Por el entendimiento ante el cambio en la política de aguas

El siempre caudaloso manantial de noticias en torno a la política de aguas nos ha traído este verano movimientos del PSOE en relación a la cota de Yesa y algunas cartas sobrecargadas de calificativos y de intenciones de su Secretario General zaragozano, señor Lambán.

Desde Coagret contemplamos con agrado y esperanza la evolución que parecen estar experimentando los partidos del gobierno aragonés y otras fuerzas sociales próximas en el sentido de aceptar que ha llegado un tiempo nuevo a la política de aguas. Una nueva política de aguas centrada en la gestión de la demanda en detrimento de la ampliación de la oferta, en la racionalidad económica más que en las subvenciones masivas, en el equilibrio territorial también en el propio Aragón, y en la sostenibilidad de los ecosistemas de la cuenca del Ebro, que nos proporcionan tantos servicios ambientales imprescindibles para nuestro bienestar. Es la Nueva Cultura del Agua que de forma imparable se va abriendo paso en amplios sectores de la sociedad aragonesa y que da la impresión que dichos partidos –en una postura sensible e inteligente- están incorporando con no pocas dificultades. Esperamos con gran interés a que esa nueva actitud se materialice en decisiones de gobierno y proyectos viables.

El cambio que se está produciendo en la política de aguas –de momento más asumido por el poder judicial que por el político y el mediático, y por la Unión Europea que por los gobiernos españoles- está generando reacciones crispadas e incluso agresivas en algunos sectores que no lo comprenden y lo califican de judicialización de la política de aguas o de esperpento. Son reacciones que surgen siempre en los escenarios de cambio social y político y que a la postre resultan perdedoras. Como la de azuzar enfrentamientos indeseables y más virtuales que reales entre el mundo rural y el urbano o el Llano y la Montaña. No es ese el camino. Se han cometido demasiados errores y se ha perdido demasiado tiempo en los últimos años obcecándose con propuestas de regulación estructuralistas que no tenían cabida: véase Campo, Comunet, Santaliestra y Jánovas y previsiblemente Yesa y Biscarrués, postergándose otras sobre las que existe consenso y que ya estarían dando servicio. Con planes de regadíos decimonónicos en Monegros que la U.E. tuvo que recortar por razones medioambientales tras la denuncia de SEO. Con posturas tan hostiles como las de Riegos del Alto Aragón con los vecinos del Grado a quienes no dio permiso para instalar una piscifactoría ¡en su propio río! Como las ambiciones de mercadear con los levantinos el agua de Yesa recrecido que manifestó el presidente de Bardenas. Como el bloqueo que las cúpulas de regantes y el PP impusieron al documento de consenso entre regantes y montañeses impulsado por la Fundación Ecología y Desarrollo a través de la Iniciativa Social de Mediación. Confiamos en que el cambio que lidere el nuevo gobierno barra del ámbito social tales actitudes irresponsables de enfrentamiento, favoreciendo un clima de diálogo profundo y noble entre las partes interesadas.

Permítasenos señalar un elemento que desde la Montaña se considera clave para desatascar la política de aguas: desterrar del inconsciente colectivo aragonés la idea de que a los regantes les asiste el “derecho natural” a poder disponer de las aguas y valles pirenaicos para llevar a cabo sus legítimas aspiraciones de desarrollo. Era la filosofía de la Ley de 1915, que hoy en día ya no cabe en el actual ordenamiento constitucional y europeo y está siendo frenada en los tribunales. Recientemente un regante esforzado nos explicaba que para ellos disponer de un embalse en cabecera era un seguro, algo así como disponer de unos buenos ahorros en el banco para hacer frente a las contingencias. “Claro que sí” le dijimos. “A nosotros también nos da mucha seguridad tener un buen colchón de ahorros en el banco. Pero para obtenerlo nosotros no podemos disponer de la cuenta corriente del vecino y vaciarla a la cota que se nos antoje para llenar la nuestra”. Coincidimos en ello ambas partes. Por eso pensamos que la propuesta de cota intermedia de Yesa se mantiene en la misma obsoleta filosofía: la subordinación del Pirineo a los Planes de Regadío y la ausencia de una política de aguas específica para la Montaña, mediante el desarrollo de Planes de Conservación y Aprovechamiento Turístico de los Ríos, por ejemplo. Esmérese en ello el gobierno, sin confundirla con las inaceptables compensaciones.

Es necesario que las propuestas concretas del cambio sean imaginativas y audaces. Que desarrollen la importante capacidad de autorregulación de caudales y de modernización que tienen las zonas de regadío, canalicen las ayudas públicas hacia el regante pegado al terreno, compatibilicen la riqueza generada mediante el regadío con la supervivencia de los ecosistemas esteparios y del Delta. No hay que olvidar que la expansión compulsiva del regadío es la mayor amenaza para el estuario del Ebro, más que el trasvase, y que en los últimos años en algunas zonas como Bardenas, su crecimiento es de tipo “murciano”, habiéndose transformado ya todas las hectáreas previstas hasta el 2008. Y que propicien la igualdad de oportunidades a los territorios, partiendo de la salvaguarda del patrimonio socieoeconómico e identitario del Pirineo y continuando por la aplicación de políticas activas, no por parches compensatorios.

Ello permitirá que el Pirineo deje de ver el conflicto del trasvase entre los gobiernos de Madrid y de Zaragoza como una disputa entre ambos por la “apropiación” de las aguas y tierras de sus valles para destinarlas bien al servicio del Levante, bien al de las comarcas expectantes, quedando como convidado de piedra. Y encenderá la esperanza en un territorio que se siente tan ingratamente tratado a pesar de su dolorosa contribución al bienestar común.

José Manuel Nicolau