EXPLICACIÓN DEL VOTO PARTICULAR NEGATIVO AL PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN DEL AGUA EN RELACIÓN CON EL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ARAGÓN
QUE HACEN LOS ABAJO FIRMANTES EN CALIDAD DE REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA EN DICHA COMISIÓN UN AGRADECIMIENTO PREVIO
Es deber elemental de cortesía comenzar la explicación de este voto particular expresando nuestro agradecimiento a quienes en su día asumieron la ingente y nada fácil tarea de recoger los grandes problemas del agua en nuestra Comunidad, tratando de poner de acuerdo a las partes implicadas en los diferentes conflictos sociales que este tipo de problemas suelen conllevar, comprometiéndose a redactar un documento final que, a modo de propuesta fuese un proyecto de Plan de Infraestructuras Hidráulicas para Aragón (PIHA), sometido hoy a nuestra consideración. Es de agradecer el tono de respeto habido en todas las reuniones de trabajo
Es igualmente obligado reconocer lo mucho que se ha avanzado en el conocimiento de las diferentes formas de percibir los problemas del agua por cada uno de los colectivos representados en la Comisión. Ese avance ha sido posible gracias a un largo proceso de dialogo, a todas luces enriquecedor. Gracias a ese proceso sabemos hoy mejor que antes cuál es la verdadera dimensión de cada conflicto, cuáles las alternativas y propuestas, cuáles las aspiraciones de cada colectivo, y bajo qué argumentos sociales, económicos, medioambientales y éticos se sustentan, en una compleja realidad en la que, por su propia naturaleza, se mezclan intereses frente a valores, aspiraciones legítimas frente a derechos, intereses minoritarios organizados frente a intereses colectivos no organizados.
Pese a todo, no cabe duda de que el conjunto de documentos que conforman este PIHA , constituye un valioso cuerpo de información de gran utilidad para quien, en su día, tenga la responsabilidad última de tomar las pertinentes decisiones.
UNAS BASES ÉTICAS AUSENTES
Dicho lo anterior, manifestamos nuestro voto negativo al referido Plan de Infraestructuras Hidráulicas de Aragón por entender que un plan de obras no puede ser en sí mismo un fin, sino un medio para la consecución de unos objetivos previamente definidos sobre las bases de unos principios sociales, económicos, medioambientales, culturales, humanos y éticos, que al día de hoy no han sido aún definidos, que harían que los conflictos fuesen menores y de otra naturaleza.
La tecnología hidráulica desarrollada en las últimas en materia de construcción obras de almacenamiento y conducción, ha permitido el afloramiento de unas apetencias ilimitadas por el agua, en especial cuando esas obras son ejecutadas con cargo al Estado, que ha hecho surgir una auténtica obsesión por el derecho al reparto del agua entre los sectores interesados en su beneficio y explotación, generando apetencias que no tienen límite de satisfacción posible si no es desde unos principios éticos y desde una racionalidad económica y medioambiental
A escala estatal, esa realidad es precisamente la que mantiene la disputa interminable de los trasvases de unas cuencas a otras; que a escala de Aragón es la causa del viejo enfrentamiento entre regantes e hidroeléctricos por un lado, y las gentes de los territorios desposeídos y afectados por otra.
Esa apetencia insaciable por el agua no tendrá límite de satisfacción posible si no es desde el respeto a una serie de derechos de las personas y de los territorios, desde el reconocimiento de que en cada territorio existen una serie de valores naturales que no deben ser destruidos, no sólo ecosistémicos, tal y como reconoce y obliga la Directiva Marco, sino también estéticos y emocionales, que forman parte de la propia identidad de los territorios y de la vinculación de las personas con ellos. En este sentido la Nueva Cultura del Agua va todavía más lejos que la Directiva Marco al incluir el derecho a la preservación de esos valores
Por otra parte no debemos olvidar a la hora de trazar un PIHA que la Directiva Marco del Agua hace preceptivo que el análisis de los problemas y alternativas propuestas sea contemplado siempre desde la unidad demarcación hidrológica, como una unidad funcional, que incluye la cuenca hidrográfica es decir la zona litoral afectada por la llegada de aguas dulces al mar.
