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Se trata quizás del mayor proyecto de restauración fluvial a nivel mundial. Cuatro grandes presas, alguna de ellas son megapresas, se demolerán a partir del 2020, tras casi dos décadas de negociación, para recuperar este gran río salmonero del Pacifico de los EE.UU. Lo más importante es que su dueño, Warren Buffet ha accedido a ello, no sin compensaciones. Su coste es de 1.500 millones de dólares, unos 1.200 M€. Puedes leer la noticia completa en The New York Times
La Confederación Hidrográfica del Júcar somete a información pública el Proyecto de Restauración del río Serpis en los términos municipales de Lorcha (Alicante) y Villalonga (Valencia). El objeto del proyecto que se somete a información pública es la recuperación del buen estado ecológico del tramo del río Serpis, de 16,1 km de longitud, comprendido entre los términos municipales de Lorcha, provincia de Alicante, y Villalonga, provincia de Valencia. Entre las actuaciones, el proyecto contempla la eliminación de los cultivos existentes en los terrenos adquiridos y su incorporación al espacio fluvial, la demolición y retirada de cuatro azudes existentes en Dominio Público Hidráulico y la adecuación de otros tres azudes instalando algún dispositivo de paso para peces, así como la mejora de la vegetación de ribera mediante eliminación de especies alóctonas, tratamientos selviculturales y plantaciones. También se adecuarán sendas de uso peatonal y se limitará el acceso de vehículos a las orillas del río. Se instalarán algunos carteles informativos buscando la concienciación e implicación de la sociedad en su conservación. Las actuaciones de demolición y adecuación de azudes se realizan sobre infraestructuras hidráulicas existentes en Dominio Público Hidráulico. En el caso de dos de las infraestructuras existentes y fuera de uso, se desconoce el propietario original, al no existir antecedentes administrativos, el proyecto plantea su demolición total y parcial respectivamente. El plazo de ejecución estimado para las obras descritas en el proyecto es de 38 meses. El presupuesto de ejecución material de las obras a ejecutar asciende a la cantidad de 4.844.752,10 euros. Hoy se publica en el BOE una resolución sobre la restauración fluvial del Viejas (Cáceres), que incluye entre otras actuaciones, la eliminación de su represa hidroeléctrica, asunto en el que el comité extremeño de RÍOS CON VIDA ha dedicado unos años. Se trata además de una central hidroeléctrica en activo, pero cuya diminuta producción se ha estimado que no compensa el daño al medio natural: http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/09/pdfs/BOE-A-2009-17860.pdf  de AEMS - Ríos con vida sobre el Vieja.
ECONOTICIAS.COM (12/03/2010) 3 presas desmanteladas, 18 a la espera de demolición y otras 109 en fase de planificación. La campaña ‘Liberando Ríos’ de WWF ha dado sus frutos un año después de su puesta en marcha. Como resultado del trabajo de la organización, se ha producido un sustancial aumento de los proyectos de demolición y se ha conseguido que la planificación hidrológica los contemple a la hora de conseguir el buen estado ecológico de los ríos que exige la Directiva Marco del Agua. Como motivo de la celebración el 14 de marzo del Día Internacional de Acción contra las Grandes Presas y por los Ríos, el Agua y la Vida, WWF ha presentado los resultados del primer año de funcionamiento de la campaña ‘Liberando Ríos’. En este periodo se ha producido un incremento en los proyectos de demolición por diferentes motivos: abandono por parte de sus propietarios, situación ilegal, obstrucción al paso de la corriente provocando inundaciones, afección al movimiento de migración, cría en zonas de interés piscícola, etc. También se han incluido de forma destacada en los proyectos de restauración fluvial de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos del Ministerio de Medio Ambiente. WWF realizaba en 2009 un seguimiento de los 20 obstáculos prioritarios, y un año más tarde se han producido avances destacados en relación con los casos seleccionados. El azud de Librerías y las presas de Los Tilos y La Tosca (Cuenca) se han denunciado ante la Conferderación Hidrográfica del Tajo, que ha iniciado un proceso de inspección y control de los caudales ecológicos y ha