6 activistas se encadenaron el pasado domingo a las puertas de la presa de Foz Tua da en Alijó (Portugal)

Seis activistas se encadenaron esta mañana a las puertas de la presa de Foz Tua da en Alijó, la prevención de futuros trabajos. El grupo tiene la intención de mostrar indignación contra una obra que dará lugar a la masacre de más de 5000 árboles.

http://sicnoticias.sapo.pt/vida/article954778.ece?mid=521Link

 

Internacional | Domingo, 06 Noviembre 2011 | Coagret

México: Una represa de FCC ahoga la historia y los derechos

La empresa El Zapotillo amenaza con inundar la histórica población de Temacapulín y ha recibido informes negativos de organismos internacionales y de derechos humanos.

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) levanta junto con otras dos compañías mexicanas la presa El Zapotillo, radicada en el Estado de Jalisco, para abastecer de agua principalmente a la ciudad de León (Guanajuato), a 140 kilómetros de distancia. La obra amenaza con inundar la histórica población de Temacapulín y ha recibido informes negativos de organismos internacionales y de derechos humanos. La empresa española que controla Esther Koplowitz defiende la construcción por criterios económicos y ambientales.

Temacapulín presume de pasado, lucha el presente y teme por su futuro. Son los tres tiempos de un pueblo al oeste de México que ronda el medio millar de habitantes y cuya historia se remonta a la época prehispánica. Una decisión técnica les condenó a desparecer cuando, para abastecer también de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y a comunidades de los Altos de Jalisco, se decidió elevar el bosquejo de la presa El Zapotillo de los 80 a los 105 metros. Los promotores de la obra (la Comisión Nacional del Agua de México -CONAGUA- en coordinación con los gobiernos de Guanajuato y Jalisco) maquillaban así los casi 140 kilómetros de distancia que separaban la presa de su destino principal: la ciudad de León, en el estado de Guanajuato. Los 25 metros de diferencia sumergieron a Temacapulín en una lista de condenados a la desaparición en la que también figuran otras dos comunidades de los Altos de Jalisco: Acasico (200 habitantes aproximadamente) y Palmarejo (menos de un centenar de vecinos).

La resistencia de los opositores está liderada por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, apoyada por el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Colectivo COA y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho del Agua (COMDA), entre otros actores. Insisten en que el proyecto, con un avance aproximado del 30 por ciento, se realiza al margen de la ley: sin cambio de uso de suelo, sin respeto a los derechos humanos ni consulta previa, con amenazas a la población y con órdenes de aprehensión contra las personas a las que pretenden desalojar violentamente. Lograron parar la actividad de la presa entre el 28 de marzo y el 1 de abril de 2011, para finalmente y previa condición de que no se persiguiera penalmente a quienes habían paralizado la construcción, entablar una mesa de diálogo con la CONAGUA y el Gobierno. La última reunión celebrada a principios de junio daba por terminada una discusión en donde los puntos de coincidencia sumaban cero. “El proceso de diálogo fue tan escandaloso que ni tan siquiera se puede considerar diálogo”, denuncia la activista de COMDA Claudia Campero.

El Zapotillo es un nuevo caso de participación del sector privado en la infraestructura hidráulica mexicana. La española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) construye la represa junto con La Peninsular y el Grupo Hermes, ambas del empresario mexicano Carlos Hank Rhon. La infraestructura hidráulica se levanta bajo esquemas COT (Construcción-Operación-Transferencia) que permiten al sector privado operar posteriormente durante un período determinado la obra para así generar ganancias. En este caso, el sector privado aporta el 34 por ciento del coste de la represa (y el 51 por ciento del coste del acueducto que va León) en inversión recuperable, con una concesión por 25 años.

