COordinadora de Afectados por GRandes Embalses y Trasvases

José Santamarta (*)
World Watch. España, noviembre del 2005.

«El agua calienta más que el fuego y emborracha más que el vino.»
-Manuel Lorenzo Pardo. Alicante (España), 1933.-
España acaba de pasar por la peor sequía del último siglo. ¿Cambio climático, episodio natural? Probablemente sería pronto para decirlo, pero lo cierto es que el último año hidrometeorológico, que abarca desde el 1 de septiembre de 2004 hasta el 31 de agosto de 2005, pasará a la historia por haber sido el más seco en España desde que se inicia el cálculo de volúmenes de precipitaciones en 1947.

La precipitación media en España ha sido de tan sólo 411 mm, un 40% menos que el valor medio normal, afectando a todas las regiones, excepto a Canarias. El mayor déficit de precipitaciones se registró en Extremadura, Andalucía, Castilla-la Mancha, Madrid, Cataluña y el sur de Castilla y León, en donde no llegaron ni al 50% de los valores normales, y en numerosas zonas apenas se llegó al 35% de los valores medios. En el resto de España el déficit fue importante, excepto en la vertiente cantábrica, sur de Galicia, La Rioja, Navarra, este de Aragón, centro y norte de Valencia, sur de Murcia y este de Almería, aunque sin llegar a los valores normales. Pero tan importante como el déficit global, fue el reparto a lo largo del año, pues en el último año todos los meses fueron secos o muy secos, excepto octubre de 2004. Y a medida que pasaron los meses, las reservas acumuladas en los embalses han ido descendiendo hasta el 40%: en septiembre almacenaban sólo 22.037 Hm3, frente a los 31.552 Hm3 de hace un año. Las lluvias de otoño es probable que pongan fin a esta situación extrema, pero la sequía volverá, porque es un fenómeno cíclico, que se verá agravado por el cambio climático.

Otro factor a destacar es que la situación pudiera agravarse aún más, pues históricamente las sequías en España duran de 4 a 5 años, y de ahí la importancia de aplicar políticas de ahorro y eficiencia en todos los usos, desde los regadíos, que representan cerca del 80% del consumo, a los usos urbanos.

¿De quién es el agua?

El agua, como recuerda la ministra Cristina Narbona, es un bien público y es de todos, y por eso no tiene precio, es un derecho humano básico. Cuando hablamos del precio del agua nos referimos a los importantes costes que supone captar, almacenar, distribuir y depurar el agua una vez utilizada, sin contaminar y degradar los ríos, el litoral o los acuíferos. La Directiva Marco de la Unión Europea nos obligará a repercutir todos los costes en los usuarios finales.

Otra cosa bien diferente es quien gestiona el agua y el debate suscitado con los nuevos borradores de los Estatutos de Autonomía, como el de la Comunidad Valenciana y Cataluña, entre otros. Nuestro ordenamiento jurídico es meridianamente claro al respecto: en los ríos que discurren por varias autonomías existe la Unidad de Cuenca, y es el Gobierno quién gestiona las cuencas que discurren por varias regiones, a través de las Confederaciones Hidrográficas.

Ningún territorio puede "blindar" un río que discurre por varias Comunidades Autónomas, y aún menos puede reclamar o exigir el trasvase desde otra cuenca, como pretenden dos de las regiones gobernadas por el PP, Murcia y la Comunidad Valenciana. La competencia sobre los trasvases corresponde al gobierno, que se guía por criterios de solidaridad y responsabilidad. Por eso se suspendió el trasvase del Ebro, y tarde o temprano habrá que reconsiderar el trasvase del Tajo, como reclaman todos los partidos y fuerzas regionales de Castilla-La Mancha, una vez que se solucionen las carencias de las áreas receptoras con desalinizadoras, reutilización de aguas residuales y mejora de la eficiencia, proceso que durará unos cuantos años.

El agua es de todos, pero tiene muchos usos, desde los más prioritarios, como el abastecimiento de boca o urbano, que apenas representa un 15%, el abastecimiento industrial (un 7%) y el riego de la agricultura (cerca del 78%). El Ministerio de Medio Ambiente trata de poner orden y frenar el descontrol, como el ocasionado por los numerosos pozos ilegales (se habla de medio millón, pero es difícil saber la cifra exacta), que sobreexplotan los acuíferos, y detraen para un uso particular un recurso que es de todos. Conocer bien quién consume el agua es clave para una buena gestión.

El nacionalismo hidráulico del PP

El PP y algunos de los gobiernos de las Comunidades Autónomas donde gobierna (Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid) están utilizando la sequía contra el gobierno, al que no perdonan la derogación del trasvase del Ebro, y sobre todo haber perdido las elecciones y el gobierno. Nadie tiene la culpa, políticamente, de que no llueva, pero el PP allá donde gobierna no ha adoptado medidas para afrontar la sequía, y se ha lanzado a una campaña demagógica y permanente contra el gobierno socialista, con la esperanza de obtener réditos electorales en las próximas confrontaciones.

Los trasvases son objeto de debate y de confrontación, entre partidos políticos y regiones, como sucedió con el trasvase del Ebro, ocurre con cada nuevo trasvase del Tajo e incluso con el previsto del Júcar al Vinalopó, que enfrenta a Valencia con Alicante.

El PP de Murcia y Comunidad Valencia han encontrado la piedra filosofal, la seña de identidad que sirve de bandera contra la izquierda y el gobierno: el nacionalismo hidráulico, la demagogia del "agua para todos", y la reivindicación del trasvase del Ebro, o de trasvases imposibles desde los embalses vacíos de la cabecera del Tajo (Entrepeñas, y Buendía). Hoy es el Ebro, luego será el Tajo medio, posteriormente el Ródano, pero ni con el Amazonas tendrían bastante. Más regadíos y, sobre todo, campos de golf y centenares de miles de nuevas viviendas para todos los europeos que tengan con que pagarlas, a costa de la destrucción del litoral y de todo tipo de ecosistemas. Uno de los intelectuales orgánicos, y desde luego el más inteligente, es el periodista de La Verdad de Murcia (del grupo Vocento) Manuel Buitrago. Lo que él dice un día, al día siguiente lo repiten como papagayos todos los responsables regionales del PP. Buitrago les ilustra y les da la sofisticación y la gracia que no tienen. Lástima que una persona tan inteligente y tan lúcida como Buitrago esté al servicio del "agua para todos los campos de golf".

El discurso, a fuerza de machacón, ha calado hondo, sobre todo en Murcia, donde existe la extendida ideal de que "les queremos robar el agua", aunque en ninguna otra región el gobierno ha invertido tanto para subsanar una demanda voraz, alimentada por nuevos regadíos, legales o ilegales, urbanizaciones y campos de golf, y todo ello en la región más árida de Europa, en ese Levante que va de Alicante a Almería.

Hablan de una agricultura sin subvenciones, pero se olvidan de decir que sin las barreras arancelarias no podrían competir en el mercado europeo, sin olvidar el enorme impacto del consumo de agua, la destrucción de hábitats, la contaminación por nitratos y por plaguicidas. Y en algún momento deberán pagar el "precio real" del agua subvencionada que consumen, como establece la Directiva Marco de la Unión Europea.

Pero aún más deplorable es la creación de decenas de nuevos campos de golf, siempre ligados a grandes complejos residenciales, con su correspondiente demanda de agua, en la región más árida de Europa. ¿Qué no hay agua? Pues se trae de donde sea, y si las cabeceras del Tajo están secas, pues se recurre al Tajo medio, y cuándo el PP vuelva al gobierno, se hará por Cañetes el trasvase del Ebro, cueste lo que cueste, y cuando el Ebro se acabe, el del Tajo Medio, el Duero, el Guadiana, y se acabará interconectando todas las cuencas, para llevar el agua de la España húmeda a la seca.

Los nacionalistas hidráulicos no entienden de ecología, ni de economía, ni falta que hace. Lo suyo es la demagogia y la movilización permanente, el crear unas nuevas señas de identidad hidráulicas, que hagan olvidar todos sus fracasos, y su política real, la especulación urbanística y el enriquecimiento de unos pocos promotores, y utilizar a los agricultores de carne de cañón, imbuyendo en la población un sentimiento de agravio y victimismo.

Es curioso que el presidente de los "regantes" del Vinalopó, Andrés Martínez, sea el promotor de un campo de golf y 1.500 viviendas en Villena. No hace falta ser tan listo como Francisco Camps para intuir para qué quiere el trasvase del Júcar al Vinalopó por Cortes de Pallás, y porqué le indigna tanto a él, y al PP, el cambio del trazado. Dicen que el agua en Cullera está contaminada y no sirve para las promociones golfistas del presidente de los regantes del green.