propuesto modificaciones de las conducciones para liberar el río Masegar y la Laguna de El Tobar. También el azud de la Garganta de Barbellido, en el Parque Natural de Gredos (Ávila), ha iniciado un proceso de extinción de la concesión por incumplimientos reiterados de la legalidad y por afección a la zona más importante de cría para la trucha del río Tormes. La presa del Buijoso (Júcar) ha sido considerada, junto con otras 59, entre los obstáculos a demoler dentro del proceso de planificación de la Confederación del Júcar. La presa de Molló, en Gerona tiene una sentencia firme de demolición, que debe ejecutar la Agencia Catalana del Agua. Es importante resaltar el destacado aumento, a partir del inicio de la campaña, de la presencia en los medios de comunicación de las iniciativas de las administraciones en estos proyectos y la demanda social de demolición de presas con diferentes motivos como inundaciones, pesca, recreo y deportes náuticos. Liberando Ríos, los datos:
La campaña de WWF nace en 2009 con un estudio en el que se identificaban los problemas ambientales, la funcionalidad y el estado de conservación de las 1.231 grandes presas y los más de 7.000 obstáculos en 4 cuencas hidrográficas. WWF propuso 85 elementos prioritarios, de los que escogió los 20 más representativos por estar obsoletos, producir problemas para la circulación del agua y los peces, estar en situación irregular, o producir un elevado impacto ambiental. Desde entonces, WWF ha trabajado con las administraciones, propietarios y otras organizaciones para la planificación y promoción de proyectos de demolición de obstáculos en ríos. Igualmente, la organización ha realizado acciones para promover un empleo sostenible de apoyo de la restauración fluvial, dirigida a la conservación de la biodiversidad y los procesos ecológicos, así como a favorecer las actividades lúdicas y deportivas asociadas a los ríos. iAgua.es (01/03/2010) La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha decidido cerrar las instalaciones de la central hidroeléctrica de El Menju, en Cieza, dado que éstas se encontraban en estado de permanente abandono y ruina. La decisión permitirá recuperar la zona de Dominio Público Hidráulico (DPH) y poner fin a la derivación de agua del río Segura hacia el citado complejo. La CHS ha actuado de oficio al comprobar que la central hidroeléctrica llevaba ya tiempo inactiva y que el inmueble y la maquinaria asociados a su explotación se encontraban deteriorados. El Menju contaba con una concesión de aprovechamiento hidroeléctrico que le permitía desviar 8.000 litros por segundo del Segura en el denominado salto de El Menjú, una autorización que seguía en vigor pese al abandono del complejo. Por este motivo, el organismo de cuenca comunicó a Iberdrola Renovables su intención de comenzar el expediente de caducidad de la concesión, que el reglamento del DPH permite cuando se constata la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos por causas imputables al titular. También se indicó a la empresa la conveniencia de derruir la planta, debido a su situación de ruina absoluta, que impedía mantener en buen estado y vigilada la edificación. Iberdrola Renovables ha aceptado solicitando permiso para iniciar la demolición. EL PAÍS (02/03/2010) Más de un millar de personas protestan por los desalojos Algo más de un millar de personas se manifestaron ayer en Andújar (Jaén) para exigir la demolición de la presa de Marmolejo, y también de las de Los Batanes y Villalba. Culpan a estos embalses de las inundaciones que la semana pasada provocaron el desalojo de 400 vecinos en las pedanías de Llanos del Sotillo, La Ropera, La Isla y los polígonos industriales del municipio.Critican que el embalse es "un riesgo" porque forma avenidas La protesta, organizada por una plataforma ciudadana en defensa del Guadalquivir, estuvo encabezada por el alcalde de Andújar, Jesús Estrella (PP), el grupo de IU, la Cámara de Comercio y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Consideran a estas micropresas como un riesgo potencial para la formación de avenidas en toda la vega del Guadalquivir, una situación que, dicen, se repite desde hace más de 17 años. El propio consejero de la Presidencia, Antonio Ávila, reconoció durante su visita a las zonas inundadas que "la culpa" es de