En todo conflicto hay, por definición, unos actores sociales; la solución no implica la necesidad de llegar a arreglos entre las partes en los que cada una de ellas deba ceder en sus aspiraciones en beneficio de las otras, dado que los intereses en juego no siempre están igualmente legitimados. Hay conflictos en lo que una de las partes es el “invasor” y la otra el “invadido”. Hay intereses que por su propia naturaleza no pueden generar derechos, ni obligar a la parte afectada a ceder en sus posturas en aras de una solución intermedia en la que no haya vencedores ni vencidos.
Ocurre también que en los conflictos del agua siempre hay grandes intereses sociales que, pese a ser mayoritarios, no están organizados y, por tanto, reconocidos sus actores a la hora de buscar o pactar las soluciones justas. ¿Quién defiende, por ejemplo, a las decenas de miles de usuarios lúdicos de las aguas bravas de un tramo de río amenazado de destrucción, como pueda ser el caso de proyecto de embalse de Biscarrués? ¿Quién defiende los derechos de las generaciones venideras si no son reconocidas como actoras de los conflictos?
En muchos de los conflictos del agua, como en todos los conflictos medioambientales, es frecuente el enfrentamiento entre intereses materiales y valores trascendentes, de forma que estamos obligados a reconocer que hay derechos que por su propia naturaleza no son votables, frente a los cuales no es válida la razón de la mayoría. La grandeza de la democracia está, precisamente, en la garantía de esos derechos. En ese sentido, la decisión de no inundar un pueblo no puede ser considerada como un gesto de generosidad o una cesión en los derechos legítimos de ninguna de las partes, porque estamos ante un derecho consustancial del ser humano.
Ocurre también que hay personas y sectores importantes de la sociedad que todavía permanecen anclados un mundo de inercias culturales y en el disfrute de unos privilegios adquiridos, hoy obsoletos e injustos; son sectores que no llegan a entender que los ríos no son sólo un bien natural a explotar, sino que allí donde están cumplen unas funciones de naturaleza y de vida, formando parte de un orden natural, que no es prudente, sabio ni moral transgredir más allá de un determinado nivel; un nivel que en la mayoría de los ríos aragoneses hemos sobrepasado ampliamente.
La toma de conciencia de la gravedad de esa trasgresión es, precisamente, la razón que inspira la filosofía hidrológica de un documento de la envergadura de la Directiva Marco del Agua, a aplicar a escala de todo continente, pues de otro modo estaríamos abocados al holocausto hidrológico total de Europa.
Si difícil es para muchos sectores sociales aceptar que los ríos cumplen esas funciones de naturaleza que deben ser respetadas dentro de unos límites, resulta casi imposible que acepten y entiendan que los ríos son también sentimientos, patrimonios de naturaleza, de historia y memoria de los pueblos ribereños; que forman parte de un potencial de emociones lúdicas, de belleza, y de espiritualidad. No llegan a entender que los ríos son elementos consustanciales de los territorios, de forma que su destrucción no es sólo una cuestión física; es también una auténtica amputación espiritual. La pérdida del poder evocador de un río es la destrucción de un sentimiento de arraigo, al que todo ser humano tiene derecho.
En este sentido, el PIHA sometido a la consideración de los miembros de la Comisión del Agua no recoge ninguna reflexión; la filosofía sutil que lo inspira sigue siendo la del aprovechamiento y el reparto del agua en beneficio de unos sectores productivos determinados, sectores que de hecho son ya los auténticos dueños de los ríos que discurren por la Comunidad.
