiupú en Brasil y Paraguay alcanzó el costo de 16.600 millones de dólares en 1990 cuando la deuda externa de Paraguay era de 1.700 millones de dólares. La presa Itaparica de Brasil desplazó a 40.000 personas, y 10 años después sólo había concluido el 35% de la represa pese a los préstamos del BM por 232 millones de dólares. Más de 40% de la deuda externa del Brasil fue producto de las inversiones del sector eléctrico); el Derecho a la Paz (en el caso de las represas Tucuruí, el proyecto se planificó bajo una dictadura militar y no hubo mucha preocupación durante la planificación por la rentabilidad económica o recuperación de costos).
Y es que todos los actores que intervienen en la construcción de una represa, del sector público (gobiernos y sus bancos) y del sector privado (empresas trasnacionales y sus bancos), tienen las siguientes constantes sobre la base de sus intereses creados, el negocio y la ganancia: restringen la información y no proporcionan mecanismos transparentes sobre los proyectos. Sistemáticamente evaden responsabilidades sociales, ambientales y de derechos humanos. No hay mecanismos de participación ciudadana y mucho menos de los afectados por los proyectos. No hay claridad en los recursos de apelación, ni para reclamar o denunciar. La población afectada y la sociedad en general se topa con el control, la cooptación, las mañas, y las trampas, la burocracia, la mentira, la compra de líderes y el divisionismo, el tortuguismo gubernamental y privado, las amenazas muchas veces cumplidas, la extorsión, la presión y el chantaje. Por ello y mucho más no han funcionado las demandas contra lo bancos multilaterales, los gobiernos y mucho menos contra las empresas trasnacionales. ¡La total impunidad reina en torno a las represas! (En el caso de la presa Cana Brava, en Brasil, en el año 2002 algunos afectados que perdieron sus tierras presentaron una demanda contra el BID. El BID no recibió el documento y exigió que le enviaran otra porque la primera carta no dejaba claro si querían seguir con la demanda. Así buscó mil pretextos. En ese mismo año los afectados denunciaban que el Gerente Departamental del Sector Privado del BID presionaba a las familias afectadas a retirar su demanda y demoraba meses en responder a la carta de los afectados).
El Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB) forma parte de la creciente movilización que en el mundo hay en torno a los conflictos creados por las represas a medida que se ha desarrollado la conciencia de sus impactos. La Comisión Mundial de Represas ha realizado la revisión independiente más completa de la historia sobre las represas en el mundo y en su informe, (se puede conseguir en www.dams.org ) publicado en el año 2.000, afirma: “ Los conflictos en torno a las represas han aumentado en las dos últimas décadas debido en gran parte a los impactos sociales y ambientales de las represas que, o no se tomaron en cuenta en el proceso de planificación, o no se previeron. Sin embargo, también se origina en el fallo de los proponentes de represas y de las agencias de financiación en cumplir con los compromisos adquiridos, observar las regulaciones prescritas y someterse a las directrices internas. (Con la represa Tucuruí “ Electronorte no respetó el Código de Aguas que estipulaba que las plantas hidroeléctricas no deberían afectar negativamente la alimentación y necesidades de las comunidades ribereñas, la salud pública, la navegación, la conservación y la libre circulación de peces).
Las protestas en Brasil en el 2003 lograron detener la represa Santa Isabel que iba ha desplazar a 7.000 personas e inundar selvas y 140 sitios arqueológicos.
La reconversión llega a las cataratas
Afectados por Biscarrués insisten en que se estudien otras alternativas
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La Plataforma escenifica su rechazo a Biscarrués ante la sede de las Cortes
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Nueva campaña VoluntaRíos
Manifiesto Plataforma Reino de los Mallos
Manifiesto fundacional de la Plataforma en defensa del Reino de los Mallos
Esta nuestra tierra recibe dos nombres: la Galliguera, por ser el territorio por el que pasa el río Gállego; y más recientemente “el reino de los mallos” nombre que muestra el gran legado de patrimonio natural e histórico en el se basan tanto nuestra identidad como nuestras perspectivas de futuro.
En estos momentos, junto a la ganadería y la agricultura, se viene potenciando y desarrollando un activo y prometedor sector turístico, basado en las aguas bravas, el paisaje y el patrimonio histórico-artístico de la comarca.
Estos elementos hacen que el Reino de los mallos tenga hoy un notable desarrollo económico, humano, cultural y social, así como prometedoras perspectivas de desarrollo sostenible para el futuro
No obstante, se trata de un territorio en el que faltan infraestructuras, que permitan mejorar las comunicaciones, fomentar un cierto desarrollo industrial y ofrecer servicios sociales de calidad.
