Desmantelar la presa del Val

DIAGONAL ARAGÓN

(02/11/2009)

Desmantelar presas no es una utopía. Tampoco es una idea descabellada. En el caso de la presa del Val (ubicada en el municipio zaragozano de Los Fayos), el riesgo de inundación de los núcleos urbanos situados en el valle del Queiles, el impacto ambiental y la pésima gestión son razones de peso.

Desde hace ya unos años la tendencia a construir presas en los ríos ha descendido en todo el mundo y es que algunos gobiernos, empresas y entidades financieras parecen haber empezado a atender los criterios de una parte de la comunidad científica que desaconsejan estas infraestructuras y las voces de denuncia de ciudadanos afectados que viven en propia carne sus negativas consecuencias. Esto es así ante la evidencia del ensayo-error que han supuesto para el medio ambiente y para millones de personas que han encontrado el dolor, el sufrimiento y la muerte, durante décadas, en todas las fases relativas al planeamiento, construcción y uso de los grandes embalses.

Actualmente se ha comenzado un proceso inverso a la construcción con el desmantelamiento de algunas presas. Sin entrar a valorar detalladamente los beneficios que ello trae consigo para los ecosistemas fluviales antes agredidos, sigue siendo necesario esgrimir razones que demuestren la inoperatividad y mala gestión como argumentos para llegar a la conclusión final del desmantelamiento como solución.

La presa del Val no escapa a un común denominador de las grandes presas: primero se hace la obra y luego ya se verá para qué y como utilizarla. Conocer algunas particularidades sobre el caso Val permitirá certificar que en este proyecto no existió valoración alguna previa de cualquier posible consecuencia posterior a su ejecución.

La presa del Val se construyó en el pueblo de Los Fayos (comarca de Tarazona), en 1997, aguas arriba del núcleo urbano, a pie del cementerio. Nadie que lo ha visto puede negar el impacto que supone ese muro de hormigón instaurado como si de un hachazo en el horizonte se tratara. En 1993 el pueblo de Los Fayos firmó unos convenios para compensar la construcción del embalse del Val con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Gobierno de Aragón, pero ha sido 16 años después cuando el consistorio y los vecinos, después de haber denunciado en muchas ocasiones la pasividad de estos organismos, han conseguido que el Tribunal Supremo dé la razón al Ayuntamiento de Los Fayos, que exige la ejecución de las compensaciones.

De cualquier forma siempre permanecerá el riesgo a que desaparezca este pueblo por la amenaza que supone tener el embalse en la puerta de casa, con la posibilidad de la rotura de la presa. Y no sólo está condenado Los Fayos a vivir bajo la amenaza del miedo a ser inundado, sino que el Plan de Emergencia del embalse ha dejado al descubierto los riesgos que nunca antes habían trascendido a la opinión pública y es que son todos los núcleos urbanos situados en el valle del río Queiles, hasta su desembocadura en el río Ebro, los afectados por riesgo de inundación.

 

PLAN DE EMERGENCIA

El Plan de Emergencia de Presas es una útil herramienta para la gestión del riesgo de inundación, imprescindible en la política de prevención de riesgos futuros para los ciudadanos y sus bienes y determinante en la evaluación de las consecuencias negativas potenciales de futuras inundaciones. El documento fue elaborado por la CHE en julio de 2000, informado favorablemente por la Comisión Permanente de la Nacional de Protección Civil el 2 de diciembre de 2003 y aprobado por resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas el 23 de enero de 2004. De su contenido cabe resaltar algunos datos básicos para entender, tras un razonamiento lógico, que la previsión del riesgo de posibles daños por inundación es de gran magnitud. [1]

También en el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la comunidad autónoma de Aragón se considera función básica de los Planes de Emergencia de Presas determinar la zona inundable en caso de rotura, indicando los tiempos de propagación de la onda de avenida y efectuar el correspondiente análisis de riesgos.

En la elaboración de este Plan por el Gobierno de Aragón se tuvo presente la información recogida en una encuesta que se distribuyó a través de Protección Civil a los 730 municipios de la comunidad autónoma. El principal objeto de la realización de la encuesta era conocer el historial de avenidas o inundaciones que han tenido los diferentes municipios de Aragón, conociendo, a su vez, los medios o recursos de los que dispone y de los problemas y daños que tuvieron. El Ayuntamiento de Tarazona no contestó la encuesta y, por lo tanto, esta ciudad no aparece entre los municipios con riesgo de avenida.

Esto ocurría en 2005, curiosa anécdota tras observar que en esas fechas se estaba cuestionando socialmente el proyecto de construcción de un nuevo centro de salud en Tarazona, y el interés del Ayuntamiento era su ubicación en el lugar más bajo de la ciudad, en la orilla de río, menospreciando el riesgo de inundaciones y las previsiones del Plan de Emergencia del Val. Aunque el propósito municipal se consiguió, también se logró que este servicio básico haya quedado afectado por el Plan siendo que forma parte de él. Esta incongruencia quedaría justificada por el Justicia de Aragón diciendo que si se produjera la rotura de la presa, en el peor supuesto, el personal del centro de salud tiene tiempo suficiente para evacuar las instalaciones antes de que llegue la inundación. Escalofriante declaración de una persona que ni trabaja en el centro ni vive en Tarazona. No puede esconderse que los turiasonenses saben sobradamente de los daños que han ocasionado las riadas del río Queiles, y en los archivos de riadas históricas de la CHE aparecen registradas numerosas riadas en la ciudad.