Hay ríos, cabeceras o tramos -hoy auténticos restos de un naufragio hidrológico general-, cuyo destino no debería ser hoy ya otro que el de continuar siendo ríos; es decir, un legado al que tienen derecho las generaciones presentes y venideras: son ríos que en sí mismos representan valores de belleza, patrimonios de memoria, de historia e identidad del territorio aragonés, que no pueden ser destruidos ni mermados, ni pueden objeto de mercado. En este sentido el PIHA no recoge ninguna reflexión ni compromiso concreto alguno; es como si la explotación del agua en aras de un pretendido interés general y de unos viejos derechos históricos en buena obsoletos, lo legitimara todo.
Hay que recordar que no es función de la Comisión del Agua tomar decisiones, ni aprobar por mayoría alguna ninguna propuesta, sino simplemente constatarlas y emitir los juicios pertinentes ante quienes en su momento tengan que tomar las decisiones oportunas; su naturaleza es simplemente consultiva, de forma que ninguna postura puede ser legítimamente anulada ni impuesta por una simple razón de mayoría de votos.
En resumen, lo que queremos decir es que antes de elaborar ningún plan hidrológico, y por supuesto mucho antes de elaborar un simple plan de obras hidráulicas, estamos obligados establecer unos principios rectores, una ética hidrológica, una especie de reglas morales del juego que descarten determinadas aspiraciones, determinados intereses y, en definitiva, la posibilidad de determinado tipo de conflictos.
Una vez establecidas esas reglas es cuando procede pasar a definir los problemas, siempre desde un ineludible proceso de participación social. En la definición de los problemas es obligado el rigor científico /técnico sea hidrológico, económico, o medioambiental, expresado a través de una mínima situación de consenso entre los expertos, más allá de los intereses y visiones parciales de las partes. Los problemas, así definidos, deben ser luego tipificados por su relevancia y su urgencia. Hay problemas sobre los que es posible el consenso inmediato, cuya solución no debería ser demorada, y problemas que requerirán más debate y maduración.
Es aquí, en esta fase del proceso planificador, cuando se puede proceder al análisis de alternativas, que deberán ser preceptivamente elásticas; es decir, deben contemplar la reversibilidad, de modo que no acaben siendo hipotecas vitalicias sobre los territorios afectados ni derechos eternos una vez que hayan pasado las circunstancias que obligaron a adoptarlas. Es justamente en este momento del proceso planificador cuando tiene sentido hablar de un plan de infraestructuras hidráulicas, y no antes.
OTROS PLANES PRIORITARIOS PREVIOS A UN PIHA
Sin negar la conveniencia o necesidad de un plan de infraestructuras hidráulicas que contemple las legítimas aspiraciones de algunos sectores sociales de Aragón, hay otros planes en relación con el agua que en estos momentos deberían ser prioritarios para nuestra Comunidad, y no lo son; tales como:
1. Un plan de reconversión del regadío que ajuste la actividad del sector y sus aspiraciones a las nuevas realidades sociales, políticas y económicas, que no son las de hace un siglo, ni siquiera las de hace diez años; una reconversión que sea capaz de cerrar de una vez por todas el eterno debate del agua y el regadío en Aragón, que nos permita emplear las energías y saberes hidrológicos que hay en Aragón de forma más positiva, en vez de es de consumirlos un debate negativo, desfasado, y estéril, como es el de los derechos sobre unos planteamientos hechos en la realidad del año 1915 o la legitimación actual de los acuerdos del Pacto del Agua
2. Un plan de revisión de las concesiones y del uso que de los ríos y sus aguas se hace en Aragón, que permita a la sociedad aragonesa tomar conciencia clara quién es en realidad el dueño del agua de Aragón, quien se reparte los beneficios de su uso y a qué coste social, económico y medioambiental.
3. Un plan de optimización del uso de las infraestructuras hidráulicas disponibles, que en estos momentos configuran un extraordinario bien patrimonial capaz de dar mucho juego.