Gestión de la demanda contra aumento de la oferta

Como tantas cosas básicas, sólo percibimos la importancia del agua cuando nos falta, o nos afecta una sequía como la que hemos sufrido en 2005. La política de aguas es uno de los temas de mayor confrontación, como muestran las polémicas en torno al trasvase del Ebro, del Tajo-Segura o del Júcar-Vinalopó, o la construcción de algunos embalses, como Castrovido en Burgos, o Biscarrués en Aragón, o Riaño e Itoiz en un pasado reciente.

Todos utilizamos el agua, ya sea para abastecimiento urbano, regadíos, usos industriales o incluso campos de golf, y todos queremos pagar lo menos posible. Las necesidades son infinitas, pero el recurso es escaso. ¿Cuánta agua es suficiente? ¿Quién pone límites y raciona la escasez? ¿Quién paga el abastecimiento y la depuración?

¿Y cuánto tiempo podremos aguantar la demagogia de Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), que se opone a algo tan elemental como pagar el precio del agua que consumen? Los bajos precios del agua para los regadíos incentivan el despilfarro, impiden la modernización y son una subvención encubierta, que pagan todos los ciudadanos, al financiar con dinero público los embalses y las conducciones, por no hablar de otras externalidades, como la contaminación difusa por nitratos y plaguicidas, o el coste de oportunidad del agua, que si se emplea en un uso, no puede utilizarse en otro. Los agricultores, por supuesto, atraviesan una difícil situación y hay que garantizarles un nivel de vida digno por su actividad, una de las más nobles que existen (producir los alimentos que consumimos), pero ello no tiene por qué significar necesariamente garantizarles el agua a un precio muy por debajo de su coste. Los regadíos consumen casi el 80% del agua en España, y representan un porcentaje ínfimo del PIB y de la población ocupada.

La sequía acentúa la necesidad de una nueva política del agua, que garantice más equidad, más eficiencia y más sostenibilidad, aprovechando las mejores tecnologías disponibles, y que combata el despilfarro, la insuficiencia de recursos y la contaminación del agua.

La nueva política del agua incluye la gestión de la demanda, frente al enfoque tradicional basado sólo en la oferta de nuevas infraestructuras hidráulicas, como embalses y trasvases que, si son necesarias, deberán ejecutarse analizando sus costes, viabilidad e impacto sobre el medio ambiente.

La desalinización y la reutilización de las aguas previamente depuradas, son algunas de las tecnologías a potenciar cada vez más, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de recursos hídricos continentales; pero también es prioritario optimizar el uso del agua, mediante la modernización de los regadíos, la mejora de la calidad del agua y el fomento de la eficiencia en el uso de los actuales sistemas hídricos superficiales y subterráneos, reduciendo las importantes pérdidas en las redes de distribución.

Hacer más con menos

En tiempos de escasez hay que hacer más con menos, y eso es precisamente lo que se llama eficiencia, que debería ser el norte de la política de aguas, llueva o no llueva. La nueva Directiva Marco de la Unión Europea nos obligará también a mejorar la calidad, sin olvidar el importante papel del agua en la conservación de ecosistemas. La repercusión de los costes de las infraestructuras en los usuarios, aunque no agrade a los afectados, sobre todo a los regantes, acostumbrados a que el Estado (es decir, todos) corriese con los gastos e inversiones, servirá sin duda para consumir agua con más eficiencia.

La política del Gobierno y del ministerio de Medio Ambiente (el Programa A.G.U.A.) trata de resolver los problemas del agua de España, proporcionando agua antes, más barata que con el trasvase del Ebro, con menos perjuicio para el medio ambiente y de más calidad, que con las alternativas anteriores del PHN del PP, o las del propio PHN del PSOE de 1996. El Programa A.G.U.A. no plantea conflictos irresolubles entre Comunidades Autónomas, a diferencia de los trasvases entre Cuencas, y se adapta a la nueva legislación de la Unión Europea, y muy especialmente la Directiva Marco 2000/60.

Hoy conviene resolver con sensatez, sin tanta crispación, los problemas relacionados con el agua y la sequía actual, ya sean de cantidad o de calidad. La auténtica sequía de ideas es la del nacionalismo hidráulico del PP murciano y valenciano, aferrado al trasvase del Ebro como a una tabla de salvación, si no hidráulica, al menos electoral (o eso piensan). La prioridad debe ser aumentar la eficiencia en todos los usos (o lo que es lo mismo, proporcionar los mismos servicios con menos consumo de agua), reducir las pérdidas en las redes de distribución, mejorar la depuración de las aguas residuales y reutilizarlas para ciertos usos (regadíos, baldeo de calles, campos de golf, jardines públicos), instalar la veintena de grandes desalinizadoras previstas, aprovechar con moderación las aguas subterráneas, ir aplicando una política de precios que evite el despilfarro y repercuta los costes en los usuarios e implantar nuevos modelos de gestión, incluidos los bancos públicos de agua, dando prioridad al abastecimiento de la población.

Claro que los del PP quieren ahora aprovechar los bancos públicos de agua para intentar volver a colar el trasvase del Ebro, y seguir con la crispación, mientras ponen todo tipo de zancadillas a las desalinizadoras ¡por razones ambientales! Precisamente ellos, los nuevos Atilas del hormigón y del green del golf, que por donde gobiernan sólo crece el ladrillo y el único verde es el del green (la presidenta Aguirre juega todos los días, antes de conceder alguna televisión digital a sus amigos de la ultraderecha). Ahora resulta que se han vuelto ecologistas y han descubierto el impacto ambiental de la salmuera y el boro, o que el nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó atraviesa varias "zonas protegidas", ellos, a quienes no les tiembla el pulso para recalificar como urbana cualquier zona, con tal de construir una nueva urbanización con su correspondiente campo de golf, que tanto ayuda a la revalorización y da valor añadido a sus proyectos especulativos.

El cuento chino de Mariano

Según Mariano Rajoy "la desalinización es un cuento chino. Si volvemos a ganar, el trasvase del Ebro se va a construir porque la opción de las desalinizadoras no tiene ningún sentido. Contaminan y ademán tampoco se van a hacer". El "cuento chino" de Mariano son las 750 plantas desalinizadoras existentes en España que aportan 400 hectómetros cúbicos al año, abasteciendo a una población de dos millones y medio de personas, y para el año 2007 podrán resolver los déficits hídricos de Murcia, Alicante, Almería, Málaga y Baleares, e incluso Barcelona.

La contraposición con las supuestas prestaciones de un hipotético trasvase del Ebro, son evidentes a cualquier observador imparcial, e incluso la prensa internacional, desde Le Monde a The Economist, han criticado con dureza al derogado trasvase, sólo defendido por el PP y algunos medios afines. Con independencia de su inviabilidad económica y ambiental, el agua trasvasada cada año dependería de las precipitaciones y la situación existente en la cuenca del Ebro a lo largo de ese año, lo que hubiera constituido un riesgo para todos los usuarios del trasvase, aún mayor para los usuarios situados al final, es decir, fundamentalmente para Almería y Murcia.

En las cifras anteriores se incluyen tanto la desalinización de aguas salobres (agua subterránea salinizada, ya sea de acuíferos costeros en contacto directo con el mar o de acuíferos aislados) como de aguas marinas. La mitad corresponde a aguas marinas y la otra a aguas salobres, aunque el número de plantas para desalinizar agua de mar es menor que el de salobre, pues éstas son de menor capacidad.

Las desalinizadoras dan de beber a 121 millones de personas en el mundo, a un coste que hoy no supera los 40 céntimos de euro por metro cúbico. Con un periodo de amortización de 15 años y subiendo el agua hasta una cota de 100 metros, el metro cúbico de agua desalinizada cuesta 0,45 euros como mucho. Según el CEDEX el 40% es gasto energético, otro 40% la obra, y el 20%, personal y reparaciones. Un precio bastante inferior a los 91 céntimos de euro por metro cúbico del trasvase del Ebro, y que seguirá descendiendo en los próximos años.

España es de los países con mejores tecnologías de desalinización, lo que nos sitúa en un lugar privilegiado en un sector en rápida expansión, al igual que sucede con la energía eólica y la solar fotovoltaica. De hecho exportamos la tecnología a países tan variados como Argelia o Estados Unidos. Las desalinizadoras crearán empleo y tejido empresarial, generarán innovación tecnológica y exportaciones, y aún pueden reducirse mucho sus costes. Las desalinizadoras son el futuro, y quien más desarrolle esta tecnología, tendrá una importante ventaja comparativa en un mundo donde crecen las demandas de agua y la mayor parte de la población vive en zonas costeras.

¿Cuánto consumen las desalinizadoras?