Un proceso muy accidentado

Con capacidad prevista para 910 hectómetros cúbicos, El Zapotillo es la historia de una obra hidráulica muy accidentada desde sus inicios, cuando en mayo de 2006 el Gobierno federal hacía públicas por primera vez sus intenciones. La licitación se retrasa a noviembre de 2008 y sus ganadores, a septiembre del año siguiente. Dos de los siete licitantes presentaron inconformidades por el fallo y las alegaciones no se habían resuelto todavía cuando la CONAGUA firmó el contrato de adjudicación con FCC y el consorcio formado por las empresas de Carlos Hank Rhon. La Secretaría de Función Pública de México trasladó en enero de 2010 la decisión de anular el resultado, pues entendía anómalo el hecho de que la propuesta ganadora (cercana a los 128 millones de euros) hubiera sido más elevada que la presentada por el consorcio Cota-Vise-Infrocsa (90 millones de euros) y por ICA (111 millones de euros). No sirvió de nada.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ya advirtió a finales de 2009 que la planeación y construcción de la presa violó “los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud” [1].

Las obras han escogido también el camino más corto, pues se iniciaron sin contar, primero, con la autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; segundo, con el cambio de uso de suelo por parte de los términos municipales en los que se levanta la represa, Cañadas de Obregón y Yahualica; y, tercero, con los permisos correspondientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

La historia de esta última licencia refleja el laberinto de contradicciones en el que se ha convertido El Zapotillo. Una maraña en la que todo lo que es puede no ser. El arquitecto del INAH Cuauhtémoc de Regil Fernández Lara dictaminó que la presa no podía sellar Temacapulín porque cerca del 70 por ciento del poblado presenta monumentos históricos, ambientales, paisajísticos y naturales de interés para la nación. “La eventual construcción de la presa El Zapotillo implica la destrucción del patrimonio histórico, social y cultural identificado a través de diversos estudios y documentos. El conjunto representa un hito urbano histórico cuyo valor es de interés manifiesto de sus habitantes y su conservación responsabilidad del Estado mexicano y de interés de la nación” [2], recoge el informe fechado el 14 de abril de 2011.

Sólo unas semanas después, el INAH impugnó su propio estudio mediante un segundo dictamen, esta vez a cargo de tres arquitectos (Arturo Balandrano Campos, Agustín Salgado Aguilar y Ana María Lara Guitiérrez), por “carencias de sustento, imprecisiones, incongruencias y omisiones en la información” en el primero. Las nuevas conclusiones eran muy diferentes: “Queda claro que la riqueza del patrimonio histórico edificado con que cuenta la región se concentra en las localidades que no están en peligro de inundación. A pesar de reconocer que el conjunto urbano rural de la localidad de Temacapulín tiene atributos que le otorgan valores ambientales, éstos quedan en amplia desventaja al evaluar el costo económico y social que representaría cancelar el proyecto hidráulico por preservar la integridad de dicho conjunto” [3], versa el dictamen fechado el 31 de mayo de 2011, que incluía asimismo sendos estudios a Palmarejo (“cuenta con arquitectura vernácula de escaso valor patrimonial y su asentamiento presenta pocos atributos que otorguen armonía al conjunto. Las construcciones más importantes tienen poca calidad en su diseño y datan de mediados del siglo XX, por lo que no es factible su defensa”) y Acasico (“cuenta también con arquitectura de escaso valor patrimonial y con pocos atributos que otorguen armonía al conjunto”).

El revuelo ha atraído también la atención de observadores internacionales como Amnistía Internacional, quien desde su portal electrónico exige a las autoridades respetar los derechos de los manifestantes contra la presa. “La protesta es el resultado de la negación de las autoridades de respetar y garantizar los derechos de las personas afectadas por la presa y el incumplimiento de una orden judicial para suspender las obras” [4], decía la o­nG humanitaria en boca de su investigador Rupert Knox. Por otro lado, alrededor de una treintena de organizaciones, entre ellas la Asociación Internacional de Derecho Ambiental, solicitó a finales de 2009 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una investigación de los proyectos de grandes presas en América Latina, entre ellos, el de la represa de almacenamiento El Zapotillo.