4. Un plan de uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas, que permita preservar las aguas de mejor calidad y las más protegidas frente a la amenaza creciente de la contaminación, para los usos más nobles, como puede ser la ingesta, y para actuar en los episodios de sequía. Algunos de los conflictos más relevantes tendrían solución simplemente integrando la gestión de las aguas subterráneas, que siempre suele una solución barata y rápida. La propia Naturaleza tiene infraestructuras que ofrece mucho juego, que deberían ser integradas de forma concreta y real en un PIHA como el que hoy se somete a votación.
5. Un plan de sequía, estructurado en un conjunto de planes menores, planteados por unidades de explotación, elaborado por las propias comunidades de usuarios, capaz de hacer frente a los eventuales y cada vez más frecuentes episodios de sequía. Debe ser un plan que contemple el más amplio abanico de alternativas y estrategias posibles para hacer frente a esas situaciones, tan reiteradas.
6. Un plan de equipamiento hidrométrico y de control de la calidad de las aguas, que incluya la instalación de las oportunas redes de observación propias de la Comunidad, necesarias para obtener datos relevantes a la escala de los problemas que nos preocupan; en este sentido las políticas de Comunidades vecinas de Navarra y Cataluña, donde el agua tiene menos presencia social y mediática, son un modelo a copiar en Aragón.
7. Un plan de creación de plantillas de técnicos del agua del Gobierno de Aragón. No deja de ser paradójico que siendo el agua el pretendido futuro de Aragón, el Gobierno de la Comunidad no tenga ni un sólo hidrogeólogo, hidrólogo, biólogo, geógrafo, economista o jurista dedicado a estas cuestiones.
8. Un plan general de protección y restauración de ríos y riberas. Resulta lamentable que no existan iniciativas en el sentido de elaborar un amplio plan de riberas del valle del Ebro, capaz de recuperar un paisaje excepcional de bosques riparios, hoy casi desaparecido o muy mermado, hasta transformarlo en un espectacular parque natural y una auténtica reserva de la biosfera,; un plan así que debería empezar por un programa nuevo de motas de defensa que resultase efectivo y respetuoso, destruyendo muchas de las actuales
9. Un plan de ríos, cabeceras y tramos a catalogar como “escénicos”, es decir, intocables; como espacios patrimoniales de Aragón, a preservar como se preserva un castillo o una catedral.
10. Un plan de pedagogía social capaz de explicar a los aragoneses los principios de la Nueva Cultura del Agua, que nos permita liberarnos de un discurso desfasado, de unos tópicos y de unas inercias culturales que hoy en día son un auténtico lastre, una rémora que impide la emergencia de una inteligencia hidrológica colectiva en Aragón, un bien hacer hidrológico que hoy no existe, como prueba la vacuidad del popular mensaje hidrológico del Gobierno de la Comunidad, el “Aragón, agua y futuro”, capaz de movilizar a las masas en las grande manifestaciones ¿Agua para quién, y para qué? ¿De qué tipo de futuro estamos hablando?
Dicho esto, sin desmerecer el trabajo que ha hecho la Ponencia, dando las gracias sinceras a quienes han trabajado en su elaboración, es nuestro deber dejar constancia de que el PIHA sometido a votación es para nosotros un documento anticuado y desfasado; está basado en un discurso obsoleto del agua, en un afán desmesurado por su reparto a favor de unos sectores muy concretos, insensible a los valores medioambientales y humanos en juego. Es un evidente “más de lo mismo”, que nos lleva a caminar en dirección contraria a los principios de la Directiva Marco del Agua.