estas pequeñas presas, por lo que avanzó que la Junta va a analizar su futuro. La presa de Marmolejo, con una altura de 18 metros y una capacidad de 13 hectómetros cúbicos, se terminó de construir en 1962 para producir energía eléctrica. Apenas un año después de entrar en servicio, se produjeron graves inundaciones en La Ropera y La Isla. En 1996, el agua anegó de nuevo todos los cultivos de la vega en Andújar. Según recoge una moción de IU y aprobada por el Ayuntamiento de Andújar, el dique de la presa se construyó sin aliviaderos de fondo, por lo que solo evacua agua por las compuertas altas cuando hay crecidas. El portavoz de IU, Juan Antonio Sáez Mata, estimó en unas 300.000 las toneladas de barro que se acumulan anualmente en esta presa por el efecto barrera que encuentra el río aguas abajo. El temporal de viento y lluvia que afecta a la región mantiene cerradas al tráfico un total de 28 carreteras. La mayor incidencia recae en la provincia de Cádiz, con 11, seguida de Córdoba y Granada, con ocho y cinco carreteras, respectivamente. EL PAÍS (18/01/2010) Una asociación de O Ribeiro denuncia que el embalse ataca al ecosistema del Avia "El Avia está sometido a decisiones empresariales que lo podrían haber condenado a muerte". En épocas de lluvias como ésta, los vecinos de Ribadavia o Leiro miran con un ojo al cielo y con otro a los embalses. Saben que no es la primera vez que hay inundaciones por abrir las compuertas en plena crecida.Desde hace 50 años, los ríos de la zona deben obediencia a las hidroeléctricas y, para el grupo ecologista Coto do Frade, el señorío de Albarellos tendría que llegar a su fin. El portavoz, Vicente Fernández, asegura que el embalse es "incompatible con el ecosistema fluvial". La asociación presentará en el próximo mes una denuncia ante la Unión Europea solicitando la retirada de la concesión a Fenosa y la demolición de la presa. Dos actuaciones sobre el río han llevado a los ecologistas a tomar medidas. Por una parte, desde el mes de junio y durante seis meses Albarellos no liberó ni una gota de agua sobre el propio Avia. La reparación de la turbina de la presa fue el motivo, y mientras Albarellos alcanzaba el 70% de su capacidad de embalse, el triple de la media de la última década, el Avia sufría una de sus peores sequías. Para Coto do Frade el río se convirtió en "una charca", que empeoró una plaga de hongos que había devastado a los alisos que poblaban la ribera del río: "El Avia se convirtió en un curso de agua rodeado de cadáveres de madera". Además, a mediados de octubre la presa desaguó en sólo tres semanas 40 hectómetros cúbicos. La Administración había requerido a Fenosa que desembalsase por seguridad ante la época de lluvia. El caudal de Albarellos pasó de un 70% a un 30% y, para Coto do Frade, esa inundación repentina acentuó el "estrés ecológico" que padecía el río a causa de la sequía y los hongos. Fernández califica la situación de "el Prestige de O Ribeiro" y señala que contabilizaron "121 árboles caídos o a punto de hacerlo sobre el río" como consecuencia. Fenosa y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil aseguran que siempre se mantuvo el caudal ecológico del río. También que el desembalse se realizó según las normas de explotación. Secundino Lorenzo, experto en hidrología y con varias páginas web sobre los ríos de Galicia, asegura que "es imposible que se haya mantenido el caudal ecológico". Tras el muro de la presa, el agua que se turbina recorre cinco kilómetros bajo tierra hasta la central eléctrica. En el antiguo cauce del Avia, la encargada de mantener el caudal ecológico es una tubería que recoge agua de un afluente, el Viñao, que desemboca aguas abajo. Para Coto do Frade, "un manguerazo" que califica de "ejercicio de hipocresía" y del que muestra varias fotografías en Internet. Desde la Federación Ecoloxista Galega, José Luis Baleato señala que unas variaciones de caudal como las sufridas por el Avia podrían "desplazar el cauce del río por el arrastre de piedras y tierra". El ecologista local y presidente de la asociación Ridimoas, Pablo Rodríguez Oitabén, indica que desde que existe el embalse "se ha perdido el mejillón de río, una de las joyas de la fauna de O Ribeiro y que necesita mucha estabilidad". "El embalse de Albarellos no cumple las condiciones de la