COordinadora de Afectados por GRandes Embalses y Trasvases

José Santamarta (*)
World Watch. España, noviembre del 2005.

«El agua calienta más que el fuego y emborracha más que el vino.»
-Manuel Lorenzo Pardo. Alicante (España), 1933.-
España acaba de pasar por la peor sequía del último siglo. ¿Cambio climático, episodio natural? Probablemente sería pronto para decirlo, pero lo cierto es que el último año hidrometeorológico, que abarca desde el 1 de septiembre de 2004 hasta el 31 de agosto de 2005, pasará a la historia por haber sido el más seco en España desde que se inicia el cálculo de volúmenes de precipitaciones en 1947.

La precipitación media en España ha sido de tan sólo 411 mm, un 40% menos que el valor medio normal, afectando a todas las regiones, excepto a Canarias. El mayor déficit de precipitaciones se registró en Extremadura, Andalucía, Castilla-la Mancha, Madrid, Cataluña y el sur de Castilla y León, en donde no llegaron ni al 50% de los valores normales, y en numerosas zonas apenas se llegó al 35% de los valores medios. En el resto de España el déficit fue importante, excepto en la vertiente cantábrica, sur de Galicia, La Rioja, Navarra, este de Aragón, centro y norte de Valencia, sur de Murcia y este de Almería, aunque sin llegar a los valores normales. Pero tan importante como el déficit global, fue el reparto a lo largo del año, pues en el último año todos los meses fueron secos o muy secos, excepto octubre de 2004. Y a medida que pasaron los meses, las reservas acumuladas en los embalses han ido descendiendo hasta el 40%: en septiembre almacenaban sólo 22.037 Hm3, frente a los 31.552 Hm3 de hace un año. Las lluvias de otoño es probable que pongan fin a esta situación extrema, pero la sequía volverá, porque es un fenómeno cíclico, que se verá agravado por el cambio climático.

Otro factor a destacar es que la situación pudiera agravarse aún más, pues históricamente las sequías en España duran de 4 a 5 años, y de ahí la importancia de aplicar políticas de ahorro y eficiencia en todos los usos, desde los regadíos, que representan cerca del 80% del consumo, a los usos urbanos.

¿De quién es el agua?

El agua, como recuerda la ministra Cristina Narbona, es un bien público y es de todos, y por eso no tiene precio, es un derecho humano básico. Cuando hablamos del precio del agua nos referimos a los importantes costes que supone captar, almacenar, distribuir y depurar el agua una vez utilizada, sin contaminar y degradar los ríos, el litoral o los acuíferos. La Directiva Marco de la Unión Europea nos obligará a repercutir todos los costes en los usuarios finales.

Otra cosa bien diferente es quien gestiona el agua y el debate suscitado con los nuevos borradores de los Estatutos de Autonomía, como el de la Comunidad Valenciana y Cataluña, entre otros. Nuestro ordenamiento jurídico es meridianamente claro al respecto: en los ríos que discurren por varias autonomías existe la Unidad de Cuenca, y es el Gobierno quién gestiona las cuencas que discurren por varias regiones, a través de las Confederaciones Hidrográficas.

Ningún territorio puede "blindar" un río que discurre por varias Comunidades Autónomas, y aún menos puede reclamar o exigir el trasvase desde otra cuenca, como pretenden dos de las regiones gobernadas por el PP, Murcia y la Comunidad Valenciana. La competencia sobre los trasvases corresponde al gobierno, que se guía por criterios de solidaridad y responsabilidad. Por eso se suspendió el trasvase del Ebro, y tarde o temprano habrá que reconsiderar el trasvase del Tajo, como reclaman todos los partidos y fuerzas regionales de Castilla-La Mancha, una vez que se solucionen las carencias de las áreas receptoras con desalinizadoras, reutilización de aguas residuales y mejora de la eficiencia, proceso que durará unos cuantos años.

El agua es de todos, pero tiene muchos usos, desde los más prioritarios, como el abastecimiento de boca o urbano, que apenas representa un 15%, el abastecimiento industrial (un 7%) y el riego de la agricultura (cerca del 78%). El Ministerio de Medio Ambiente trata de poner orden y frenar el descontrol, como el ocasionado por los numerosos pozos ilegales (se habla de medio millón, pero es difícil saber la cifra exacta), que sobreexplotan los acuíferos, y detraen para un uso particular un recurso que es de todos. Conocer bien quién consume el agua es clave para una buena gestión.

El nacionalismo hidráulico del PP

El PP y algunos de los gobiernos de las Comunidades Autónomas donde gobierna (Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid) están utilizando la sequía contra el gobierno, al que no perdonan la derogación del trasvase del Ebro, y sobre todo haber perdido las elecciones y el gobierno. Nadie tiene la culpa, políticamente, de que no llueva, pero el PP allá donde gobierna no ha adoptado medidas para afrontar la sequía, y se ha lanzado a una campaña demagógica y permanente contra el gobierno socialista, con la esperanza de obtener réditos electorales en las próximas confrontaciones.

Los trasvases son objeto de debate y de confrontación, entre partidos políticos y regiones, como sucedió con el trasvase del Ebro, ocurre con cada nuevo trasvase del Tajo e incluso con el previsto del Júcar al Vinalopó, que enfrenta a Valencia con Alicante.

El PP de Murcia y Comunidad Valencia han encontrado la piedra filosofal, la seña de identidad que sirve de bandera contra la izquierda y el gobierno: el nacionalismo hidráulico, la demagogia del "agua para todos", y la reivindicación del trasvase del Ebro, o de trasvases imposibles desde los embalses vacíos de la cabecera del Tajo (Entrepeñas, y Buendía). Hoy es el Ebro, luego será el Tajo medio, posteriormente el Ródano, pero ni con el Amazonas tendrían bastante. Más regadíos y, sobre todo, campos de golf y centenares de miles de nuevas viviendas para todos los europeos que tengan con que pagarlas, a costa de la destrucción del litoral y de todo tipo de ecosistemas. Uno de los intelectuales orgánicos, y desde luego el más inteligente, es el periodista de La Verdad de Murcia (del grupo Vocento) Manuel Buitrago. Lo que él dice un día, al día siguiente lo repiten como papagayos todos los responsables regionales del PP. Buitrago les ilustra y les da la sofisticación y la gracia que no tienen. Lástima que una persona tan inteligente y tan lúcida como Buitrago esté al servicio del "agua para todos los campos de golf".

El discurso, a fuerza de machacón, ha calado hondo, sobre todo en Murcia, donde existe la extendida ideal de que "les queremos robar el agua", aunque en ninguna otra región el gobierno ha invertido tanto para subsanar una demanda voraz, alimentada por nuevos regadíos, legales o ilegales, urbanizaciones y campos de golf, y todo ello en la región más árida de Europa, en ese Levante que va de Alicante a Almería.

Hablan de una agricultura sin subvenciones, pero se olvidan de decir que sin las barreras arancelarias no podrían competir en el mercado europeo, sin olvidar el enorme impacto del consumo de agua, la destrucción de hábitats, la contaminación por nitratos y por plaguicidas. Y en algún momento deberán pagar el "precio real" del agua subvencionada que consumen, como establece la Directiva Marco de la Unión Europea.