Nunca el río Queiles amenazó con inundaciones de las magnitudes que hoy se prevén desde que se construyó El Val. Es imprudente no considerar los riesgos de inundación en todo el recorrido del río Queiles e ignorar la evidencia de que la rotura de la presa del Val o un desembalse a plena carga junto con avenida de otros barrancos aumentaría los posibles daños producidos aguas abajo. Es, además de imprudente, peligroso que en el Plan Especial de Protección Civil se diga que el Plan de Emergencia de la presa del Val no está aprobado aunque la Dirección General de Obras Hidráulicas sí lo aprobara en 2004. Una grave contradicción que evidencia falta de rigor informativo.

 

ALTO RIESGO POTENCIAL

Ninguna obra es eterna y según el informe elaborado por la Comisión Mundial de Represas, avalado por el Banco Mundial, y en cuya elaboración colaboró la CHE, estas infraestructuras tienen una vida media de 50 años, son deficientes en el desempeño técnico, financiero y económico, aumentan la vulnerabilidad al cambio climático y los esfuerzos de mitigación de impactos aguas abajo de las presas fallan normalmente.

La relación de presas rotas en España, incidentes en el manejo de compuertas y por la operación de centrales hidroeléctricas más los accidentes que se vienen sucediendo en otras partes del mundo han provocado una creciente preocupación social y ambiental obligando a elaborar una normativa que regule la seguridad de los ciudadanos. Nuestra Administración, tras la aprobación del Reglamento de Seguridad de Presas y Embalses, estableció juntamente con la Directriz de Protección Civil para el Riesgo de Inundaciones,la obligatoriedad de clasificar las presas en función del riesgo potencial en caso de rotura o funcionamiento incorrecto en tres categorías. El Val está clasificado en la categoría A, la de mayor riesgo.

La creciente sensibilidad social y ambiental frente a este problema hizo que el gobierno de España, viendo la necesidad de mayor legislación al respecto, estimara imprescindible mejorar e incrementar el control de la seguridad de las presas y embalses concluyendo en el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. La Unión Europea también ha desarrollado una legislación relacionada. Aspecto fundamental común de la legislación citada sobre planes de gestión del riesgo de inundación es la reducción de las consecuencias adversas potenciales de inundación para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica.

Toda la legislación, sin embargo, parece lejana para las autoridades más próximas al origen de la amenaza que no esconde la presa del Val. Visto lo que dice el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Inundaciones de Aragón respecto a los planes municipales, donde existe un punto específico sobre los “Planes de Actuación de Ámbito Local Frente a Inundaciones”, resulta grotesco que Luis Maria Beamonte Mesa, actual alcalde de Tarazona, manifestara, en julio de 2007, la no obligatoriedad de realizar un Plan de Protección Civil Municipal e hiciera referencia a que existe un Plan Comarcal redactado en 1997.

Hay que añadir que en éste último no aparece contemplado el riesgo de inundaciones en Tarazona. Sin embargo, en febrero de 2007, y conforme al Plan de Emergencia de la Presa del Val, se instalaron las sirenas de alarma para avisar a la población en un lugar de propiedad municipal, en lo alto del viejo silo de la estación, hoy centro de educación infantil. La Ley de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón, Ley 30/2002, de 17 de diciembre, en su Artículo 23, punto 2, hace referencia a la obligación que las comarcas tienen de elaborar y aprobar un plan de protección civil comarcal, en el que se integrarán los respectivos planes municipales. A fecha de hoy nada ha cambiado y nadie sabe todavía cómo suenan esas sirenas.

Además, la presidencia de la Junta Central de Usuarios del río Queiles y del Embalse del Val la ocupa el Ayuntamiento de Tarazona, personalizada en el concejal Alfredo Chipriana, por lo que nunca se podrá argumentar desconocimiento sobre el asunto. Más aún conociendo el contenido del artículo 3.5.1.5 de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones que hace referencia al obligado conocimiento de las autoridades municipales de los Planes de Emergencia de Presas que les afecten, particularmente los municipios cuyo ámbito territorial puede verse alcanzado por la onda de rotura en un intervalo no superior a dos horas.

 

NECESIDADES HÍDRICAS

Por otro lado, lleno El Val desde el año 2003, las necesidades hídricas de los usuarios han estado satisfechas con un desembalse de 4 Hm3 anuales, tal y como se desprende de los datos recogidos por la CHE en el Sistema Automático de Información Hidrológica. Se deduce inadmisible el almacenamiento de mayor volumen de agua por el riesgo que representa para las poblaciones de la cuenca del río Queiles situadas aguas abajo de la presa. Municipios éstos nunca compensados por las aguas arrebatadas desde el año 1941, por Decreto ministerial, mediante el trasvase otorgado en provecho de poblaciones que pertenecen a la cuenca del río Alhama y del río Ebro que, sin correr riesgo alguno de inundación por el río Queiles, se han beneficiado del desarrollo que proporciona el recurso del agua. Un abuso desconsiderado pues estos pueblos tienen su abastecimiento ampliamente atendido con fuentes más próximas que el río Queiles y que El Val, disponen de dotaciones estimadas superiores a 300 litros por habitante y día, algunos casi doblan la cifra. Este trasvase, al igual que otros, ha creado conflictos desde su existencia ente las comunidades implicadas.