 

La CONAGUA ha campeado el temporal como ha podido, informando mediante comunicados que dará atención social a los habitantes de las tres poblaciones involucradas en la construcción de la presa, a quienes se les construirá un nuevo desarrollo urbanizado con todos los servicios. “Nunca han trasladado a gente cuando han hecho una presa en México y ahora lo prometen. Con la experiencia de otras presas, en las que además las indemnizaciones no se pagan y los acuerdos no se cumplen, los gobernantes no tienen ninguna credibilidad”, aclara la activista Claudia Campero. Incluso el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, señaló que la reubicación de la población no era la más adecuada: “Se les está ofreciendo una nueva vivienda donde es imposible continuar con sus prácticas agrícolas. Son elementos preocupantes en un estado de derecho donde no se están respetando los fallos de los tribunales. Estos son los planteamientos que le presentaré al Gobierno en mi informe”, afirmó en una entrevista durante su visita a Temacapulín.

El penúltimo sobresalto se produjo el pasado mes de junio con la detención de Jorge Hank Rhon. Jorge no es Carlos (el verdadero responsable del Grupo Hermes y La Peninsular) pero comparten apellidos y ascendencia. La confusión estaba servida, situación que aprovechó una parte del sector crítico ligando El Zapotillo con la familia Hank Rhon, de conocida trayectoria para la sociedad mexicana. El padre, Carlos Hank González, fue un destacado político del PRI que llegó a ser gobernador del Estado de México, tras una dilatada carrera político-empresarial que le permitió amasar una gran fortuna entre acusaciones de tráfico de influencias. El testigo lo recogió su hijo Jorge, presidente municipal de Tijuana y candidato priísta a gobernador de Baja California. El 4 de junio de 2011 Jorge escribía un nuevo capítulo en la esperpéntica vida política mexicana protagonizando una doble detención (presuntamente, por tenencia ilícita de armas y colaboración en el asesinato de una mujer) y una doble liberación en menos de 24 horas, circunstancia criticada por la prensa internacional como un retroceso de la justicia mexicana.

FCC justifica en un cuestionario electrónico a sus socios de viaje: “Los criterios de la empresa [a la hora de elegir socios] se basan en aspectos económicos, sociales, medioambientales y de relación con el entorno. Obviamente el pragmatismo económico resulta un factor importante de decisión pero no el único. El código ético de FCC obliga a la compañía a tener en cuenta otros aspectos. [Los socios] se eligen por ser los más adecuados, tras un exhaustivo estudio de candidatos”.

¡A favor y en contra del medio ambiente!

Los promotores de El Zapotillo, autoridades y empresas, subrayan los beneficios ambientales y económicos del proyecto. Así de claro se expresó el director de la CONAGUA, José Luis Luege Tamargo, en una de las mesas de diálogo cubiertas por los medios de información locales: “Va a beneficiar a dos millones y medio de personas. Es una obra que ha de continuar. Insisto en que un embalse sí es una fuente de recursos económicos”.

La defensa que esgrime FCC al ser preguntada por los desfavorables informes humanitarios y legales rema en este mismo sentido: “La construcción de una presa es una decisión generalmente polémica para la comunidad donde se ubica, dado que supone el traslado de una población importante asentada en el lugar durante generaciones. Sin embargo, se trata de proyectos que resultan altamente beneficiosos para un conjunto de la población muchísimo mayor que la afectada directamente por los traslados. En el caso de la presa El Zapotillo, actuamos como clientes de un tercero, en este caso la CONAGUA. Seguimos todas las directrices que nos marca nuestro cliente, como hacemos siempre”. Y como apoyo a este argumento hacen expresamente suya la posición pública de CONAGUA al respecto: “La infraestructura conocida como El Zapotillo es estratégica para enfrentar el cambio climático”.

Las organizaciones no gubernamentales que apoyan a las comunidades afectadas por las presas denuncian sin embargo que uno de los impactos más graves de El Zapotillo es la destrucción de los ecosistemas, la contaminación de agua dulce, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y las afectaciones a la diversidad de la zona. En concreto y como apunta el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, la represa inundará 4.500 hectáreas. Según el estudio realizado por sus técnicos y peritos, “la presa implica el trasvase de agua de la cuenca del río Santiago a la cuenca del río Lerma, con impactos ambientales que no han sido considerados, como la afectación de los mantos acuíferos”.