concesión", asegura Fernández. Coto do Frade argumenta que la presa "carece de escala para peces" y que no existe un "auténtico caudal ecológico". Aseguran que Albarellos es un despropósito, ya que el agua que aporta el Avia ha sido turbinada, y la mayoría de los peces mueren en el proceso. Además, el caudal aportado por los afluentes no es suficiente como, aseguran, se demostró durante el pasado verano. Para Coto do Frade, el dominio hidráulico está privatizado y aseguran que Fenosa es dueña y señora del río, "algo que por ley, es de todos". Pantanos sin ley Desde la Federación Ecoloxista Galega, José Luis Baleato asegura que el problema gira en torno a la legislación: "No es retroactiva y no afecta a los antiguos embalses". Para ellos, se establecen pactos medioambientales con la Administración. Baleato señala que no alcanzan la condición de norma y que además, las decisiones en el sector hidroeléctrico se toman "desde Madrid y con criterios empresariales". El experto en hidrología Secundino Lorenzo asegura que los caudales ecológicos que se establecen en los pactos no cumplen los mínimos. La Consellería de Medio Rural señala que la revisión del pacto "es necesaria y obligada", pero por el momento no ha habido cambios y Coto do Frade reclama modificaciones. Desde la asociación aseguran que los ayuntamientos temen a Fenosa a la hora de reclamar mejoras. El alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, contactó con Fenosa para indagar a qué se debían los cambios de caudal. Asegura que "si tienen los permisos de la Confederación es un problema que no tiene remedio". En el caso de Ribadavia, la concejala de Medio Ambiente, Manuela Iglesias Collarte, explica que no tienen "ningún poder de decisión, es una empresa muy grande y los ayuntamientos sólo somos afectados". NOTICIAS DE GUIPUZKOA (20/10/2009) Se han eliminado obstáculos que impedían los movimientos migratorios de los peces El ente foral ha invertido en ocho años 1,8 millones de euros en el plan que ha desarrollado 35 actuaciones La Diputación ha destinado 559.483 euros a eliminar obstáculos que impedían los movimientos migratorios de los peces en los cauces de las cuencas de los ríos Oria, Oiartzun y Urola. Ha mejorado cinco azudes o presas hechas para tomar agua. Entre el año pasado y éste se han demolido total o parcialmente azudes y se han construido rampas para el paso de peces como la trucha, el eskailu, la anguila, la loina o la locha. El diputado de Desarrollo Sostenible, Carlos Ormazabal, explicó ayer que "el río no es río hasta que los peces vuelven a su origen". Se trata de intervenciones realizadas en los azudes de Karrika (Oiartzun), Garaikoerrota , Txorigain y Unanibieta (Oria) y Odriozola (Urola). Así, se ha conseguido mejorar la morfología de los cauces que inciden en las condiciones hidráulicas disminuyendo, por tanto, el riesgo de inundaciones en estas zonas. En los últimos ocho años, la dirección de Obras Hidráulicas del Departamento de Desarrollo Sostenible ha desarrollado un plan con 35 actuaciones y una inversión total de 1.832.000 euros para eliminar los obstáculos de los ríos. La Directiva Marco del Agua de la Comunidad Económica Europea 2000/60/CE resalta la necesidad de preservar y mejorar el estado de las cuencas para el año 2015, para lo que recomienda acciones como las ejecutadas. Actualmente, las cuencas guipuzcoanas cuentan con 614 obstáculos, de los que 334 se encuentran en mal estado. La mayoría son azudes de toma de agua ya abandonadas y fuera de uso. También existen otros obstáculos como los cruces de tuberías de abastecimiento y saneamiento por el cauce del río. La Diputación ha priorizado en sus actuaciones las cuencas que tienen una mayor incidencia en la mejora de las condiciones morfológicas de los cauces y en la movilidad de las especies piscícolas. Para eso, se han realizado controles por medio de radio-seguimiento del movimiento de los peces en las zonas en las que se han practicado las obras. EUROPAPRESS (04/11/2009) El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) va a realizar una inversión de medio millón de euros en la demolición de 21 azudes (barreras para derivar agua) en las cuencas del Besaya, Saja, Nansa, Miera, Pisueña y Aguanaz, para mejorar el estado ecológico de los ríos en Cantabria. Una de estas obras, la del río