La obra está sobredimensionada, no existe justificación para mantener los niveles de llenado que amenazan a la población, sus bienes y al medio ambiente. El sistema de alarma instalado en Los Fayos y en Tarazona es un símbolo evidente de que la presa del Val no puede aprobarse como un icono de desarrollo sostenible. Más aún si hacemos caso de las palabras de Francisco José Hijós Bitrián, ingeniero de caminos, canales y puertos, hoy nuevo director técnico de la CHE, responsable de las áreas de Proyectos y Obras y de Explotación de Embalses y que, junto al comisario de Aguas, al jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica y al secretario general, forma parte del equipo directivo del organismo de cuenca, que escribe en su artículo “Gestión de los impactos aguas debajo de la operación de presas”: (...) En diversos países desarrollados, de forma reciente, se instalan sirenas en las zonas vulnerables pero prácticamente no funcionan nunca … Y, en lo que respecta para los posibles usuarios, la desproporcionada obra ha generado, con la aplicación de la recuperación íntegra de costes que propugna la DMA, un posible pago difícilmente asumible, especialmente para el sector agrícola de la zona donde la población activa no se renueva por la escasa rentabilidad económica que proporciona la actividad.

Sirva como ejemplo orientativo la comparativa del rendimiento del cultivo de maíz en la huerta de Tarazona con el posible canon aplicable del coste del embalse de El Val. [2] Datos oficiales ministeriales sobre la campaña 2007 en España cifran, para producciones de 11.294 Kg/Ha y a 0,20 Euros/Kg, beneficios de 617,82 E/Ha. En nuestro caso, si se descuenta el coste del riego el beneficio se reduce a la mitad pero con las producciones obtenidas en la zona las cifras del beneficio se hunden.

Es entendible que los regantes se nieguen al pago de la obra; jamás les dijeron, mientras se proyectaba, lo que tendrían que pagar, y el canon que resulta es, mayoritariamente, una herencia de dudoso agrado para las generaciones futuras. Ante la ausencia de un estudio de coste-beneficio-riesgo, la improvisación reina en la gestión y nadie discute el reparto de caudal que se hace anualmente entre las comunidades de usuarios porque todavía a nadie se le ha obligado a pagar.

 

IMPACTO AMBIENTAL

Pero las cifras económicas se verán permanentemente penalizadas para el gasto público debido a las consecuencias derivadas por la vulnerabilidad al cambio climático de los grandes embalses. También las Emisiones de Gases de efecto Invernadero (GEI) emitidas cada año por las grandes presas van a suponer un tributo añadido. Sólo la aportación de metano y dióxido de carbono procedente de la descomposición de la materia orgánica contenida en los embalses (vegetación, suelos inundados, aguas residuales, plancton) significa una importante contribución al calentamiento global.

Cálculos estimados por Iván Lima, del Instituto Nacional Brasileño para Investigaciones Espaciales, y anunciados en una publicación científica, son 104 millones de toneladas de gas metano los emitidos cada año por las grandes presas (el metano es un gas 25 veces más potente que el dióxido de carbono). Ello significa que los cálculos hechos por Lima implican que las 52.000 represas en el mundo contribuyen más del 4% al calentamiento global debido al impacto de actividades humanas, reforzando así los pronósticos que algunos organismos internacionales y algunas ONGs llevan haciendo desde hace décadas. La aportación de las emisiones de las grandes presas en el contexto aragonés podría suponer 0,23 MtCO2eq, lo que para el sector agrícola representaría casi un 5% más de emisiones a la actual contribución de este sector (20%) al total regional. Como es obvio El Val no resta emisiones.

La gestión de los efectos producidos por la explotación de los embalses es un aspecto de suma importancia para la seguridad de las personas que viven aguas abajo de las presas. En el proyecto de la presa del Val los riesgos para la población se omitieron (quizá por ignorancia) pero con los conocimientos actuales todavía se puede replantear el uso de la infraestructura. Es difícil asumir una realidad problemática que puede desbordar toda lógica e incluso sentir impotencia para resolverla. Aunque los riesgos para la población puedan ser remotos, sólo con una vez que se produjera la emergencia anunciada sería suficiente para lamentar no haber actuado para prevenir la catástrofe. El número de personas que no lo podrían contar es imprevisible.

Prensa | Lunes, 02 Noviembre 2009 | Coagret
COAGRET :: COordinadora de Afectados por GRandes Embalses y Trasvases Por una Nueva Cultura del Agua, No más pueblos bajo las aguas. RÍOS SIN PRESAS ¡PUEBLOS VIVOS!