El futuro de Temacapulín, junto con el de Acasico y Palmarejo, se ahoga al paso que avanza la construcción. Las autoridades prevén que la cortina quede concluida a finales de 2012 y que el canal incremente su nivel para el período de lluvias de 2013. Con estos tiempos, uno de los líderes del MAPDER, Rodolfo Chávez, lo tiene claro: “Queda un margen de maniobra mínimo y si no se utiliza ya, el pueblo está condenado a desaparecer porque no han podido reunir una resistencia significativa fuerte, que es lo que se necesita en estos casos porque el Gobierno no entiende otras formas. Nunca han tenido la suficiente fuerza. Y tienen otro problema: la cortina está lejos del pueblo, por lo que simbólicamente es una lucha perdida”.

La presencia de FCC en México

La dueña de FCC es la empresaria española Esther Koplowitz y Romero de Juseu, marquesa de Casa Peñalber, quien ocupa la fortuna 488 del mundo según la última lista de la revista Forbes. El MAPDER no guarda muy buena impresión de la madrileña: “Mientras en Madrid y en Barcelona construye viviendas dignas para personas mayores, acá no le importa la muerte de ancianas mayores que durante el 2010 fallecieron por la crisis traumática que les ocasiona la tensión de que serán expulsadas de sus viviendas”.

Fomento de Construcciones y Contratas aclara que México “es un país clave dentro de la estrategia corporativa de crecimiento e internacionalización, que ha permitido que en pocos años la filial de FCC se haya convertido en todo un referente en las distintas zonas geográficas donde trabaja. Constituye uno de los países importantes en el apartado internacional, tanto por su presencia ya allí como por la posibilidad de lograr nuevos proyectos”.

La relevancia del país azteca en materia hídrica va más allá de El Zapotillo. Entre los proyectos más destacados figura el de reabastecimiento de agua potable de El Realito (Tamaulipas). La filial de FCC especialista en gestión integral del agua, Aqualia, es la responsable junto con la compañía local ICA de la financiación, el diseño, la construcción y la explotación de una planta potabilizadora de agua, por un período de 25 años. Con una inversión de más de 130 millones de euros, supone una cartera de negocios para el grupo FCC cercana a los 750 millones de euros.

Por otra parte, desde 2007 un consorcio liderado por FCC construye el denominado Acueducto II de Querétaro, con el que se pretende trasladar 50 millones de metros cúbicos de agua al año desde la zona semidesértica a la zona metropolitana de Querétaro, en un recorrido de 108 kilómetros de noroeste al suroeste del estado. La concesión está prevista para 20 años, el importe de las obras asciende a 177,8 millones de euros.

Y a través de Proactiva Medio Ambiente México, la empresa de Esther Koplowitz opera varios contratos de prestación de servicios, tanto del sector del agua como de los residuos, atendiendo a más de 11 millones de personas distribuidas por toda la geografía mexicana. Entre los contratos más importantes destaca el de la ciudad de Aguascalientes, con la gestión y el mantenimiento de 181 pozos profundos y 22 lagunas de oxidación.

Ficha técnica de la presa hidroeléctrica de El Zapotillo

Ubicación: Jalisco (México)

Promotores: CONAGUA y gobiernos de Guanajuato y Jalisco

Empresas constructoras: FCC, La Peninsular y el Grupo Hermes

Tipo de contrato: Contrato de Prestación de Servicios que incluye el proyecto, la construcción, la puesta en marcha, operación y mantenimiento por un plazo de 25 años

Importe: 128 millones de euros

Plazos: El avance actual de las obras es del 30 por ciento. Las autoridades prevén que la cortina quede concluida a finales de 2012 y que el canal incremente su nivel para el período de lluvias de 2013.

Características: Presa de gravedad de hormigón compactado, con una planta curva de 320 metros en coronación, y una capacidad de embalse estimada de 910 metros cúbicos. La construcción de la presa requerirá la ejecución de más de dos millones de metros cúbicos de excavación y la utilización de más de 1,1 millones de metros cúbicos de hormigón y 8,5 millones de kilos de acero. El acueducto consiste en una línea de conducción de 139 kilómetros, que partirá del municipio de Cañadas de Obregón.

