MANIFIESTO DE COAGRET PARA EL 14 DE MARZO DE 2013, DÍA INTERNACIONAL POR UNOS RÍOS VIVOS Y CONTRA LOS GRANDES PANTANOS

Desde que la humanidad comenzó a construir grandes presas, el deslumbrante brillo del "desarrollo", el "progreso" y "el crecimiento" ocultó la existencia de los desplazados, los desalojados, aquellos a los que se les privaba de sus medios de subsistencia. La profunda herida que deja este exilio interior no se borra. Permanece como permanecen los embalses que las provocaron.

La defensa de los afectados por las grandes represas es un contínuo esfuerzo y lucha desigual contra las corrientes del conformismo, del poder económico, de la costumbre o de la ignorancia. Pero hay momentos especiales, hay momentos de inflexión. Puntos de no retorno que suponen la oportunidad de seguir avanzando.

El primer encuentro internacional de personas afectadas por represas en brasil el año 1997, es uno de ellos. Pero el año 1999 en España también, con la manifestación de los paraguas en Jaca, el Manifiesto por la dignidad de la Montaña y los acuerdos de Fabara. El año 2000 también fue importante con el Informe de la Comisión Mundial de Presas y la aprobación de la Directiva Marco del Agua en la Unión Europea..

En 2004 se deroga el trasvase del Ebro después de la enorme movilización en todo el estado español posterior a la aprobación del Plan Hidrológico Nacional del año 2000.

COAGRET ha sido el protagonista de muchos de estos acontecimientos que han cambiado y seguirán cambiando el sentido de la historia, junto con otros muchos colectivos sociales, de afectados y ecologistas, con los que compartimos luchas y objetivos.

Hoy, en el año 2013 de la Crisis, pensamos que estamos a las puertas de un nuevo punto de inflexión. La época de los grandes proyectos de embalses ha tocado a su fin.

Los grandes proyectos, emblemas de la obsesión pantanista, anclada en la fantasía decimonónica del regadío como salvación de la patria, o han sido un fracaso o están heridos de muerte.

El Embalse de Biscarrués ha sido desplazado sine die y con ventaja por la presa de Almudevar.

El recrecimiento del embalse de Yesa tiembla en sus cimientos al deslizarse tanto su ladera izquierda como la derecha, y a pesar del hipócrita lenguaje político del todo va bien, tiene sus dias contados (con un mínimo de responsabilidad que tengan los responsables políticos).

Mularroya, a pesar del cegado obstinamiento de la administración y los partidos políticos, es ilegal, y es un gigantesco monumento a la irresponsabilidad política de nuestras administraciones.

Desde COAGRET vemos muy próxima la muerte definitiva de estos tres proyectos agonizantes, y con ella la de la vieja obsesión heredada del siglo XIX por el regadío salvador.

El futuro será un futuro con una gestíón ecológica de los ríos, con un aprovechamiento razonable y no abusivo, donde las gentes del territorio puedan decidir sobre su vida y puedan mantener una relación de respeto y de igualdad con el medio en el que viven.

En este día instituido en homenaje a los afectados por los grandes embalses, COAGRET quiere lanzar este grito de esperanza

¡VIVA LOS RÍOS VIVOS!

¡VIVA EL GÁLLEGO VIVO!

¡VIVO EL ARAGÓN VIVO!

¡VIVA EL JALÓN VIVO!

COAGRET denuncia la situación río Queiles

COAGRET denucia que no se están cupliendo los objetivos que, para la CHE, justificaron la construcción de la primera obra del Pacto del Agua, el embalse de El Val.