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, afirmó en declaraciones a Antena 3 que una desalinizadora emplea una cantidad de energía "mucho mayor que un trasvase, 6,6 kilovatios/hora por metro cúbico, frente a los 4,5 kilovatios/hora de un trasvase".

Como el consumo real de las desalinizadoras no supera los 3,5 kWh por metro cúbico, si los datos del presidente de la región murciana sobre el trasvase son ciertos, entonces las desalinizadoras consumen un 22% menos que el trasvase.

El conseller de Territorio y Vivienda del Gobierno valenciano, Rafael Blasco, afirmó que "para desalinizar los 650 hectómetros cúbicos de agua que propone Narbona se necesitan entre 650 y 700 millones de kilovatios hora, lo que dispararía el consumo energético en la Comunidad Valenciana". Según las cifras del conseller harían falta más de 10 kWh por metro cúbico. Es probable que el conseller tenga los datos algo anticuados, o se haya equivocado de década. Pero para quien pasó de la extrema izquierda del FRAP al PSOE, y acabó en el PP, por ahora, las cifras son tan volubles como la ideología, depende de donde se esté, o eso debe pensar. El mismo Blasco que quiere poner cien nuevos campos de golf en la Comunidad Valenciana, con sus correspondientes miles de complejos residenciales, y si no hay agua, se trasvasa, que para eso está la solidaridad, para hacer ricos a unos cuántos promotores amigos y compadres del green.

Hay cuatro consumos energéticos básicos asociados a la desalinización del agua de mar: el bombeo de la toma hasta el depósito de entrada, el proceso de desalinización en sí (ósmosis inversa con bombas de alta presión y recuperación de energía), el bombeo del agua producida hasta la balsa de salida y la elevación del agua desde la balsa de salida hasta los puntos de consumo. Respecto a la desalinización de agua de mar con la tecnología de ósmosis inversa con recuperación de energía en la salmuera de rechazo, sin incluir el bombeo, la cifra del consumo específico a considerar es de 3,5 kWh/m3, y gracias a las innovaciones tecnológicas que están surgiendo, se prevé que se reduzca a 2,7 kWh/m3. De hecho las plantas de última generación consumen menos de 3 kWh/m3.

Pero la FAES da otras cifras. El consumo energético de las desalinizadoras por ósmosis inversa es de 4 kilovatios hora por metro cúbico, frente a los 2 kWh del trasvase del Ebro, según un informe de la Universidad de Murcia encargado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), vinculada al PP y presidida por Aznar. Los datos de FAES son erróneos: el trasvase del Ebro consumiría 3,26 kWh/m3.

Sería de desear que los responsables del PP en Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid se pusieran de acuerdo en alguna cifra, porque cada uno ofrece las suyas, a cual más variada, desde 4 kWh a más de 10 kWh por metro cúbico desalinizado, y lo mismo ocurre con los datos del trasvase. Quizás, con las prisas en cuestionar la alternativa del gobierno, no han tenido tiempo de estudiar los consumos reales. Ni falta que les hace.

El trasvase, realmente, consumiría un 30 por ciento más de electricidad que las desalinizadoras, puesto que habría que llevar el agua desde el Ebro hasta Almería a través de 11 bombeos que elevarían el agua hasta más de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Según el Ministerio de Medio Ambiente, las desalinizadoras contempladas en el Plan de Actuaciones Urgentes consumirían 2.173 GWh/año (2.484 GWh si se incluye también el bombeo del agua hasta los puntos de consumo), frente a los 3.423 GWh anuales del trasvase del Ebro.

¿Cuánto dióxido de carbono emiten las desalinizadoras?

El conseller de Territorio y Vivienda del Gobierno valenciano, Rafael Blasco, aseguró que el Plan de Desalinizadoras del Ministerio de Medio Ambiente "supondrá un incremento de 4 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera al año, lo que resulta totalmente incompatible con el Protocolo de Kioto". "Las industrias eléctricas no solo no podrán cumplir con la reducción de un 3% que les impone el Gobierno del PSOE, sino que aumentarán su volumen de emisiones en un 5% cuando empiecen a funcionar las nuevas desalinizadoras", especificó el conseller un exmarxista-leninista-pensamiento de Mao Zedong (otro amante de los trasvases). "Si se realiza un segundo plan de desalinizadoras para cubrir las necesidades de agua de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, fijadas en 1.000 hectómetros cúbicos, la emisión de CO2 aumentaría hasta los 5,5 millones de toneladas", según Blasco.

Pero según la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), vinculada al PP, la producción de 600 hectómetros cúbicos de agua por desalinización supondría un consumo energético de 2.400 gigavatios hora (GWh), "lo que produciría un aumento del dióxido de carbono (CO2) vertido a la atmósfera". El informe señala que las desalinizadoras "contribuirían a incrementar el efecto invernadero con 2,4 millones de toneladas de CO2".

Según otro informe del Instituto Universitario de Geografía de Alicante, entidad al servicio de la agitación del nacionalismo hidráulico valenciano, "supondría incrementar en 3,2 millones de toneladas la emisión de CO2, lo que alejaría aún más a España de cumplir con el protocolo de Kioto, que estableció para nuestro país el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 15% por debajo de los niveles de 1990".

¿En qué quedamos? ¿Son 2,4 millones, 3,2 millones, 4 millones o 5,5 millones de toneladas de CO2? Según el ministerio de Medio Ambiente y nuestros propios cálculos, esas emisiones quedarán reducidas, en el peor de los casos, a 873.000 toneladas de CO2 de las desalinizadoras y 998.500 toneladas de CO2 si se incluye también el bombeo, apenas el 0,25% de las emisiones actuales en España de gases de invernadero, dado que actualmente se emiten 402 gramos de CO2 por kWh, con el "mix" de generación actual. Si se instalan 1.000 MW eólicos adicionales, para compensar el consumo eléctrico de las desalinizadoras y el bombeo, las emisiones de gases de invernadero serán nulas. De hecho, el Plan de Energías Renovables ha elevado las previsiones de eólica para el año 2011 de 13.000 MW a 20.000 MW, en función de los estudios de la integración en la red eléctrica de distribución. El trasvase del Ebro habría emitido 1.376.000 toneladas de dióxido de carbono, bastante más que las desalinizadoras.

Los análisis de FAES-PP, como los realizados por los gobiernos autonómicos valenciano y murciano, pretenden cuestionar al "corazón" de dos políticas claves del Ministerio de Medio Ambiente, pero a partir de datos cuanto menos discutibles, y probablemente erróneos.

Curioso que el PP haga estos análisis, cuando en los ocho años de gobierno hubo un gran aumento de las emisiones de CO2 en España, nada menos que un 36%. ¡Y ahora les preocupa el 0,2%! El abandono del trasvase del Ebro fue la alternativa más sensata, y las desalinizadoras proporcionarán agua de mayor calidad, más barata, con mayor seguridad y mucho antes que con el trasvase del Ebro.

Golf + urbanizaciones = trasvase del Ebro

Un campo de golf de 18 hoyos necesita entre 45 y 80 hectáreas. Cuando el campo de golf se asocia a una urbanización residencial, el consumo de agua para el llenado de piscinas privadas y el riego de jardines particulares se dispara, algo especialmente grave en una zona tan árida como el sureste peninsular. Y dado el elevado consumo de suelo, se suelen ubicar en zonas naturales escasamente urbanizadas o en zonas agrícolas. De hecho, los regantes son sólo una excusa, y la carne de cañón para las manifestaciones en Murcia o Alicante. Quedaría más feo una manifestación de promotores y especuladores en sus automóviles de lujo, con Camps, Valcárcel y Mariano en la cabeza, Buitrago de cronista oficial, y con pancartas que rezasen "Agua para Todos los Campos de Golf".

Los campos de golf van asociados generalmente a operaciones inmobiliarias, que son las que les dan su rentabilidad financiera. Para instalar un campo de golf hay que talar los árboles y matorrales, con pérdida de la diversidad biológica, aunque eso no preocupa a los ecologistas del PP. A ellos sólo les quita el sueño la salmuera. Además, el suelo del terreno original se sustituye por una capa de grava destinada a favorecer el drenaje, lo que incrementa las escorrentías y reduce la capacidad de retención de agua del subsuelo, aumentando el consumo de agua: entre 360.000 y 500.000 metros cúbicos por año para un campo de 18 hoyos, en competencia directa con otros usos (agrícolas, urbanos y los de la propia naturaleza), más los de la urbanización asociada, aún mucho más elevados.