(Articulo de: http://www.kaosenlared.net/noticia/mexico-represa-fcc-ahoga-historia-derechosLink)

Internacional | Viernes, 30 Septiembre 2011 | Coagret

A Reprieve For The Mekong

On April 19, 2011, government representatives from Laos, Thailand, Vietnam and Cambodia met to conclude the regional decision-making process on the Xayaburi DamLink, the first dam proposed for the Lower Mekong Mainstream. At this meeting the four lower Mekong Basin countries agreed that the decision on the Xayaburi Dam be deferred and elevated to the Ministerial level. The April 19 decision brings a much needed, if temporary, reprieve to the mighty Mekong River.

Whilst Laos proposed to proceed with the dam, Thailand, Cambodia and Vietnam called for an extension to the decision-making process, citing concerns about transboundary impacts and knowledge gaps that require further study and public consultation. There has been widespread public opposition to the project both regionally and internationally, including criticism of the flawed decision-making process and poor Environmental Impact AssessmentLink.

The Xayaburi DamLink is the single greatest threat currently facing the Mekong River and its people. The project would resettle around 2,100 people and directly affect a further 202,000 people living near the dam due to impacts on the river’s ecology and fisheries. The dam threatens 41 fish species with extinction, including the critically endangered Mekong Giant Catfish. A further 23 to 100 migratory species will also be threatened. Due to the devastating and irreversible risks the dam poses to the river’s ecosystem and to food security in the region, International Rivers believes that the project should be canceled. In the coming months, we will continue to pressure the Lao government to cancel the Xayburi Dam, and protect the Lower Mekong Mainstream.

For further information see:

Internacional | Martes, 19 Abril 2011 | Coagret

Diálogo de sordos por parte de la CONAGUA, solo pretende legitimar su obra

LA CONAGUA reconoce que ha violado derechos humanos de los pobladores afectados por la presa El Zapotillo

El día de hoy se llevó a cabo la tercera mesa temática: Legalidad y legitimidad y la sustentabilidad de las presas conforme a los lineamientos de la Comisión Mundial de Represas, en concreto fue una continuidad de las dos mesas anteriores que se celebraron, la primera en Temacapulín y la segunda en Guadalajara. En esta mesa el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo y sus técnicos entre los que se encontraba el Dr Rodrigo Gutiérrez Rivas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien disertó sobre el derecho al agua y académicos del ITESO, así como sus abogados, volvieron a exponer que la presa El Zapotillo se construye en la total ilegalidad ya que no se cuenta con el cambio de uso de suelo por parte del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, no existe la MIA para los 105 mts, no se ha consultado a las comunidades afectadas, entre otras anomalías y por primera vez la CONAGUA reconoce que hay violación a los derechos humanos de los pobladores.

No obstante la CONAGUA sigue empecinada en que la construcción de la presa El Zapotillo va porque va, siendo un diálogo de oídos sordos por parte de la CONAGUA, ya que se le expuso una serie de argumentos tanto ambientales, sociales, históricos y de patrimonio cultural por parte del Comité que se han negado a aceptar. Dicen que la reubicación de Temacapulín no es reubicación, siendo que también están violando la legalidad ya que la creación de nuevos centros de población es facultad exclusiva del Congreso del Estado.

Temacapulín le ha apostado al diálogo y sigue en las mesas y ha demostrado de manera contundente y con argumentos sobre la no sustentabilidad de dicha presa y por parte de la CONAGUA su discurso ha sido débil y sin ninguna argumentación sólida que convenza a los pobladores, más bien pretende legitimar su obra con estos pretenidos “diálogos”. Los funcionarios que han venido a las mesas solo han contestado con evasivas, sobre todo Raúl Antonio Iglesias Benítez y Héctor Castañeda Náñez, enviado este último por la CEA, quien se ha caracterizado por su discurso áspero y prepotente.