Si, en su origen, este proyecto ya carecía de un plan definido para su gestión, su utilidad desde que finalizó la obra ha funcionado con la contínua improvisación. Las aguas del río Queiles están superexplotadas. Los usuarios tienen concesones históricas y aunque con el agua embalsada estos años de atrás los abastecimientos y el regadío han estado satisfechos con un desembalse oscilante entre 4 y 6 hectómetros cúbicos, según los datos que figuran en el SAIH, Sistema Automático de Información Hidrologica de la CHE, parece que las últimas maniobras en la gestión del agua han creado malestar entre los regantes de Tarazona que están viendo como desde hace semanas no tienen el servicio que venía siendo un derecho histórico reconocido. El agua, desde la presa de derivación, está entrando en el embalse y tan apenas corre un hilo por el cauce del Queiles. Por éste debería circular un caudal de 1000 litros por segundo para abastecer las acequias que riegan la huerta de Tarazona. Así pues, el río está casi seco desde la presa de derivación hasta Tarazona quedando en algún tramo interrumpido su curso por las filtraciones propias en el cauce. Vemos posible que en estas condiciones este trayecto del río, considerado truchero, no pueda mantener la vida piscícola y quede cerrado para la actividad de pesca deportiva que dentro de pocos días comienza.

(Ver más fotos)

Esta situación choca frontalmente con la noticia de que hace unos días el presidente de la CHE, Javier De Pedro, en una entrevista con el alcalde de Tarazona y presidente de la Diputación de Zaragoza, Luis María Beamonte, se trató sobre la autorización para actuar sobre el cauce del río Queiles a su paso por el casco urbano donde estiman urgente una "limpieza" en profundidad. Nosotros esperamos que esa actuación, esa "limpieza", sea respetuosa con la vegetación riparia aun a sabiendas de como se ha venido canalizando el río provocando su muerte con inversiones desorbitadas en cemento. De Pedro también afirmó a los Regantes turiasonenses que "serán repetados todos los derechos tradicionales que la Comunidad de Regantes de Tarazona tiene, e incluso mejorados en algunos aspectos". Como hemos comentado anteriormene las palabras del presidente de la CHE parecen no cumplirse.

Nuestra defensa de los afectados por esta obra está presidida por unos principios básicos de transparencia, racionalidad científica, participación social, donde atender con especial delicadeza la participación de las gentes más directa y negativamente afectadas. En el caso que nos ocupa es evidente que los principales afectados son los pueblos de Los Fayos y Tarazona, tal y como la CHE ha dejado constatado en el Plan de Emergencia de la presa. Por lo tanto que la gestión del embalse sea un acertjo o una improvisación con la que los afectados tengan que sufrir consecuencias que perjudiquen sus intereses y asumiendo además los riesgos derivados de la presa no nos parece de justicia.

Entendemos el malestar generado en la zona. Hay que recordar que esta comarca ya sufre un expolio desde el año 1940 cuando un ministro franquista resolvió por Decreto Ministerial un trasvase de agua a otras cuencas, concretamente a los ríos Alhama y Ebro. Así, ante la desinformación reinante y algunos temores fundados, este lunes a las 19,30 horas, en la sala Albiana, la Junta de Gobierno del Sindicato de Riegos de Tarazona convoca una reuión informativa porque algunos regantes de Tarazona solicitaron que dicha Junta les diera esplicaciones de que es lo que estaba ocurriendo con las aguas de sus acequias.

Si en los próximos días no vemos soluciones satisfactorias que respeten la voluntad de los usuarios afectados y cumplan con las directrices de la Directiva Marco y del propio Plan Hidrológico de Cuenca, respecto a caudales ambientales, solicitaremos una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Opinión de COAGRET sobre el anteproyecto del embalse de Almudevar

Para COAGRET llama especialmente la atención que en la noticia de prensa se informe de detalles técnicos muy precisos, por lo demás interesantes (“consta de un canal de aducción trapecial de 4,25 metros de altura”) y sin embargo no se diga nada del dato más significativo del proyecto en esta hora de crisis: el coste del proyecto.

En el primer párrafo de la nota del BOE señala que el proyecto tiene un presupuesto de 188.597.771,03 euros.

Parece que la crisis actual no afecta al Ministerio de Agricultura ya que puede gastarse 188,6 millones de euros en un nuevo embalse.