Aguanaz, se ha iniciado hoy con la asistencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), Jorge Marquínez, y el alcalde de Entrambasaguas, Rosendo Carriles. La actuación supone una inversión de 65.362 euros, con cargo a los fondos estatales del Plan E. El objetivo de la obra es recuperar la continuidad del cauce Aguanaz, eliminando las barreras existentes. De este modo se garantiza la supervivencia de las especies piscícolas, ya que con obstáculos como los azudes no pueden moverse libremente por el lecho del río, explicó la Confederación en un comunicado. En el Aguanaz se demolerán cuatro azudes en total. Las actuaciones proyectadas incluyen el despeje, desbroce y acondicionamiento del acceso, donde sea necesario, para el paso de personal y maquinaria necesaria para ejecutar los trabajos; la demolición de todos los elementos de los azudes, tanto aéreos como enterrados, y su retirada. Después se acondicionarán estas zonas y los caminos y accesos afectados. Con cargo a los fondos del Plan E, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico llevará también a cabo tres demoliciones en el río Miera, por 86.895 euros; cuatro en el Besaya, por 62.362 euros; dos en el Pisueña, por 77.319 euros; tres en el Saja, por 68.276 euros; y cinco en el Nansa, por 72.838 euros. DIAGONAL ARAGÓN (02/11/2009) Desmantelar presas no es una utopía. Tampoco es una idea descabellada. En el caso de la presa del Val (ubicada en el municipio zaragozano de Los Fayos), el riesgo de inundación de los núcleos urbanos situados en el valle del Queiles, el impacto ambiental y la pésima gestión son razones de peso. Desde hace ya unos años la tendencia a construir presas en los ríos ha descendido en todo el mundo y es que algunos gobiernos, empresas y entidades financieras parecen haber empezado a atender los criterios de una parte de la comunidad científica que desaconsejan estas infraestructuras y las voces de denuncia de ciudadanos afectados que viven en propia carne sus negativas consecuencias. Esto es así ante la evidencia del ensayo-error que han supuesto para el medio ambiente y para millones de personas que han encontrado el dolor, el sufrimiento y la muerte, durante décadas, en todas las fases relativas al planeamiento, construcción y uso de los grandes embalses. Actualmente se ha comenzado un proceso inverso a la construcción con el desmantelamiento de algunas presas. Sin entrar a valorar detalladamente los beneficios que ello trae consigo para los ecosistemas fluviales antes agredidos, sigue siendo necesario esgrimir razones que demuestren la inoperatividad y mala gestión como argumentos para llegar a la conclusión final del desmantelamiento como solución. La presa del Val no escapa a un común denominador de las grandes presas: primero se hace la obra y luego ya se verá para qué y como utilizarla. Conocer algunas particularidades sobre el caso Val permitirá certificar que en este proyecto no existió valoración alguna previa de cualquier posible consecuencia posterior a su ejecución. La presa del Val se construyó en el pueblo de Los Fayos (comarca de Tarazona), en 1997, aguas arriba del núcleo urbano, a pie del cementerio. Nadie que lo ha visto puede negar el impacto que supone ese muro de hormigón instaurado como si de un hachazo en el horizonte se tratara. En 1993 el pueblo de Los Fayos firmó unos convenios para compensar la construcción del embalse del Val con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Gobierno de Aragón, pero ha sido 16 años después cuando el consistorio y los vecinos, después de haber denunciado en muchas ocasiones la pasividad de estos organismos, han conseguido que el Tribunal Supremo dé la razón al Ayuntamiento de Los Fayos, que exige la ejecución de las compensaciones. De cualquier forma siempre permanecerá el riesgo a que desaparezca este pueblo por la amenaza que supone tener el embalse en la puerta de casa, con la posibilidad de la rotura de la presa. Y no sólo está condenado Los Fayos a vivir bajo la amenaza del miedo a ser inundado, sino que el Plan de Emergencia del embalse ha dejado al descubierto los riesgos que nunca antes habían trascendido a la opinión pública y es que son todos los núcleos urbanos situados en el valle del río Queiles, hasta su desembocadura en el río Ebro, los afectados por riesgo de inundación.