Pero aún más deplorable es la creación de decenas de nuevos campos de golf, siempre ligados a grandes complejos residenciales, con su correspondiente demanda de agua, en la región más árida de Europa. ¿Qué no hay agua? Pues se trae de donde sea, y si las cabeceras del Tajo están secas, pues se recurre al Tajo medio, y cuándo el PP vuelva al gobierno, se hará por Cañetes el trasvase del Ebro, cueste lo que cueste, y cuando el Ebro se acabe, el del Tajo Medio, el Duero, el Guadiana, y se acabará interconectando todas las cuencas, para llevar el agua de la España húmeda a la seca.

Los nacionalistas hidráulicos no entienden de ecología, ni de economía, ni falta que hace. Lo suyo es la demagogia y la movilización permanente, el crear unas nuevas señas de identidad hidráulicas, que hagan olvidar todos sus fracasos, y su política real, la especulación urbanística y el enriquecimiento de unos pocos promotores, y utilizar a los agricultores de carne de cañón, imbuyendo en la población un sentimiento de agravio y victimismo.

Es curioso que el presidente de los "regantes" del Vinalopó, Andrés Martínez, sea el promotor de un campo de golf y 1.500 viviendas en Villena. No hace falta ser tan listo como Francisco Camps para intuir para qué quiere el trasvase del Júcar al Vinalopó por Cortes de Pallás, y porqué le indigna tanto a él, y al PP, el cambio del trazado. Dicen que el agua en Cullera está contaminada y no sirve para las promociones golfistas del presidente de los regantes del green.

Gestión de la demanda contra aumento de la oferta

Como tantas cosas básicas, sólo percibimos la importancia del agua cuando nos falta, o nos afecta una sequía como la que hemos sufrido en 2005. La política de aguas es uno de los temas de mayor confrontación, como muestran las polémicas en torno al trasvase del Ebro, del Tajo-Segura o del Júcar-Vinalopó, o la construcción de algunos embalses, como Castrovido en Burgos, o Biscarrués en Aragón, o Riaño e Itoiz en un pasado reciente.

Todos utilizamos el agua, ya sea para abastecimiento urbano, regadíos, usos industriales o incluso campos de golf, y todos queremos pagar lo menos posible. Las necesidades son infinitas, pero el recurso es escaso. ¿Cuánta agua es suficiente? ¿Quién pone límites y raciona la escasez? ¿Quién paga el abastecimiento y la depuración?

¿Y cuánto tiempo podremos aguantar la demagogia de Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), que se opone a algo tan elemental como pagar el precio del agua que consumen? Los bajos precios del agua para los regadíos incentivan el despilfarro, impiden la modernización y son una subvención encubierta, que pagan todos los ciudadanos, al financiar con dinero público los embalses y las conducciones, por no hablar de otras externalidades, como la contaminación difusa por nitratos y plaguicidas, o el coste de oportunidad del agua, que si se emplea en un uso, no puede utilizarse en otro. Los agricultores, por supuesto, atraviesan una difícil situación y hay que garantizarles un nivel de vida digno por su actividad, una de las más nobles que existen (producir los alimentos que consumimos), pero ello no tiene por qué significar necesariamente garantizarles el agua a un precio muy por debajo de su coste. Los regadíos consumen casi el 80% del agua en España, y representan un porcentaje ínfimo del PIB y de la población ocupada.

La sequía acentúa la necesidad de una nueva política del agua, que garantice más equidad, más eficiencia y más sostenibilidad, aprovechando las mejores tecnologías disponibles, y que combata el despilfarro, la insuficiencia de recursos y la contaminación del agua.

La nueva política del agua incluye la gestión de la demanda, frente al enfoque tradicional basado sólo en la oferta de nuevas infraestructuras hidráulicas, como embalses y trasvases que, si son necesarias, deberán ejecutarse analizando sus costes, viabilidad e impacto sobre el medio ambiente.

La desalinización y la reutilización de las aguas previamente depuradas, son algunas de las tecnologías a potenciar cada vez más, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de recursos hídricos continentales; pero también es prioritario optimizar el uso del agua, mediante la modernización de los regadíos, la mejora de la calidad del agua y el fomento de la eficiencia en el uso de los actuales sistemas hídricos superficiales y subterráneos, reduciendo las importantes pérdidas en las redes de distribución.

Hacer más con menos

En tiempos de escasez hay que hacer más con menos, y eso es precisamente lo que se llama eficiencia, que debería ser el norte de la política de aguas, llueva o no llueva. La nueva Directiva Marco de la Unión Europea nos obligará también a mejorar la calidad, sin olvidar el importante papel del agua en la conservación de ecosistemas. La repercusión de los costes de las infraestructuras en los usuarios, aunque no agrade a los afectados, sobre todo a los regantes, acostumbrados a que el Estado (es decir, todos) corriese con los gastos e inversiones, servirá sin duda para consumir agua con más eficiencia.

La política del Gobierno y del ministerio de Medio Ambiente (el Programa A.G.U.A.) trata de resolver los problemas del agua de España, proporcionando agua antes, más barata que con el trasvase del Ebro, con menos perjuicio para el medio ambiente y de más calidad, que con las alternativas anteriores del PHN del PP, o las del propio PHN del PSOE de 1996. El Programa A.G.U.A. no plantea conflictos irresolubles entre Comunidades Autónomas, a diferencia de los trasvases entre Cuencas, y se adapta a la nueva legislación de la Unión Europea, y muy especialmente la Directiva Marco 2000/60.

Hoy conviene resolver con sensatez, sin tanta crispación, los problemas relacionados con el agua y la sequía actual, ya sean de cantidad o de calidad. La auténtica sequía de ideas es la del nacionalismo hidráulico del PP murciano y valenciano, aferrado al trasvase del Ebro como a una tabla de salvación, si no hidráulica, al menos electoral (o eso piensan). La prioridad debe ser aumentar la eficiencia en todos los usos (o lo que es lo mismo, proporcionar los mismos servicios con menos consumo de agua), reducir las pérdidas en las redes de distribución, mejorar la depuración de las aguas residuales y reutilizarlas para ciertos usos (regadíos, baldeo de calles, campos de golf, jardines públicos), instalar la veintena de grandes desalinizadoras previstas, aprovechar con moderación las aguas subterráneas, ir aplicando una política de precios que evite el despilfarro y repercuta los costes en los usuarios e implantar nuevos modelos de gestión, incluidos los bancos públicos de agua, dando prioridad al abastecimiento de la población.

Claro que los del PP quieren ahora aprovechar los bancos públicos de agua para intentar volver a colar el trasvase del Ebro, y seguir con la crispación, mientras ponen todo tipo de zancadillas a las desalinizadoras ¡por razones ambientales! Precisamente ellos, los nuevos Atilas del hormigón y del green del golf, que por donde gobiernan sólo crece el ladrillo y el único verde es el del green (la presidenta Aguirre juega todos los días, antes de conceder alguna televisión digital a sus amigos de la ultraderecha). Ahora resulta que se han vuelto ecologistas y han descubierto el impacto ambiental de la salmuera y el boro, o que el nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó atraviesa varias "zonas protegidas", ellos, a quienes no les tiembla el pulso para recalificar como urbana cualquier zona, con tal de construir una nueva urbanización con su correspondiente campo de golf, que tanto ayuda a la revalorización y da valor añadido a sus proyectos especulativos.