Pero tan importante como el elevadísimo consumo de agua, es el empleo intensivo de fertilizantes químicos y plaguicidas tóxicos. Los greens son monocultivos homogéneos, y su mantenimiento requiere el uso de herbicidas e insecticidas, que ocasionan una importante contaminación. Claro que para Blasco y sus correligionarios del PP los campos de golf mejoran el medio ambiente, pues sustituyen terrenos áridos por extensas zonas verdes, en urbanizaciones cerradas ajenas a su entorno geográfico y social, con un impacto casi nulo en las zonas aledañas, pues todo se compra dentro del complejo. Lo que sí hay que pagar y externalizar son la recogida de residuos, el abastecimiento y el saneamiento de agua, cuya prestación puede acabar suponiendo una pesada carga para los Ayuntamientos. Beneficios privados, gastos públicos, esa es la máxima del nacionalismo hidráulico.

El programa A.G.U.A. versus el trasvase del Ebro

1. Más agua: 1.063 hectómetros cúbicos de agua, frente a los 1.048 hectómetros cúbicos del trasvase.
2. Más calidad: la contaminación del embalse de Flix pone de manifiesto los problemas de calidad del agua del Ebro en su tramo inferior, que es de dónde partiría el trasvase. El agua procedente de las desalinizadoras tiene una calidad óptima.
3. Más barato: 3.900 millones de euros del programa A.G.U.A., frente a los 4.200 millones de euros del trasvase.
4. Menos consumo de electricidad: 2.484 GWh del programa A.G.U.A., frente a 3.423 GWh del trasvase del Ebro.
5. Menos emisiones: 998.000 toneladas de CO2 de A.G.U.A., incluido el bombeo (el 0,2% de las emisiones españolas de gases de invernadero), mientras que el trasvase emitiría 1.376.000 toneladas, sin utilizar energías renovables en ambas alternativas y con el mix de generación eléctrica actual.
6. Menos ocupación de espacio: 2.252 hectáreas en el caso del trasvase, mientras que las desalinizadoras afectan apenas a 55,89 hectáreas
7. Menor impacto ambiental: con la tecnología actual de difusores y emisarios, la salmuera no tiene prácticamente ningún impacto ambiental sobre las fanerógamas marinas (Posidonia oceanica) y, en general, sobre el Mediterráneo. El movimiento de tierras de las desalinizadoras previstas asciende a 482.517 metros cúbicos, frente a 28,5 millones de metros cúbicos del trasvase. El trasvase del Ebro habría tenido igualmente un gran impacto sobre numerosos espacios protegidos.
8. El agua llegará antes, y ya en el año 2007 se producirán las primeras aportaciones importantes.
9. Sin conflictos entre Comunidades Autónomas.
10. Mayor seguridad, al no sufrir las variaciones del ciclo hidrológico y el impacto del cambio climático sobre el trasvase.
11. El programa A.G.U.A. concede mayor prioridad al ahorro, a la eficiencia y a la gestión sostenible de la demanda que el PHN.
12. Adaptación a la legislación de la Unión Europea, y muy especialmente a la Directiva Marco 2000/60.

Referencias

Rico Amorós, Antonio M.; Olcina Cantos, Jorge; Paños Callado, Vicente; Baños Castiñeira, Carlos. Depuración, desalinización y reutilización de aguas en España (estudio regional). Barcelona: Oikos-Tau, 1998.
II Congreso Nacional Aedyr. La Desalinización y Reutilización del Siglo XXI. Alicante, 21-22 de noviembre de 2001.[En CD-Rom]
López Geta, J.A.; Mejías Moreno, M.. Las aguas salobres. Una alternativa al abastecimiento en regiones semiáridas. Los acuíferos costeros y las desalinizadoras. Almería, 2000.
http://www.igme.es/internet/web_aguas/igme/publica/art_2linea_5.htm
Ministerio de Medio Ambiente, Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua). Madrid, 2004. www.mma.es
Ministerio de Medio Ambiente, "Memoria ambiental comparativa entre las actuaciones urgentes en las cuencas del mediterráneo y la alternativa al proyecto de transferencias autorizadas por el articulo 13 de la ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional. Madrid, 2004.
Libro Blanco del Agua. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 2000.

(*) José Santamarta es director de la edición española de la revista World Watch.

REVISTA BIODIVERSIDAD

Esta vez presentamos una panorámica de los impactos de las represas, sean de irrigación, hidroeléctricas o de almacenamiento de agua, sobre las regiones, las economías, la ecología y la vida de los millones de desplazados que han sufrido en carne propia decisiones de "desarrollo" tomadas en otro lugar y otros tiempos por personas ajenas a las que no les importa sino "el mayor bien común" -uno definido muy ambigua y tendenciosamente.

Los fragmentos de comunicados, estudios, reportajes, informes y reflexiones provienen como siempre de muchas partes. No agotan un tema candente que podría llenar las páginas de varios números de Biodiversidad. Ésta es sólo una primera revisión, que ojalá les incite más búsquedas, uno de los objetivos de esta sección.

Las represas alteran el funcionamiento natural de los ríos. Pueblos bajo las aguas, territorios expropiados, medios de subsistencia de comunidades ribereñas desaparecidos, personas desplazadas, pactos incumplidos con los afectados, daños al medio ambiente...

Aunque los beneficios inmediatos se solían considerar suficientes para justificar las enormes inversiones, el costo total de las grandes presas es hoy una preocupación pública grave.

La justificación económica no se ha hecho realidad en los sistemas de irrigación, suministro de agua e higiene pública. Tampoco en el control de inundaciones ni en la producción de electricidad. Los impactos ambientales son más negativos que positivos y entrañan pérdidas irreparables de especies y ecosistemas. El desplazamiento físico de las personas afectadas, con demasiada frecuencia involuntario, implica coerción y fuerza, y en algunos casos la pérdida de vidas...

Después de que la Comisión Mundial de Represas cuestionó la eficiencia de estas obras, en Europa se aprobó una directiva-marco con el fin de recuperar el buen estado de los ríos, y un cambio en el concepto de gestión del recurso... basado en el respeto a los ríos por lo que son y a las personas que habitan sus valles por su cultura y su identidad, apostando por las energías alternativas más respetuosas con el medio ambiente... [entonces] varias empresas españolas marcharon a otros lugares donde se les permite seguir sacando jugosas tajadas económicas por abusar de los recursos naturales, sin tener presente los desequilibrios ambientales y sociales que la comunidad científica a nivel mundial denuncia como consecuencia de las más de 45 mil represas construidas. Estas entidades se ven apoyadas por una iniciativa reciente del gobierno español que creó un Foro Empresarial para defender intereses en Latinoamérica. Participan altos cargos del gobierno español y algunos de los máximos ejecutivos de 12 empresas: Telefónica, Bancos Santander y bbva, Repsol, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, Agbar, prisa, Sol Meliá, acs. Informe de la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, junio de 2005

Gran estafa es la presa El Cajón, en México. Hace unos años circuló la historia: "Y ahora cómo le decimos al presidente Fox que estamos equivocados", comentó el secretario de Energía, Ernesto Martens, a Manuel Frías Alcaraz, ex funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (cfe), quien lo había convencido de que el proyecto hidroeléctrico El Cajón -la obra de infraestructura más sonada de gobierno de Vicente Fox- tenía "serias fallas de concepto y de planeación".

Frías Alcaraz refiere que se reunió en privado con Martens y el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener), Nicéforo Guerrero, a principios de octubre de 2001, para decirles que la hidroeléctrica no iba a servir porque su principal problema sería la falta de agua para sustentar una operación normal. Les advirtió: "Van a tener que esperarse a que desafortunadamente ya no produzca cuando la terminen".

En febrero de ese año Ingenieros Civiles Asociados (ica) y sus socios ganaron la licitación para construir la hidroeléctrica El Cajón en Nayarit. El Congreso autorizó 812 millones de dólares. Sorprendido, Frías Alcaraz expresa: "Pensé que iban a reflexionar. Es un proyecto con problemas de funcionamiento continuo y confiable, y de baja rentabilidad. Es un error haber seleccionado esta obra".

Frías Alcaraz relata que Martens manifestó su incredulidad. "Me decía: ‘¿cómo es posible que con una obra de esta magnitud, con tanta experiencia que se tiene en la ingeniería mexicana y en la cfe para estos proyectos, vayamos a estar equivocados? Son proyectos que se estudian muchos años'."

Varias veces explicó a Martens y a Nicéforo Guerrero que los defectos de la obra no estaban propiamente en la ingeniería de la hidroeléctrica, sino en el sitio escogido, ya que no contaba con suficiente agua. Les pidió entonces que plantearan la situación en esos términos al presidente Fox, "porque no es justo que el pueblo de México tenga que pagar los errores de ustedes. Definan correctamente la línea de responsabilidades. No es justo que toda una institución y todo un gobierno paguen las consecuencias".

