COordinadora de Afectados por GRandes Embalses y Trasvases

La presa La Parota en el estado de Guerrero en México tendrá un costo inicial de 800 millones de dólares que se gastarán durante 8 años que durará la construcción. Sin embargo, el retraso en la construcción de las presas se da en todo el mundo así como un aumento en el costo que ha oscilado entre un 30 y un 300% más al cálculo inicial. [1] Por tanto, más de mil millones de dólares representará de ganancias a los constructores lo cual implicará un endeudamiento al país para la siguiente generación. El compromiso político y económico ya está hecho por lo que no se pretende echar atrás el proyecto a menos que la resistencia social junto con los cauces legales logren detenerla. Esto no es imposible, ya se ha detenido la construcción de presas en muchas ocasiones, pero será difícil [2] . Este es el reto del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) y a final de cuentas de toda la sociedad porque a todos afectará la presa. Esta es la continuación de la historia. [3]
PRIMERA ETAPA: LAS ILEGALIDADES GUBERNAMENTALES.
Los mil millones de dólares que representará el negocio de la presa La Parota bien vale la pena para los constructores la cantidad de mentiras, engaños, fraudes, represión, corrupción, compra de autoridades ejidales, compra de intelectuales y universidades y múltiples ilegalidades por parte de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). La presa se ha convertido en una trinchera de resistencia popular con al apoyo de organizaciones y redes nacionales e internacionales de derechos humanos y ambientalistas; de Organizaciones No Gubernamentales (Ongs), campesinas, indígenas, obreras y de todo tipo que se han unido a la lucha del CECOP. Incluso la fuerza guerrillera de la entidad, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), manifestó su apoyo a la lucha de la sociedad civil.
El 25 de Abril de 2004 el gobierno y las autoridades ejidales compradas por él simularon una Asamblea Ejidal de 12 minutos de duración para dar la autorización a la construcción de la presa y el consecuente desalojo de las tierras. Fue impugnada legalmente por 1590 comuneros quienes interpusieron ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41 con sede en Acapulco una demanda de nulidad por no cumplir con los términos legales, por haberse falsificado firmas, por haber incluido hasta el voto de ejidatarios ya muertos y otras irregularidades. El Tribunal acordó dar paso a la medida precautoria solicitada por los comuneros, por lo cual se ordenó al gobierno y a la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) que las cosas se mantuvieran en el estado en que actualmente se encontraban en la Comunidad Agraria de Cacahuatepec, y que quienes se oponen al proyecto “no sean desalojados de los puntos de acceso que tienen obstruidos, a fin de garantizar la tranquilidad social en el núcleo agrario en comento” [4] . Además se ordenó notificar a la CFE que “se abstenga de realizar (los estudios preliminares de factibilidad) en tanto no se resuelve el presente juicio por sentencia ejecutoriada”. El Tribunal alertó de la posibilidad de enfrentamientos físicos si se continuaba con a obra.
Pese a la prohibición legal, los supuestos Estudios de Impacto Ambiental (EIA) fueron entregados a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dos 2 meses después, en un documento de 1536 páginas que no se explican ya que desde el 28 de julio de 2003 los plantones  impiden el paso de maquinaria de la CFE y cualquier personal. Además, la Semarnat está emplazada con un Recurso de Revisión, ya que los estudios no cumplen con las normas ambientales, de salud, de sismología, de destrucción de fauna y flora endémicas protegidas, y falta de estudios sobre el flujo de las corrientes subterráneas, además de que promueven la destrucción de la cuenca del Río Papagayo. Por su lado, el comisariado de Bienes Comunales está demandado en una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por falsificación de firmas, lo mismo que el notario y los funcionarios agrarios que avalaron ese delito. Está interpuesta una segunda denuncia penal, contra la CFE, también ante la PGR, por delitos ambientales.