El cuento chino de Mariano

Según Mariano Rajoy "la desalinización es un cuento chino. Si volvemos a ganar, el trasvase del Ebro se va a construir porque la opción de las desalinizadoras no tiene ningún sentido. Contaminan y ademán tampoco se van a hacer". El "cuento chino" de Mariano son las 750 plantas desalinizadoras existentes en España que aportan 400 hectómetros cúbicos al año, abasteciendo a una población de dos millones y medio de personas, y para el año 2007 podrán resolver los déficits hídricos de Murcia, Alicante, Almería, Málaga y Baleares, e incluso Barcelona.

La contraposición con las supuestas prestaciones de un hipotético trasvase del Ebro, son evidentes a cualquier observador imparcial, e incluso la prensa internacional, desde Le Monde a The Economist, han criticado con dureza al derogado trasvase, sólo defendido por el PP y algunos medios afines. Con independencia de su inviabilidad económica y ambiental, el agua trasvasada cada año dependería de las precipitaciones y la situación existente en la cuenca del Ebro a lo largo de ese año, lo que hubiera constituido un riesgo para todos los usuarios del trasvase, aún mayor para los usuarios situados al final, es decir, fundamentalmente para Almería y Murcia.

En las cifras anteriores se incluyen tanto la desalinización de aguas salobres (agua subterránea salinizada, ya sea de acuíferos costeros en contacto directo con el mar o de acuíferos aislados) como de aguas marinas. La mitad corresponde a aguas marinas y la otra a aguas salobres, aunque el número de plantas para desalinizar agua de mar es menor que el de salobre, pues éstas son de menor capacidad.

Las desalinizadoras dan de beber a 121 millones de personas en el mundo, a un coste que hoy no supera los 40 céntimos de euro por metro cúbico. Con un periodo de amortización de 15 años y subiendo el agua hasta una cota de 100 metros, el metro cúbico de agua desalinizada cuesta 0,45 euros como mucho. Según el CEDEX el 40% es gasto energético, otro 40% la obra, y el 20%, personal y reparaciones. Un precio bastante inferior a los 91 céntimos de euro por metro cúbico del trasvase del Ebro, y que seguirá descendiendo en los próximos años.

España es de los países con mejores tecnologías de desalinización, lo que nos sitúa en un lugar privilegiado en un sector en rápida expansión, al igual que sucede con la energía eólica y la solar fotovoltaica. De hecho exportamos la tecnología a países tan variados como Argelia o Estados Unidos. Las desalinizadoras crearán empleo y tejido empresarial, generarán innovación tecnológica y exportaciones, y aún pueden reducirse mucho sus costes. Las desalinizadoras son el futuro, y quien más desarrolle esta tecnología, tendrá una importante ventaja comparativa en un mundo donde crecen las demandas de agua y la mayor parte de la población vive en zonas costeras.

¿Cuánto consumen las desalinizadoras?

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, afirmó en declaraciones a Antena 3 que una desalinizadora emplea una cantidad de energía "mucho mayor que un trasvase, 6,6 kilovatios/hora por metro cúbico, frente a los 4,5 kilovatios/hora de un trasvase".

Como el consumo real de las desalinizadoras no supera los 3,5 kWh por metro cúbico, si los datos del presidente de la región murciana sobre el trasvase son ciertos, entonces las desalinizadoras consumen un 22% menos que el trasvase.

El conseller de Territorio y Vivienda del Gobierno valenciano, Rafael Blasco, afirmó que "para desalinizar los 650 hectómetros cúbicos de agua que propone Narbona se necesitan entre 650 y 700 millones de kilovatios hora, lo que dispararía el consumo energético en la Comunidad Valenciana". Según las cifras del conseller harían falta más de 10 kWh por metro cúbico. Es probable que el conseller tenga los datos algo anticuados, o se haya equivocado de década. Pero para quien pasó de la extrema izquierda del FRAP al PSOE, y acabó en el PP, por ahora, las cifras son tan volubles como la ideología, depende de donde se esté, o eso debe pensar. El mismo Blasco que quiere poner cien nuevos campos de golf en la Comunidad Valenciana, con sus correspondientes miles de complejos residenciales, y si no hay agua, se trasvasa, que para eso está la solidaridad, para hacer ricos a unos cuántos promotores amigos y compadres del green.

Hay cuatro consumos energéticos básicos asociados a la desalinización del agua de mar: el bombeo de la toma hasta el depósito de entrada, el proceso de desalinización en sí (ósmosis inversa con bombas de alta presión y recuperación de energía), el bombeo del agua producida hasta la balsa de salida y la elevación del agua desde la balsa de salida hasta los puntos de consumo. Respecto a la desalinización de agua de mar con la tecnología de ósmosis inversa con recuperación de energía en la salmuera de rechazo, sin incluir el bombeo, la cifra del consumo específico a considerar es de 3,5 kWh/m3, y gracias a las innovaciones tecnológicas que están surgiendo, se prevé que se reduzca a 2,7 kWh/m3. De hecho las plantas de última generación consumen menos de 3 kWh/m3.

Pero la FAES da otras cifras. El consumo energético de las desalinizadoras por ósmosis inversa es de 4 kilovatios hora por metro cúbico, frente a los 2 kWh del trasvase del Ebro, según un informe de la Universidad de Murcia encargado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), vinculada al PP y presidida por Aznar. Los datos de FAES son erróneos: el trasvase del Ebro consumiría 3,26 kWh/m3.

Sería de desear que los responsables del PP en Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid se pusieran de acuerdo en alguna cifra, porque cada uno ofrece las suyas, a cual más variada, desde 4 kWh a más de 10 kWh por metro cúbico desalinizado, y lo mismo ocurre con los datos del trasvase. Quizás, con las prisas en cuestionar la alternativa del gobierno, no han tenido tiempo de estudiar los consumos reales. Ni falta que les hace.

El trasvase, realmente, consumiría un 30 por ciento más de electricidad que las desalinizadoras, puesto que habría que llevar el agua desde el Ebro hasta Almería a través de 11 bombeos que elevarían el agua hasta más de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Según el Ministerio de Medio Ambiente, las desalinizadoras contempladas en el Plan de Actuaciones Urgentes consumirían 2.173 GWh/año (2.484 GWh si se incluye también el bombeo del agua hasta los puntos de consumo), frente a los 3.423 GWh anuales del trasvase del Ebro.

¿Cuánto dióxido de carbono emiten las desalinizadoras?

El conseller de Territorio y Vivienda del Gobierno valenciano, Rafael Blasco, aseguró que el Plan de Desalinizadoras del Ministerio de Medio Ambiente "supondrá un incremento de 4 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera al año, lo que resulta totalmente incompatible con el Protocolo de Kioto". "Las industrias eléctricas no solo no podrán cumplir con la reducción de un 3% que les impone el Gobierno del PSOE, sino que aumentarán su volumen de emisiones en un 5% cuando empiecen a funcionar las nuevas desalinizadoras", especificó el conseller un exmarxista-leninista-pensamiento de Mao Zedong (otro amante de los trasvases). "Si se realiza un segundo plan de desalinizadoras para cubrir las necesidades de agua de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, fijadas en 1.000 hectómetros cúbicos, la emisión de CO2 aumentaría hasta los 5,5 millones de toneladas", según Blasco.

Pero según la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), vinculada al PP, la producción de 600 hectómetros cúbicos de agua por desalinización supondría un consumo energético de 2.400 gigavatios hora (GWh), "lo que produciría un aumento del dióxido de carbono (CO2) vertido a la atmósfera". El informe señala que las desalinizadoras "contribuirían a incrementar el efecto invernadero con 2,4 millones de toneladas de CO2".