Frías Alcaraz atribuye el silencio de Martens y Nicéforo Guerrero al hecho de que la obra ya estaba aprobada por el Congreso y los recursos presupuestados por la Secretaría de Hacienda, además de que contaba con la aprobación de expertos de México y del extranjero. Fernando Ortega, "El Cajón. Una presa que no tendrá agua". Contralínea, 11 de junio de 2003.

Bolivia ratificó su "preocupación" por el impacto ambiental "que tendrán las represas Santo Antonio y Jirau, sobre el río Madeira a unos 100 kilómetros de los límites con Bolivia", dijo el viceministro de Medio Ambiente boliviano, Juan Pablo Ramos.

Las constataciones figuran en estudios realizados por las autoridades de Bolivia, entregados al canciller brasileño, Celso Amorim, por su homólogo boliviano, David Choquehuanca, durante la reunión que mantuvieron la víspera en Brasilia, explicó Ramos.

Una de las mayores preocupaciones es que los espejos de agua creados por las represas pueden favorecer la proliferación de enfermedades tropicales como dengue o malaria, en una zona amazónica de potenciales riesgos, indicó.

Ramos desmintió versiones sobre la firma de un acuerdo mediante el cual Bolivia cesaría sus reclamos y afirmó que, por el contrario, Brasil ha reconocido "por primera vez" que el asunto debe ser discutido y negociado...

Según el proyecto en desarrollo, ambas represas provocarán la inundación de un área de unos 500 kilómetros cuadrados y las obras tendrán un costo superior a los 12 mil millones de dólares.

Los canteros de obras fueron visitados la víspera por el jefe de Estado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien garantizó que el gobierno ha creado grupos para vigilar las condiciones de trabajo y el posible impacto ambiental de las construcciones.

En diciembre pasado, las autoridades ambientales brasileñas multaron con 3.35 millones de dólares al consorcio encargado de Santo Antonio por la muerte de once toneladas de peces durante la primera fase de las obras, en la que fueron contenidas las aguas del río para sentar las bases de la represa. Agencia Efe, La razón, 13 de marzo de 2009

En vísperas del Día Internacional de Acción en contra de las Represas, la Segunda Asamblea del Movimento dos Atingidos por Barragens (mab) o Movimiento de Afectados por las Represas se dirigió al Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (incra), en una manifestación pacífica, animada por cantos en defensa de los derechos de los pueblos afectados y pancartas con mensajes como: "¿Represas para qué y para quién?" o "Agua y energía no son mercadería".

Mujeres y hombres de todas las edades recorrieron 5 kilómetros hasta el incra e ingresaron a sus instalaciones. Acompañó a la manifestación de los ribereños un grupo representante de Bolivia, país que también sería afectado por la construcción de las represas en el río Madeira o Madera. Si bien parecía que los funcionarios del incra tenían "toda" la predisposición de tener una reunión pacífica con los manifestantes, repentinamente entraron al recinto doce policías federales fuertemente armados con metralletas y gases lacrimógenos y detuvieron a seis bolivianos que se encontraban en el café del incra. Los llevaron escoltados a la Policía Federal y después los deportaron. A pesar del atropello, los manifestantes, concluyeron la reunión de manera pacífica.

Esto devela la relación directa que tiene la lucha sin fronteras por los derechos humanos y la represión sin fronteras. Los intereses que son defendidos por el capital son los mismos en todo lugar e incluso suelen tener las mismas expresiones represivas y ofensivas. Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, Las Comunidades y el Agua Redlar (marzo de 2009)

La lucha contra la presa Sardar Sarovar en India ha venido a representar mucho más que la lucha por un río. Ésta ha sido su fuerza, pero también su debilidad. Al generar debate, aumentó lo que estaba en juego y la complexión de la batalla cambió. De ser una lucha donde se jugaba el destino de un valle ribereño pasó a cuestionar el sistema político completo. Se puso en juego la naturaleza misma de nuestra democracia. Quién posee la tierra. De quién son los ríos, los bosques, los peces. Son preguntas inmensas. Y el Estado las toma muy en serio. Y las responde con una sola voz a través de cada una de las instituciones que lo obedecen: el ejército, la policía, la burocracia, las cortes. Y no sólo las responde, las responde sin ambigüedad, de modos amargos y brutales.

Para la gente del valle, el hecho de que aumente a este grado lo que está en juego significa que su arma más efectiva -los datos específicos sobre aspectos específicos en este valle específico- quedó sin filo por culpa del debate sobre los grandes aspectos.

La premisa básica del argumento estalló en fragmentos que se esfumaron con el tiempo. De vez en vez alguna pieza del rompecabezas flota por ahí -un recuento emocional del horrible trato que el gobierno le propinó a los desplazados; un regaño desde las alturas por el hecho de que "un puñado de activistas" tenga la nación como rehén; un reportero informa del progreso de las demandas que ahora llegan a la Suprema Corte...

Los expertos y los consultores secuestran algunos de esos aspectos -el desplazamiento, la rehabilitación, la hidrología, el drenaje, el acopio de agua, el tratamiento de las aguas, la pasión, lo político- y se los llevan a sus guaridas para resguardarlos de la curiosidad no autorizada de la gente común. Los antropólogos sociales conducen acres debates con los economistas por la jurisdicción de las investigaciones. Los ingenieros se rehusan a hablar de política cuando presentan sus propuestas. Pero desconectar la política de la economía, de la emoción y la tragedia humana del desarraigo es como romper un ensamble musical. Las partes ya no suenan igual. Queda el ruido pero no se entiende... Arundhati Roy, El álgebra de la justicia infinita, 2001.

Les vamos a pedir que se vayan de sus casas después de que terminemos la cortina de la presa. Si se van, todo estará bien. De otro modo, soltaremos las aguas y todos se ahogarán. Morarji Desai, hablando en una reunión para la gente de la zona de inundación de la presa Pong en 1961. Ver: Patrick MacCully, Silenced Rivers: The Ecology and Politics of Large Dams, Orient Longman, 1998.

La represa eliminó, paulatinamente, la economía y los modos de vida de los afectados: "pescadores comerciales y de subsistencia, fabricantes artesanales de ladrillos y tejas, recolectores de juncos para techar quinchos, lavanderas, dueños de pequeños astilleros, agricultores, tanto de la margen paraguaya como de la argentina, en las provincias de Misiones y Corrientes". Debajo de las 100 mil hectáreas inundadas han quedado historias, culturas y un impacto ambiental aun no sospechado.

A ello se suma que el río Paraná en esa parte está contaminado por tres papeleras de capitales chilenos. "Los paraguayos reclaman por el mal uso que se le da al río, por no haber estudios de impacto de esas papeleras. En el Paraguay la población entera que fue trasladada a esos ghettos no tiene trabajo y no tiene de qué vivir. ¿Dónde se fueron?, al basural a competir con los chanchos, los perros y las ratas. Lo cuento y a mí me hace llorar, porque recuerdo lo que vi en San Cosme, en Encarnación, en tantos lugares", agrega Coco. Testimonios de los afectados por la represa Yaciretá en el río Paraná. http://picasaweb.google.es/afectadosyacyreta

Históricos pobladores del valle del río Ibáñez y de la cuenca del Baker, en Chile, junto a vecinos de Coyhaique, Puerto Aysén, Bahía Murta y Cochrane, entre otras localidades, enfatizaron la necesidad de recuperar la propiedad de aguas para la subsistencia actual y futura de las comunidades de Aysén, cuestionando que hoy los recursos hídricos de la Patagonia se encuentren mayoritariamente en manos de empresas eléctricas chilenas y extranjeras. Sus palabras las sustentaban decenas de lienzos y carteles con la consigna "Devuelvan las Aguas".

Francisco, hijo del poblador de Villa Cerro Castillo, Juan Antrillao Hueitra (acompañado por su padre), señaló: "muchas veces la gente de HidroAysén y quienes dicen estar a favor de este proyecto dicen que no somos representativos. Nosotros nos criamos con las aguas del río Ibáñez, vivimos, cultivamos la tierra, y nuestros padres dejaron su vida y su juventud en estas montañas". Agregó que "nosotros somos los más indicados para decir: alto señores de HidroAysén, no queremos ser atropellados una vez más, porque esto parece una segunda colonización" Testimonios de los afectados por la transnacional Endesa. www.mapuexpress.net, 15 de marzo de 2009

La Corte Constitucional de Ecuador ordenó al Ministerio del Ambiente revisar la autorización ambiental del Proyecto Multipropósito de Baba (pmb) y reformular los términos de la licencia ambiental. A la contraloría general le ordenó auditar los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental. Según su decisión del 15 de diciembre, sí existen riesgos de causar impactos severos e irreversibles en la biodiversidad ecuatoriana, mismos que no fueron valorados adecuadamente, como incluso habían concluido expertos del Banco Interamericano de Desarrollo.