Hay que recordar que se están construyendo, sólo en Aragón: el recrecimiento de Yesa que ha pasado de 113,5 a 266,6 millones de euros, el embalse de Mularroya, que cuesta otros 200 millones de euros, que el coste de Lechago, 20 millones de euros, tiene una difícil recuperación debido a que sus regantes se han negado a asumir el gasto, que el Val sigue sin apenas usuarios, lo que impide recuperar la inversión que en su día hizo el estado.

COAGRET no entiende como, con un déficit público que está a punto de llevar al desastre al país, el ministerio de Agricultura se compromete a más gastos de más que dudosa recuperación.

Sorprende también la extraordinaria capacidad de pago que tiene los agricultores de Riegos del Alto Aragón, que además de pagar los cánones de las obras que ya utilizan (Lanuza, Bubal, La sotonera, El Grado, Mediano), además de los elevados costes de la modernización, que consideran imprescindible, están dispuestos a pagar (y contentos, según sus declaraciones) el embalse de Biscarrués (177 millones de euros) y el nuevo embalse de Almudevar (188,5 millones)

COAGRET solicita urgentemente que se aclare si el estado puede asumir esa inversión. Cuanto de esa inversión se va a recuperar, cuando y en que condiciones. Si el compromiso de pago es firme o va a pasar como en el Val, en Lechago o en tantos otros casos.

Un nuevo caso de derroche del dinero público: el embalse de Biscarrués

COAGRET denuncia el derroche de dinero público que supondría la construcción del embalse de Biscarrués.

El embalse de Biscarrués costaría 177 millones de euros, sin contar los desvíos presupuestarios habituales en este tipo de proyectos.

El estado asume un 32,5% del coste total del embalse de Biscarrués, por su supuesta labor de laminación de avenidas. Sin embargo el propio proyecto reconoce que el embalse solo es capaz de laminar las avenidas no peligrosas, las de menos de 5 años de periodo de retorno. El embalse no retendría las crecidas mayores y más peligrosas.

La administración está en la obligación de invertir de manera eficiente el dinero público.

Estas cantidades (cerca de 58 millones de €) son sin duda muy importantes para a invertir a ciegas, sin tener la más mínima información de la productividad y eficacia de dicha inversión y sin haber analizado maneras más eficientes y baratas para evitar los daños producidos por inundaciones y crecidas.

Además el estado financiará la parte que pagan los usuarios. La Administración del Estado debería analizar con detalle este punto si no quiere encontrarse, como en los casos de los embalses de El Val o de Lechago, embarcado en la construcción y financiación de otro gran embalse con muy escasas posibilidades de recuperar las inversiones realizadas y además con escasa o nula utilidad social.

Todo ello sin tener en cuenta la destrucción de empresas y de la floreciente actividad económica originada por el tramo del Gállego que se quiere inundar.

Esta es la manera de gestionar las escasos recursos del país, que se podría evitar con una evaluación de impacto ambiental negativa al proyecto de Biscarrués. Aún se está a tiempo de racionalizar la gestión hidrológica.

Otra vez en vísperas electorales...

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

(08/04/2011)

Los gobiernos no pasan página con la política hidráulica.

Me desmoraliza la incapacidad de nuestra clase política para abrirse al siglo XXI y pasar página en materia de aguas. Han transcurrido dos décadas desde que se firmó el Pacto del Agua y aún sigue siendo un tabú arrojadizo en vísperas electorales. Jánovas fue desestimado por el Gobierno del Sr. Aznar; Santaliestra fue ilegalizado por los tribunales; el Gobierno de Zapatero descartó el embalse de Torre del Compte; mientras las obras realizadas, como los embalses de Lechago, el Val y Montearagón o los bombeos de la Tranquera y Beceite, que costaron cientos de millones de euros, han supuesto vergonzosos fracasos de los que nadie quiere hablar.