Según otro informe del Instituto Universitario de Geografía de Alicante, entidad al servicio de la agitación del nacionalismo hidráulico valenciano, "supondría incrementar en 3,2 millones de toneladas la emisión de CO2, lo que alejaría aún más a España de cumplir con el protocolo de Kioto, que estableció para nuestro país el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 15% por debajo de los niveles de 1990".

¿En qué quedamos? ¿Son 2,4 millones, 3,2 millones, 4 millones o 5,5 millones de toneladas de CO2? Según el ministerio de Medio Ambiente y nuestros propios cálculos, esas emisiones quedarán reducidas, en el peor de los casos, a 873.000 toneladas de CO2 de las desalinizadoras y 998.500 toneladas de CO2 si se incluye también el bombeo, apenas el 0,25% de las emisiones actuales en España de gases de invernadero, dado que actualmente se emiten 402 gramos de CO2 por kWh, con el "mix" de generación actual. Si se instalan 1.000 MW eólicos adicionales, para compensar el consumo eléctrico de las desalinizadoras y el bombeo, las emisiones de gases de invernadero serán nulas. De hecho, el Plan de Energías Renovables ha elevado las previsiones de eólica para el año 2011 de 13.000 MW a 20.000 MW, en función de los estudios de la integración en la red eléctrica de distribución. El trasvase del Ebro habría emitido 1.376.000 toneladas de dióxido de carbono, bastante más que las desalinizadoras.

Los análisis de FAES-PP, como los realizados por los gobiernos autonómicos valenciano y murciano, pretenden cuestionar al "corazón" de dos políticas claves del Ministerio de Medio Ambiente, pero a partir de datos cuanto menos discutibles, y probablemente erróneos.

Curioso que el PP haga estos análisis, cuando en los ocho años de gobierno hubo un gran aumento de las emisiones de CO2 en España, nada menos que un 36%. ¡Y ahora les preocupa el 0,2%! El abandono del trasvase del Ebro fue la alternativa más sensata, y las desalinizadoras proporcionarán agua de mayor calidad, más barata, con mayor seguridad y mucho antes que con el trasvase del Ebro.

Golf + urbanizaciones = trasvase del Ebro

Un campo de golf de 18 hoyos necesita entre 45 y 80 hectáreas. Cuando el campo de golf se asocia a una urbanización residencial, el consumo de agua para el llenado de piscinas privadas y el riego de jardines particulares se dispara, algo especialmente grave en una zona tan árida como el sureste peninsular. Y dado el elevado consumo de suelo, se suelen ubicar en zonas naturales escasamente urbanizadas o en zonas agrícolas. De hecho, los regantes son sólo una excusa, y la carne de cañón para las manifestaciones en Murcia o Alicante. Quedaría más feo una manifestación de promotores y especuladores en sus automóviles de lujo, con Camps, Valcárcel y Mariano en la cabeza, Buitrago de cronista oficial, y con pancartas que rezasen "Agua para Todos los Campos de Golf".

Los campos de golf van asociados generalmente a operaciones inmobiliarias, que son las que les dan su rentabilidad financiera. Para instalar un campo de golf hay que talar los árboles y matorrales, con pérdida de la diversidad biológica, aunque eso no preocupa a los ecologistas del PP. A ellos sólo les quita el sueño la salmuera. Además, el suelo del terreno original se sustituye por una capa de grava destinada a favorecer el drenaje, lo que incrementa las escorrentías y reduce la capacidad de retención de agua del subsuelo, aumentando el consumo de agua: entre 360.000 y 500.000 metros cúbicos por año para un campo de 18 hoyos, en competencia directa con otros usos (agrícolas, urbanos y los de la propia naturaleza), más los de la urbanización asociada, aún mucho más elevados.

Pero tan importante como el elevadísimo consumo de agua, es el empleo intensivo de fertilizantes químicos y plaguicidas tóxicos. Los greens son monocultivos homogéneos, y su mantenimiento requiere el uso de herbicidas e insecticidas, que ocasionan una importante contaminación. Claro que para Blasco y sus correligionarios del PP los campos de golf mejoran el medio ambiente, pues sustituyen terrenos áridos por extensas zonas verdes, en urbanizaciones cerradas ajenas a su entorno geográfico y social, con un impacto casi nulo en las zonas aledañas, pues todo se compra dentro del complejo. Lo que sí hay que pagar y externalizar son la recogida de residuos, el abastecimiento y el saneamiento de agua, cuya prestación puede acabar suponiendo una pesada carga para los Ayuntamientos. Beneficios privados, gastos públicos, esa es la máxima del nacionalismo hidráulico.

El programa A.G.U.A. versus el trasvase del Ebro

1. Más agua: 1.063 hectómetros cúbicos de agua, frente a los 1.048 hectómetros cúbicos del trasvase.
2. Más calidad: la contaminación del embalse de Flix pone de manifiesto los problemas de calidad del agua del Ebro en su tramo inferior, que es de dónde partiría el trasvase. El agua procedente de las desalinizadoras tiene una calidad óptima.
3. Más barato: 3.900 millones de euros del programa A.G.U.A., frente a los 4.200 millones de euros del trasvase.
4. Menos consumo de electricidad: 2.484 GWh del programa A.G.U.A., frente a 3.423 GWh del trasvase del Ebro.
5. Menos emisiones: 998.000 toneladas de CO2 de A.G.U.A., incluido el bombeo (el 0,2% de las emisiones españolas de gases de invernadero), mientras que el trasvase emitiría 1.376.000 toneladas, sin utilizar energías renovables en ambas alternativas y con el mix de generación eléctrica actual.
6. Menos ocupación de espacio: 2.252 hectáreas en el caso del trasvase, mientras que las desalinizadoras afectan apenas a 55,89 hectáreas
7. Menor impacto ambiental: con la tecnología actual de difusores y emisarios, la salmuera no tiene prácticamente ningún impacto ambiental sobre las fanerógamas marinas (Posidonia oceanica) y, en general, sobre el Mediterráneo. El movimiento de tierras de las desalinizadoras previstas asciende a 482.517 metros cúbicos, frente a 28,5 millones de metros cúbicos del trasvase. El trasvase del Ebro habría tenido igualmente un gran impacto sobre numerosos espacios protegidos.
8. El agua llegará antes, y ya en el año 2007 se producirán las primeras aportaciones importantes.
9. Sin conflictos entre Comunidades Autónomas.
10. Mayor seguridad, al no sufrir las variaciones del ciclo hidrológico y el impacto del cambio climático sobre el trasvase.
11. El programa A.G.U.A. concede mayor prioridad al ahorro, a la eficiencia y a la gestión sostenible de la demanda que el PHN.
12. Adaptación a la legislación de la Unión Europea, y muy especialmente a la Directiva Marco 2000/60.

Referencias

Rico Amorós, Antonio M.; Olcina Cantos, Jorge; Paños Callado, Vicente; Baños Castiñeira, Carlos. Depuración, desalinización y reutilización de aguas en España (estudio regional). Barcelona: Oikos-Tau, 1998.
II Congreso Nacional Aedyr. La Desalinización y Reutilización del Siglo XXI. Alicante, 21-22 de noviembre de 2001.[En CD-Rom]
López Geta, J.A.; Mejías Moreno, M.. Las aguas salobres. Una alternativa al abastecimiento en regiones semiáridas. Los acuíferos costeros y las desalinizadoras. Almería, 2000.
http://www.igme.es/internet/web_aguas/igme/publica/art_2linea_5.htm
Ministerio de Medio Ambiente, Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua). Madrid, 2004. www.mma.es
Ministerio de Medio Ambiente, "Memoria ambiental comparativa entre las actuaciones urgentes en las cuencas del mediterráneo y la alternativa al proyecto de transferencias autorizadas por el articulo 13 de la ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional. Madrid, 2004.
Libro Blanco del Agua. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 2000.