Esta resolución del máximo tribunal ecuatoriano es consecuencia de la acción de amparo promovida por Ecolex en mayo de 2007, rechazada en primera instancia. La apelación ante el Tribunal (ahora Corte Constitucional), insistió en que se afectaban los derechos humanos al ambiente sano, al agua, a la propiedad, al trabajo, a la alimentación y a la consulta, entre otros. aida y las organizaciones International Rivers y fian Internacional apoyamos la apelación denunciando las violaciones a estándares internacionales ambientales y de derechos humanos, vinculantes para el Estado ecuatoriano. Expertos de Elaw de Estados Unidos habían informado acerca de las graves fallas del estudio de impacto ambiental.

"Esta decisión es un triunfo inmenso para las comunidades afectadas y para el país, pues reitera que la protección ambiental es también de interés nacional" dijo Silvana Rivadeneira de Ecolex y abogada del caso.

El pmb implicaría la inundación de más de mil hectáreas de importantes ecosistemas de la provincia de los Ríos, afectando a las poblaciones ribereñas del río Baba, Quevedo y Vinces. El proyecto fue autorizado por el Ministerio del Ambiente en noviembre de 2006 y está a cargo de la empresa Hidronación sa quien asumió la construcción del proyecto después que la empresa brasilera Odebrecht fuera expulsada del país por el gobierno ecuatoriano.

"El Proyecto Baba es un ejemplo de lo que no son energía limpia y al contrario, podría contribuir a empeorar el cambio climático. La decisión de la Corte confirma su falta de sustentabilidad", sostuvo Monti Aguirre de International Rivers.

"Dados los efectos negativos para el ambiente, las personas y el cambio climático de las grandes hidroeléctricas -razón por la cual apoyamos la demanda-, el ordenar la evaluación integral del Proyecto Baba es una excelente noticia. Estaremos pendientes de la revisión, y esperamos que esta decisión sirva de precedente para los cientos de proyectos hidroeléctricos que están en curso en las Américas, con fallas muy similares al de Baba", dijo Astrid Puentes, codirectora de aida. Comunicado de Prensa fian Internacional, aida, Ecolex, International Rivers, enero de 2009. Ver http://www.fian.org

Los gobiernos de Ecuador e Irán firmaron el jueves un acuerdo para el financiamiento y construcción de dos proyectos hidroeléctricos. Esto cubrirá el 60% del costo total de las nuevas centrales.

Los proyectos beneficiados por el convenio son la represa de Quijos-Baeza, con capacidad para generar 100 megavatios, y la de río Luis, que podría producir 15 megavatios. La constructora iraní Farab asumiría la construcción de dichas centrales.

El acuerdo fue suscrito entre el ministro de Electricidad y Energía Renovable, Alecksey Mosquera, y su similar del Ministerio de Energía de Irán, Hamid Chitchian. El preacuerdo determina que debe entregarse el financiamiento de 40% que corresponde al Ecuador, que tiene más de 10 proyectos hidroeléctricos, analizados por Irán y que tal vez podrían ser financiados. AméricaEconomía.com, 6 de marzo de 2009

En México, el capitalismo neoliberal y los gobiernos federal y estatal han impuesto en los últimos tiempos políticas económicas de desarrollo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Plan Puebla Panamá, hoy Proyecto Mesoamericano. Son proyectos de explotación minera, construcción de represas para la generación de energía, corredores eólicos y de infraestructura vial que les facilite el intercambio comercial. Este modelo ha puesto precio a la tierra, ríos, bosques, agua, minerales, hasta los propios territorios de los pueblos indígenas y campesinos.

Bajo este contexto se inscribe el proyecto hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la Reina, que pretenden imponernos en los municipios de Santiago Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Tetepec, Santiago Jamiltepec, Tataltepec de Valdés y San Pedro Tututepec, Oaxaca.

Por las razones anteriores y frente a la necedad de la Comisión Federal de Electricidad de llevar a cabo este proyecto, los pueblos mixtecos, chatinos, afrodecendientes y mestizos de las comunidades afectadas, decidimos organizarnos en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde con el fin de parar este megaproyecto.

Hombres y mujeres, de los municipios y comunidades afectadas, así como organizaciones civiles, organizaciones comunitarias, redes nacionales movimientos sociales, nos reunimos en Tataltepec de Valdés los días 27 y 28 de febrero del 2009, en el V foro por la Defensa del Agua, el Territorio y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con la finalidad de fortalecer la articulación regional y las alianzas, para tomar acciones conjuntas en la defensa de los recursos naturales. Y consideramos:

Que el proyecto hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la Reina, pone en peligro la vida de los pueblos indígenas y campesinos de la región. Representa una amenaza para el ecosistema de la cuenca del río Verde y el parque nacional de Chacahua, entre otros. El proyecto sólo beneficia a las grandes empresas trasnacionales y conlleva al desplazamiento forzoso de las comunidades de sus territorios. Violenta los derechos más fundamentales de los pueblos indígenas y campesinos como la libre determinación, la consulta e información, y el decidir sobre el manejo de sus tierras, territorios y recursos naturales. Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, 28 de febrero de 2009

En Colombia, el gobierno nacional declaró de utilidad pública e interés social los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. El proyecto hidroeléctrico, se encuentra localizado al sur del departamento del Huila, sobre la cuenca alta del río Magdalena, en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado y Altamira.

"Para cumplir con este propósito se construirá una presa sobre el cauce del río, formando un embalse cuya caída es aprovechada en una central superficial que luego descarga los caudales turbinados al mismo río Magdalena, aguas abajo del sitio de la presa." La declaratoria de utilidad pública fue hecha a favor de la Empresa Generadora de Energía (Emgesa), mediante la resolución número 321 del primero de septiembre de 2008, previa solicitud tramitada ante el ministerio de Minas y Energía. El decreto explica que mediante oficio, la dirección de Etnias del ministerio del Interior y de Justicia, certificó que en esta zona "no se registraron comunidades indígenas ni negras que se pudieran ver afectadas por el desarrollo del proyecto hidroeléctrico". Por su parte, el Incoder certificó que de acuerdo con las coordenadas del proyecto "no se cruza o traslapa con territorio legalmente titulado a resguardos indígenas o tierras de las comunidades negras".

Por fortuna, la dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales notificó a Emgesa para que inicie los descargos en cumplimiento de la resolución 227 del 11 de febrero de 2009, por medio de la cual "se formula un cargo en contra de Emgesa por presuntamente iniciar la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo... sin contar con licencia ambiental, incumpliendo la normatividad ambiental vigente". Aquí no caben mayores ilusiones. Quienes juzgan terminarán subordinados a la multinacional Emgesa debido a que existen poderosos intereses económicos y políticos que impondrán, por la fuerza, el otorgamiento inmediato de la licencia ambiental a Emgesa, desconociendo las voces mayoritarias y los argumentos sólidos de oposición al proyecto. Así se otorgue la licencia ambiental continuaremos con la resistencia civil. Ver comunicados de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, febrero de 2009.

Tres pueblos se encuentran amenazados de muerte, una vez más, en nombre del desarrollo: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en los Altos de Jalisco, México. El gobierno federal y estatal pretenden imponer a toda costa la construcción de una presa de almacenamiento de agua, llamada presa Zapotillo, que traerá como consecuencia la inundación de toda la región.

Al principio las autoridades del agua negaron constantemente la existencia del proyecto y después, una vez reconocida la pretendida obra, las autoridades federales y estatales no han dejado de hostigar a los habitantes y dueños de predios de las zonas afectadas con diversas estrategias: reuniones amañadas con pobladores, intimidación casa por casa, organización de grandes fiestas y comilonas -donde se ofrece cerveza a cambio de escrituras- el convencimiento de algunos pobladores que sirven de intermediarios del gobierno, llamadas telefónicas a las casas de los hijos ausentes o migrantes (sin importar si están en Guadalajara, Monterrey o Estados Unidos), volantes que dejan debajo de las puertas, spots de radio y un largo etcétera.

La respuesta mayoritaria de los pobladores es siempre la misma: "no queremos su presa", "háganla en otro lado", "no nos negamos a compartir el agua del río, pero no nos inunden", "déjennos vivir en paz". Esta negativa se la han hecho saber a las autoridades por todos los medios que les ha sido posible: reuniones, cartas, marchas, mítines, caravanas, volantes, conferencias de prensa, movilizaciones pacíficas al sitio donde se está construyendo la presa, al Congreso del Estado, a las presidencias municipales, a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del gobierno de Jalisco.