PLAN DE EMERGENCIA El Plan de Emergencia de Presas es una útil herramienta para la gestión del riesgo de inundación, imprescindible en la política de prevención de riesgos futuros para los ciudadanos y sus bienes y determinante en la evaluación de las consecuencias negativas potenciales de futuras inundaciones. El documento fue elaborado por la CHE en julio de 2000, informado favorablemente por la Comisión Permanente de la Nacional de Protección Civil el 2 de diciembre de 2003 y aprobado por resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas el 23 de enero de 2004. De su contenido cabe resaltar algunos datos básicos para entender, tras un razonamiento lógico, que la previsión del riesgo de posibles daños por inundación es de gran magnitud. [1] También en el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la comunidad autónoma de Aragón se considera función básica de los Planes de Emergencia de Presas determinar la zona inundable en caso de rotura, indicando los tiempos de propagación de la onda de avenida y efectuar el correspondiente análisis de riesgos. En la elaboración de este Plan por el Gobierno de Aragón se tuvo presente la información recogida en una encuesta que se distribuyó a través de Protección Civil a los 730 municipios de la comunidad autónoma. El principal objeto de la realización de la encuesta era conocer el historial de avenidas o inundaciones que han tenido los diferentes municipios de Aragón, conociendo, a su vez, los medios o recursos de los que dispone y de los problemas y daños que tuvieron. El Ayuntamiento de Tarazona no contestó la encuesta y, por lo tanto, esta ciudad no aparece entre los municipios con riesgo de avenida. Esto ocurría en 2005, curiosa anécdota tras observar que en esas fechas se estaba cuestionando socialmente el proyecto de construcción de un nuevo centro de salud en Tarazona, y el interés del Ayuntamiento era su ubicación en el lugar más bajo de la ciudad, en la orilla de río, menospreciando el riesgo de inundaciones y las previsiones del Plan de Emergencia del Val. Aunque el propósito municipal se consiguió, también se logró que este servicio básico haya quedado afectado por el Plan siendo que forma parte de él. Esta incongruencia quedaría justificada por el Justicia de Aragón diciendo que si se produjera la rotura de la presa, en el peor supuesto, el personal del centro de salud tiene tiempo suficiente para evacuar las instalaciones antes de que llegue la inundación. Escalofriante declaración de una persona que ni trabaja en el centro ni vive en Tarazona. No puede esconderse que los turiasonenses saben sobradamente de los daños que han ocasionado las riadas del río Queiles, y en los archivos de riadas históricas de la CHE aparecen registradas numerosas riadas en la ciudad. Nunca el río Queiles amenazó con inundaciones de las magnitudes que hoy se prevén desde que se construyó El Val. Es imprudente no considerar los riesgos de inundación en todo el recorrido del río Queiles e ignorar la evidencia de que la rotura de la presa del Val o un desembalse a plena carga junto con avenida de otros barrancos aumentaría los posibles daños producidos aguas abajo. Es, además de imprudente, peligroso que en el Plan Especial de Protección Civil se diga que el Plan de Emergencia de la presa del Val no está aprobado aunque la Dirección General de Obras Hidráulicas sí lo aprobara en 2004. Una grave contradicción que evidencia falta de rigor informativo.