(*) José Santamarta es director de la edición española de la revista World Watch.

Organizaciones ambientales y sociales han sacado hoy los botijos a la calle para pedir agua para los ríos y afirmar que “la sequía no es climática, es política”. El objetivo de esta protesta es denunciar que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) pretende utilizar la sequía como argumento para incumplir la ley europea de agua y ofrecer más agua. Las ONG afirman que el problema se solucionaría con una gestión de la demanda de agua que previniera la escasez de este recurso y los efectos de la sequía. La acción reivindicativa ha tenido lugar en el exterior del Palacio de Congresos de Madrid, donde se inauguraba la II Conferencia sobre Escasez de Agua y Sequía organizada por el propio Ministerio, en el marco de la Presidencia Española de la UE.

Las ONG AEMS-Ríos con Vida, COAGRET, Ecologistas en Acción, Greenpeace, PDE (Plataforma en Defensa del Ebro), Red Ciudadana por una nueva cultura del agua en el Tajo, WWF, Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua y Xuquer Viu han sacado los botijos a la calle para pedir al Ministerio de Medio Ambiente que no utilice la sequía como justificación para no aplicar la Directiva Marco del Agua (DMA) de forma adecuada. En este sentido, recuerdan que dicha normativa ofrece los instrumentos necesarios para hacer frente a las sequías, incorporando el principio de precaución y garantizando unas reservas de agua suficientes en ríos y acuíferos que reduzcan la vulnerabilidad de los ecosistemas y de la sociedad ante este tipo de fenómenos.

Propuestas desde la sociedad civil

La Directiva Marco del Agua (DMA) establece como objetivo fundamental la protección y conservación de la calidad ambiental de todas las masas de agua (ríos, acuíferos, humedales, lagos y aguas costeras), como medio para garantizar la satisfacción de las demandas sostenibles de agua en el medio y largo plazo.

En el caso de la Región Mediterránea conseguir estos objetivos requiere disminuir la presión humana sobre las masas de agua, adaptando nuestros usos a los recursos disponibles. También precisa el fortalecimiento de los ecosistemas acuáticos, asegurando regímenes de caudales adecuados en nuestros ríos para que cumplan sus funciones naturales y volúmenes suficientes en nuestros acuíferos y humedales.

En el clima mediterráneo las sequías son fenómenos recurrentes que incrementan la presión sobre las masas de agua y requieren de una gestión estratégica para mitigar sus posibles efectos negativos, tanto ecológicos como socioeconómicos. Mantener el buen estado en las masas de agua es estratégico para la sociedad. Por un lado, los acuíferos juegan un papel fundamental para asegurar el abastecimiento de agua a la población en época de sequía. Por otro, mantener un caudal adecuado en los ríos permite que sean capaces de depurar la carga contaminante que vertimos en ellos, proporcionándonos agua de buena calidad para satisfacer nuestras necesidades.

La DMA nos da los instrumentos necesarios para hacer frente a las sequías, incorporando el principio de precaución en la gestión y garantizando unas reservas suficientes de agua que reduzcan la vulnerabilidad de los ecosistemas y de la sociedad en su conjunto frente a este tipo de fenómenos recurrentes. En caso de sequías prolongadas y excepcionales, permite el deterioro temporal de las masas de agua que habrá de revertir una vez pasada esta situación excepcional.

Con motivo de la II Conferencia Internacional sobre Escasez y Sequía

¿QUÉ?

Bajo el lema: “La sequía no es climática, es política”, las principales ONG ambientales y sociales realizan una acción reivindicativa en el exterior del Palacio de Congresos el próximo 18 de febrero. Los participantes recurrirán a la representativa figura del botijo para denunciar ante la Unión Europea que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino quiere utilizar la excusa de la “sequía” para no cumplir la legislación europea sobre agua.

¿CUÁNDO?

Jueves, 18 de febrero:

A las 10:30 horas: lectura de comunicado de las ONG (después de la rueda de prensa de la ministra Elena Espinosa).

De 8:30 a 12:30 horas se atenderá a los medios.

¿DÓNDE?

Exterior del Palacio de Congresos de Madrid

Frente a la puerta principal (Pza. Joan Miró)

Paseo de la Castellana, 99 (entrada principal)

Metro: Santiago Bernabeu (línea 10 de metro) y Nuevos Ministerios (líneas 6, 8 y 10)

