COordinadora de Afectados por GRandes Embalses y Trasvases

HERALDO.ES

(21/01/2009)

Tres comunidades de regantes y tres particulares han recurrido el acuerdo que permitió el inicio de las obras
 
El embalse de San Salvador, ejemplo de obra hidráulica impulsada a través del diálogo y el consenso, también ha acabado en los tribunales. Su construcción fue aprobada por unanimidad en la Comisión del Agua, permitió descartar la polémica presa de Santaliestra, desactivó todos los conflictos judiciales abiertos en torno a la regulación del Ésera y se levantará en plena zona regable del Canal de Aragón y Cataluña. Sin embargo, ayer mismo se anunció ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón un recurso contencioso-administrativo que pide la anulación del convenio de financiación que permitió el inicio de los trabajos.
 
La demanda la han presentado tres comunidades de regantes de base y otros tres particulares que se oponen a hacer el embalse y consideran que el acuerdo que autorizó la firma de ese convenio se adoptó vulnerando las ordenanzas de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña.
 
Ese acuerdo se alcanzó con el apoyo del 56% de los votos emitidos, la mayoría absoluta de los asistentes a la asamblea general extraordinaria celebrada el 10 de mayo del año pasado, y un 39% de votos en contra. Sin embargo, los recurrentes sostienen que el reglamento del sistema obligaba a que la decisión se tomara por mayoría absoluta no de los presentes en la votación, sino del total de usuarios del sistema incluidas las industrias y los abastecimientos urbanos -algo que a su juicio no sucedió-.
 
Las tres comunidades de base y los tres regantes particulares entienden, por tanto, que ese acuerdo es nulo. En consecuencia, piden a la Confederación Hidrográfica del Ebro, órgano superior del Canal de Aragón y Cataluña, que deje sin efecto el convenio firmado por la CHE, la empresa Acuaebro y la Comunidad General para financiar la construcción del embalse de San Salvador. Esto supondría dejar en suspenso el proyecto, ya que en la propia licitación de las obras se advertía de que los trabajos no podrían adjudicarse sin el convenio.
 
Los recurrentes han acudido a los tribunales después de agotar la vía administrativa -en total hubo hasta 10 recursos de alzada- y tras comprobar que la respuesta de la Confederación era el silencio. Una vez admitido a trámite el recurso contencioso, el organismo de cuenca tendrá 20 días para remitir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón el expediente completo. Cuando lo tengan a su disposición, los abogados de los demandantes dispondrán de otros 20 días para presentar el cuerpo del recurso.
 
 
Querella por prevaricación
 
Además, uno de los particulares que han recurrido el convenio también ha presentado una querella criminal por prevaricación contra el presidente del Canal de Aragón y Cataluña, José Luis Pérez. El querellante utiliza los mismos argumentos para defender que el acuerdo ahora impugnado era nulo y denuncia que, pese a ser consciente de que había varios recursos de alzada que lo cuestionaban, Pérez siguió adelante.
 
"A pesar de estar pendiente de resolución los recursos de alzada interpuestos, sin esperar a la resolución de los mismos y, por tanto, sin estar autorizado (...), el querellado José Luis Pérez firmó el convenio (...) -dice el escrito-. Dicha firma se produjo con conocimiento (...) de la injusticia y arbitrariedad de su actuación".
 
Este particular también se ha querellado por un delito de falsedad documental contra un jefe de área de la CHE que, en respuesta a una alegación del propio querellante, sostuvo en un informe técnico que el núcleo de Casasnovas -que quedará anegado por el embalse de San Salvador- no es una población. El escrito se basa en las normas subsidiarias de Huesca para sostener lo contrario.
 
José Luis Pérez está llamado a declarar como imputado el próximo 12 de febrero. El técnico de la CHE ya lo hizo el 13 de enero.

HERALDO DE ARAGÓN

(05/12/2007)

Aunque el Ayuntamiento retiró su acusación, la Audiencia Provincial de Madrid juzgará al ex secretario de Estado Benigno Blanco y a otros seis ex altos cargos del Ministerio.

El fiscal Emilio Valerio ha forzado que la Audiencia Provincial de Madrid juzgue al ex secretario de Estado Benigno Blanco y a otros seis ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente acusados de cometer diversos delitos durante la tramitación administrativa del embalse de Santaliestra. A pesar de que el Ayuntamiento de este municipio oscense retiró su acusación contra los imputados en 2005, tras el acuerdo de la Comisión del Agua de Aragón que descartó la construcción del pantano, el fiscal ha seguido adelante con el proceso y ha obligado al tribunal a señalar la vista para finales de enero.

Según fuentes próximas al caso, el juicio comenzará el día 28 de ese mes y se prolongará durante varias semanas, ya que hay previstas unas 70 pruebas periciales y otras tantas testificales que deberán aclarar si los acusados incurrieron en diferentes delitos de prevaricación, falsedad en documento público, fraude, estafa, infidelidad en la consulta de documentos y falsedad en documento público.

En el banquillo se sentarán el ex secretario de Estado de Aguas y Costas del Gobierno del PP, Benigno Blanco; el ex director general de Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas, Carlos Escartín; el ex director general de Evaluación Ambiental, José Ramón Fernández Lastra; el ex jefe del Área de Inspección de Presas, José María Vizcaíno; el ex jefe de la Dirección Técnica de la CHE, Francisco Fiteni; el ex comisario de Aguas y director del proyecto del embalse, Miguel Zueco; y el que fuera asesor, Iñigo Barahona. Según las fuentes consultadas, el ex presidente de la Confederación Tomás Sancho, que sí aparecía en el escrito de acusación presentado por el Ayuntamiento de Santaliestra, no ha sido imputado por el fiscal.

Todos ellos se enfrentan a distintas penas de prisión y/o inhabilitación para cargo público. Para Benigno Blanco el fiscal pide ocho años y medio de cárcel, pero otros acusados podrían ser condenados hasta a once años.

La querella que inició este proceso fue presentada por el Consistorio santaliestrano en 1999. Seis años después, y después de varios reveses judiciales para el Ministerio, la Comisión del Agua aprobó por unanimidad un dictamen que desechaba la construcción del embalse a cambio de construir otro pantano -el de San Salvador- en plena zona regable del Canal de Aragón y Cataluña.

Ese acuerdo entre regantes y afectados incluía neutralizar todos los procesos judiciales abiertos. El Ayuntamiento de Santaliestra retiró su acusación contra los ex altos cargos, pero el fiscal de Medio Ambiente de Madrid decidió seguir adelante con la causa al considerar probado que los acusados cometieron los delitos que se les imputan.

Según ha podido saber este periódico, la Abogacía del Estado ha negociado con el ministerio público un acuerdo para que solo fueran condenados, y a penas menores, algunos de los acusados a los que la inhabilitación para cargo público ya no les supondría ningún perjuicio. Sin embargo, finalmente el juicio se celebrará.

El precedente a esta vista es el proceso penal seguido contra seis altos cargos del Ministerio por la tramitación del recrecimiento de Yesa. En este caso la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a todos los acusados en una sentencia que luego fue confirmada por el Tribunal Supremo, lo que supone un importantísimo respaldo a las tesis de la Abogacía del Estado y un varapalo a los argumentos utilizados por el fiscal Valerio.

El alcalde, "sorprendido"

El alcalde de Santaliestra, Javier Mur, aseguró ayer ser "el primer sorprendido" por la noticia. "No me lo esperaba, pero de momento no tengo ninguna constancia oficial sobre ello", señaló el primer edil. Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro también aseguraron que el organismo de cuenca no ha recibido ninguna anuncio al respecto.