Desgraciadamente, las infraestructuras más notables que existen son dos embalses, el de la Peña y la Presa del Gállego, en los municipios de Biscarrués y Ardisa, dos centrales hidroeléctricas, Carcavilla y Valdespartera, y una subestación en Santa Eulalia. Todas ellas, son infraestructuras que contribuyen al desarrollo de Monegros o generan beneficios a determinadas empresas eléctricas, sin que la comarca del “reino de los mallos” haya obtenido nunca ventaja alguna.
– La equidad interterritorial
La igualdad real de todos los territorios del estado español exige que ningún territorio sea considerado más que otro, evitando, especialmente, aquellas situaciones en las que la priorización de los intereses de unas comarcas o regiones imponga la destrucción o la degradación de otras
Dentro de la nueva generación de derechos humanos a debate actualmente en las instituciones internacionales, se incluye el derecho de los pueblos a la paz, al territorio y al medio ambiente. En este sentido, proclamamos el derecho de todos los pueblos a seguir existiendo, por encima de intereses económicos y políticos ajenos, que generalmente benefician a los más ricos y poderosos. Rechazamos por tanto como un atentado a los derechos humanos la amenaza de inundación de Erés.
En nuestro caso, reivindicamos nuestro derecho a preservar nuestros propios recursos naturales – las aguas bravas del río Gállego, los mallos y sus paisajes, la flora, la fauna,…- así como nuestro patrimonio histórico artístico – los castillos y ermitas románicas, la arquitectura popular de estos pueblos…- no pedimos que se nos regale nada, pero exigimos que se respete nuestra integridad territorial y lo que hemos construido con nuestro esfuerzo
Defendemos nuestro derecho a vivir en el medio rural promoviendo, en cada territorio, modelos de desarrollo sostenibles, tanto económica como social y ambientalmente. En este sentido, no se pueden seguir creando expectativas de regadío de dudosa viabilidad económica sin tener en cuenta las repercusiones provocadas en otras comarcas como la nuestra.
No podemos seguir detrayendo más caudales de nuestros ríos, ni para trasvases ni para nuevos regadíos que resultan insostenibles desde el punto de vista ambiental e incluso económico , y menos desde las perspectivas de cambio climático en curso debemos empezar a aplicar con rigor y seriedad la directiva marco del agua, desde una perspectiva de cuenca, haciéndonos todos garantes y corresponsables de la salud de nuestros ríos, de nuestros deltas y de nuestros paisajes.
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Compensar la deuda histórica contraída con este territorio, mediante adecuadas inversiones e infraestructuras coherentes con un modelo de desarrollo sostenible de la comarca.
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La anulación de proyectos, como el embalse de Biscarrués, que arruinan y cercenan las posibilidades de desarrollo sostenible de nuestra comarca.
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Promover estudios integrales de nuestro territorio, que pongan las bases de un plan de desarrollo sostenible para la comarca del” reino de los mallos”.
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Una nueva política del agua que respete los principios y objetivos de la directiva marco del agua y permita recuperar y garantizar el buen estado ecológico de nuestros ríos, incluido el Delta del Ebro.
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Detener el crecimiento masivo de nuevos regadíos en la cuenca del Ebro, limitando posibles nuevas transformaciones a pequeños riegos sociales que se demuestren rentables y compatibles con la sostenibilidad de los ríos de la cuenca.
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La elaboración de un plan de retirada compensada de regadíos salinizados en Aragón; ello permitiría ahorrar importantes caudales que se deberían destinar a aumentar la garantía de los abastecimientos urbanos y agrarios, previendo futuros ciclos de sequía.
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La revisión del plan hidrológico de la cuenca del Ebro, tal y como exige la directiva marco, aplicando un amplio proceso participativo en todas las comunidades de la cuenca, en el que reivindicamos participar, en compañía de cuantos colectivos vienen luchando por la nueva cultura del agua.
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El desarrollo de un auténtico proceso de diálogo social, basado en el respeto mutuo entre las distintas comarcas, en el que los acuerdos sean consensuados y no haya imposiciones.