Luego la CFE convocó, creando las dificultades de la participación de la sociedad, a una supuesta consulta pública donde lo pobladores rechazaron la construcción y denunciaron las mentiras, engaños y simulaciones por parte del gobierno. Meses después una delegación del CECOP asistió al III Encuentro del Movimiento Mesoamericano contra las Represas que se llevó a cabo en El Salvador en 2004. A su regreso, Rodolfo Chávez Galindo se encuentra con órdenes de aprehensión en su contra y uno de los líderes de la comunidad, Marco Antonio Suástegui, fue detenido, encarcelado y torturado. Tras su liberación el movimiento de resistencia cobró más fuerza y meses después la comunidad de Aguas Calientes vio nacer el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) que realizó su primer encuentro en esa comunidad [5] , movimiento que no tiene precedentes en el país. Cientos de personas y organizaciones mexicanas y algunas solidarias del extranjero se reunieron para iniciar el primer movimiento contra las represas que se haya registrado. El CECOP logró articularse con muchas organizaciones de todo el país y de diversa índole. Para principios del 2005 lograron participar con una delegación muy nutrida en el II Encuentro del Mapder en lo que pretende ser la presa de Arcediano en Guadalajara, Jalisco. Y mientras se preparan junto con la delegación mexicana a asistir al III Encuentro Latinoamericano contra las represas en octubre de 2005 en Guatemala [6] , el gobierno mexicano sigue avanzando con la construcción de la presa sin la autorización legal.
Julio y agosto de 2005 fueron los meses en que le gobierno agudizó el conflicto y las ilegalidades. Aunque en otros accesos las comunidades en resistencia continúan bloqueando las entradas a la zona de la cortina, los trabajadores de la CFE continuaron con las labores preparatorias en otros 30 poblados que conforman los bienes comunales de Cacahuatepec. En el caso de los habitantes de la comunidad Los Mayos dieron el permiso a la paraestatal ya que ellos creen que su pueblo no será afectado por estar en la punta del cerro y que no será anegado. De cualquier forma, el director de la empresa, Alfredo Elías Ayub, niega que la CFE esté realizando obras. Pero esto es el pan de cada día. Todo aquello que comprometa la construcción de la presa ha sido, es y será negado sistemáticamente. De igual manera en la presa de El Cajón, actualmente en construcción avanzada en el estado de Nayarit, los trabajadores muertos durante las obras no existen para la paraestatal ni para la opinión pública.
La CFE continuó realizando en la zona conocida como Las Parotas, al otro lado del río Papagayo, la perforación de los cerros y la apertura de brechas y caminos donde se pretende ubicar la cortina de la presa, lo que ya está perjudicando las tierras de otros campesinos. Por su lado, la abogada Priscila Rodríguez Bribiesca del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), aseguró que "están talando y desmontando la selva caducifolia sin los permisos respectivos de la Semarnat”. Pero no sólo eso, lo más grave es que la CFE no ha iniciado con los trámites de expropiación de las tierras a los campesinos y tampoco cuenta con el cumplimiento de la normatividad agraria respectiva. Ante ello, un demanda ante el Tribunal Agrario o una solicitud de amparo teóricamente debería detener las obras ilegales del gobierno. Este es el principal obstáculo que intentará salvar la CFE y que generará los mayores brotes de violencia.
Para el 31 de Julio de 2005 el CECOP y más de 70 organizaciones de todo el país y otras del extranjero convocaron a un “Encuentro Nacional contra la Presa La Parota” [7] en la Comunidad de Aguas Calientes, Anexo de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Municipio de Acapulco. Entre los objetivos se plantearon “Unir voces y reforzar lazos de solidaridad; saber y hacer saber que no estamos solos; fortalecer la organización de las comunidades; reafirmar el rechazo total a la Presa La Parota, como decisión mayoritaria de los Pueblos; escuchar las razones de organizaciones que se unen a la defensa de la tierra de comuneros y ejidatarios, y del agua del Río Papagayo.” El encuentro fue un éxito. Las Organizaciones presentes en el Encuentro acordaron 1. No ceder un centímetro más de tierra a los impulsores del despojo. Acapulco es de todos los acapulqueños, no sólo de los empresarios; 2. Alto a los despojos anunciados en La Parota, en Acapulco Diamante y en Puerto Marqués; 3. Defender el medio ambiente y la ecología contra los depredadores: la CFE, las empresas trasnacionales, los empresarios locales (lagartos al acecho de lo que les dejen), y los obsoletos líderes corruptos de la CNC (lagartijos que van sobre las migajas); 4. Alto al ecocidio que significaría inundar en La Parota 170 millones de metros cuadrados, once veces la bahía de Acapulco (no tres veces, como dicen quienes mucho ocultan); 5. Nos pronunciamos contra la privatización del agua, de la tierra, de los servicios y de los energéticos; 6. Acordamos formar un frente único en defensa de la tierra, del agua; de la cuenca del Río Papagayo, su fauna, flora y biomasa; en defensa del medio ambiente y la biodiversidad de nuestro estado y en defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos, como parte de los derechos humanos; 7. Combatir unidos la represión, el hostigamiento, las amenazas y las desapariciones forzadas; 8. Ampliar las redes de solidaridad y la unión de los pueblos en resistencia, particularmente con el EZLN.