Es aterrador el desprecio de las autoridades federales y estatales del agua tienen por la gente. En enero de 2008 el gerente regional del Organismo de Cuenca de la Conagua, Raúl Antonio Iglesias Benítez, ante la oposición de los pobladores, declaró: "se salen o se ahogan, les vamos a comprar lanchas y salvavidas para que no se preocupen". Se le ha exigido a la población que presente alternativas técnicas para la solución de los problemas de agua de la región, cuando es el gobierno quien debería de estar buscándolas, pues tienen los recursos, los medios y la obligación de hacerlo. Desde su saber, los pueblos del mundo están conscientes que las grandes represas no son la solución a los problemas de agua y que no pueden considerarse una alternativa sustentable de energía. Este tipo de presas terminan contaminando y matando los ríos, como toda agua estancada, y contribuyen al incremento del calentamiento global.

Por eso, en las fiestas patronales de enero, la fiesta fue de la nostalgia a la resistencia, de la rabia a la alegría, de la desesperanza al ánimo. La gente no tiene idea de lo que les depare el gobierno, pero saben que no se van a dejar, algunos han decidido que esperarán el agua, mientras siguen buscando alguien que los quiera escuchar. En la asamblea de pobladores de Temacapulín, junto con los comités Salvemos Temaca de Guadalajara, Monterrey, Distrito Federal, Los Ángeles, San Francisco o Tijuana, todos los hijos de Temaca, los ausentes y los presentes, ratificaron su rechazo a la presa y su voluntad de seguir en pie de lucha, contra lo que ellos mismo llamaron un delito de "necia" humanidad. Claudia Godoy, Colectivo Coa, marzo de 2009

En Panamá, las autoridades de Bocas del Toro iniciaron la persecución de dirigentes indígenas naso y ngobe desde el pasado viernes 27 de marzo, luego de las masivas protestas del domingo 22, Día Mundial de Agua. Una multitud de indígenas salió a las calles y cerró el transito vehicular en varios puntos de la provincia, manifestándose en contra de los proyectos hidroeléctricos, mineros y turísticos que afectan sus territorios y su forma de vida.

Su modo y medios de vida se encuentran cada vez más amenazados por megaproyectos como la presa hidroeléctrica Bonyik propuesta por Empresas Públicas de Medellín (epm), de Colombia, por desarrollos costeros para jubilados y por la expansión de la industria ganadera. Su desplazamiento ha forzado a algunos miembros de las 11 comunidades naso a trabajar en las plantaciones bananeras que han hecho a las trasnacionales famosas en Centroamérica.

El proyecto Bonyik, una de cuatro presas planeadas para el río Teribe, es tan polémico que en 2005 el Banco Interamericano de Desarrollo suspendió la consideración de los créditos para su construcción que había buscado epm, empresa con sede en Colombia, país vecino de Panamá. Pero aes Corp, con base en Estados Unidos, ha seguido buscando financiamiento. Con información de Talli Nauman, ecoportal.com, y Olmedo Carrasquilla II, radio-pla-ne-ta77@gmail.com

Nos aseguraron hasta el cansancio que con ese mar de petróleo navegaríamos en la gloria. Y lo creímos. Entonces explotaron Caño Limón lo que significó para el pueblo guahibo su destrucción. Alcoholismo, prostitución, violencia y desarraigo. Hoy, veinticinco años después, el guahibo está herido, Caño Limón se agota y el desarrollo que nos auguraron fue una falacia.

Luego afirmaron que con la represa terminarían los desbordamientos del Sinú; con estos argumentos construyeron Urrá que anegó también al pueblo embera katio. Les quitaron el pescado, asesinaron a Kimy, a Lucindo, los desplazaron. Hoy, seis años después, el Sinú rebosó la presa llevando a la miseria a miles de pescadores y campesinos que perdieron todo cuanto tenían. Cabildo indígena Cerro Tijeras, Altamira, Colombia, 6 de septiembre de 2007

Aguas para la vida y no para la muerte. Así gritan con coraje y convicción, los activistas del Movimiento dos Atingidos por Barragens (mab) de Brasil, siendo hoy un lema que recorre el planeta en boca de los millones de afectados por grandes represas y movimientos aliados a esta causa.

En Brasil, las represas expulsaron cerca de 1 millón de personas y más de 34 mil kilómetros cuadrados de superficie fueron anegadas por embalses. mab denuncia que estos proyectos benefician prioritariamente a empresas transnacionales que se apropian de la naturaleza y destruyen la vida en nombre del "desarrollo" y del lucro.

Argentina cuenta, para diferentes propósitos, con unas 130 represas. Actualmente hay cuatro licitaciones nacionales en marcha en las provincias de Neuquén, Mendoza, Catamarca y Santa Cruz. En la provincia de Corrientes un grupo privado presentó un proyecto para represar el arroyo Ayuí, que inundará 8 mil hectáreas con un fin agroindustrial. También está en marcha el llamado a preclasificación de consorcios de firmas consultoras para el estudio de factibilidad de Corpus Christi sobre el río Paraná y ya se instaló en Buenos Aires la empresa de ingeniería del grupo Camargo Correa, para realizar estudios para la represa de Garabí sobre el río Uruguay. www.pescapira.com.ar

Quedó suspendida la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, en Guerrero, México. Se le consideraba uno de los proyectos de inversión más importantes del gobierno foxista, pero la juez federal Livia Larumbe Radilla concedió una suspensión definitiva en vía de amparo a los pobladores del municipio de Cacahuatepec, Guerrero, y ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (cfe) que de inmediato detenga la construcción del embalse.

La resolución ordena "que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y las autoridades se abstengan de autorizar la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales del río Papagayo para el proyecto hidroeléctrico La Parota, por los daños irreversibles a los quejosos que viven en Cacahuatepec".

Este megaproyecto, emprendido hace cuatro años, provocó fuerte resistencia de los pobladores que resultarían afectados y de movimientos ambientalistas, quienes argumentan que la construcción de la presa provocaría el desplazamiento de 25 mil personas, la inundación de 17 300 hectáreas y un grave deterioro ecológico.

Los opositores al proyecto formaron una agrupación denominada Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (cecop).

Esta lucha no ha estado exenta de víctimas: tres campesinos fueron asesinados por impedir que la cfe construyera el embalse. Los campesinos han enfrentado constantes amenazas de expropiación de tierras por parte del gobierno federal. Alfredo Méndez, La Jornada, 14 de septiembre, 2007

India presume de ser la tercera constructora de presas más grande del mundo. Según la Comisión Central de Aguas, tenemos 3 600 presas que califican como grandes, de las cuales 3 300 se construyeron después de la independencia... Según un estudio detallado sobre 54 grandes presas, realizado por el Instituto de Administración Pública de India, el número promedio de gente desplazada por cada represa en el país es de 44 182 personas... para errar cautelosamente, quitémosle la mitad a ese número. O mejor, erremos del lado excesivo de cautela y digamos que el promedio de personas desplazadas es de apenas 10 mil por represa grande. Es una cifra muy baja e improbable, pero bueno, no le hace... saquen sus calculadoras: 3 300 presas por 10 mil personas, suman 33 millones de personas desplazadas.

Desplazadas en India tan sólo por las grandes presas en 50 años. Si a eso les sumamos los desplazados por otros proyectos de desarrollo en la región la suma crece a 50 millones, de los cuales 57.6 son adivasis, el mayor pueblo indígena de India. Cincuenta millones es casi tres veces la población de Australia. Más de tres veces los refugiados producidos por la partición de India. Diez veces el número de refugiados palestinos. El mundo occidental se convulsionó por el futuro de un millón que había huido de Kosovo. Arundhati Roy, El álgebra de la justicia infinita, 2001.

1º Extracción de agua de los pozos
2º Para filtrado del agua en la planta
3º Para alimentar a las membranas a alta presión
en la planta desaladora

Esquema de la desaladora

La primera fase en el desarrollo del proyecto fue decidir el concepto de estructura de ‘plataforma flotante’, lo suficientemente rígida como para soportar la dureza del mar durante los temporales pero al mismo tiempo ligera para que resulte a costos competitivos.

(Publicado en DEFENSOR DE LA IGUALDAD) 

La presente legislatura concluye, lo que no se haya hecho hasta ahora ya no se hará, y en lo referente al grave problema de la carestía de agua que cada día nos amenaza con mayor virulencia no se ha hecho nada.

A poco de tomar posesión de su cargo la Ministra de Medio Ambiente, señora Narbona, decidió anular el proyecto del Trasvase del Ebro prometiendo a cambio seiscientos millones de metros cúbicos de agua desalada al año.
Según cifras oficiales tan solo ha proporcionado treinta: es decir, el 5% de lo prometido.