Ante el peligro de que el proyecto de Biscarrués se pretenda imponer en la Comisión del Agua, en contra de la voluntad de los afectados, sin llegar a soluciones de consenso, ignorando las alternativas técnicas que existen, esta Plataforma llama a toda la ciudadanía, colectivos, sindicatos y partidos que compartan los principios de esta declaración a levantar un amplio movimiento ciudadano en contra de la barbarie que supondría inundar Erés y destruir el hermoso cañón del Gállego a los pies de los Mallos de Riglos. Tal imposición sería entendida como una ruptura del diálogo social al que hemos venido dedicando nuestros mejores esfuerzos, desde una actitud generosa y comprensiva hacia los intereses de los regantes, aun cuando en muchos aspectos no los compartamos. Hacemos un llamamiento para que, de producirse esta circunstancia, que no deseamos, seamos capaces de levantar un movimiento en Aragón, en España y en Europa que dé continuidad coherente al ejemplar movimiento por la Nueva Cultura del Agua con el que fuimos capaces de desterrar los trasvases que pretendía imponer el anterior gobierno del PP con el apoyo, por cierto, de los dirigentes de Riegos del Alto Aragón que hoy pretenden inundar nuestros pueblos y valles.
Nace el Frente Guatemalteco contra las Represas
28 al 31 de julio de 2005
- Que nuestras comunidades están amenazadas por el despojo de sus tierras y sus recursos naturales por parte de empresas transnacionales interesadas en la generación de energía eléctrica, la explotación petrolera, minera y en agroindustria, avaladas por el gobierno.
- Que a nivel mundial hay más de 40 millones de personas desplazadas por represas, que sufren las consecuencias económicas, sociales y ambientales. También, en Guatemala hemos visto la masacre de más de 400 personas donde se construyó la represa de Chixoy, y seguimos solidarizándonos con las familias desplazadas que perdieron sus tierras y viven en extrema pobreza.
- No se hace consulta, ni se toma en cuenta la opinión de las comunidades para decidir la construcción de las represas hidroeléctricas, a pesar de que seremos las más afectadas.
- El engaño, las mentiras y la desinformación que las autoridades, empresarios extranjeros y funcionarios públicos hacen en las comunidades, negando los planes y proyectos hidroeléctricos y atacando a la dirigencia de nuestras organizaciones y dividiendo nuestras comunidades.
- Del mismo modo, denunciamos a los medios de comunicación, que se prestan al juego de gobierno y hacen publicidad a favor de los proyectos neoliberales como el Plan Puebla Panamá y TLC, y no toman en cuenta las opiniones y daños que esto genera en nuestro pueblo. Creemos que se han convertido en mercaderes de la mentira, ya que para financiarse, son capaces de engañar y confundir a nuestra población.
- Denunciamos los desalojos e intentos de despojos de tierra y los planes ocultos que el gobierno y los poderosos hacen en las comunidades en donde ya se han concesionado los proyectos de represas, tal es el caso de las comunidades Trece Aguas de Senahú, y Chulac, en Santa María Cahabón, ambas en el departamento de Alta Verapaz; en Xálala y Serchil sobre el río Chixoy, municipio de Ixcán, Departamento de Quiché, cuyos estudios de factibilidad y pre-factibilidad, han sido adjudicados a la empresa colombiana INGETEC.
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Que a pesar de haber transcurrido 22 años de la construcción de la represa de Chixoy, hasta el día de hoy siguen esperando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el INDE, sin que los gobiernos de turno den solución a su problemática. Además continúan las amenazas y los intentos de desprestigio hacia los sobrevivientes y sus organizaciones.
- La ampliación de las áreas protegidas que afectan la vida y sobrevivencia de las comunidades, tal es el caso de Semuc Champey en el municipio de Lanquín, Alta Verapaz y de la cuenca el Mirador, en Petén.
- La cancelación definitiva de los estudios, de la construcción y los posibles planes de represas que tienen los poderosos para nuestro país.
- También queremos la suspensión total de las concesiones mineras y petroleras que afectan a muchas comunidades de nuestro territorio nacional, ya que hasta el momento el gobierno no ha respondido al clamor de la población y ha continuado apoyando a las empresas transnacionales de minería y petróleo.
- Al Congreso de la República, que no aprueben la Ley de Aguas y la Ley de Concesiones, ya que es el marco legal que las empresas y los poderosos esperan para llevar adelante las privatizaciones de nuestros recursos.
- Al gobierno y los funcionarios públicos, que cumplan con su tarea de trabajar para la ciudadanía y que no nieguen a las comunidades y sus organizaciones la información sobre proyectos que pueden afectar su vida y su futuro.
- Al INDE, al gobierno y a las instituciones involucradas, la inmediata reparación de los daños causados a las y los compañeros afectados por la construcción de la represa de Chixoy.
¡Las y los seres humanos tenemos derecho a la Vida!
¡Somos de maíz, pero también de agua!
¡Ríos Libres y Ríos Vivos!