ALTO RIESGO POTENCIAL Ninguna obra es eterna y según el informe elaborado por la Comisión Mundial de Represas, avalado por el Banco Mundial, y en cuya elaboración colaboró la CHE, estas infraestructuras tienen una vida media de 50 años, son deficientes en el desempeño técnico, financiero y económico, aumentan la vulnerabilidad al cambio climático y los esfuerzos de mitigación de impactos aguas abajo de las presas fallan normalmente. La relación de presas rotas en España, incidentes en el manejo de compuertas y por la operación de centrales hidroeléctricas más los accidentes que se vienen sucediendo en otras partes del mundo han provocado una creciente preocupación social y ambiental obligando a elaborar una normativa que regule la seguridad de los ciudadanos. Nuestra Administración, tras la aprobación del Reglamento de Seguridad de Presas y Embalses, estableció juntamente con la Directriz de Protección Civil para el Riesgo de Inundaciones,la obligatoriedad de clasificar las presas en función del riesgo potencial en caso de rotura o funcionamiento incorrecto en tres categorías. El Val está clasificado en la categoría A, la de mayor riesgo. La creciente sensibilidad social y ambiental frente a este problema hizo que el gobierno de España, viendo la necesidad de mayor legislación al respecto, estimara imprescindible mejorar e incrementar el control de la seguridad de las presas y embalses concluyendo en el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. La Unión Europea también ha desarrollado una legislación relacionada. Aspecto fundamental común de la legislación citada sobre planes de gestión del riesgo de inundación es la reducción de las consecuencias adversas potenciales de inundación para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. Toda la legislación, sin embargo, parece lejana para las autoridades más próximas al origen de la amenaza que no esconde la presa del Val. Visto lo que dice el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Inundaciones de Aragón respecto a los planes municipales, donde existe un punto específico sobre los “Planes de Actuación de Ámbito Local Frente a Inundaciones”, resulta grotesco que Luis Maria Beamonte Mesa, actual alcalde de Tarazona, manifestara, en julio de 2007, la no obligatoriedad de realizar un Plan de Protección Civil Municipal e hiciera referencia a que existe un Plan Comarcal redactado en 1997. Hay que añadir que en éste último no aparece contemplado el riesgo de inundaciones en Tarazona. Sin embargo, en febrero de 2007, y conforme al Plan de Emergencia de la Presa del Val, se instalaron las sirenas de alarma para avisar a la población en un lugar de propiedad municipal, en lo alto del viejo silo de la estación, hoy centro de educación infantil. La Ley de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón, Ley 30/2002, de 17 de diciembre, en su Artículo 23, punto 2, hace referencia a la obligación que las comarcas tienen de elaborar y aprobar un plan de protección civil comarcal, en el que se integrarán los respectivos planes municipales. A fecha de hoy nada ha cambiado y nadie sabe todavía cómo suenan esas sirenas. Además, la presidencia de la Junta Central de Usuarios del río Queiles y del Embalse del Val la ocupa el Ayuntamiento de Tarazona, personalizada en el concejal Alfredo Chipriana, por lo que nunca se podrá argumentar desconocimiento sobre el asunto. Más aún conociendo el contenido del artículo 3.5.1.5 de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones que hace referencia al obligado conocimiento de las autoridades municipales de los Planes de Emergencia de Presas que les afecten, particularmente los municipios cuyo ámbito territorial puede verse alcanzado por la onda de rotura en un intervalo no superior a dos horas.
NECESIDADES HÍDRICAS Por otro lado, lleno El Val desde el año 2003, las necesidades hídricas de los usuarios han estado satisfechas con un desembalse de 4 Hm3 anuales, tal y como se desprende de los datos recogidos por la CHE en el Sistema Automático de Información Hidrológica. Se deduce inadmisible el almacenamiento de mayor volumen de agua por el riesgo que representa para las poblaciones de la cuenca del río Queiles situadas aguas abajo de la presa. Municipios éstos nunca compensados por las aguas arrebatadas desde el año 1941, por Decreto ministerial, mediante el trasvase otorgado en provecho de poblaciones que pertenecen a la cuenca del río Alhama y del río Ebro que, sin correr riesgo alguno de inundación por el río Queiles, se han beneficiado del desarrollo que proporciona el recurso del agua. Un abuso desconsiderado pues estos pueblos tienen su abastecimiento ampliamente atendido con fuentes más próximas que el río Queiles y que El Val, disponen de dotaciones estimadas