SEGUNDA ETAPA: LA AGUDIZACIÓN DEL CONFLICTO.
En el mes de agosto de 2005 inicia una nueva avanzada del gobierno por la ilegalidad. Le apura aprobar el proyecto e iniciar formalmente la licitación de los mil millones de dólares. Para este momento los gobiernos federal, estatal y municipal ya han comprometido todo y están obligados a ver la forma en cómo los campesinos den el aval al proyecto de manera legal para dar su visto bueno al proceso expropiatorio y el permiso para cambiar el uso de suelo. Para ello se necesita la aprobación de la Asamblea Ejidal. El gobierno inicia spots publicitarios comprando al futbolista Jorge Campos para convencer a la población de aprobar la obra. También se vende el Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec e inicia la convocatoria a una Asamblea General de Comuneros para el día 14 de agosto y con ello se despliega todo un arsenal de corruptelas e ilegalidades en los tres niveles de gobierno.

La convocatoria es ilegal en tiempo, modo y forma según lo estipula la Ley Agraria. Se convoca pocos días antes y modificando la sede. Se orquestan también todos los mecanismos fraudulentos como el envío de personal médico para dar consultas y se les piden las firmas a los campesinos. El gobierno también comenzó a pagar por las firmas y recoger las credenciales de elector. Por su lado la Procuraduría Agraria acelera el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) para dar paso a la modificación del uso del suelo de las tierras comunales, la actualización del Padrón de comuneros y la implementación de manera gratuita del programa "hereda" (testamento agrario) con el fin de garantizar el voto, a favor de la venta de las tierras, por parte del testamentado. Los comuneros advierten sobre estas ilegalidades y responsabilizan al gobernador perredista de lo que pudiera suceder. El 8 de agosto los comuneros presentan un amparo y la nulidad de la Asamblea ante el Magistrado del Tribunal Unitario.
Ese mismo día el CECOP envía una carta al gobernador del estado de Guerrero, Zeferino Torreblanca, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde los comuneros le hacen responsable “de los problemas que pueda haber el día domingo 14 de agosto del 2005, en el poblado de El Campanario, en virtud de que tenemos conocimiento que usted se está prestando a querer llevar a cabo la autorización de expropiación de nuestras tierras comunales, pretendiendo efectuar asamblea general de Comuneros fuera del lugar acostumbrado y con la protección de policías estatales, situación que no es de su competencia, ya que las asambleas comunales son soberanas y no se requiere de coacción y de vigilancia para que podamos los comuneros llegar a acuerdos”. Por su lado, tres días antes de la celebración de la ilegal Asamblea, el Espacio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC) y  de la Red Guerrerense de Derechos Humanos [8] envían una misiva al gobernador y al presidente municipal de Acapulco donde especifican que asistirán a dicha Asamblea por invitación del CECOP para “realizar la observación  del desarrollo de la mencionada Asamblea, a fin de cerciorarnos de que ésta se lleve cabo con apego al marco legal vigente.”