Finalmente el Comité los invita a la cuarta mesa sobre Alternativas que se celebrará en la ciudad de Guadalajara el día 15 de abril de 2011 de 10 am a 6 pm. en el hotel Guadalajara Plaza ubicado en Avenida López Mateos Sur No. 2128, Colonia Chapalita.

Internacional | Jueves, 14 Abril 2011 | Coagret

Declaración de Temaca (III encuentro de afectados por represas)

Tercero Encuentro Internacional de Afectados por Represas y sus Aliados (Temacapulín, Jalisco, México, octubre 1 a 7, 2010) - 12 de oct/2010

Solidaridad con Temacapulín, Acasico y Palmarejo

Nosotros, más de 320 personas de 54 países a lo ancho y largo del mundo, afectados y luchadores contra las represas destructivas y activistas por el uso ecológico del agua, la justa utilización de la energía, la autodeterminación de los pueblos, la defensa del territorio, la justicia ambiental y climática y el respeto a los derechos humanos, nos hemos encontrado en Temacapulín.

Nos hemos reunido en un pueblo que se ve en peligro de ser destruido por la construcción de la represa El Zapotillo. Estamos en solidaridad con nuestros anfitriones generosos en Temaca y apoyamos su exigencia para la cancelación de la presa El Zapotillo. Temaca debe vivir, y su lucha es nuestra lucha.

Asimismo, nos solidarizamos con las luchas del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y con las comunidades, pueblos y ciudades de diversos lugares de México, que en estos momentos se encuentran inundadas o sepultadas por toneladas de lodo a causa de la fractura o el desfogue de represas en el país. La crisis climática desato su furia enfrentándonos a excesivas lluvias, a ríos desbordados y a represas peligrosas que se encuentran a su máxima capacidad. Por lo que denunciamos y rechazamos la política obsoleta y desenfrenada de construcción de presas.

¡Aguas para la vida, no para la muerte! El grito hecho en el Primer Encuentro Internacional de Afectados por Represas, realizado en Curitiba, Brasil, 1997, se reafirmó en la Segunda Reunión Internacional en 2003 en Rasi Salai, Tailandia, y nuevamente recobró fuerza durante estos intensos días en Jalisco, en la comunidad de Temacapulín.

Nuestros Logros

Desde Rasi Salai, hemos seguido unidos trabajando para enfrentar a la industria de represas, y a los gobiernos e instituciones financieras que promueven y financian sus actividades destructivas. Nuestras luchas han derrotado a proyectos de presas y ayudado a restaurar y proteger los ríos. Hemos alcanzado importantes conquistas en la lucha por el derecho al consentimiento informado sobre los proyectos en nuestras tierras y por dignas reparaciones y condiciones de reasentamiento.

Estamos implementando con éxito, bajo control comunitario, numerosas experiencias con tecnologías y programas justos y ecológicamente responsables para satisfacer nuestras necesidades de energía, agua, saneamiento y protección contra inundaciones destructivas.

Hemos logrado crear y fortalecer diversas redes regionales, frentes y movimientos nacionales de luchas contra las represas y por los derechos de los afectados. Estamos construyendo un nuevo modelo de producción y uso de energía y de manejo de agua que satisfaga las necesidades de los pueblos, antes que el interés de las corporaciones nacionales y transnacionales.

Nuestros Desafíos

A 10 años de emitidas las importantes recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas, en la mayoría de nuestros países, los derechos de las poblaciones continúan siendo violados por la construcción de represas. Los ríos siguen siendo represados y transvasados, las selvas inundadas, los peces y otras especies exterminadas. En abierta violación de acuerdos internacionales y leyes nacionales, pueblos indígenas y tribales, minorías étnicas y comunidades tradicionales son desproporcionadamente saqueadas y afectadas por la salvaje explotación de sus territorios, tierras y recursos. En muchas partes son obligados a luchar para no ser aniquilados física y culturalmente. Comunidades ribereñas, campesinas y urbanas ven las represas destruir sus modos y medios de vida.