superiores a 300 litros por habitante y día, algunos casi doblan la cifra. Este trasvase, al igual que otros, ha creado conflictos desde su existencia ente las comunidades implicadas. La obra está sobredimensionada, no existe justificación para mantener los niveles de llenado que amenazan a la población, sus bienes y al medio ambiente. El sistema de alarma instalado en Los Fayos y en Tarazona es un símbolo evidente de que la presa del Val no puede aprobarse como un icono de desarrollo sostenible. Más aún si hacemos caso de las palabras de Francisco José Hijós Bitrián, ingeniero de caminos, canales y puertos, hoy nuevo director técnico de la CHE, responsable de las áreas de Proyectos y Obras y de Explotación de Embalses y que, junto al comisario de Aguas, al jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica y al secretario general, forma parte del equipo directivo del organismo de cuenca, que escribe en su artículo “Gestión de los impactos aguas debajo de la operación de presas”: (...) En diversos países desarrollados, de forma reciente, se instalan sirenas en las zonas vulnerables pero prácticamente no funcionan nunca … Y, en lo que respecta para los posibles usuarios, la desproporcionada obra ha generado, con la aplicación de la recuperación íntegra de costes que propugna la DMA, un posible pago difícilmente asumible, especialmente para el sector agrícola de la zona donde la población activa no se renueva por la escasa rentabilidad económica que proporciona la actividad. Sirva como ejemplo orientativo la comparativa del rendimiento del cultivo de maíz en la huerta de Tarazona con el posible canon aplicable del coste del embalse de El Val. [2] Datos oficiales ministeriales sobre la campaña 2007 en España cifran, para producciones de 11.294 Kg/Ha y a 0,20 Euros/Kg, beneficios de 617,82 E/Ha. En nuestro caso, si se descuenta el coste del riego el beneficio se reduce a la mitad pero con las producciones obtenidas en la zona las cifras del beneficio se hunden. Es entendible que los regantes se nieguen al pago de la obra; jamás les dijeron, mientras se proyectaba, lo que tendrían que pagar, y el canon que resulta es, mayoritariamente, una herencia de dudoso agrado para las generaciones futuras. Ante la ausencia de un estudio de coste-beneficio-riesgo, la improvisación reina en la gestión y nadie discute el reparto de caudal que se hace anualmente entre las comunidades de usuarios porque todavía a nadie se le ha obligado a pagar.
IMPACTO AMBIENTAL Pero las cifras económicas se verán permanentemente penalizadas para el gasto público debido a las consecuencias derivadas por la vulnerabilidad al cambio climático de los grandes embalses. También las Emisiones de Gases de efecto Invernadero (GEI) emitidas cada año por las grandes presas van a suponer un tributo añadido. Sólo la aportación de metano y dióxido de carbono procedente de la descomposición de la materia orgánica contenida en los embalses (vegetación, suelos inundados, aguas residuales, plancton) significa una importante contribución al calentamiento global. Cálculos estimados por Iván Lima, del Instituto Nacional Brasileño para Investigaciones Espaciales, y anunciados en una publicación científica, son 104 millones de toneladas de gas metano los emitidos cada año por las grandes presas (el metano es un gas 25 veces más potente que el dióxido de carbono). Ello significa que los cálculos hechos por Lima implican que las 52.000 represas en el mundo contribuyen más del 4% al calentamiento global debido al impacto de actividades humanas, reforzando así los pronósticos que algunos organismos internacionales y algunas ONGs llevan haciendo desde hace décadas. La aportación de las emisiones de las grandes presas en el contexto aragonés podría suponer 0,23 MtCO2eq, lo que para el sector agrícola representaría casi un 5% más de emisiones a la actual contribución de este sector (20%) al total regional. Como es obvio El Val no resta emisiones. La gestión de los efectos producidos por la explotación de los embalses es un aspecto de suma importancia para la seguridad de las personas que viven aguas abajo de las presas. En el proyecto de la presa del Val los riesgos para la población se omitieron (quizá por ignorancia) pero con los conocimientos actuales todavía se puede replantear el uso de la infraestructura. Es difícil asumir una realidad problemática que puede desbordar toda lógica e incluso sentir impotencia para resolverla. Aunque los riesgos para la población puedan ser remotos, sólo con una vez que se produjera la emergencia anunciada sería suficiente para lamentar no haber actuado para prevenir la catástrofe. El número de personas que no lo podrían contar es imprevisible. |
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