Por fin llega el día 14 de agosto y los autobuses procedentes de 23 de las 43 comunidades comienzan a llegar a la comunidad El Campanario. La CFE acarreó a los campesinos con el fin de lograr el quórum de al menos poco más de 3 mil campesinos, de los 7 mil 200 registrados en el padrón para aprobar la "solicitud de la CFE a la asamblea para obtener la anuencia para que se lleve a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos destinados a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, obras complementarias, embalse y todos los caminos necesarios de acceso a la obra y firma por el comisariado de los respectivos convenios de ocupación previa y su pago, así como convenios de ocupación temporal". También trasportó en helicóptero a diez notarios públicos de Acapulco para dar fe de la ilegalidad, entre ellos a Robespierre Robles Hurtado, hijo del ex secretario general de Gobierno del estado José Rubén Robles Catalán -asesinado recientemente-, así como Miguel Ángel Maldonado, ex titular del Consejo Estatal Electoral y representante en México de las trasnacional Domino's Pizza.
Diversas corporaciones policíacas instalaron retenes para impedir el paso de los comuneros del CECOP por lo que tuvieron que caminar nueve kilómetros por el monte para llegar a El Campanario. Al llegar los que lograron burlar los retenes se encontraron con una malla electrificadas y resguardadas por 400 efectivos de las distintas corporaciones policíacas, mientras un conjunto de música tropical contratado para el evento empezó a tocar para acallar la protesta. Después de dos horas de tensión y jaloneos entre campesinos opositores y policías, alrededor de las 12:30 horas, el representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC) permitió el ingreso a la asamblea a campesinos que no pertenecen a ninguna de las comunidades afectadas. Las protestas se incrementaron y los policías lanzaron gases lacrimógenos. El enfrentamiento duró 20 minutos y dejó un saldo de diez campesinos golpeados y uno bañado en sangre. Los opositores quemaron las papeletas y destrozaron las carpas de plásticos haciendo correr al presidente de los bienes comunales con la gente que está a favor de la presa. Ahí encontraron documentos con los acuerdos previamente elaborados y un padrón manipulado. Los comuneros del CECOP desconocieron entonces al Comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y exigieron cárcel por usar la fuerza pública en su contra y responsabilizaron al gobernador de Guerrero, al presidente municipal de Acapulco, al presidente Vicente Fox y a la CFE por la agresión sufrida. [9]
Ante la estrategia fallida, el gobierno y la CFE intentaron otra Asamblea ilegal nueve días después, el 23 de agosto, en otro municipio, sin informar ni confirmar el lugar sino 24 horas antes. La CFE pagó 200 pesos a cada comunero por su firma y contrató 15 autobuses (donde no caben más de 500 personas) que recogieron a los comuneros, les colocaron un distintivo color naranja para evitar infiltraciones de opositores. La Asamblea fue adelantada dos horas y la celebraron rápidamente en media hora en que, según la CFE, sólo 2 mil 385 campesinos, comprados, de los 7mil 285 en total que serán directamente afectados, dieron su beneplácito sobre la “solicitud de la CFE a la asamblea para obtener la anuencia para que se lleve a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos destinados para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Parota, obras complementarias, embalse y todos los caminos necesarios de acceso a la obra y firma por el comisariado de los respectivos convenios de ocupación previa y su pago, así como de convenios de ocupación temporal”. Sin alguna intervención, comentario ni discusión el presidente de la mesa pidió que “levanten la mano los que están de acuerdo”, y todos lo hicieron. Luego que levantaran la mano los que no están de acuerdo. Nadie levantó la mano. Por unanimidad se aprobó el punto. Luego se aprobó de la misma manera la “solicitud para obtener la anuencia de la asamblea para que la CFE realice el trámite de cambio de uso de suelo en terrenos forestales destinados a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, obras complementarias, embalse, todos los caminos necesarios de acceso a la obra y línea de transmisión La Parota entronque Los Amates-Playa Diamante”, y la “Solicitud de la CFE a la asamblea para que autoricen al comisariado de los Bienes Comunales la constitución de servidumbre de paso ante notario público, para la construcción de la línea de transmisión denominada La Parota-entronque Los Amates-Playa Diamante”.