Es un plan continuista y errado; ha sido elaborado y bajo los mismos principios que han sido la causa de la esterilidad de una larga lista de iniciativas anteriores semejantes a la presente, como la de las 800.000 ha de regadío para Aragón en los tiempos del PSOE de Santiago Marraco, la del Gran Canal de la Margen Derecha, con el que tanta bandera política hizo el PAR de Hipólito Gómez de las Roces, proyectos redentores como el Pacto del Agua de Aragón, el famoso PEBEA (llamado a ser la General Motors Verde de Aragón) del Consejero Lasa,… y un largo listado proyectos vacíos de rigor, que nos han mostrado reiteradamente que no podemos seguir planificando desde la alegría, la inercia emocional, el electoralismo y los tópicos; sin un mínimo de rigor y de consenso científico/técnico. No se pueden gobernar las cosas del agua a impulso de los juegos políticos del momento, ni de populismos. No se puede seguir planificando desde la presión de los intereses organizados tradicionales.
Todo lo hasta aquí expuesto son principios que podemos expresar también en nombre de muchos científicos europeos, colegas nuestros, que se sorprenden de que en Aragón, en el año 2006, en plena elaboración de los nuevos planes hidrológicos que nos exige la Directiva Marco, se siga planteando la construcción de nuevos grande embalses y la ampliación de los regadíos, algo que está ya totalmente descartado en la mayoría de países desarrollados.
CONSIDERACIÓN FINAL
No podemos olvidar que la gestión del agua corresponde al Estado, a través de los planteamientos que puedan hacerse en los nuevos planes de cuenca tras un proceso ampliamente participativo. Por ello, el plan de infraestructuras hidráulica que desde Aragón ahora se pueda elaborar, no puede pretender escapar a esa regla del juego, de forma que nunca podrá tener más valor que el de una consideración o aspiración hecha al Ministerio de Medio Ambiente para su consideración a la hora de confeccionar los planes de cuenca.
En este sentido no deja de sorprendernos el voto afirmativo a este PIHA de los representantes de propias Confederaciones Hidrográficas en esta Comisión, que parecen ser más la voz de unas políticas desfasadas de un Ministerio de Agricultura, que la del Ministerio de Medio Ambiente.
No podemos olvidar nunca que el objetivo fundamental de los planes de la Directiva Marco es la mejora de la calidad de los ecosistemas acuáticos. Las grandes obras hidráulicas, en especial las presas levantadas en el eje del cauce principal de un río, son un paso atrás en la consecución de ese objetivo; tanto más si su destino es la ampliación de los regadíos.
El regadío, aparte de detraer el agua de los cauces, conlleva un aumento de la salinidad general de las aguas circulantes, y, sobre todo, un incremento de los niveles de eutrofización, que es uno de los grandes problemas contra los que estamos obligados a luchar. Hoy, la ampliación de esos regadíos no tiene una justificación clara; no parece que hay una proporción razonable entre su coste económico, medioambiental y humano, el pretendido beneficio general y la realidad cada menos cuestionada del cambio climático, que exigiría una reducción de la superficie actualmente regada, la que tenga menos justificación.
Un país o una cuenca hidrográfica de hidrología dominantemente mediterránea que utiliza ya el 85% de sus recursos de agua disponibles en un uso consuntivo como es el regadío, y que pretende superar la cifra del 90%, como es el caso de la cuenca del Ebro, son un país y una cuenca asentados por principio en la disfunción hidrológica; están condenados a no tener ríos, sino simples cadáveres hidrológicos; a estar instalados en el riesgo permanente de desabastecimiento, en la sequía estructural crónica. Pese a todo, el aumento del regadío es el camino por el que pretende llevarnos este PIHA.
Nos resulta incomprensible la actitud de despreocupación o de minimización de los problemas medioambientales que un plan como el PIHA generaría, de instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería homónima, que parecen más preocupadas en las políticas del reparto del agua que en la defensa de esos valores y los compromisos con la Directiva Marco. Son políticas incapaces de llegar a instaurar un día una deseable y obligada nueva cultura del agua, una ética hidrológica nueva que permita que en Aragón siga habiendo ríos, y no cadáveres hidrológicos y problemas crónicos del agua.
Francisco Javier MARTÍNEZ GIL y Alfredo OLLERO OJEDA