- Frente Petenero contra las Represas, que incluye las comunidades de las riveras de los ríos Usumacinta, Pasión, Sainas y San Pedro.
- Alianza por la Vida y la Paz
- Asociación de Mujeres Guatemaltecas Ixmucané
- Programa Agrícola, Pastoral de La Libertad
- Juventud CPR
- Centro de Investigación y Educación Popular- CIEP
- Asociación de Víctimas del Conflicto Armado
- Consejo Indígena Q’eqchi’ Sayaxché
- Asociación de Promotores de Salud Maya Petén
- Pastoral Social de Petén
- Cooperativa Nuevo Horizonte
- Asociación de Servicios Comunitarios de Salud –ASECSA Petén
- Asociación UNCADI, Pastoral Social San Luis
- Asociación de Guías Espirituales de Poptún, Petén
- Asociación para el Desarrollo Indígena, Tierra Blanca Sayaxché
- Asociación Elías Manuel
- Radio Libertad
- Federación Luterana Mundial Petén
- Pastoral Socia de Cobán
- Directiva Parroquia Lanquín
- UNICAN Unidad Indígena Campesina de Cahabón
- UVOC – Unión Verpacense de Organizaciones Campesinas
- Lajep Canil, La Tinta
- Aldea Yalicar, La Chúa municipio de Cobán
- Comité de Desarrollo Campesino – CODECA Cuyotenango
- CCDA – Comité Campesino de Altiplano, San Lucas Tolimán.
- Coordinadora Municipal del Ixcán
- Pastoral Social del Ixcán
- Serjus – Proceso Ixcán
- Fuente de Paz
- CONAVIGUA – Coordinadora de Viudas de Guatemala
- Asociación para el desarrollo sostenible de la mancomunidad Huista – ADSOSMHU
- Asociación y Equipo Técnico de Educación en Salud Comunitaria – ETESC
- CONCAD – Consejo Cristiano de Desarrollo
- ASCRA – COCAICH
- ACSODIMA – Asociación Integral Maya Achí
- COMPPA – Comunicadores Populares Por la Autonomía
- CIEPAC – Centro de Investigaciones Económicas, Políticas y de Acción Comunitaria
- La Voz de Nuestro Corazón
- Frente Chiapaneco contra las Represas
- Educación para la Paz -Edupaz
- Centro Mexicano de Derecho Ambiental -CMDA
- Federación Luterana, Departamento de Servicio Mundial,
Caritas Italia
Impedirán ejidatarios de Viesca construcción de la presa El Tigre
EL SIGLO DE TORREÓN
(12/09/2005)
Ejidatarios del municipio de Viesca anunciaron que emplearán todos los medios legales para impedir que se construya la presa El Tigre en el municipio de San Juan de Guadalupe. Héctor Ordaz Mireles, originario del ejido El Esfuerzo, dijo que el diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ulises Adame de León, tiene un interés particular y por eso defiende dicha obra.
En la edición del sábado diez de septiembre, El Siglo de Torreón publicó una declaración del legislador, en la que aseguró que recurrirán a todas las instancias judiciales para defender la construcción de la presa hasta lograr su terminación al 100 por ciento, señaló además que quienes interpusieron los amparos federales para suspender la obra no son los campesinos, sino los empresarios que acaparan la propiedad de los terrenos cultivables en el Cañón de Jimulco y el Valle de Nazareno.
Como se había informado en ediciones anteriores, por segunda ocasión los trabajos fueron interrumpidos por órdenes del juez federal, en atención a un nuevo amparo provisional contra la realización de la presa El Tigre.
«El diputado está equivocadísimo, nosotros los ejidatarios hemos luchado desde que iniciaron el proyecto, a todos los municipios nos perjudica porque no se van a recargar los mantos acuíferos, pero a Viesca nos va a afectar más porque es el municipio más pobre de Coahuila y no nos va a llegar nada de agua», dijo el ejidatario.
Ordaz Mireles, afirmó que los campesinos van a defender con todo su postura, porque consideran que Ulises Adame y las autoridades están engañando a los ejidatarios de San Juan de Guadalupe, «quieren poner una cosa turística en la presa con inversión de él, está muy alzado porque es diputado».
El ejidatario recalcó que van a defender su postura dentro del marco legal, pero reiteró que se debe hacer un estudio a fondo porque esta obra afectará a los campesinos de Viesca, y reconoció que los ejidatarios de San Juan de Guadalupe requieren apoyo, pero aseguró que aunque no se construya la presa en el municipio duranguense reciben el agua suficiente para regar sus cultivos.