Así, la expropiación que realizará la CFE se hará sobre 14 mil hectáreas, de las cuales mil 300 se ubican en la comunidad de Cacahuatepec; esto se ubica en 19 núcleos agrarios que también van a ser afectados por las construcciones, que son propiedad de 10 poblaciones cercanas, “por lo que podemos anunciar que nos comprometemos a construir 800 viviendas para igual número de familias afectadas directamente por la presa”, según la CFE. A la paraestatal esto le costó también darles de comer a los que acarreó: pollo en barbacoa, arroz blanco y refrescos de Cocacola o Fanta.
Algunos medios confirmaron que sólo habían llegado a la Asamblea alrededor de 1,200 campesinos y que la CFE tenía en su poder cantidad de credenciales de elector que había recogido. Mañosamente la CFE dejó para después la negociación de cuánto sería la indemnización y cómo sería el proceso de desalojo. Al terminar la Asamblea los opositores a la presa llegaron luego de sortear 10 retenes policíacos que pretendían retrasar su llegada y que al llegar se enfrentaron con 400 policías quienes lanzaron gases lacrimógenos y golpes, dejando saldo de decenas de lesionados. Los comprados por la CFE, y todos los demás funcionarios del gobierno apresuraron la clausura y salieron corriendo a sus vehículos.
Aunque los líderes de la CNC confirman que los disidentes de ésta organización han recibido 12 millones de pesos de la CFE, el secretario general disidente, Evencio  Romero Sotelo, dijo ante los medios que la realización de la asamblea le costó a la Fundación Campesina de Desarrollo Rural, A.C., 2 millones 500 mil pesos, y con la anterior “hemos gastado como 7 millones de pesos por esta situación, afortunadamente hay guerrerenses, hay mexicanos que están aportando a esta asociación, que no nada más se dedica a eso, se dedica a crear proyectos productivos”. Dijo además que el resultado de esta asamblea “no es un cheque en blanco, es el inicio, esto apenas inicia, qué quiero decir con eso, que van a negociar, todavía falta otra asamblea donde habrán de sentarse a cómo van a pagar tanto la tierra como los bienes distintos a la tierra.” Pero, “sin esta asamblea, la presa de La Parota se hubiese venido abajo”. Y agregó: “ya es un hecho La Parota, esto es motivo de alegría para los guerrerenses bien nacidos, para los que queremos el progreso de Guerrero”.
Para el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, el estado debería saber que la asamblea carece de legalidad, según jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que niega a las autoridades “facultades para reunirse fuera del lugar donde ejerce su autoridad, para iniciar el trámite de privación de derechos a uno de sus miembros”. El abogado hace referencia a que en el artículo 25 de la Ley Agraria estipula que la asamblea debe de realizarse dentro de la jurisdicción de los Bienes Comunales, y que sólo por causa justificada no podrá realizarse ahí, y en esto se basaron el presidente de los comuneros Crecencio y su asesor Evencio Romero, con el apoyo de la CFE y del gobierno del estado. Sin embargo aclara que esa disposición es tan confusa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia correspondiente sobre los requisitos de lugar y trámite de la asamblea que inicia procedimiento de privación de derechos, que a la letra dice que en este caso: “...Aceptar ese criterio llevaría a legalizar situaciones absurdas y violatorias de las garantías de los afectados; por lo demás, del hecho indiscutible de que la asamblea general de ejidatarios es una de las autoridades del núcleo de población, no se sigue necesariamente que tenga facultades para reunirse fuera del lugar donde ejerce su autoridad, para iniciar el trámite de privación de derechos a uno de sus miembros”. “De acuerdo con lo anterior, si en la especie se trató de privar de sus derechos individuales a miembros del ejido, la asamblea general de ejidatarios debió haberse celebrado precisamente en el lugar donde se asienta este núcleo de población”.