A estas alturas el debate de la sequía en Catalunya ya se ha convertido en un mal vodevil del que nadie en la Administración sabe encontrar un desenlace aceptable. Si no fuera por la gravedad del tema y los indicios que apunta podríamos solazarnos con el material que la actuación de los políticos han suministrado a programas como "Polonia" (de la catalana TV3).
I
Hay dos hechos que enmarcan el inicio del "rifirrafe". Una sequía duradera que, en principio, apunta a lo que podemos esperar del cambio climático en años venideros. De otro lado, que el gobierno tripartito había asumido un modelo de política del agua bastante racional: recuperación de aguas freáticas, políticas de ahorro, desalinizadoras para evitar trasvases, sistema de tasas del agua por tramos (para desanimar consumos excesivos)... Una política que en parte había roto con la anterior política de CiU de promover el aumento de la oferta para satisfacer una demanda siempre creciente. En gran parte la política del agua se estaba desarrollando con el asesoramiento de los mejores especialistas en el tema (muchos de ellos agrupados en la Fundación Nueva Cultura del Agua). Y tenía el precedente de movimientos sociales que habían generado un amplio debate social: el movimiento vecinal sobre los impuestos del ciclo del agua y la movilización contra el Plan Hidrológico Nacional. El primero fue un movimiento salido de los barrios obreros de la metrópoli barcelonesa. Aunque inicialmente se trató de una lucha contra la escalada de impuestos, permitió generar una discusión más general y al final consiguió racionalizar el sistema de tasas públicas introduciendo un sistema de tramos que en la práctica tiende a encarecer el consumo excesivo (se fija un volumen de consumo en función del número de personas residentes en el hogar). El sistema no es completamente racional por cuanto no se pudo tocar la parte correspondiente de las tarifas que cobran las compañías gestoras del servicio. En el área barcelonesa están controladas, básicamente, por el poderoso grupo Agbar. La lucha contra el trasvase del Ebro, que dio impulso a la "nueva cultura del agua", fue básicamente una respuesta de las comarcas del sur de Catalunya aunque consiguieron movilizar a amplios sectores sociales más allá de su territorio y dieron un impulso a la nueva gestión del agua que ha tratado de implantar la coalición de izquierdas y, en especial, Iniciativa-EUiA como responsables del área ambiental del Govern.
II
Y vino la sequía y empezaron las incoherencias. Primero de todo en el propio Govern. Su actuación se enmarca entre dos explicaciones alternativas. Una, la más conspirativa, apunta a que la sequía ha sido aprovechada por los sectores trasvasistas para impulsar sus proyectos. Se comenta que Agbar, la todopoderosa compañía del agua (participada mayoritariamente por la Caixa y el grupo francés Suez), llevaba largo tiempo presionando para evitar que avance una política de racionalidad ambiental que presiona a la baja su volumen de ventas (este es un problema que suelen pasar por alto los partidarios del "ecologismo de mercado", la dificultad o imposibilidad de las empresas privadas de funcionar en un contexto de crecimiento cero o decrecimiento). Parece indudable que entre sus presiones figuró la sustitución del anterior Conseller de Medi Ambient, Salvador Milà, una persona que mantuvo siempre unos planteamientos más sólidos que su sucesor Francesc Baltasar. La otra hipótesis, menos "vistosa", es la que simplemente las élites políticas del país han demostrado una vez más su incapacidad de previsión a largo plazo, su improvisación permanente y sus respuestas irreflexivas cuando se plantea una cuestión que puede tener repercusión electoral. Existía pánico ante una situación que hubiera comportado cortes de agua en un área que ya ha padecido graves problemas en el transporte ferroviario y el suministro eléctrico. Es posible que el proceso real se haya movido entre estos dos polos, que el miedo real a la sequía haya generado respuestas inmediatistas y que en este contexto los largos brazos de Agbar hayan sabido jugar mejor sus propias cartas, incluida alguna campaña de prensa tendenciosa. Para completar el cuadro hay también que situar el papel del poder central, en un contexto de claro distanciamiento entre Zapatero y Montilla (éste trituró un pacto permanente de Gobierno PSOE-CiU que pasaba por dejar a los convergentes el virreinato catalán). La actuación prepotente de Zapatero y Fernández de la Vega, apostando abiertamente por el minitrasvase, no sólo ha reforzado la sensación de deriva de la Generalitat sino que además ha reactivado los argumentos de los trasvasistas de todo el estado, haciendo evidente el nulo compromiso con la sostenibilidad del nuevo gobierno.
III
Tampoco las respuestas sociales dan para el optimismo. Lejos de abrir un debate en profundidad sobre una gestión racional del agua más bien se ha abierto un debate en el que el fondo es la tradicional animadversión entre la Catalunya metropolitana y la Catalunya rural, en la que hay muchos pescadores en río revuelto. A medida que se iban conociendo propuestas (el minitrasvase del Segre, la compra de derechos de agua a regantes, ...) surgían movimientos locales de oposición en los que el punto en común era mas el "nos roban el agua, Barcelona impide nuestro desarrollo" que no la apertura real de un debate ordenado para una gestión racional del problema. Incluso algunos sectores del ecologismo se apuntaron a este planteamiento de oponer la metrópoli derrochadora al abandonado mundo rural. Un enfrentamiento en parte irreal pero que a escala local concede muchos réditos a quien lo promueve.
Irreal porque es incierto que el área metropolitana de Barcelona sea en sí misma una gran derrochadora. De hecho el consumo per capita de la ciudad de Barcelona se sitúa entre los más bajos de las ciudades europeas. Aunque estas cifras cambian cuando se considera la población del área metropolitana donde han proliferado poblaciones cuyos modelos urbanísticos (especialmente viviendas con césped, piscina, etc.) generan un consumo que en algunos casos cuadruplica el de la ciudad central. Pero en la última década ni este crecimiento ni estas formas de vida se reducen al área metropolitana. Han crecido la mayor parte de poblaciones y comarcas catalanas y el modelo de consumo es a menudo tan irracional en la metrópoli como en el resto. De la misma forma que hay mucho campo de mejora en la gestión del agua para la agricultura, que sigue representando la mayor proporción al consumo. De hecho mientras hay una oposición generalizada en el mundo rural al minitrasvase, se sigue presionando con éxito a la Generalitat para que aporte fondos públicos a proyectos más que discutibles de canales para regadíos como el del Segarra-Garrigues.
Una parte de las medidas racionalizadoras del consumo del agua están bloqueadas por algunos grupos agrarios que consideran que el agua es casi una propiedad o un derecho propio y no están dispuestas a aceptar ningún mecanismo de control sobre las mismas (establecimiento de contadores del consumo, etc.). Ni muchos intereses urbanísticos locales que tampoco están interesados en una ordenación del territorio que pusiera en pie una racionalización del proceso. Bajo la llamada "tenemos derecho al desarrollo" se han puesto en pie plataformas locales en diversos puntos de Catalunya que lejos de cuestionar el modelo general se apuntan a la tradicional oposición comarcas-Barcelona. Una buena experiencia de lo que nos espera en el futuro cuando la crisis ecológica vaya generando episodios de corte parecido.
IV
Finalmente se adoptó la propuesta de conexión de Tarragona con Barcelona que de hecho suponía aceptar el trasvase del Ebro. Una medida que anteriormente se nos había dicho que no llegaría a tiempo de solucionar la sequía persistente (mayo del 2009 cuando se espera que esté en funcionamiento la planta desalinizadora de el Prat). En la reunión de la Mesa de Sequía en la que se convocó a entidades cívicas a discutir el tema, se impidió la intervención de profesionales de prestigio, que abogaban por retrasar la toma de decisiones, y se desoyeron propuestas alternativas (de Ecologistes en Acció). La decisión del trasvase estaba tomada desde antes y a los pocos días se firmaba el contrato para su construcción. Como era previsible la dirección recaía en Agbar (a pesar que esta empresa hace un par de años vendió su división de construcción, la empresa Acsa) y en la obra participaban cuatro de los seis grandes grupos españoles (ACS, Sacyr, Acciona, FCC) y dos de los de segunda línea (la catalana Comsa y la andaluza Sando). El clásico proyecto que da negocio al "necesitado" sector de la construcción.
Después hubo la importante movilización de las comarcas del Ebro (30.000 en Amposta). Un movimiento liderado por defensores de la nueva cultura del agua, y que se ha preocupado de tejer relaciones con el resto del territorio, incluido Barcelona. Y llegaron las lluvias, copiosas, persistentes y que en menos de un mes han más que duplicado las reservas. Cuando escribo estas líneas, aunque cada día cambia la coyuntura, parece claro que el trasvase finalmente no se va a realizar. Aunque no sabemos cuánto van a recibir los adjudicatarios del proyecto si éste no se lleva a cabo. Está, sin embargo, abierta la polémica sobre si realizar otro minitrasvase que fuera una versión camuflada del inicial. Las lluvias han dejado de nuevo desnudos a los que apelaban a la urgencia (de hecho todos los informes metereológicos apuntaban lluvias sostenidas en mayo). Quizás el trasvase finalmente no se realice, pero en medio han quedado muchos costes importantes. Un debate territorial viciado y que nadie ha tratado de racionalizar. Una nueva justificación a los partidarios de trasvases y de una política de oferta ilimitada. Un nuevo descrédito de la política ante el continuo espectáculo de unos políticos que ni han sabido explicar la política que hacían, ni se han enfrentado a los intereses de los depredadores del agua y que además han estado contradiciéndose un día si y otro también. Sin duda la figura peor parada es la del Conseller de Medi Amb ient, Francesc Baltasar, con una actitud a ratos titubeante, a ratos autoritaria con sus críticos (muchos de ellos miembros, simpatizantes o votantes de su propio partido) e incapaz de explicar la coherencia con que hasta ahora se estaba tratando de gestionar el agua. Un Conseller que tampoco ha sabido mostrar firmeza a la hora de denunciar los tejemanejes de las eléctricas en la gestión del enésimo incidente nuclear de la planta de Ascó. Preocupante sobre todo porque puede laminar la presencia institucional de una fuerza política que al menos genera algún contrapeso a la irresponsable política desarrollista del PSC.
V
Lo ocurrido con el agua puede volver a plantearse. El cambio climático anuncia la recurrencia de tales fenómenos. Y el crecimiento de los últimos años impide la adopción de medidas que apunten a una gestión sostenible. No sólo por el cambio demográfico sino también por la expansión de nuevas formas de vida y desarrollo urbano que favorecen el aumento del consumo per capita (no sólo de agua, también de energía, espacio y materiales). Y el turismo, en sí mismo un importante consumidor, sigue estando en el centro de nuestro modelo de especialización productiva. Y la agricultura sigue presionando por ampliar regadíos y mantener formas de uso del agua poco sostenibles. Si no queremos que la próxima vez volvamos al rifirrafe es necesario empezar ya el debate de la gestión sostenible del agua. Una cuestión que no sólo entraña un debate sobre las técnicas, sino que incluye necesariamente plantearse el modelo de consumo, de producción, de desarrollo territorial. Es a lo que deben emplazarse aquellos movimientos y entidades que ya ahora han empezado a trabajar en otras direcciones. La relación que por ejemplo ha establecido la Plataforma del Agua con entidades vecinales y ecologistas de Barcelona constituye, quizás, la única nota optimista en el marasmo generado por la sequía.