Las mujeres sufren de forma aún más dramática las rupturas de la vida comunitaria y familiar resultante de la construcción de represas. En muchas partes, son discriminadas en los procesos de reasentamiento y reparación. Además, la concentración de miles de trabajadores durante la fase de la construcción muchas veces viene acompañada de prostitución, epidemias y deterioro de los servicios de educación y salud que conciernen de manera muy directa e inmediata la vida de las mujeres.

Jóvenes, ancianos y ancianas también son particularmente vulnerables a las transformaciones económicas, sociales y culturales provocadas por las presas.

La represión de las comunidades y organizaciones que resisten a las presas y la militarización de los territorios, constituye un flagrante atropello a los derechos humanos. Nuestros muertos y perseguidos cuentan una triste historia de la violencia de los constructores de represas, pero también de la resistencia heroica de los pueblos afectados y de su firme decisión de llevar adelante la lucha por un nuevo modo de usar el agua, de producir y utilizar la energía a servicio del pueblo.

Los procesos de privatización impulsados en los años 90 por el FMI y el Banco Mundial transformaron la producción de energía y el agua en un grande negocio. Las corporaciones hacen lucros exorbitantes en la construcción de presas, en el agro-negocio, en el hidro-negocio y en la minería.

Muchos países retornan a una situación semi-colonial para alimentar el capitalismo consumista que domina la sociedad contemporánea.

Grandes represas reducen la capacidad de las sociedades y ecosistemas para adaptarse al calentamiento global. El cambio climático está causando graves daños a las personas y a los ecosistemas, haciendo las represas aún menos seguras, menos viables económicamente, acelerando la sedimentación de los embalses. Los grandes embalses son una fuente importante de gases de efecto invernadero (GEI).

Nos oponemos al mal llamado “Mecanismo de Desarrollo Limpio” (MDL) que los gobiernos poderosos y el capital privado promueven para compensar sus emisiones de GEI, incluyendo a las represas como energía limpia y renovable. Nos sumamos a las acciones que desarrollará el movimiento global por la justicia climática, en el marco de la Conferencia de las Partes, que se llevará a cabo en la ciudad de Cancún, México el presente año.

Nos solidarizamos y nos sumamos a las luchas de la Vía Campesina por la soberanía alimentaria, que es inseparable de control popular del agua y de la soberanía energética.

Nos solidarizamos y nos sumamos a los que luchan contra la minería y la privatización del agua.

Nuestras Demandas

Las experiencias compartidas y estos cinco días de ricos intercambios nos permiten acordar que:

- Reafirmamos los principios y demandas de las declaraciones de Curitiba y Rasi Salai.

- Nos oponemos a la construcción de todas las represas social y ambientalmente destructivas. Nos oponemos a la construcción de cualquier represa que no haya sido aprobada por las poblaciones afectadas, luego de un genuino proceso debidamente informado y participativo, y que no satisfaga las necesidades básicas priorizadas por las mismas comunidades.

- Gobiernos, instituciones financieras y corporaciones deben someter todas las decisiones sobre represas a la aceptación pública y consentimiento informado por los afectados, como fue recomendado por la Comisión Mundial de Represas, incluyendo las poblaciones aguas abajo y aguas arriba de la presa.

- Los servicios prestados por las represas existentes debe ser optimizados, el daño social y ambiental minimizado y reparado/compensado, antes de la construcción de cualquier nuevo proyecto.

- Demandamos el respecto total al conocimiento y manejo tradicionales de los territorios de los pueblos indígenas y tribales, comunidades tradicionales y campesinos y de sus derechos colectivos a la autodeterminación y libertad, su consentimiento previo e informado en la planificación y toma de decisiones sobre el agua y la energía.

- Las reparaciones deben ser negociadas y dadas a los millones de personas que han sufrido a causa de las represas, incluyendo la provisión de tierras, viviendas e infraestructura social. Los constructores y promotores de represas, y los que se benefician de las presas, son los que deben pagar los costos de las reparaciones. Deben ser promovidos programas y planes de recuperación y desarrollo económico y social de las poblaciones afectadas bajo control popular.

