COAGRET desaprueba el procedimiento de la reforma de la LEY 6/2001

NOTA DE PRENSA DE COAGRET

(27/12/2007) 

Coagret  desaprueba el procedimiento  de la reforma  de la LEY 6/2001 , de participación en  la gestión del agua en Aragón. Una vez más tenemos que criticar la falta de participación en las organizaciones no  gubernamentales, entre las que está Coagret como asociación de afectados por las obras hidráulicas ,  en la reforma parcial de la denominada ley de aguas de Aragón,  a las que no se ha  informado ni consultado.

Esta ausencia de consulta social  previa a la aprobación del proyecto de ley supone además una vulneración de la directiva que regula la participación pública en la elaboración  de decisiones ambientales, la directiva marco del agua y la propia ley 27/06, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente  y un dato más  que  reafirma el proceder  autoritario del actual equipo del Gobierno de Aragón y en especial del consejero de medio ambiente. Esta falta de consulta se agrava con la tramitación de esta ley en lectura única en las Cortes de Aragón.

La búsqueda del acuerdos  en temas relacionados con la gestión del agua, está empedrada de buenas intenciones, sistemáticamente  olvidadas en cuanto surgen temas que afectan a los intereses políticos inmediatos de los partidos en el gobierno. Las buenas palabras del Consejero Boné sobre  la mejora de funcionamiento de la Comisión del Agua son estériles  ante las práctica  de aprobar normas del máximo rango sin información  pública , sin  consulta ni participación social, ni siquiera en la propia Comisión del Agua a la que ni se ha presentado el proyecto de ley.

Desde Coagret vamos a impulsar actividades para conseguir desterrar estás prácticas autoritarias , exigiendo además una reforma de la ley  que asegure que la Comisión del Agua sea un órgano de debate democrático y participativo y no de toma de decisiones,  sin dirigismo político alguno.

Coagret  se  reserva además la posibilidad de  una queja ante la Comisión Europea sobre el incumplimiento del derecho comunitario en materia de participación social en la toma de decisiones ambientales o de otras actuaciones similares ante la justicia española.