Albert Recio

EL PERIÓDICO

(11/01/2008)

La perspectiva de unas restricciones a la vuelta de la esquina pone los pelos de punta a los políticos

Hoy existe la tecnología suficiente como para hacer una buena captación y uso del agua de lluvia

La sequía parece haber penetrado en el tuétano de nuestros huesos y se nos aparece cada día en la pantalla de nuestra vida en forma de pantanos vacíos, pozos agotados y fuentes marchitas. La perspectiva de unas restricciones a la vuelta de la esquina pone los pelos de punta a los políticos y se sacan de debajo de las alfombras las viejas ideas (los trasvases) mientras se obvian las causas reales del problema (crecimiento urbanístico descontrolado y uso ineficiente del agua en la agricultura). En el año 2005 ya publiqué en este mismo periódico tres artículos sobre la sequía cuyas conclusiones son tan válidas ahora como antes.
Uno de los aspectos que destacaba en uno de esos textos es que deberíamos transformar la maldición de la sequía en una oportunidad para reconocer que somos un país mediterráneo, que la sequía es algo propio de nuestro clima y que debíamos acabar con la sequía mental de 25 años de pedir más y más agua (con trasvases) y dejar de actuar en los muchos campos que la innovación y la tecnología nos permiten hoy para realmente hacer una gestión eficiente del recurso y avanzar hacia esta Nueva Cultura del Agua por la que clamaron cientos de miles de ciudadanos en los años 2002 y 2003.

EN ESOS dos años se ha avanzado en la búsqueda de soluciones para disminuir el consumo y aumentar los recursos al mismo tiempo que se intenta conservar o restaurar los ecosistemas acuáticos. Así, los esfuerzos (como campañas de educación o instalación de dosificadores domésticos) para ahorrar agua han hecho que el consumo de agua doméstica en la región metropolitana no aumente mientras su población se ha incrementado en cientos de miles de personas. Por otra parte, se han puesto en marcha sistemas de aprovechamiento de agua que se habían descartado por diversas causas. Por ejemplo, se está utilizando otra vez el agua de los viejos pozos del Besòs, abandonados por la contaminación hace 20 años. Y se está produciendo el cambio mental que yo reclamaba hace dos años aunque muy lentamente. Por ejemplo, en algunos municipios se ha supeditado la licencia de obras a la presentación de un proyecto donde se demuestre que el agua para regar el jardín se obtiene de la lluvia y no de la red.
Los posibles efectos del cambio climático (con una disminución de los recursos embalsados que podrían llegar al 30%) y el crecimiento urbanístico que no para comprometen este futuro tanto como las barreras mentales que todavía persisten, como la visión que tienen los sanitarios y algunos legisladores españoles sobre la reutilización de las aguas depuradas. Los millones de litros que cada segundo estamos vertiendo al mar desde las depuradoras son un recurso infrautilizado. La incapacidad de poner de acuerdo el campo y la ciudad para establecer bancos de agua que permitan redistribuir los recursos en momentos de crisis es otro.
Mientras tanto, cada vez que llueve perdemos gran cantidad de agua que además contaminamos: es el agua que cae en nuestros tejados y que se desliza hacia los colectores donde se mezcla con las aguas residuales. Si la mitad de los casas de Catalunya tuvieran depósitos de pluviales, probablemente en estos momentos las perspectivas de restricciones serían algo mas lejanas y no estaríamos lamentado que el agua de las últimas lluvias no ha llegado a los embalses, sino contando los millones de litros de agua que habrían ayudado a llenar depósitos.
Hoy existe la tecnología suficiente como para hacer realidad un sueño: llegar a ser independiente de la compañía de agua gracias a una buena captación y uso del agua de lluvia. Solo hace falta seguir luchando frente a la sequía mental de ideas innovadoras de la que hace gala la sociedad catalana que solo pide grandes infraestructuras (trasvases). Un programa de aguas pluviales implicaría una inversión considerable que repercutiría en empleo para muchas pequeñas empresas. Lamentablemente, quien ahora, individualmente, quiere apostar por el aprovechamiento de las aguas pluviales pierde dinero, tiempo y es tachado casi de estúpido por los responsables municipales que tienen que darle los permisos. Sin una reforma profunda de las ordenanzas municipales, sin un programa específico de formación de arquitectos, urbanistas, paletas y lampistas y sin un cambio de mentalidad sobre el aprovechamiento del agua de lluvia va a ser imposible innovar en este ámbito.

GRACIAS a la sequía hemos azuzado el cerebro estos últimos años, estamos tomando conciencia del valor del agua y del país en que vivimos y empezamos a buscar las soluciones sostenibles. Pero todavía quedan muchas barreras que se oponen a este cambio y que mantienen en alto las viejas opciones (más oferta). Parece que todavía necesitamos un periodo de mas sequía para llegar al punto en que nos demos cuenta que realmente tenemos muchas maneras de hacer sostenible el ciclo del agua sin necesidad de más oferta. Pero también hay que saber que demasiada sequía puede ser totalmente contraproducente y desencadenar un proceso que nos lleve a olvidar quiénes somos y dónde estamos. Esperemos que Dios apriete pero no ahogue y que llueva lo suficiente para que no haya restricciones y para que nos demos cuenta de una vez de que la lluvia es una bendición y que hay que saber aprovecharla.

NARCÍS Prat. Catedrático de Ecología de la UB

(Publicado en DEFENSOR DE LA IGUALDAD) 

La presente legislatura concluye, lo que no se haya hecho hasta ahora ya no se hará, y en lo referente al grave problema de la carestía de agua que cada día nos amenaza con mayor virulencia no se ha hecho nada.

A poco de tomar posesión de su cargo la Ministra de Medio Ambiente, señora Narbona, decidió anular el proyecto del Trasvase del Ebro prometiendo a cambio seiscientos millones de metros cúbicos de agua desalada al año.
Según cifras oficiales tan solo ha proporcionado treinta: es decir, el 5% de lo prometido.