- Rechazamos la militarización de nuestros territorios. Exigimos el cese del uso de toda forma de violencia e intimidación contra las personas amenazadas y afectadas por represas y organizaciones que se oponen a las mismas. Rechazamos la militarización de los territorios y el uso de presas y aguas para fines militares. Exigimos que los gobiernos y organizaciones internacionales respecten y protejan los derechos humanos y cesen las persecuciones contra dos defensores de esos derechos.

- La equidad de género debe ser respetada en todas las políticas, programas y proyectos sobre agua y energía.

- Deben realizarse acciones, incluyendo el desmantelamiento, para restaurar los ecosistemas y los estilos de vida que han sido dañados por las represas.

- Rechazamos la privatización de los sectores de energía y agua. Demandamos el control público, efectivo y democrático y la regulación de los servicios de electricidad y agua. Agua y energía no pueden seguir siendo tratados como mercancía, pues son un bien público. Como lo ha reconocido la Asamblea de las Naciones Unidas, el agua es un derecho humano fundamental, lo que responsabiliza a los gobiernos asegurar el acceso universal al agua de buena calidad; así como asegurar la protección de los recursos hídricos de toda contaminación.

- Las políticas de agua y energía deben ser objeto de amplias y democráticas consultas públicas. En algunos países el dialogo sobre la implementación de recomendaciones de la CMR pueden contribuir de manera relevante.

- Los gobiernos deben proteger la seguridad de las poblaciones aguas abajo y aguas arriba de las represas existentes, incluyendo inversiones suficientes en la seguridad de las represas, un manejo responsable y participativo de las mismas y elaboración de planos participativos de protección ó evacuación en caso de ruptura y descargas de emergencia.

- Los afectados por presas construidas en un país fronterizo tienen el derecho a ser consultados sobre su construcción y operación. Autoridades de cuencas nacionales e internacionales deben ser participativas y transparentes, e incluir representantes de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales.

- Los gobiernos deben invertir fuertemente en la investigación y aplicación de tecnologías energéticas y manejo de agua ecológicamente responsables. Los gobiernos deben implementar políticas que desincentiven el desperdicio y sobreconsumo, y garantizar la distribución equitativa de la riqueza.

- Rechazamos los subsidios del Mecanismo de Desarrollo Limpio para proyectos hidroeléctricos destructivos, y nos oponemos a todos los mecanismos de mercado de carbono.

- Hidrovías deben seguir el principio “adaptar el barco al río, no el rio al barco”.

Nos Comprometemos a:

- Intensificar nuestras luchas y campañas contra las represas, por los derechos de las poblaciones amenazadas y afectadas, y por la reparación integral de sus pérdidas y restauración de las cuencas.

- Trabajar para la implementación de métodos de manejo del agua y energía, tales como la cosecha de lluvia y modelos comunitarios de energía renovables.

- Luchar contra el modelo consumista y desarrollar campañas contra el consumo de productos intensivos en energía.

- Seguir discutiendo y construyendo colectivamente los principios y directrices de un modelo energético y del manejo del agua, basado en la responsabilidad ambiental y al servicio de los pueblos.

- Intensificar los intercambios entre activistas y movimientos que trabajan sobre represas, agua, energía, justicia ambiental y climática; incluyendo visitas recíprocas con intercambio de personas afectadas de diferentes países.

- Fortalecer nuestros movimientos uniéndolos con otros que luchan contra el modelo de desarrollo neoliberal, y por una justicia global ecológica y social.

- Celebrar cada año el Día de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida (14 de Marzo).

Nuestra lucha en contra las represas destructivas y el modelo actual de manejo de agua y energía, es también una lucha contra un orden social dominado por el imperativo de maximizar sus ganancias, y es una lucha por una sociedad basada en la equidad y la solidaridad.

¡Otro modelo de manejo de energía y agua es posible!

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

¡Agua y energía no son mercancía!

¡Ríos libres para pueblos libres!

Internacional | Martes, 19 Octubre 2010 | Coagret
COAGRET :: COordinadora de Afectados por GRandes Embalses y Trasvases Por una Nueva Cultura del Agua, No más pueblos bajo las aguas. RÍOS SIN PRESAS ¡PUEBLOS VIVOS!