De cualquier manera el CECOP confirmó que “aún así no pasarán. La tierra no se vende”. Por su lado, ese mismo día el Espacio DESC declaró en un comunicado que “manifiesta su profunda preocupación por la 2ª Asamblea de Bienes Comunales de Cacahuatepec que ha sido convocada por las autoridades comunales de manera ilegal, porque está convocada fuera de tiempo y fuera de los bienes comunales de Cacahuatepec que serán afectados si se construye la presa la Parota. Además, la convocatoria a la asamblea supone un desacato a las medidas cautelares decretadas el 15 de julio de 2005 por el Tribunal Unitario Agrario, en el sentido de que, cualquier autoridad se abstenga de realizar actos que modifiquen las condiciones jurídicas de los bienes comunales. Al Espacio DESC le preocupa el uso excesivo de la fuerza pública, la violación a los derechos humanos a la información, consulta y participación de los comuneros, así como la provocación que supone  convocar a una asamblea irregular que pueda generar hechos de violencia. Exigimos al gobierno de Zeferino Torreblanca actuar con apego a derecho.”

La construcción de la presa La Parota cuenta además con el apoyo de los empresarios de Guerrero y del gobierno federal, del Partido de Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Por si fuera poco, el candidato a la presidencia por el PRD, Andrés Manuel López Obrador, Zeferino Torreblanca -gobernador perredista del estado-, y Félix Salgado Macedonio, candidato también del PRD a la presidencia municipal y a quien la CFE le ofreció dinero para financiar toda su campaña si se comprometía a apoyar el proyecto, están de acuerdo con la construcción de la Parota.
Los comuneros han recibido el apoyo y la solidaridad de grupos de derechos humanos, ambientalistas, Ong’s, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), del Frente Sindical Campesino, Indígena y Popular, del Sindicato de Telefonistas de la República (STRP) Mexicana en Guerrero, de la Alianza por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder)  y organizaciones similares de todo el Continente incluso de Europa, entre otros muchos. También por correo electrónico el Ejército Popular Revolucionario (EPR) afirmó en un comunicado que la aprobación ilegal de la construcción de La Parota no es más que una medida autoritaria del Gobierno estatal para despojar de sus pocos bienes a los campesinos. "Esto es continuar con el plan privatizador de la oligarquía nacional, y ahora los comuneros y comuneras tendrán que defender sus tierras por medio de la resistencia", señaló el grupo guerrillero.
La CFE festeja su triunfo. El director de la paraestatal Alfredo Elías Ayub advierte que la asamblea proporciona un instrumento legal para actuar en contra de los que se opongan al proyecto y anunció el inicio de la construcción el primer semestre de 2006. Según el boletín oficial “en la asamblea de este martes (…) con 2 mil 785 votos a favor y 50 en contra, comuneros del núcleo agrario de Cacahuatepec aprobaron el desarrollo del proyecto hidroeléctrico La Parota”. [10] Los datos no coinciden con los que se dieron a conocer durante la asamblea. y de acuerdo con cálculos de los reporteros fueron poco más de mil. Según los cálculos nuestros no pasaron de 500 los que cabrían en 15 autobuses urbanos.
El portavoz de los comuneros opositores a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y sobre quien pesa órdenes de aprehensión en su contra, advirtió que a pesar de la “aprobación de la expropiación en la asamblea amañada”, la CFE no pasará a sus tierras. Reiteró que “primero muertos” a ceder un centímetro de ellas para la presa. El CECOP declaró "la guerra" a la CFE y al gobierno de Guerrero. Declaró ilegal la Asamblea y se declararon en "resistencia total contra La Parota". El CECOP informó que cerró los accesos a los bienes comunales de Cacahuatepec para todas las corporaciones policíacas y los trabajadores de la paraestatal. “DECLARAMOS UNA VEZ MÁS QUE NO CEDEREMOS. VA PRIMERO NUESTRA VIDA  QUE  CEDER  NUESTRAS TIERRAS.”
No cabe duda que los intereses económicos sobre las presas pesan más que la responsabilidad social, política y ecológica. Con razón la Comisión Mundial de Represas, en su informe final, concluyó: “Las grandes represas se convierten a menudo en un punto focal para los intereses y aspiraciones de políticos, de agencias gubernamentales fuertes y centralizadas, de agencias internacionales de financiación y de la industria de la construcción de represas”. [11]
Otras fuentes: El Universal, Sábado 27 de agosto de 2005; La Jornada, 3 de julio de 2005, y 15, 20, 25 y 26 de agosto de 2005; periódico El SUR www.suracapulco.com.mx