En vísperas de las elecciones toca una vez más hablar de Biscarrués. Afortunadamente se abandonó el proyecto de 190 hm3 que hubiera hecho desaparecer el impresionante cañón de los Mallos de Riglos. Se pretendía regular caudales para unas 30.000 nuevas hectáreas de riego en Monegros, sin explicar que el cuello de botella estaba en la capacidad de transporte de los canales existentes. Eso sí, se habrían producido suculentos beneficios hidroeléctricos y caudales regulados para el trasvase del Gobierno del Sr. Aznar.

Tras la derogación del mismo se creó la Comisión del Agua en Aragón, abriéndose un proceso de diálogo sin precedentes, con una encomiable labor de intermediación dirigida por D Ignacio Celaya. En Biscarrués se consiguió validar técnicamente un amplio número de actuaciones alternativas, desde una comisión de expertos de la CHE y de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Se constató que el cuello de botella de los canales solo puede eludirse regulando los propios polígonos de riego.

A las opciones sugeridas por la Fundación, la CHE añadió otros posibles emplazamientos de balsas de regulación que se llenarían en invierno, cuando los canales están baldíos. Todo estaba listo para un nuevo acuerdo por consenso que hubiera satisfecho a los regantes sin destruir el floreciente turismo de aguas bravas de la Galliguera. Sin embargo, la proximidad de nuevas elecciones llevó a la DGA a exigir una pieza de regulación en el el Gállego, aunque fuera menor, que siguiera llamándose Embalse de Biscarrués, a fin de evitar previsibles ataques del PP con el Pacto del Agua en la mano.

El estudio de los caudales diarios del Gállego en la zona durante los últimos 60 años nos ha permitido constatar que el volumen de esas puntas apenas supondría en media 2,5 hectómetros cúbicos anuales. Si ese fuera realmente el objetivo de la presa, el coste de amortización del capital a invertir nos llevaría a 2,5 euros por metro cúbico para riego en esos años de sequía, es decir cinco veces el coste de desalar agua de mar... Si usamos la capacidad de regulación de la presa de forma regular y no solo en años de sequía, el coste se elevaría a 0,17 euros/m3. Si se asumiera el desvío de costes que se prevé como mínio en este tipo de proyectos (30%) y se compensara el impacto sobre la facturación de las empresas de aguas bravas (se inundaría la zona de rafting), el coste se elevaría a 0,23 euros/m3, frente a los 0,02 euros/m3 que se paga en Riegos del Alto Aragón.

Con esos caudales se podrían regar unas 3.700 hectáreas, lo que supondría apenas 60 puestos de trabajo. Por otro lado, se pondría en riesgo el desarrollo turístico de la Galliguera que sustenta, sin subvenciones, cien puestos de trabajo directos y 200 indirectos.

Pero lo cierto es que el objetivo central del embalse no es el regadío, ni la regulación de crecidas, sino la producción hidroeléctrica. Con un agravante, a mi entender escandaloso: la expectativa de asignar los beneficios hidroeléctricos a los regantes, a través de una encomienda de gestión del salto. Tal pretensión, secreta hasta la fecha, ha sido finalmente reconocida de forma pública por el Sr.Trillo, Presidente de Riegos del Alto Aragón.

Si lo que realmente interesara fuera la explotación familiar en el regadío monegrino habría alternativas más eficaces y baratas, oficialmente validadas en la Comisión del Agua, como la retirada de superficies salinizadas; las baterías de pozos de sequía sobre el acuífero del Bajo Gállego; la flexibilización de la gestión del embalse de la Peña para captar crecidas o la colocación de una estación de bombeo en el embalse del Grado. Todas ellas con un menor coste por metro cúbico de agua que el proyecto de Biscarrués. En los tiempos que corren, más nos valdría emplear mejor el escaso dinero público que nos quede tras paliar los entuertos de los ejecutivos bancarios.

Pedro Arrojo. Profesor del departamento de análisis económico de la Universidad de Zaragoza