Quien dentro de cuatro meses ocupe su puesto y sea del partido que sea se enfrentará por tanto a una difícil decisión: elegir entre dos fracasos.
Tras casi treinta años de fratricidas enfrentamientos regionales el controvertido Trasvase del Ebro no progresó ni un solo metro, y con las autonomías limítrofes cada vez más radicalizadas el proyecto carece de futuro.

La desalación, que pese a contar con todo el apoyo institucional y una multimillonaria campaña publicitaria alabando sus méritos, ha fracasado en su 95% por lo que carece igualmente de futuro.

Mientras tanto la tierra se recalienta, España se desertiza, los agricultores y empresarios se desesperan y el ciudadano de a pié mira al cielo preguntándose si vamos caminos de convertirnos en una nación tercermundista.

Creo que ha llegado la hora de intentar reflexionar sin acritud.

Pese a que a lo largo de su mandato la señora Narbona no haya sabido resolver tan difícil papeleta, hay algo que no puede negársele: ordenó a una de las empresas de su Ministerio “Acuamed”, que invirtiera un millón de €uros en aplicar una nueva tecnología desarrollando el ambicioso proyecto: “Planta Desaladora Reversible de Presión Natural no Contaminante para “El Palmer”, en el termino municipal de Enix, en el Poniente de Almería.

Según “Acuamed” - que financia, firma y sella el proyecto- dicha planta, capaz de desalar 32 hectómetros anuales, consume energía en “Horas Valle” y devuelve energía en “Horas Punta” contribuyendo a equilibrar la desfasada curva eléctrica nacional cosa que interesa especialmente a Red Eléctrica Española.

Acogiéndose a las reglas del mercado energético, la diferencia de precio entre tarifas diurnas y nocturnas que proporciona ese “reciclaje” de la energía genera unos cuantiosos beneficios, lo que permite que el metro cúbico de agua desalada tenga un coste final, incluida la amortización de capital, de 0, 067 €.
Según el Ministerio de Medio Ambiente el coste en las desaladoras tradicionales con idéntico tiempo período de amortización es de 0, 52 € M3.

A principios de Julio del 2006, el Ministerio había decidido construir la planta de “El Palmer” pero al parecer cayó en la cuenta de de que si le proporcionaba a Almería agua ocho veces mas barata que al resto de la cuenca mediterránea se plantearía un claro caso de favoritismo, discriminación e incluso competencia desleal.

Lo lógico hubiera sido optar por proporcionar a todos por igual agua abundante a bajo coste, pero como se encontraban en juego seis mil millones de €uros, que es la diferencia de facturación en diez años entre uno y otro sistema, las grandes empresas desaladoras del sistema tradicional presionaron con el fin de que no se llevara a cabo al proyecto de “El Palmer”.

Estaban convencidas de que se iban a repartir la gigantesca tarta de los seiscientos millones de metros cúbicos anuales, pero al final de la legislatura se han encontrado con que tienen que disputarse entre todos un miserable hueso de treinta millones. Con demasiada frecuencia la avaricia rompe el saco.

Sus dirigentes deberían haber comprendido que nadie, especialmente los agricultores, podría comprar tanta agua a tan alto precio, y ello ha acabado perjudicándoles debido a que la suelen ser parte de grupos económicos con grandes intereses en los sectores de la construcción, agricultura, ganadería y turismo.

Tiraron duros por recoger pesetas porque quien no entienda que sin agua no hay futuro carece de futuro.
Lo acontecido con la planta de Almería hubiera caído en el olvido de no ser por el hecho de que el Ministerio había hecho entrega a personas ajenas a la administración de todos sus estudios y documentos, incluido el denominado “Aprovechamiento energético de una Central de Bombeo de Agua de Mar en El Palmer”.

Dichos estudios, conformados por tres mil doscientas páginas de planos y detalles técnicos, incluido un informe de setecientas referido al impacto ambiental, se encuentra recogido en un CD que se ha puesto a disposición de cuantos deseen comprobar la exactitud de sus datos.

Basta con solicitarlo a: vazquezfigueroa@telefonica.net

Cualquier empresa que pretenda resolver sus problemas hídricos lo único que tienen que hacer es copiar el proyecto de “El Palmer” ya que resulta aplicable a unos treinta puntos de la costa Mediterránea así como a Baleares y Canarias.
Ni siquiera deberá pagar por él; Medio Ambiente lo desarrolló basándose en una patente que no le pertenecía, no tuvo la precaución de solicitar el permiso correspondiente a la hora de llevarlo a cabo, y por lo tanto carece de derechos sobre algo en lo invirtió el esfuerzo de sus mejores técnicos y muchísimo dinero.
Pero no es momento para las recriminaciones: la legislatura concluye y debemos confiar en que nuevas mentes analizaran con nuevos ojos un angustioso problema cada vez más acuciante dejando a un lado condicionamientos políticos y económicos y sin tener en cuenta mas que el hecho indiscutible de que si carecemos de agua acabaremos careciendo de todo.

Regresar a la vieja polémica de tener que elegir entre dos opciones que han demostrado ser inviables es tanto como conducir al país al suicidio.
Es tiempo de enfrentamiento y elecciones pero también debe ser tiempo de consenso en cuanto se refiere a las soluciones hídricas porque de lo contrario unos y otros se encontraran con un país ingobernable.

Existe un sistema factible, técnicamente garantizado por el propio gobierno y gratuito…

¿Por qué no aplicarlo aunque tan solo sea por una vez, en lugar de continuar con bizantinas discusiones sobre el sexo de los ángeles otros treinta años? Parafraseando a Mao: “Ni gato blanco ni gato negro; aunque sea a rayas con tal de que cace ratones…”

Alberto Vazquez-Figueroa

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

(19/02/2010)

Los principales movimientos ambientales y sociales protestaron ayer por la gestión del agua de la actual ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, repartiendo botijos como modelo de buena planificación y portando una pancarta con el lema la sequía no es climática, es política. Coincidiendo con la II Conferencia Internacional sobre Escasez de Agua y Sequía, que hoy se clausura en Madrid, los principales movimientos ambientales y sociales protestaron ayer por la gestión del agua de la actual ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, repartiendo botijos como modelo de buena planificación y portando una pancarta con el lema la sequía no es climática, es política. Coincidiendo con la II Conferencia Internacional sobre Escasez de Agua y Sequía, que hoy se clausura en Madrid, criticaron el que se utilice "la excusa de la sequía para no cumplir los objetivos de calidad ambiental que obliga la directiva marco del agua", explicó el presidente de Coagret (Coordinadora de afectados de grandes embalses y trasvases), Julián Ezquerra, quien acude a la conferencia en calidad de oyente.

PLANES DE CUENCA Para diciembre del 2009 debían estar terminados todos los planes de cuenca europeos, adaptados a la nueva directiva marco del agua y a sus nuevos indicadores, que incluyen el estado ecológico de las masas de agua. Pero ninguno se ha presentado, aunque el del Ebro es uno de los más adelantados.

En estos momentos, en la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) se está trabajando en paralelo tanto en la parte normativa, que está muy avanzada, como en el programa de medidas o listado de actuaciones, que recoge los planes de las diferentes administraciones competentes. En este contexto, la Fundación Nueva Cultura, Coagret, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Plataforma en Defensa del Ebro, Plataforma del Tajo, WWF, Xarxa per una Nova Cultura de l´Aigua y Xuquer Viu llevan a cabo acciones para hacer prevalecer su punto de vista con iniciativas para la difusión de su ideario.