EL NORTE DE CASTILLA
(14/10/2009)
La cuenca del Duero, sostiene el autor, forma parte de los asuntos intracomuntarios sobre los que el Estado debe tener las competencias en defensa del interés general; fragmentar su poder hará muy difícil cumplir con lo que obliga el derecho de la UE.
El traspaso de la cuenca del Duero a la comunidad autónoma vuelve a surgir a raíz de las recientes negociaciones entre el Estado y la Junta. En realidad, la transferencia de la cuenca del Duero comienza a plasmarse en las reformas estatutarias de 1999 y es ahora cuando adquiere carta de naturaleza, a la espera de que el Tribunal Constitucional deshaga el lío de la madeja de los estatutos de autonomía de hace un lustro y que cuenta con los ríos y acuíferos como principal bastión a conquistar. ¿Es constitucional esta transferencia?, ¿es deseable? La doctrina reiterada del Tribunal Constitucional sobre aguas subraya que la territorialidad es la distinción básica la distribución competencial, contando con una fuerza expansiva unida al concepto del interés nacional, pues incluso en asuntos plenamente intracomunitarios le corresponde la competencia al Estado si se demuestra que existe un interés superior. Esta doctrina no se predica sólo respecto de los ríos, sino de otros muchos asuntos donde la geografía se superpone a la distribución territorial del poder, como las carreteras, el ferrocarril o las líneas de alta tensión. Es decir, que la reforma del régimen competencial en materia fluvial se topa con barreras constitucionales infranqueables, problemas que han sido reconocidos por el mismo Consejo Consultivo autonómico.
El Duero no sólo importa a sus ribereños, sino que el resto de españoles tenemos interés en que recupere la vida que se le ha arrebatado tras décadas de degradación.
La doctrina constitucional, el derecho internacional y el europeo, hasta el sentido común, se apoyan una y otra vez en el principio de la unidad de cuenca, cuestión que corrobora la norma básica en estamateria, la Directiva Marco del Agua. Esta versión castellano y leonesa del Estado fragmentado socava los cimientos de la distribución del poder, máxime cuando se piensa en la versión reduccionista del ‘agua’, pues en realidad se trata de territorios y ecosistemas. Con anteojeras caladas a voluntad, los promotores de esta reforma olvidan que Portugal cuenta mucho y que el objetivo de la Directiva Marco del Agua es la consecución del ‘buen estado ecológico’.
Esta vuelta de tuerca en la fragmentación del poder estatal hará muy difícil, si no imposible, cumplir con lo que nos obliga el derecho de la UE. Sobre si esta reforma es deseable, los juristas nos distraemos como niños con el examen formal de una norma, pero lo que jamás olvidan los políticos es el poder, lo que a fin de cuentas importa.
Así, el primer paso es que los ríos queden reducidos a ‘agua’, como si La Alhambra fuera trozos de arcilla y estuco o los cuadros del Museo del Prado, lienzos con pigmentos resecos. Troceado el objeto de deseo, sólo resta planificar su conquista final, ya que la lógica de la acción colectiva y una observación atenta de la realidad nos enseñan que el poder tiende a ser monopolístico.
No nos extrañe así que el asalto a los valores comunes se plantee ya sin recato por los gobernantes de regiones que hacen gala de oponerse a las fuerzas centrífugas.
Pasemos a la realidad, ¿qué hace la Junta de Castilla y León por su territorio al ejercer sus competencias? Si examinamos el bochorno de la estación de esquí de San Glorio, las clandestinas y enormes minas de carbón a cielo abierto, la barbarie de las nuevas presas del río Valdavia y su dragado kilométrico, el vandalismo de la presa de Castrovido, las presiones para evitar la caducidad de la hidroeléctrica de Barbellido, el caos agrario del acuífero de Los Arenales, la promoción de la denostada Ciudad del Medio Ambiente, la destrucción de pinares abulenses para urbanizaciones masivas, el caos cinegético, el mantenimiento de parques naturales de papel, las magnesitas de Borobia, los residuos tóxicos de Santovenia, la huida hacia delante con nuevOs proyectos de regadío y concentraciones parcelarias que han quedado obsoletos ante la reforma de la PAC o la burla de muchas evaluaciones de impacto ambiental de parques eólicos, nos daremos cuenta de que se queda muy corto el famoso ‘Informe Auken’ del Parlamento Europeo sobre el incumplimiento contumaz de la Ley en España, pues tenemos que en Castilla y León el zorro está también a cargo del gallinero, se emplea el poder público como fuente de rentas y se paraliza la actividad judicial. Palabras más graves ha empleado el Parlamento Europeo. Si a todo lo anterior le sumamos el traspaso de la gestión del Duero, el tremendo monopolio de poder hará que el imperio de la ley quede pulverizado en los puños de quienes tienen cautiva a la Administración autonómica, auténtica ‘captura del regulador’, expresión clara y contundente que desluce los oropeles del Estado de Derecho y arrumba a un sótano ingenuas expresiones legales.
La Confederación Hidrográfica del Duero padece graves problemas en cuanto a su primera misión, cumplir con la Directiva Marco. La vieja cultura del agua se ha hecho fuerte en los organismos de cuenca, que piensan más en los parámetros de hace sesenta años que con la vista puesta en el año 2015. Aun así, hay personas que creen en la nueva cultura del agua y luchan para que la modernidad, la ilustración y el nuevo paradigma fluvial se abra paso entre el subsidio de obras ruinosas, el populismo, las contratas de difícil explicación y la falta de transparencia. No valen entonces sucedáneos constitucionales con vestiduras estatutarias ni que solivianten el valor normativo de la Constitución con los más extravagantes subterfugios.
El traspaso de la cuenca del Duero con estos antecedentes y con los planteamientos expuestos resultará en la feudalización fluvial, que encontrará coto en el Tribunal Constitucional, en el que se habrá de confiar… si nos dejan.
PEDRO BRUFAO CURIEL (CATEDRÁTICO E.U. DE DERECHO ADMINISTRATIVO)