Quien dentro de cuatro meses ocupe su puesto y sea del partido que sea se enfrentará por tanto a una difícil decisión: elegir entre dos fracasos.
Tras casi treinta años de fratricidas enfrentamientos regionales el controvertido Trasvase del Ebro no progresó ni un solo metro, y con las autonomías limítrofes cada vez más radicalizadas el proyecto carece de futuro.

La desalación, que pese a contar con todo el apoyo institucional y una multimillonaria campaña publicitaria alabando sus méritos, ha fracasado en su 95% por lo que carece igualmente de futuro.

Mientras tanto la tierra se recalienta, España se desertiza, los agricultores y empresarios se desesperan y el ciudadano de a pié mira al cielo preguntándose si vamos caminos de convertirnos en una nación tercermundista.

Creo que ha llegado la hora de intentar reflexionar sin acritud.

Pese a que a lo largo de su mandato la señora Narbona no haya sabido resolver tan difícil papeleta, hay algo que no puede negársele: ordenó a una de las empresas de su Ministerio “Acuamed”, que invirtiera un millón de €uros en aplicar una nueva tecnología desarrollando el ambicioso proyecto: “Planta Desaladora Reversible de Presión Natural no Contaminante para “El Palmer”, en el termino municipal de Enix, en el Poniente de Almería.

Según “Acuamed” - que financia, firma y sella el proyecto- dicha planta, capaz de desalar 32 hectómetros anuales, consume energía en “Horas Valle” y devuelve energía en “Horas Punta” contribuyendo a equilibrar la desfasada curva eléctrica nacional cosa que interesa especialmente a Red Eléctrica Española.

Acogiéndose a las reglas del mercado energético, la diferencia de precio entre tarifas diurnas y nocturnas que proporciona ese “reciclaje” de la energía genera unos cuantiosos beneficios, lo que permite que el metro cúbico de agua desalada tenga un coste final, incluida la amortización de capital, de 0, 067 €.
Según el Ministerio de Medio Ambiente el coste en las desaladoras tradicionales con idéntico tiempo período de amortización es de 0, 52 € M3.

A principios de Julio del 2006, el Ministerio había decidido construir la planta de “El Palmer” pero al parecer cayó en la cuenta de de que si le proporcionaba a Almería agua ocho veces mas barata que al resto de la cuenca mediterránea se plantearía un claro caso de favoritismo, discriminación e incluso competencia desleal.

Lo lógico hubiera sido optar por proporcionar a todos por igual agua abundante a bajo coste, pero como se encontraban en juego seis mil millones de €uros, que es la diferencia de facturación en diez años entre uno y otro sistema, las grandes empresas desaladoras del sistema tradicional presionaron con el fin de que no se llevara a cabo al proyecto de “El Palmer”.

Estaban convencidas de que se iban a repartir la gigantesca tarta de los seiscientos millones de metros cúbicos anuales, pero al final de la legislatura se han encontrado con que tienen que disputarse entre todos un miserable hueso de treinta millones. Con demasiada frecuencia la avaricia rompe el saco.

Sus dirigentes deberían haber comprendido que nadie, especialmente los agricultores, podría comprar tanta agua a tan alto precio, y ello ha acabado perjudicándoles debido a que la suelen ser parte de grupos económicos con grandes intereses en los sectores de la construcción, agricultura, ganadería y turismo.

Tiraron duros por recoger pesetas porque quien no entienda que sin agua no hay futuro carece de futuro.
Lo acontecido con la planta de Almería hubiera caído en el olvido de no ser por el hecho de que el Ministerio había hecho entrega a personas ajenas a la administración de todos sus estudios y documentos, incluido el denominado “Aprovechamiento energético de una Central de Bombeo de Agua de Mar en El Palmer”.

Dichos estudios, conformados por tres mil doscientas páginas de planos y detalles técnicos, incluido un informe de setecientas referido al impacto ambiental, se encuentra recogido en un CD que se ha puesto a disposición de cuantos deseen comprobar la exactitud de sus datos.

Basta con solicitarlo a: vazquezfigueroa@telefonica.net

Cualquier empresa que pretenda resolver sus problemas hídricos lo único que tienen que hacer es copiar el proyecto de “El Palmer” ya que resulta aplicable a unos treinta puntos de la costa Mediterránea así como a Baleares y Canarias.
Ni siquiera deberá pagar por él; Medio Ambiente lo desarrolló basándose en una patente que no le pertenecía, no tuvo la precaución de solicitar el permiso correspondiente a la hora de llevarlo a cabo, y por lo tanto carece de derechos sobre algo en lo invirtió el esfuerzo de sus mejores técnicos y muchísimo dinero.
Pero no es momento para las recriminaciones: la legislatura concluye y debemos confiar en que nuevas mentes analizaran con nuevos ojos un angustioso problema cada vez más acuciante dejando a un lado condicionamientos políticos y económicos y sin tener en cuenta mas que el hecho indiscutible de que si carecemos de agua acabaremos careciendo de todo.

Regresar a la vieja polémica de tener que elegir entre dos opciones que han demostrado ser inviables es tanto como conducir al país al suicidio.
Es tiempo de enfrentamiento y elecciones pero también debe ser tiempo de consenso en cuanto se refiere a las soluciones hídricas porque de lo contrario unos y otros se encontraran con un país ingobernable.

Existe un sistema factible, técnicamente garantizado por el propio gobierno y gratuito…

¿Por qué no aplicarlo aunque tan solo sea por una vez, en lugar de continuar con bizantinas discusiones sobre el sexo de los ángeles otros treinta años? Parafraseando a Mao: “Ni gato blanco ni gato negro; aunque sea a rayas con tal de que cace ratones…”

Alberto Vazquez-Figueroa

EL PAÍS

(20/05/2009)

El Congreso de los Diputados instó ayer al Gobierno a que suspenda cautelarmente la concesión de nuevas centrales hidroeléctricas en la cuenca Miño-Sil. La comisión de Medio Ambiente aprobó por unanimidad una proposición no de ley de la diputada del BNG Olaia Fernández, en la que se reclama al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que paralice los proyectos, para dar prioridad a la realización de estudios que evalúen sus impactos medioambientales y sociales.

La proposición no de ley del Bloque fue negociada con los demás grupos, que se sumaron finalmente a la iniciativa después de negociar sus enmiendas, a pesar de las reticencias iniciales del Grupo Socialista. Finalmente, se cambió la propuesta de Olaia Fernández de "paralizar" las centrales por la de "suspenderlas cautelarmente", en tanto se finalizan los estudios de impacto ambiental y social.

La resolución aprobada insta al ministerio que dirige Elena Espinosa a proseguir los expedientes de caducidad sobre las concesiones de aprovechamiento hidroeléctrico, así como a revisar la situación jurídica de los títulos de concesión que amparan este tipo de actividades. La revisión se deberá basar en el grado de cumplimiento de "los condicionantes y características de otorgamiento", con la adopción de las medidas oportunas para "la extinción de aquellos que se encuentren en situación de irregularidad".

La iniciativa se basa en otra proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego en septiembre. La diputada del BNG Olaia Fernández defendió la paralización ante la elevada presión que soporta la cuenca hidrográfica Miño-Sil, en la que se emplazan 77 centrales eléctricas, de las que más del 80% se sitúan en territorio gallego y una gran parte son embalses. "Estamos hablando de una cuenca que ya sufre un enorme impacto medioambiental, paisajístico y también cultural", alertó la diputada, que recordó que a los aprovechamientos ya existentes hay que sumar la petición de nuevos embalses, que ya se están tramitando y cuya autorización final corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente.

Olaia Fernández citó el caso de tres minicentrales en el ayuntamiento de Arbo, en donde la pesca fluvial tiene "un gran peso" y se vería afectada por los proyectos, alertó. La diputada aseguró no entender que Galicia "exporte electricidad y tenga tanta necesidad de hacer infraestructuras hidroeléctricas".

Según la información remitida por el Gobierno al Congreso, en Lugo se presentaron 62 solicitudes, de las que 14 se denegaron y 17 están en trámite. En Ourense, con 109 solicitudes, las autorizaciones son 32, con 60 denegaciones y 17 en fase de tramitación. En Pontevedra, por último, hay 17 expedientes abiertos, con cinco concedidos, 11 denegados y uno en trámite.

La diputada del PP Olga Iglesias defendió que los estudios de impacto reclamados al ministerio tengan en cuenta no sólo los embalses y centrales existentes, sino todos aquellos que estén en proyecto o en otra fase de ejecución. Iglesias aseguró que su grupo aspira a que el Congreso establezca un plazo para los estudios demandados, e indicó que deberán buscar siempre "un beneficio equitativo para Galicia e incluir un análisis coste-beneficio serio y riguroso". Para el Partido Popular, es el momento de realizar una reflexión "profunda e integral" sobre el futuro de los aprovechamientos.